MODERADAMENTE PESIMISTA
En 2022 celebraremos el XIII centenario de la batalla de Covadonga. ¿En qué condiciones lo haremos? La pregunta no es meramente retórica. Si Covadonga (o el inicio del Reino) supuso la ruptura con una situación terrible y el comienzo de una nueva época mejor, nos enfrentamos hoy, asimismo, a una grave crisis –evidentemente, no de aquella entidad, pero grave– de la que no sabemos cómo vamos a salir, si igual, mejor o capitidisminuidos.
Si ustedes han seguido con atención las entrevistas que en este diario se han venido publicando desde hace meses con profesores universitarios, economistas, profesionales de la empresa habrán visto que las respuestas no invitan al optimismo, ya porque así se expresen directamente los entrevistados, ya porque sus propuestas o lo que entienden como necesidades ineludibles (llegar, por ejemplo, a los 500.000 empleos para no ver peligrar nuestro futuro) parecen estar muy lejos de nuestro alcance.
Como antecedente, señalan algunos de los encuestados el de los fondos mineros, un auténtico despropósito en su gestión, ya que no propiciaron la aparición de empresas con futuro y la creación de empleo. Es cierto que ese despilfarro ya no podrá darse, pues los fondos europeos vendrán condicionados a la inversión en determinadas actividades, fundamentalmente de transformación digital y energética. Pero el antecedente apunta a uno de los principales problemas de nuestra sociedad: la estructura de poder –y, por tanto, de decisión– y el discurso y la mentalidad generales, que son, fundamentalmente, retardatarios, mirando siempre más a repetir el pasado que a abrirse al mundo. Ese conservadurismo es en Asturies consustancial con la izquierda y sus satélites –incluida la de las nuevas iglesias–, pero también con las derechas. Y ese conservadurismo, profundamente vicario, además, del centralismo, no ayudará en nada para el esfuerzo de remodelación e innovación que se requiere. Somos, además, muy dados a la palabrería poco a la práctica. “Asturias debe desterrar el “hay que hacer”– manifestaba Enrique Macián, directivo de Du Pont– y centrarse en tener planes estratégicos”.
Nuestra estructura empresarial es, por otro lado, muy débil: con poco capital y muy pequeñas la mayoría de las empresas, tienen escasa capacidad para trazar y abrazar proyectos complejos y de envergadura. Necesitaremos, pues, abrirnos a buscar inversores o empresas que quieran venir aquí, o propiciar una improbable concurrencia entre las nuestras para diseñar y gestionar proyectos. Y, para todo ello, la competencia de las demás autonomías será feroz: lo que no lleve uno lo llevará otro.
Por otro lado, el tiempo acucia: entre el 2021 y el 2023 deberán estar realizados los proyectos, en el 70% en el 2022. Tampoco es cosa menor la cofinanciación de las autonomías: si las cosas siguen así, Asturies debería sufragar el 40% de cada proyecto, como el Presidente asturiano subrayaba con quejas en LA NUEVA ESPAÑA del 4/08/2020, ya que nuestra capacidad de endeudamiento es prácticamente nula.
Haría falta, en otro orden de cosas, mejorar la relación de nuestra enseñanza con la realidad económica. Con otra imbricación de la Universidad y el mundo empresarial, entre la Formación Profesional y ese mundo. Formar cerebros para que emigren año tras año es un dispendio. Nuestra FP es escasamente efectiva y los planes FP-empresas no tienen mucho atractivo para estas.
Tenemos, además, un Gobierno central tóxico, lo que en nada ayuda a la inversión ni al empleo. Tóxico en la medida en que es un equipo de discursos sagrados, y, así, ha adelantado la transición el carbón o creado problemas innecesariamente con el automóvil, destruyendo tejido y empleo. Es tóxico por su orientación económica y su desconfianza hacia el capital y el empresario. Así, mientras Alemania y Francia bajan impuestos a los centros de actividad, el discurso aquí de buena parte del Gobierno es el de subir esos impuestos; hablan, incluso, de nacionalizaciones. Tóxico en fin, porque, con su política general y autonómica, con sus contradicciones, provoca inseguridad, lo que es contrario a la inversión.
Digamos fundamentalmente que en la Administración existe, asimismo, un obstáculo de envergadura. Si era hasta ahora torpe, retardataria, entorpecedora de la actividad económica, desde la pandemia está prácticamente desaparecida: nadie coge los teléfonos, es imposible saber si uno está en un ERTE o imposible devolver el dinero recibido indebidamente desde que se ha reincorporado al trabajo, es tarea hercúlea dar de alta a un empleado en la SS, y no digamos ya nada de los trámites cotidianos. Así las cosas, ¿qué va a funcionar?
El Gobiernu asturianu se propone reformar la Administración: bastaría con que la devolviese a su estado de ineficacia tradicional.
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