Xuan Xosé Sánchez Vicente: asturianista, profesor, político, escritor, poeta y ensayista. Articulista en la prensa asturiana, y tertuliano en los coloquios más democráticos. Biógrafo no autorizado de Abrilgüeyu
Talibanes, toros y magia simpática
(Ayer, en La Nueva España)
TALIBANES, TOROS Y MAGIA SIMPÁTICA
Las mujeres van a quedar sometidas en Afganistán a algo peor que una prisión, a una de las interpretaciones más extremas del islam. Tampoco el resto de la población, salvo los del negocio, va a tener una vida deseable.
Ahora bien, llaman la atención dos cosas. La primera, que muchos de entre quienes se manifiestan dolidos por esa tragedia sean quienes más han criticado la presencia de EEUU (y, en menor medida, de tropas de la OTAN) en ese país, como, en general, critican cualquier acción militar de EEUU. Y, sin embargo, ha sido esa presencia militar multinacional la que ha permitido a mujeres y varones de Afganistan llevar una vida relativamente libre y normal. Pues bien, censuran ahora la salida de las tropas dejando a esos ciudadanos en manos de un régimen teocrático.
Consecuentes con su actitud de censura hacia la retirada y, sobre todo, con su manifiesta preocupación por la inmediata situación de las mujeres allí, deberían exigir la vuelta de las tropas internacionales y la ocupación del país, a fin de garantizar esa situación que, con razón, tanto desean. ¿Lo hacen? No. ¿Estarían dispuestos a salir a la calle para pedirlo, no digo ya a poner dinero para ello? No.
¿Qué hacen entonces? Organizan manifiestos y manifestaciones, exudaciones en las redes sociales, proclamas de indignación y “exigencias a los talibanes”. Lo que tiene el valor de aquella campaña de píos de Michelle Obama, aquel #BringBackOurGirls, destinado a que Boko Haram devolviese a 200 niñas secuestradas. Todo ello tiene el mismo valor que las oraciones y las procesiones para impetrar la lluvia o el cese de la pandemia (o el dirigirse a los tribunales para solicitar permisos para disponer medios contra la expansión del coronavirus). ¡Lo que se reirán los talibanes o lo habrá hecho Boko Haram!
Ahora bien, es posible que tanto los manifestantes como los procesionantes de lluvia tengan una mentalidad mágica y crean, como los rogantes a san Fortunato (“los cojones te ato, si no me das lo que te pido no me desato”), que las palabras o los castigos en efigie son capaces de mover al rogado y modificar la realidad. ¿Lo creen? Quienes promueven esos movimientos saben que muchos de sus adeptos sí lo hacen, y, que, en todo caso, se sienten bien consigo mismos al participar en las rogativas.
Otro tipo de mentalidad mágica parece haber presidido la actitud de doña Ana, la alcaldesa de Xixón, al haber decidido que nunca más habrá corridas de toros en la ciudad al saber que dos de los toros “ejecutados” llevaban los nombres de “Feminista” y “Nigeriano”, como si al alancear a los astados el “caballero cristiano” (que diría Moratín) alancease en ellos a las feministas (o, tal vez, a todas las féminas) y a los nigerianos (o, más en extenso, a todos los negros), en un acto, si no semejante a aquello que el vudú supone que consigue al dañar en la efigie el representado, sí, al menos, de carácter simbólico: una humillación, un insulto público.
No tomen ustedes lo que acabo de decir como una exageración: he visto en las redes sociales quienes sostienen —y no son unos pelamangos cualquiera, tienen estudios— que los nombres de los toros han sido puestos adrede con esa intención. ¿Lo cree doña Ana González? ¿Piensa ella que, como en la magia simpática, hiriendo el nombre se hiere la cosa? En absoluto. Doña Ana no cree en ello, pero sí en tres cosas: en que tiene una parroquia y que es conveniente mantenerla excitada para que su fe no decaiga; que en esa parroquia y sus aledaños hay mucha gente enemiga de las corridas de toros (aunque habría que recordar a las generaciones presentes cuánta gente de izquierdas fue filotaurina o a ello apoyó, empezando por el propio Areces, que destinó 330 millones a la plaza); que su negocio se sostiene en la fe de la parroquia, los de misa diaria y los que acuden en ocasiones y solemnidades.
