Vade retro

(Ayer, en La Nueva España) VADE RETRO Cada vez que surge la ocasión de que se instale en Asturies una empresa cuya actividad coincida con la que ya se desarrolla desde lo público surge de las más hondas entrañas de la sociedad -de una parte muy importante- un clamor que grita un “vade retro”, como si la concreción de esa nueva actividad supusiese un daño irreparable para el conjunto de la sociedad, es más, como si representase un baldón inaceptable en la identidad histórica de la nación. Xixón. Un hospital privado, Quirón, proyecta instalarse allí. Surge el clamor -y los recursos- en contra, entendiéndolo como un ataque a la sanidad pública, esto es, al bien público. Ahora bien, y al margen ya de la libertad de empresa, ¿si alguien presta un servicio sanitario para el que no se requieren dineros públicos y que pagará quien decida utilizarlo, en qué disminuye la prestación universal que sigue funcionando para todos los ciudadanos? ¿O es que se teme que represente una diferencia de calidad que menoscabe la opinión que de la sanidad pública se tiene? Es más, ¿no es mejor que una parte de la ciudadanía, al tiempo que sigue pagando con sus impuestos el servicio público universal, alivie la presión que sobre la sanidad pública existe, que no puede, hoy en día, dar una respuesta ágil a los enfermos, situación, por cierto, que está provocando el auge exponencial de los seguros médicos privados y los servicios de ese carácter? Pues no, por lo visto. Misma localidad. Quiere instalarse una universidad privada para ofrecer, en principio, algunos títulos que no ofrece la pública. Misma mareona. ¿Pero en qué daña a la pública un servicio que ella no ofrece? Es más, ¿por qué sería mala la competencia en los mismos títulos? ¿Se teme que se revelare la condición inferior de lo existente? Y, por otra parte, ¿esos estudios no los van a pagar ciudadanos particulares con sus dineros, aliviando, al tiempo, los números de matriculados de la obra de Valdés Salas? (Por cierto, el problema de nuestra Universidad es otro: la escasa devolución que de la inversión que en ella hacemos regresa a la sociedad asturiana, ya por su escasa imbricación con la economía y la industria, ya porque la inversión en los individuos acaba revirtiendo fuera de Asturies). Una última. Las ITV asturianas llevan varios meses de huelga. Reclaman más salarios, menos horas de trabajo, más empleados. Esa huelga causa enormes perjuicios a los ciudadanos: retrasos, desplazamientos a otras comunidades, riesgos de multa (no pequeña) por no tener renovada la inspección. Ante el largo conflicto y su enquistamiento, el presidente Barbón amenaza con la privatización (supongo que con la boca pequeña, como a Arcelor), para que el servicio sea prestado por particulares, como en otras partes de España. Reacción furibunda de IU: estando ellos en el Gobierno, no se privatiza ninguna empresa. Sin entrar en las razones de los huelguistas, sí conviene señalar que el dinero que está en juego en el conflicto no es el del Gobierno, sino, como en cualquier gasto del la Administración, el de los ciudadanos. Por otro lado, la de la inspección de vehículos no es un servicio universal, como el de las carreteras, el agua o la sanidad, sino que se presta a un colectivo restringido, el de los propietarios de automóviles, por lo que no se ve que sea inexcusable que sea la Administración la que preste el servicio. Es evidente, pues, que en esa negativa radical a que sean actores privados quienes gestionen las ITV lo que defiende IU no es “lo público”, lo que interesa a todos, y, sobre todo, el interés de los ciudadanos, los usuarios del servicio, sino a “su público”, los empleados de la empresa que se sientan defendidos por ellos y a aquellos votantes a quienes encandila el discurso de lo público, sea ello beneficioso o no para la generalidad de los ciudadanos.