Como ya saben ustedes, en el mes de diciembre del año pasado la Voluntad Nacional decidió modificar el artículo 154 del Código Civil, eliminando del mismo las últimas líneas, que rezaban: «[los padres] Podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos.». En traducción al asturiano, ello quiere decir que ni padres ni madres pueden dar, desde entonces, un azote a sus hijos, so pena de incurrir en conducta juzgable y punible.
Dejemos de lado lo discutible de que los padres de la patria se inmiscuyan en la forma en que los progenitores han de educar«correctamente» a sus hijos (puesto que los malos tratos ya venían sancionados en el pasado, no era que se permitiesen). Pensemos que vienen a aplicar una medida universal sin tener en cuenta al menos dos variables. La primera, que las relaciones entre padres e hijos (aparte su especificidad emocional y económica) no se producen entre dos sujetos independientes y dotados ambos de razón, pues, al menos hasta una edad, los hijos carecen de «uso de razón» y, hasta otra, no maduran. La segunda, que no todos los padres poseen ni la formación, ni los medios suficientes, ni la cultura para mantener –como habrían pretendido los legisladores— un diálogo infinito y paciente con sus hijos (que podríamos suponer en una estampa concreta, para nuestra ilustración, como aquejados por un berrinche y dispuestos a quedarse a la intemperie mientras la lluvia los empapa). Todo eso a nuestros próceres les da igual. Legislan con las témporas y bajo la histeria acezante de no defraudar al pequeño entorno («vanguardistas reformistas», exiguos grupos de presión, un escogido número de columnistas y editorialistas) ante cuyo enjuiciamiento se sienten únicamente obligados a responder, no vayan a vituperarlos con el cervantino «ex illis est».