Y como doña Ana se encuentra en un momento de no muy buena imagen pública, por sus actos pero también por la injusta “acusación” de ser ovetense, al ver los nombres de los toros ha pensado que la ocasión la pintaban calva, digo, astada, y ha decidido agarrarla por los cuernos.
Por eso no ha llevado el asunto a un pleno, ni lo ha planteado como una cuestión del grupo o del partido socialista, sino suya, de la alcaldía, de doña Ana: “es esta una decisión, la de la prórroga del contrato, que corresponde a la alcaldía, y, por lo tanto, la tomo yo”. Adviértase bien: Yo, Ana González.
Y ese es la razón última de la decisión, al margen de los motivos que pueda haber a favor o en contra de las corridas: un cuestión de voto lucrando y de recuperación de la imagen personal.
Las cosas, tal como son.
De que nada es gratis y una magna obra
(Ayer en La Nueva España)
L’APRECEDERU
DE QUE NADA ES GRATIS Y UNA MAGNA OBRA
Si ustedes tienen la curiosidad de ir anotando las demandas sociales y empresariales que se van produciendo acumularán en pocos días una larga lista. La característica común a todas ellas es que, ya pidan más inversiones, más subvenciones o más desgravaciones, ninguna tiene en consideración de dónde va a salir el dinero. Es como si todo el mundo estimase que el dinero público no solo es de nadie, como doña Carmen Calvo afirmó en memorable ocasión, sino que se fabrica con la sola voluntad de querer darlo.
Y, sin embargo, todo cuesta. Lo que se hace y lo que no se hace. Ahí tienen ustedes los costos disparatados de la luz. Entre otras variables antiguas, como, por ejemplo, los apoyos a las renovables, tiene alguna otra actual: la subida del gas natural y la de los derechos de emisión de CO2. Ambas tienen que ver con la apuesta de reducción de CO2 a una velocidad que no tuvo en cuenta sus consecuencias. Menos mal que, para arreglarlo, quienes más han apoyado esa apuesta, los muchachos de Podemos, van a salir a la calle en rogativa para arreglarlo, con un eco churchilliano: “combatiremos en las calles, combatiremos en el Gobierno”.
Ser “mansos” (o sumisos) tiene también sus costos. He aquí lo que afirma el consejero principal de la Comisión Europea, Diego Canga Fano: “Asturias suele flojear al competir por ayudas de la UE: debe insistir”.
Pero vayamos a lo positivo. Un aplauso a María Luisa Corrada y su generosidad, que ha hecho un depósito permanente de 34 obras de arte en el Muséu de Belles Artes.
La otra buena nueva la tengo en mis manos en este momento. Son los seis tomos del Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana, en total más de seis mil páginas de letra apretada, obra del profesor Xosé Lluis García Arias. Una obra destacable en el conjunto de la filología europea.
(Ayer, en La Nueva España)
DETURPACIÓN DE LA LEY Y AMANTES DEL BABLE
En Asturies no existe ningún topónimo que haya denominado en castellano un lugar: todos lo han sido en asturiano, o en lenguas anteriores. La castellanización de algunos de esos topónimos ha sido un fenómeno muy tardío, en la mayoría de los casos actual, y se ha debido, fundamentalmente, a la presión castellanizadora de la Administración (Ayuntamientos, Obras Públicas…). De hecho, no existe nombre castellano para los topónimos asturianos, aunque sí castellanización fonética. Y ahí, sí, hay una sistemática descalificación de lo original. Lastres, por ejemplo, no es ningún nombre, ni castellano ni asturiano, pero la evitación de la “Ll” inicial del auténtico, hace a algunos sentirse menos “aldeanos” o “más cultos” (o, incluso, menos “asturianos”). Y a partir de ese momento, la presencia del nombre deformado en documentos, carteles y gargantas de prestigio social empieza a ejercer presión sobre el hasta entonces solitario y auténtico Llastres. Digamos que, en general, en materia de toponimia, el “asco” castellanizante hacia lo asturiano tiene declarada una guerra universal de falsificación contra la “u” y las “es” finales, las “Ll” iniciales y los diptongos de la zona occidental. En algunos casos, esa falsificación llega al ridículo (eso sí, presuntuoso), como cuando una sabia Administración convirtió Cuestes Pines en Cuesta Espinas.
