(Asoleyóse en La Nueva España del 19/10/2019
EL ASTURIANO
EN LA XUNTA: DERECHO Y T.C.
He dejar constancia, antes de
nada, de mi respeto personal e intelectual hacia el Letrado Mayor de la Xunta,
don Alberto Arce. Ello no me impide dejar clara mi absoluta discrepancia con
las interpretaciones que, con respecto a la legislación y el uso del asturiano
en el Parlamento, hace, interpretaciones que llevan al absurdo y que
constituyen, además, un arma gratuita que se proporciona a quienes están
entregados a una guerra a muerte contra el asturiano y, en consecuencia, sus
hablantes y sus derechos.
El nudo de la discrepancia es la
aseveración de que basta que un solo diputado manifieste que no entiende el
asturiano, para que, en defensa de su derecho a entender, se prohíba a los
demás usarlo, ¡atención!, sean diputados, consejeros no diputados o invitados a
una Comisión parlamentaria.
Es decir, que el derecho de uno
elimina el derecho de todos los demás, los explícitamente recogidos en el
artículo 11 del Reglamento de la Xunta para los diputados y los que
implícitamente recogen el artículo 4º del Estatuto y la Ley de uso y promoción,
al menos en el estado actual de la Cámara, donde no hay “traductores”. No me
digan ustedes que no es una proposición, cuando menos, paradójica.
Al Letrado Mayor no se le escapa
que detrás de todo este debate hay una cuestión fáctica. “Podría pensarse,
dice, que el bable no presenta dificultades de comprensión para un castellano
parlante y que, por ello, no precisa implementación alguna. No nos corresponde a
nosotros enjuiciar ese extremo”.
Efectivamente, es necesario un analfabetismo esencial o ser muy corto de
entendederas para decir que no se entiende una intervención en asturiano
(¿alguno de los que lo hace se atrevería a sostener su postura en Galicia o en
Valencia?). Pero advirtamos que para que un diputado diga que no entiende el
asturiano e impida a los demás hablarlo, no hace falta que no lo entienda,
basta con que lo diga.
Es querer inhibirse de la
realidad ignorar el que la utilización de ese “derecho a entender” de los
diputados de tres formaciones de la Cámara no responde a su necesidad de seguir
con perfecta inteligencia los debates, sino a que se ha convertido en un
instrumento en su lucha contra el asturiano y los derechos de sus hablantes.
Porque es suficiente que digan que no entienden para inhabilitar el derecho de
los asturhablantes. Digámoslo explícitamente: ese discutible derecho subjetivo no
lo están usando sus teóricos poseedores contra la cooficialidad del asturiano, como
tienden a dar a entender torticeramente, sino, simplemente, contra el uso del
asturiano, contra los hablantes de asturiano. De ese modo, la interpretación
del Letrado Mayor de la Cámara se ha convertido— sin que él lo pretendiera, por
supuesto— en el sustento del “Derecho a TC”, donde TC no son las siglas del
Tribunal Constitucional, sino que la T es una abreviatura del verbo “tocar”.
Esa práctica del derecho a TC deja
patente que estamos ante una virulenta lucha contra el asturiano, y no estrictamente
contra la cooficialidad. Se manifiesta de mil modos: el PP proclamó en su
momento que no aceptaría que la Consejera de Cultura hablase en bable, fuese
quien fuese quien acudiese a escucharla (la entendiese o no, pues); una
diputada abandona un acto no parlamentario porque una escritora en asturiano y
destacada académica habla en asturiano. Llegan incluso a pedir traductores
cuando se hable asturiano —una de las soluciones sugeridas por el Letrado Mayor
para resolver el problema— en el marco de la legislación actual; es decir,
llegan a pedir más gasto solo para demostrar que el malvado uso del asturiano
conduce a más gasto: nada les importa, ni sus contradicciones, con tal de dar cauce
a su aversión.
Esa realidad del conflicto, esa evidencia de ese tipo de mentalidades
y de que nos hallamos ante un ataque diario contra los derechos de los
hablantes de asturiano viene a poner de manifiesto la falacia practicada —no sé
si conscientemente, es decir, con insidia, o solo con ignorancia —por tantos
que dicen defender el asturiano (suelen decir “bable”), quererlo y protegerlo,
pero deniegan la cooficialidad.
No hay más que dos medios de proteger una lengua. El
primero es usarla: una lengua que no se usa y que no tiene circulación social
es una lengua muerta. ¿Cómo pueden decir que quieren proteger el asturiano si
después prohíben hablarlo, ni siquiera en el limitado marco de los derechos que
hoy acogen el Estatuto, la Ley de Uso y el Reglamento de la Cámara? El segundo,
es el de la ejemplaridad: las lenguas, especialmente las minorizadas, como lo está el asturiano,
necesitan ejemplaridad, esto es, que los ciudadanos comunes las vean usadas en
los medios que hoy tienen prestigio y por las personas que tienen prestigio. Si
no es así, si en esos medios no se usa o se prohíbe y a las personas que pueden
ser ejemplares —los parlamentarios, por ejemplo— se les impide su utilización,
¿qué significa afirmar que se defiende el asturiano y se debe proteger? Nada.
Palabrería. Una pura falacia.
He aquí cómo los perseguidores del asturiano, los que se
proclaman defensores del mismo pero sin permitir su uso, vienen a convertirse,
paradójicamente, en los máximos propugnadores de la cooficialidad. Porque ellos
hacen ellos imposible una “normalidad o convivencia amable” del asturiano con
el castellano sin cooficialidad.
Y para más inri, queriendo hacerse pasar por ser ellos las
víctimas y los agredidos.
