BÁSTA-YOS CON UN BALCÓN

Agora que ERC propón proclamar la independencia directamente, asoleyo equí l'ensiertu del 24/10/12, que repetía un artículu de La Nueva España del 23.

Escucho y leo con extrañeza a tertulianos y eruditos afirmar con rotundidad que la independencia de Cataluña es imposible porque las leyes y la Constitución no lo permiten o no lo harán posible. Y con enorme entusiasmo despliegan toda su sabiduría en explicar el largo proceso que, pasando por las cortes y por un referéndum entre todos los habitantes de España, sería necesario.

Pero para proclamar la independencia no se necesita más que un balcón donde asomarse y decirlo, como hicieron Companys y Macià en 1931 y 1934. Porque quien se declara independiente de otro entiende que es soberano para hacerlo y, en consecuencia, que la leyes ajenas carecen de cualquier sentido para sí mismo. Es él, a partir de ahora, el único capaz de legislar y obligarse mediante lo legislado; y ello, además, en el entendimiento de que su soberanía, en la cual basa su derecho a proclamarse independiente, era previa a esa afloración de la misma que constituye su manifestación. Por tanto, ningún poder tienen sobre él ninguna ley ni voluntad que no sea las suyas. La soberanía y la independencia son actos políticos, no jurídicos; fuente de juridicidad, no producto de ella. El proclamarse independiente es, en términos lingüísticos, un acto realizativo.

Quizás merezca la pena señalar que ese proceso de emotividad popular ha tomado las dimensiones actuales de forma inopinada. Se ha ido gestando, preparando y motivando durante mucho tiempo, es cierto, pero su eclosión generalizada y virulenta (como la de las flores del milagro de san Luis del Monte, que Feijoo estudió) se ha producido en horas. En este sentido, los manifestantes del día 11 se han puesto por delante de muchos políticos nacionalistas que pretendían ir administrando la situación o preparando el futuro poco a poco; de modo que ahora no pueden estos más que subirse al tigre y cabalgar sobre él sabiendo que ya no podrán bajarse ni refrenar sus ímpetus. Y, por otro lado, si quien sube al balcón tiene la mayoría parlamentaria suficiente y el apoyo popular, ¿qué cabria hacer desde la periclitada legalidad del estado?, ¿mandar los tanques?, ¿encarcelar a todos los dirigentes?, ¿suspender la autonomía y nombrar a dedo gestores de la administración?

Apuntan algunos que a los catalanes no les interesa en verdad la independencia, por importantísimos motivos que se podrían sustanciar en dos: en primer lugar que descendería notablemente su renta per cápita; en segundo lugar, que podría convertirse en un estado paria, fuera de la Unión Europea. Argumentar eso es desconocer que, pese a lo que se diga, la política es mas emoción que razón; y, en segundo lugar, que los políticos harán lo que les exijan sus ciudadanos, aunque conozcan o teman el desastre al que se podrían encaminar.

Es conveniente señalar también que al actual estado de cosas han concurrido no solo los nacionalistas, sino gente de tan poca sustancia como los militantes y dirigentes del PSOE de toda España y de Cataluña. A la cabeza de ellos, Zapatero, quien, entre otras lindezas, afirmaba que la última reforma estatutaria solventaría «el problema catalán» por veinticinco años. El resto de los dirigentes —con nuestro brillante Javier Fernández a la cabeza— en su pos, preparando el camino desde el verano de 2003 en Santillana, con aquel invento discriminador del «federalismo asimétrico» para Cataluña.

Evidentemente la cuestión catalana, su propuesta independentista, va a ser fuente de problemas políticos de enorme gravedad, para ellos y para todos nosotros. Y también económicos. Porque es posible que la incertidumbre del conflicto dificulte nuestra financiación exterior y provoque retracción interior. Si pensamos, además, que a partir de las elecciones vascas probablemente se planteará el conflicto en términos semejantes, emulando los vascos a los catalanes y, a su vez, compitiendo el PNV y Bildu por capitalizar el proceso, el panorama se dibuja ciertamente borrascoso.

A mi modo de ver, no hay más que una forma de enfrentarse al problema y es dar un paso adelante mediante un acuerdo PP-PSOE que, modificando la constitución, reconozca el derecho de autodeterminación y establezca las condiciones para la celebración de referendos de independencia, señalando el quórum necesario para el éxito (un 70 %, por ejemplo, cifra que proponía Xavier Arzallus hace tiempo) y las fórmulas para la indemnización de aquellas personas que no quisieran adoptar la nacionalidad del nuevo estado y prefiriesen abandonarlo.

De esta forma, al eliminar el pretexto de que no existen cauces para la expresión del pueblo, se dificultaría el fait accompli de la independencia unilateral; se proporcionaría una válvula de escape a los políticos nacionalistas que, empujados a proclamar la independencia, dudasen de su conveniencia; y, mediante un acendramiento de los procedimientos democráticos, se trasladarían el problema y la resolución del mismo al propio territorio mismo donde se origina: los partidarios de la independencia deberían enfrentarse y clarificar dificultades y voluntades con todos los conciudadanos de su propio territorio, sin que ahora, frente al exterior, pudiesen oponer una voluntad universal nunca medida, comprobada ni sometida a un debate clarificador.