Consecuentemente con esa realidad, la Ley 1/1998, de promoción y uso del bable/asturiano, (que desarrolla los preceptos del artículo 4º del Estatuto y el 3º de la Constitución) establece (como “ley”, de forma obligatoria, pues) que “Los topónimos de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias tendrán la denominación oficial en su forma tradicional. Cuando un topónimo tenga uso generalizado en su forma tradicional y en castellano, la denominación podrá ser bilingüe” (V, 15.1).
Son ustedes lo suficientemente buenos lectores para que no haga falta subrayarles lo que la ley dice: 1) El nombre de los lugares es el que le dieron sus habitantes, “la forma tradicional”, el asturiano. 2) Si hay un uso “generalizado” de ese nombre y de su forma castellanizada la denominación “podrá ser” bilingüe, pero el término primero es el asturiano.
(Una precisión. En los debates previos a la redacción definitiva para el punto y seguido del artículo 15.1 se pensaba poco más que en los casos de Uviéu/Oviedo y Xixón/Gijón como ejemplos de entidad suficiente de coexistencia competitiva entre el término oriundo y el castellanizado).
Pues bien, a diario y de manera sistemática se viene procediendo a la deturpación de la Ley en lo referente a la toponimia: en publicaciones periódicas, en televisión, en los textos administrativos, en la cartelería informativa de carreteras y calles. Se ha universalizado el Coaña/Cuaña, Gijón/Xixón, Luanco/Lluanco, Boal/Bual… para ciudades, villas, pueblos y aldeas. De esta forma se tergiversa la ley de dos formas: se convierte en el nombre originario el castellanizado; se realiza siempre el doblete, tenga el término reconvertido poco o mucho uso. Y lo que es peor, sobre dar como el bueno el nombre “extranjerizado”, se propaga esa denominación cuando en muchos casos es apenas usada o conocida por los naturales del lugar. A veces se llega al esperpento deformador: TPA, Conexión Asturias: se anuncia el lugar desde que se va a intervenir con una tríada a pie de pantalla: “Asturias Central>Gijón>Gijón/Xixón”. Como ven, el nombre que debería ser el primero se convierte en marginal, en todos los sentidos, viniendo así a representar una especie de “lo ponemos porque no queda más remedio”. Y, además, ¿Qué es el primer “Gijón” viudo? ¿Es el nombre del concejo? Pero el concejo es también Xixón.
Y hay que señalar que la responsabilidad de esa deturpación de la Ley y de sus efectos negativos es entera del Gobiernu, ya por omisión, ya por su actuación a través de órganos de él dependientes, directa o indirectamente, como las consejerías, el BOPA o la TPA.
Por cierto, venimos asistiendo últimamente a una campaña de cierta intensidad contra la posibilidad de que el asturiano sea declarado lengua cooficial. En general, sus enemigos se manifiestan, sin embargo, “amantes de los bables” —del “asturiano real”, acaso dirían ellos—, de las “diversas formas dialectales y espontáneas del habla popular”. Yo no he visto, sin embargo, que ninguno de ellos se haya pronunciado contra este ataque que supone esta falsificación sistemática del mandato de la Ley. Tampoco los he visto en público manifestarse contra la presión que contra esas hablas “auténticas, espontáneas y populares”, significa su estigmatización (todavía, sí) en la escuela, a pesar de la Ley; o contra las restricciones o la violencia que significa en la capacidad de expresión de muchos ciudadanos la imposibilidad de hacerlo en asturiano en los ámbitos administrativos (pese a la Ley, sí) o el baldón que recae sobre su lengua (o sus formas de hablar, si lo prefieren) por no ser reconocida como “de primera”, esto es, por ser tildada implícitamente como propia de gente ignorante o no culta.
