NADA FÁCIL
El Rey ha aprovechado el
discurso institucional de los Premios Princesa de Asturies para reiterar, en lo
sustancial, lo mismo que había dicho hace un par de semanas dirigiéndose a la
sociedad desde la televisión: que no se puede tolerar la imposición de unos
pocos sobre muchos; que las decisiones sobre cualquier parte de España
pertenecen a la nación, esto es, al conjunto de los españoles; que ni ha de
dividirse el territorio ni la sociedad o la familia; que es todo ello la
esencia de la democracia, que es, al tiempo, solidaridad y convivencia de
individuos, de territorios, de lenguas y culturas. Y todo ello, además, lo ha
incardinado en nuestra pertenencia a Europa, que constituye, a su vez, un
proyecto de unión, solidaridad y respeto.
Esa mención a Europa no forma
solamente parte del discurso. Se refuerza por el propio contenido de los
premios, por la entrega del de la Concordia a la Unión Europea; pero, aún más por
la asistencia al acto de tres importantísimas personalidades de la Unión: el
presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, el de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, y el del Consejo Europeo, Donald Tusk. No están ahí, sin
duda, sólo por el premio, están como cierre a una campaña de estos dos últimos
días en que Rajoy, presente también en el Campoamor, ha concitado el apoyo
expreso de todos los países europeos, excepto Bélgica, hacia la postura del
Gobierno y del Reino de España en relación con la rebelión o golpe de estado de
Cataluña. Y estas presencias y manifestaciones de explícito apoyo se producen,
no lo olvidemos, en vísperas de que el Gobierno ponga, por fin, en marcha el
artículo 155 de la Constitución, previsto para intervenir en una autonomía
cuando el gobierno de esta incumpla sus deberes constitucionales, en este caso,
cuando el Govern viola la Constitución.
Esas presencias y apoyos
significan más de lo que dice su propia expresión: subrayan la gravedad de la
situación, que no es un mero juego o un conflicto entre una personalidad indolente
—como se dice de Rajoy— y un grupo de aventureros, según a veces quiere verse y
tiende a entenderse, y que podría resolverse en dos patadas, por ejemplo, con
la mera aplicación del 155 de la Constitución: lo veremos en los próximos días.
Porque, a partir de la ejecución
de la proclamación de la república catalana —la proclamación ya se ha hecho—,
para una parte de la sociedad catalana ya no existirá la ley española en su
territorio. Sin reconocer esta, es fácil que determinadas personas requeridas
por la justicia no se avengan a reconocer a esos jueces, y que las fuerzas
llamadas entonces a llevarlos ante los tribunales no quieran hacerlo e,
incluso, que, en defensa de la nueva legalidad, se resistan a que las fuerzas
del Estado, “españolas” entonces y no catalanas, no del nuevo Estado, actúen.
Nada fácil. Se acercan tiempos
difíciles. De ahí el esfuerzo de estas semanas por explicar la situación en
Europa y en recoger apoyos explícitos. De ahí también la exquisita prudencia en
la tramitación de la legislación y las actuaciones necesarias para reponer la
legalidad en Cataluña.
De ahí que preconizar, tras la
intervención, la celebración de elecciones autonómicas en Cataluña para enero,
como hacen PSOE y Ciudadanos, me parezca no sólo algo difícil de llevar a cabo,
sino una valoración del mundo y una propuesta algo infantiles.
(Por cierto, para los listos: de
los 14 artículos del Estatut eliminados por el constitucional, 7 hacían
referencia a las competencias en materia judicial de Cataluña, a su capacidad
para manejar la justicia y el nombramiento de jueces a su antojo. Mediten, por
favor, los listos).