EL ARTEFACTO DEL PSOE

«Oye», dijo Rubalcaba, «sube al desván y mira a ver qué encontramos que nos pueda servir para salir de esta». Y Elena Valenciano subió y bajo con ello. «Es lo único que tenemos por ahí, este artefacto». Rubalcaba lo contempló con cierta duda, dio una vuelta en torno a él, sopló para quitarle un poco de polvo y manifestó: «Bueno a fin de cuentas nos ha funcionado desde el 2003 al 2010, ¿por qué no iba a servirnos ahora con unos retoques?» Y ahí lo tiene ustedes otra vez, el viejo artefacto federal. Es el mismo cuyo estandarte levantaron Maragall y Zapatero en Santillana y llevaron en procesión seguidos de los pendones de todas las federaciones del PSOE, unos de cuyos más conspicuos portaestandartes fueron don Javier Fernández y la tropa socialista asturiana.

A comienzos de siglo el artefacto tenía una cuádruple misión: arrebatar la hegemonía a los nacionalistas en Cataluña; solucionar el problema catalán, si no definitivamente al menos «para veinticinco años»; contentar al PSC y hacer menos conflictiva su relación con la casa madre; marginar al PP o, al menos, hacerlo aparecer como la derecha torva e incapaz de dialogar. Hoy la finalidad del ingenio ha quedado reducida a la de contentar al PSC y la de distinguirse del PP invistiéndolo de idéntico sambenito. En cuanto a los otros previstos frutos de la pócima mágica, de un lado, ya ven cómo anda de «solucionada» la cuestión catalana; de otro, el PSOE ha pasado de 1183000 votos y 53 diputados a 524.000 votos y 20 diputados. ¡Menudo bálsamo de Fierabrás para ellos mismos! Aunque es cierto que lo comido y lo bailado que se lo quiten a los que lo comieron y lo bailaron mientras el artefacto les permitió gozar del poder en cama redonda.

Pero supongamos que el propósito del PSOE es serio y que creen de verdad en el artilugio. ¿Qué es para ellos un estado federal? Porque estados federales los hay de muchos tipos y, en todo caso, España es ya un estado federal. ¿Cuál es el que ellos preconizan? Lo ignoran ustedes tanto como ellos. Porque para estos chicos el único contenido de la palabra es el propio significante. «Lindo es palabra que se significa a sí misma», decía el poeta Fernando de Herrera. Pues igual para ellos. Y como «federal» es palabra euforizante, pues ¡adelante!

Pero vayamos más allá. Supongamos que se realizase la propuesta que, en su caso, los chicos socialistas pergeñasen. ¿Arreglaría eso algún problema? Para que existan acuerdos, más allá de la palabra euforizante de «diálogo», es necesario que ambas partes estén dispuestas a llegar a un punto común. ¿Creen ustedes que CiU y ERC estarían dispuestos a llegar a convenio alguno que no incluyese el derecho a la independencia, que el PSOE dice que de ninguna manera está entre las materias negociables? Y aun si CiU estuviese en su fuero interno dispuesta a esa renuncia, ¿podría hacerlo sin ser devorada electoralmente por ERC, con lo que se estaría en igual situación?

Y ahora vengan ustedes al conjunto de España. ¿Qué sería del partido de ámbito estatal que aceptase una solución de ese tipo para Cataluña, la del derecho a la independencia? Más allá: si para el PSOE sería un desastre relativo, para el PP sería una hecatombe absoluta. De modo que tampoco por aquí son posibles las cosas. Y, desde otro punto de vista, en la hipótesis marciana de que la nueva constitución (de obligado acuerdo entre PP y PSOE y los partidos CiU y ERC) incluyese ese derecho, ¿no debería incluirlo asimismo —por la fuerza de los hechos— para Euskadi? Y, en ese caso, no debería incluirlo, por un mínimo decoro democrático, para todas las «nacionalidades y regiones». Párense un segundo y piénsenlo. ¿Recorre su espinazo algún escalofrío?

Figurémonos ahora que el artefacto incluyese alguna fórmula distinta de la actual para la permanencia de Cataluña en España, que los catalanistas aceptasen y que, además, se les concediese una financiación a la carta que les permitiese aportar menos dinero al conjunto (en la línea precisamente que la procesión del estandarte y los pendones acabó entronizando en el Estatut de Mas y Zapatero, y que el Constitucional acabó anulando), lo que muchos piensan que es, en el fondo, lo único que quieren los catalanistas. En mi opinión creo que es una ingenuidad abismática pensar que en estos momentos la mera cuestión económica solucionaría el conflicto. Pero démoslo por bueno. Concedamos que los catalanes quedarían satisfechos con un arreglo pecuniario que reforzase en los demás la condición de ciudadanos de segunda —como ya lo somos con respecto a vascos y navarros—, con peores servicios, con peores comunicaciones, con menos dotaciones sociales y sanitarias.