Pero pues supongo que hablan de corazón cuando ellos proclaman su amor por los “bables o bable”, quiero creer que en su vida diaria ellos lo hablarán en todas las ocasiones, aunque no sea oficial, y estimularán su uso entre sus amigos, sus pacientes, sus clientes, sus empleados o sus empleadores. Ninguna duda me cabe.
Uno de los argumentos más empleados por esta gente contraria a la cooficialidad es que su implantación podría dar origen a radicalismos y formas de intolerancia extrema que la cooficialidad provocaría. No conocen el país. Pero, en todo caso, convendría que mirasen su entorno. Así, descubrirían que en L’Arena los partidarios de que junto a la toponimia no deturpada (oficial hoy) se introduzca la castellanizada han amenazado físicamente al alcalde y su familia e, incluso, han advertido que, de no plegarse, “contratarían a un expresidiario para quemar el Ayuntamiento”.
¿Radicalismo futuro de los partidarios de la cooficialidad? Es posible, pero en el hoy bien podrían fijarse en algunos que viajan en estelas paralelas. Tal vez tendrían que volver a utilizar aquella frase de la últimas horas del Simancas: “Disparen sobre nosotros: el enemigo está dentro”.
La desgobernanza: un país de irresponsables
(Ayer, en La Nueva España)
LA DESCOGOBERNANZA: UN PAÍS DE IRRESPONSABLES
Empecemos por lo principal: la absoluta irresponsabilidad del Gobierno PSOE-Podemos. En primer lugar, por negarse a legislar una Ley de pandemias, como le fue requerido reiteradas veces por gobiernos y gobernantes regionales (alguno del PSOE, incluso). En segundo lugar, por haber trasladado la gestión de la enfermedad a las autonomías con el pretexto de que “tenían suficiente capacidad legal para tomar medidas frente a la peste”, encubriendo esa dejación de funciones e irresponsabilidad bajo el calificativo de “cogobernanza”.
No hay más que ver lo que ocurre en los diversos Tribunales Superiores de Justicia con las medidas que los gobiernos autonómicos (su consejerías de sanidad) pretenden implantar para detener los contagios, esto es, fundamentalmente, para disminuir la interacción social y la mezcla de vacunados con no vacunados. No los cansaré aquí con la enumeración detallada de lo que ocurre en cada comunidad. Baste decir que en unas se permite el toque de queda nocturno y en otras no; que varían las condiciones de cierres horarios de establecimientos; que en algún lugar se acepta que se requiera una certificación de vacunación para acceder a los servicios de hostelería, mientras en otros se deniega tal posibilidad… Esto es, que, en cada lugar, las restricciones que se pretenden tomar para impedir los contagios están sometidas al arbitrio o la arbitrariedad de los tribunales.
La situación ha venido a agravarse tras la sentencia del Constitucional sobre el primer confinamiento, lo sustancial de la cual ha consistido en decir que las limitaciones a la movilidad establecidas por el toque de queda, los cierres perimetrales, y el confinamiento domiciliario excepto por razones tasadas, venían a impedir el derecho fundamental a la libre circulación y que, para haberlo hecho, hubiese sido indispensable proclamar el estado de excepción y no el de alarma.
La sentencia ha venido, en la práctica, a anular la Ley 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio. Pero su consecuencia más inmediata y cotidiana ha sido, como decíamos en LA NUEVA ESPAÑA del 15/07/2021, “animar a algunos tribunales a ser más reticentes ante algunas medidas limitativas, por ejemplo, las de los cierres periféricos o las del toque de queda”.
