(Ayer, en La Nueva España) L’APRECEDERU «NO HAY PLAZO QUE NO SE CUMPLA… Ni deuda que no se pague», escribía Tirso de Molina, antes de completar el título con aquel «y convidado de piedra». Pues bien, nuestro Gobiernu, aficionado a los clásicos, tiene por costumbre dejar correr los plazos hasta su cumplimiento, pero no cumplir con las obligaciones que entrañan esos plazos. Están plenamente de acuerdo en que no hay deuda que no se pague, pero, sobre el cuándo, él es partidario del también clásico «Dios proveerá», y dilata el cumplimiento de sus plazos y obligaciones ad kalendas, sabedor de que, paciente o impaciente, al acreedor, al ciudadano, ¿qué otro remedio le queda? Algunos ejemplos, en titulares recentísismos: «Las ayudas de los incendios de 2017 siguen sin pagarse». «El Gobierno asturiano concede 1,55 millones de euros en subvenciones [al coche eléctrico] solicitadas entre agosto de 2022 y febrero de 2023». Añadan que, a finales de agosto, la ejecución presupuestaria era solo del 36%, con lo que pueden calcular nuevos plazos incumplidos y deudas no pagadas. El Gobierno tampoco le anda a la zaga: en septiembre de 2021 se produjo una erupción volcánica en La Palma. Pues bien, a principios de este mes transfería 6,1 millones de atrasos comprometidos para paliar daños, y quedan todavía 52,5 millones pendientes. En Valencia, 43.592 personas solicitaron las ayudas directas destinadas a paliar daños personales, materiales y pérdidas en viviendas y enseres. Sin embargo, solo 6.102 familias han recibido el pago, lo que equivale al 14 % del total. El 86 % restante, más de 37.000 hogares, continúa esperando. El Gobierno central mantiene pendientes más de 620 millones. La solución, según muchos pregonan, es fácil: reduzcamos los días que trabajan los funcionarios, a sólo cuatro a la semana. Así, más felices, serían más productivos y los expedientes volarían. Y no ocurriría lo que cuenta Gan Pampols: «Pedí voluntarios para la reconstrucción y logré 2 técnicos y 11 interinos, de 23.000 funcionarios». Pongámonos al día.