Cuando lo llamasen a votar ese nuevo texto constitucional engendrado mediante el artefacto socialista, ¿usted qué votaría? Yo, desde luego, votaría que no, rotundamente que no. Pues no faltaría más que eso: devenir en bardaje (que es palabra que, como todo el mundo sabe, viene del pelvi «bardag, ‘cautivo’») voluntario, y encima «a jornal de mi pena y mi cuidado», en palabras de don Francisco de Quevedo.

¡QUÉ TROPA!

                La Comunidad de Madrid acaba de anunciar que pondrá en marcha un nuevo castigo a los bolsillos de los que menos tienen, la exacción de un euro por receta. Es cierto que dicho abuso tiene determinadas limitaciones, tanto en el total anual extraíble de los bolsillos individuales (no familiares, personales), como en la exención de la gabela para las rentas en el límite de la miseria y para una escasa tipología de enfermos; pero todo ello no elimina el carácter radicalmente injusto y abusivo de la medida, sobre todo porque carga especialmente sobre los jubilados (que suelen requerir más medicinas) y sobre los enfermos de tratamientos múltiples.

                Pero es que, además, ello va unido al mantenimiento de la cancelación de dos tributos que pesan fundamentalmente sobre las rentas altas, el de patrimonio (suspendida su aplicación desde que el Gobierno Zapatero, que lo había liquidado, volvió a recuperarlo en 2011) y el de sucesiones (eliminado por doña Esperanza en 2005). Es cierto que ambos impuestos representan una segunda carga impositiva sobre bienes que ya han tributado y que el de sucesiones conlleva problemas en la transmisión de la empresa familiar y es muy injusto por debajo de ciertos límites, como se ha venido aplicando generalmente en la mayoría de España. Pero no es menos cierto que la eliminación de ambos tributos, sin más, ha provocado graves problemas de competencia recaudatoria y distorsiones fiscales entre comunidades autónomas, al radicarse en Madrid, por esa razón, muchos sujetos tributarios. Con todo, no es menos cierto que la recuperación de esos dos impuestos —que vendrían a representar, se estima, unos 3.000 millones de euros— evitaría la injustísima medida del euro por receta.

                (Por cierto, ¿y quién piensa en los farmacéuticos, convertidos en recaudadores y gestores obligatorios del impuesto a pensionistas de Rajoy y, ahora, del de Ignacio González o, en Cataluña, del de Artur Mas? ¿No es ello un abuso flagrante?)

                Pero, a mayor abundamiento, la decisión se presenta bajo una no disimulada capa de cinismo. En efecto, decir que es una «medida no recaudatoria, sino meramente disuasoria», porque supone confiscar «apenas 83 millones» se hace al margen de la realidad. Por solo fijarnos en el dinero, apuntamos que Asturies, sumándose a la central estatal de compras de fármacos, piensa recortar «solo 20 millones»; que Murcia, imponiendo para el 2013 el «céntimo sanitario», espera recaudar «solo 25 millones»; que La Rioja lleva varios años intentando eliminar el peaje de la AP-68 y que para ello, pese a las promesas, el Estado no dispone de los «solos 2 millones» que representa la medida. ¡Qué tropa!

                En Cataluña, la Junta Electoral Central ha decidido prohibir una campaña institucional de CiU-Generalitat para pedir el voto. Más por razones formales de incumplimiento de la ley que por su contenido, escandalosa, patente y flagrantemente partidista. Los responsables de la Generalitat (con Mas y Homs a la cabeza) se han quejado de la «escasa calidad democrática de España» y de que «la ley española primase sobre la de Cataluña». ¡Qué escándalo de manipulación social y de despilfarro del dinero público! ¡Qué tropa!

                Y allí mismo, en el otro Principado, en el que no es Principáu, sino Principat, el PSOE apoya «el derecho a decidir para Cataluña» en el marco de un estado federal. Ya ven ustedes qué «estado federal»: los catalanes —y supongo que los vascos— con derecho a decidir. ¿Y ustedes, los asturianos y los demás españoles? A esos que les den, que les den el trato que merecen, en opinión del PSOE, de ciudadanos de segunda. Ese es el estado federal real para los fenómenos de Rubalcaba, Griñán  y Javier Fernández. ¡Qué tropa!

                Pasa por delante de mi despacho, de la que esto escribo, a primeras horas de la mañana del luctuoso día de Todos los Santos, mi trasgu particular, Abrilgüeyu. Se desliza silencioso hacia su cubículo y sobrepasa la puerta de mi despacho. Pero, después, lo piensa mejor, se da la vuelta y se planta en el umbral. Viene halogüinesco: en vez de montera, una calabaza hueca con vela alumbrante dentro; en lugar de su capa roja, una armazón de lo que parecen huesos de santo, alguno de ellos mordisqueado y pintarrajeado de carmín; de su boca trasciende un inconfundible olor a sidra.

                —¡Atrévete a decir tropa de qué! ¡Átrévete! —Y se va levantando la calabaza a guisa de saludo.

                La verdad es que no me atrevo. Me lo impiden la educación con que me han adiestrado desde mi más tierna infancia y, por qué no decirlo, el Código Penal.