Y, en efecto, así ha sido en muchas comunidades. Los tribunales, en sus resoluciones, enfrentan un derecho casi absoluto, el de circulación y relación social, a las medidas limitativas del mismo. Ahora bien, para limitar ese derecho, casi intocable tras la sentencia del Constitucional, y más sin el amparo del estado de excepción, esas medidas —argumentan— deben establecer taxativa e indubitablemente la relación causal entre las actividades sociales que se pretenden limitar o suspender y la transmisión del virus. Es decir, la Administración debe poder demostrar (subrayo, “poder demostrar”) que el que la gente se concentre masivamente por la calle durante la noche tiene que ver con la transmisión del virus.
Además, las autoridades judiciales (tribunales o fiscalías) realizan un juicio sobre el estado de la incidencia “en este momento de la crisis sanitaria” y estiman que, dada la presión sobre los hospitales, aún no agobiante, y teniendo en cuenta que se vería afectada por las prohibiciones una parte de la población “con la pauta completa de vacunación” (y, en teoría, invulnerables al contagio), las limitaciones horarias, el toque de queda o los cierres perimetrales, serían desproporcionados. No hace falta señalar, por supuesto, que los ingresos hospitalarios se producen un tiempo después de los contagios o que la pauta completa de vacunación no impide el contagio, la transmisión o la enfermedad grave. Tampoco, que desconocemos los efectos a largo plazo del covid en los infectados, aun en los que cursan sin ingreso hospitalario.
Pero, sobre todo, sorprende la ingenuidad con que se contempla la realidad social, cuando se piden “otras medidas alternativas menos incisivas” al toque de queda o cuando se autoriza, como una restricción aceptable, la de la limitación de grupos a un número máximo de diez personas.
El toque de queda permite fácilmente controlar la interacción social, en cuanto que el número de viandantes en esas circunstancias es escaso. ¿Pero quién puede controlar que en las aglomeraciones nocturnas (las ven ustedes todos los días en las televisiones o en este periódico, de cientos, de miles de individuos) los grupos que se formen sean solo de diez? ¿Quién deshace los de mayor número? ¿Quién impide que se vuelvan a formar? ¿Qué número de policías son necesarios para ello?
En cuanto al número de personas que pueden reunirse en interiores o en el exterior, funciona en las casas si hay voluntad y conciencia individual; funciona también en bares, restaurantes y locales de ocio, porque, en general, los propietarios ejercen el control por temor a las multas. Fuera de eso, hay que ser muy ingenuos, por parte del legislador y del tribunal que da por buena la medida, para creer que ello es un freno práctico para limitar la interacción social y, por tanto, la transmisión del virus.
En otro orden de cosas, el papel de la oposición a los gobiernos, es, en general, tan penoso o risible como todo lo demás. ¿Cuál es su solución?: “Más atención a la prevención y menos restricciones”. Algo así como conjuros y ensalmos, es decir, palabrería.
Como si no estuviesen en juego salud (a largo plazo también en muchos de los que superan la enfermedad) y vidas, y todo se limitase a decir algo por decirlo. Irresponsabilidad, de la cruz al rabo.
Despoblamiento y sustrato cultural musical
(Ayer, en La Nueva España)
L'APRECEDERU
DESPOBLAMIENTO Y SUSTRATO CULTURAL MUSICAL
El sábado 31 de xunetu, festividad de san Ignacio, pescadores deportivos y cazadores se manifestaban en Uviéu para protestar contra el Gobiernu y exigir que se atendiesen sus demandas y se dejasen de perseguir sus actividades.
Hay que señalar que la actividad cinegética, aparte de su papel en el control de algunas especies destructivas, como los jabalíes, constituye un vector importante en la economía de algunos pueblos y comarcas. Pero las continuas restricciones e incumplimientos por parte de la Administración hacen que muchos cazadores abandonen y que otros vayan a dejar su dinero en comunidades vecinas.
