Xuan Xosé Sánchez Vicente: asturianista, profesor, político, escritor, poeta y ensayista. Articulista en la prensa asturiana, y tertuliano en los coloquios más democráticos. Biógrafo no autorizado de Abrilgüeyu
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L’APRECEDERU
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Ustedes no desconocen la situación del empleo, y, si son o pretenden ser empresarios, lo que cuesta poner en pie un negocio, en tiempo, en sudores, en dinero.
Tampoco desconocen que un vector considerable de esas dificultades se debe a la inepcia de la Administración.
Uno reciente. Tras el fracaso del “Decreto Omnibus” en enero, el Gobierno publicó en abril el Plan Moves III, ligado a la movilidad eléctrica (coches, puntos de recarga…). Para que se haga efectiva la posibilidad de sus ayudas, el Plan debe ser insertado después en los boletines oficiales de las Comunidades. ¿Cuando lo hizo el Gobiernu? Ayer, como quien dice, el 9 de julio.
(Recuerden, lo que sí ha hecho ha sido confesar en el BOPA del 16 de mayo que en el pasado 2024 estaba prevista la concesión de 13,10 millones de euros para esos fines, pero finalmente solo se aportaron 2,54).
Alguna más. Con los suministros eléctricos tenemos un grave problema: no hay fuerza suficiente para muchas grandes industrias, ni capacidad de almacenamiento para el fluido producido por placas solares y aerogeneradores. Se necesitan inversiones, siempre prometidas, nunca cumplidas, en la red de transporte, y almacenamiento en baterías. Pues bien, para alegría de todos, el Gobierno anunciaba a bombo y platillo el 2 de julio que «impulsaba un ‘boom’ de grandes baterías como escudo contra apagones y para bajar la luz», plan «que allana expropiaciones forzosas de terrenos y acelera los procesos para poner en marcha instalaciones de almacenamiento reduciendo a la mitad los plazos y desatascar una avalancha de cientos de proyectos en espera». ¡Bien! ¡Aplausos!
¿Y qué hacen nuestros boperos? Pues el día 8 de julio publican un decreto que unos titulan así: «Aprobada la norma para frenar más parques de baterías”, y otros así: «Freno en seco a la instalación de parques de baterías”, y se dan ¡dos años! para redactar una nueva normativa reguladora.
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