La pesca deportiva, especialmente la de embarcación, genera también mucha riqueza. En cualquier caso, y dentro del respeto a la naturaleza, ambas actividades constituyen un entretenimiento consuetudinario a que los individuos tienen derecho.
(Por cierto, lamento el infortunio mientras pescaba de Jorge Díaz, hijo de José Díaz Jove, quien fue presidente de la Federación Asturiana de Pesca y que deja inédito un interesante “Memorias de un cebero”).
En la conferencia de presidentes de Salamanca, el nuestro, don Adrián, manifestó su preocupación por la crisis demográfica, que descomponía en tres vectores: despoblamiento, falta de nacimientos, envejecimiento. Pues bien, como he dicho más veces, las políticas “progresistas” consisten fundamentalmente en poner todos los medios posibles para que quien quiera quedarse en el campo emigre por desesperación, ya con prohibiciones, ya protegiendo los depredadores o, como en este caso, dificultando actividades tradicionales como la caza.
Tradiciones y cultura: publicó recientemente LA NUEVA ESPAÑA un reportaje sobre Mari Luz Cristóbal Caunedo, ejemplar en tantas cosas, admirable cantante. Si ustedes lo leen, encontrarán a través de sus preferencias antiguas, algunos datos que reflejan cuál ha sido (y es, en parte) el sustento cultural musical general de nuestra patria. Es el mismo que se sigue demandando en las peticiones populares de las radios: la Piquer, la copla, Escobar, las folklóricas…
Lo nuestro: un castro resistente.
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La dictadura anticoches
(Ayer, en La Nueva España)
LA DICTADURA ANTICOCHES
Tres citas. Un responsable de obras públicas en un ayuntamiento asturiano: “El coche es muy útil, pero hay que cogerlo como necesidad. Debemos reflexionar sobre su uso”. El responsable de un plan de movilidad (en realidad, “de inmovilidad de los coches”): “Eliminar los viajes en coche de menos de un kilómetro no es pedir heroicidades. La mayoría de los desplazamientos se pueden hacer a pie”. La tercera, del mismo: “Si más gente va en transporte público (o en bicicleta, o en patinete, viene a sugerir en otro momento), menos irá en coche, y no harán falta tantos carriles”. Y una cuarta: “Hay que empujar el uso de la bici en Gijón: no se llega al 1%”.
No crean que estamos ante un discurso local, es general en toda España. Lo pueden oír, por ejemplo, en boca de Pere Navarro o de cualquier concejal o alcalde de cualquier ciudad; se plasma en las últimas restricciones en la velocidad de circulación, que tienen como objetivo, dicen, “hacer las ciudades más humanas, saludables y seguras”.
Pero sean cuales sean las disculpas o los argumentos, no pueden ocultar que estamos ante un arbitrismo dictatorial que pretende decir a cada uno de nosotros qué debe hacer con el coche y restringir al máximo su uso (no sus impuestos, por supuesto, ni los municipales, ni los estatales, ni los que se cargan con el combustible). El coche, en el garaje, pero pagando. Pero es que, además, no solo dicen lo que no debes hacer, sino también lo que debes: usar la bicicleta o el patinete; desplazarte en transporte público. Lo contrario se acerca, para ellos, a la incivilidad.
Pero la realidad es como es: la gente necesita moverse en el coche, o, simplemente, lo desea, es suyo y lo paga. Y, respecto a las bicicletas, saben todos ustedes cuál es el uso de los carriles bici, salvo el de los puramente recreativos: cercano a cero.
Uno, además, desconoce si esta gente sabe de qué está hablando. Volvamos al experto en inmovilidad, que pretende retirar los coches hasta de los aparcamientos de las calles: “Casi todos los residentes en Gijón pueden aparcar en plazas de parking público o privado, da pena dedicar las calles a estacionamiento”. ¿Pero estos tipos saben cuál es la renta de una gran parte de los ciudadanos? ¿Creen de verdad que, aunque les fuese posible pagar una plaza pública o privada, existen esas plazas para los 121.000 turismos (dejemos aparte motos y camiones)?
Respecto a la invitación a la bicicleta, el patinete o el andar, ¿saben ustedes cuál es la proporción de gente de edad que habita nuestras ciudades? ¿Se han fijando en el número de impedidos, con dificultades para moverse, con una o dos muletas, con silla de ruedas que transitan por nuestras calles?
Y no les digan nada a los repartidores, taxistas, reparadores y trabajadores del coche en general, cuyo trabajo se les hace cada día más difícil (y más multado).
Se trata, pues, de imponer una forma de vida en nombre de un determinado discurso que, por supuesto, se entinta con vocablos y sintagmas cargados de connotaciones aparentemente positivas “ciudades humanas, saludables y seguras; movilidad sostenible”, y se envuelve en sofismas de tipo metafísico, como este, universalmente repetido: “La ciudad debe ser para los ciudadanos, no para los coches”. ¡Como si los coches, como Kitt, el coche fantástico, fuesen seres autónomos y no estuviesen, precisamente, al servicio de los ciudadanos!
Pero, además, para este arbitrismo da igual cuáles sean las nuevas realidades del coche, que contamine más o menos: las progresivas exigencias de la ITV, la reducción de los elementos contaminantes en los carburantes, la aparición de coches eléctricos o híbridos… Todo ello es igual: el vehículo privado ha sido declarado impuro y debe ser eliminado de la ciudad. Si estas gentes hubiesen vivido en los tiempos del éxodo israelita tras su salida de Egipto, hubiesen incluido el coche en la misma categoría de los animales inmundos, como los que no tienen la pezuña partida o, más propiamente, como los que se arrastran por el suelo.
Y, por supuesto, inmundos a quienes los tocaren.
Cultura y ruinas
(Ayer, en La Nueva España)
L'APRECEDERU
CULTURA Y RUINAS
Ha muerto recientemente el dominico José Álvarez Lobo, natural de Nembra, Ayer, concejo que, por cierto, ha sido un campo extraordinario donde han florecido numerosas personalidades de todo tipo, políticas, culturales, religiosas…. Sacerdote dominico, comprometido con las causas indigenistas en Sudamérica, quiero recordar una de sus contribuciones a la cultura asturiana, “Nembra. La xente y sos coses”, libro entre antropológico y lingüístico que muestra su pasión patriótica.
De otro orden de cosas en lo cultural es la aparición de la colección de libros que con el título genérico de “La cultura castreña asturiana” ha empezado a publicar LA NUEVA ESPAÑA. La serie viene a sumarse, con el mismo diseño y tamaño, a otras dos anteriores, una relativa al arte asturiano, la otra al arte paleolítico. Cuidadados en su diseño y en la calidad de su papel, con magníficas fotografías y, por supuesto, textos claros y ricos en información, los libros vienen a ayudar al conocimiento por los asturianos de su tierra y su cultura, sirviendo, así, de palanca para remover, aunque sea solo en parte, el desconocimiento que existe sobre nuestro pasado y cultura, una de nuestras señas (negativas) de identidad.
La ciudad vacacional de Perlora es otra de esas señas de identidad que nos definen. Entamada en 1952 por el sindicalismo franquista, fue durante muchos años un lugar de veraneo de lujo para obreros y empleados. Tras años de dejadez, en el 2006 el Gobiernu decidió cerrarla. Hoy es ruina y maleza, fruto de la incuria voluntaria.
Perlora sufrió, sin duda, el estúpido estigma de ser “franquista”, estigma que durante años entorpeció la Laboral y su entorno, provocando dispendios innecesarios. Algunos piensan que ese abandono iniciado por los gobiernos de Areces se debió a una especie de mala conciencia, pues fue, precisamente, en Perlora donde don Vicente y otros conmilitones abandonaron el PCE, ¡en desacuerdo, entre otras cosas, por renunciar este al leninismo!
Maledicentes.
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