Incógnitas y palabras hueras pero no inocentes

No cabe el disimulo ante lo que se trata de un delito de rebelión y un golpe de Estado

Xuan Xosé Sánchez Vicente 11.10.2017 | 03:29

No hay disimulo, por más que se envuelva en la palabrería de una declaración de independencia suspendida o aplazada: es un delito de rebelión, un golpe de Estado. Esto es, se ha llegado al final de un camino largamente anunciado. Lo sorprendente es constatar cómo, hasta hoy mismo, un número no pequeño de intelectuales, políticos o empresarios han pensado que la cosa iba de mentira o que, a última hora, habría una marcha atrás en el proyecto de independencia. Buenismo ciego en algunos, ceguera voluntaria en otros. En todo caso, uno de los problemas mayores de la sociedad española en todos estos años de democracia, como ha dicho Felipe González

Falacias. El discurso de Puigdemont se basó, como viene siendo habitual en el relato independentista, en un recorrido lleno de falacias sobre las relaciones en los últimos años entre Cataluña y el resto del Estado: exponiendo las consecuencias y no las causas de los hechos, huyendo de dar datos fundamentales, iluminando el discurso con una doble luz: positivo, democrático y legal lo suyo; negativo, no democrático e ilegal, lo de los demás.

Suspensión, diálogo y mediación. Los tres términos son complementarios en la estrategia del Gobierno catalán. No tienen la intención de buscar un proceso de diálogo y de acuerdo. Tienen, acaso, la de dificultar desde el punto de vista jurídico las sanciones a los individuos y la aplicación de los artículos de la Constitución y las leyes que permitan intervenir la autonomía catalana. Pero el propósito fundamental de ello es el de alargar el tiempo del conflicto, buscando debilitar la postura del Estado y, sobre todo, conseguir que alguna intervención mejore la situación de Cataluña como Estado independiente.

Dicho de otra forma, el diálogo que se pretende es que, a través de la presión internacional, de los conflictos políticos y las tensiones en otras partes de España -que irán aumentando con el tiempo-, una Cataluña independiente negocie con España una relación económica ventajosa y el reconocimiento de Europa.

Incógnitas. No hay, pues, ninguna novedad o incógnita en la postura independentista. Donde sí siguen abiertas las incógnitas es en el campo del Estado y de la legalidad. ¿Cuándo se decidirán los poderes del Estado, el Gobierno y los jueces, a poner en marcha las medidas legales que exigen la ruptura de la legalidad y la rebelión? ¿La añagaza de la independencia cuántica -es y no es, al mismo tiempo- será un obstáculo jurídico para actuar? Esos son los mayores interrogantes en este momento.

Jueces y mossos. Vengo señalando hace tiempo que el éxito del proceso independentista dependería en gran medida de los jueces y de la fuerza armada catalana. De momento, no han aparecido jueces que tengan como legalidad la emanada recientemente del Parlamento catalán, pero es claro que los mossos son una fuerza dependiente de la voluntad del Govern catalán. ¿Qué pasará cuando, en su caso y en su día, los jueces ordenen detener, por ejemplo, a Puigdemont? ¿Tendrán que ir a hacerlo la Policía Nacional o Guardia Civil porque se nieguen los mossos? ¿Lo permitirán los escoltas de Puigdemont? Imaginen la escena.

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UN FEDOR...

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Respondioles Don Júpiter: tened lo que pedistes / el Rey tan demandado por cuantas voces distes

Semejante a aquel que contra la política y los políticos, contra la democracia y el parlamentarismo, sacudió occidente otras veces, especialmente antes de las dos guerras mundiales del siglo XX (o antes de la guerra civil española). Menor aún en su intensidad, con un contexto distinto, pero idéntico en sus constituyentes y semejante en su etiología: las convulsiones sociales y económicas, la constatación de que la política no aporta soluciones inmediatas (milagrosas, diría yo).

Ese clima se alimenta de datos falsos, sin duda amañados intencionadamente en su inicio y repetidos después como verdad de fe. Por ejemplo, el de que existen en España 445.568 políticos, cuando, incluidos los concejales del más pequeño de los concejos, suman, en números redondos, 68.000. La manipulación, por otro lado, no responde únicamente a los números, sino a los conceptos. Porque al decir «políticos» en esos conceptos entrañamos también «grandes sueldos» y, subliminalmente, «inútiles y ladrones»; y, por otro lado, si dijésemos que de esas 68.000 personas, 65.000 son concejales —esto es, «concejales lisos y llanos»— habríamos desactivado gran parte de la carga emocional del discurso. Si, además, se precisase que la mayoría de esos concejales cobran poco más que dietas ocasionales, la cosa empezaría a verse reducida a sus justos términos, que serán o no problemáticos en esa estricta dimensión y no en la hinchada que se maneja.

Naturalmente, todo ello corre y se multiplica exponencialmente y a la velocidad de la luz por el territorio paradigmático de la irresponsabilidad, las redes sociales. Pero no es únicamente en ese ámbito donde escuchamos ese tipo de soflamas: las tertulias en los medios son un campo donde la logomaquia, la mentira y la ignorancia sobre la política y la economía campean al par del vocerío, que es la manifestación sintomática de producirse esas tres enfermedades de la verdad y el pensamiento.

Es en ese dominio, el de las tertulias, en el que el discurso contra los políticos y la política deja de ser plano para desplegarse en manifestaciones variadas de un mismo fondo, la principal de las cuales es el ataque contra las autonomías y a favor de su anonadamiento, como causa de los males de España. Es ahí también donde se hacen patentes ya no los logorrutios de la prédica, sino las posturas emociónales y discursivas que sostienen e impulsan esa prédica: el centralismo isabel-fernandino, el viejo anhelo de uniformismo cultural y lingüístico, la intolerancia hacia el diferente, el desprecio por la protección social en nombre de la eficacia y (al mismo tiempo) el anhelo colectivista del socialismo y el comunismo… Y es reseñable que entre los logorrutios más frecuentes se encuentre la exigencia imperiosa de que el gobierno (o «Rajoy», depende del tono del momento) actúe ya para poner en marcha modificaciones sustanciales de tipo jurídico-administrativo que requieren leyes, acuerdos, alteraciones constitucionales notables, tiempo, cuando menos, y que, en algunos casos, son en la práctica casi imposibles. Nada importa a los ideólogo-arbitristas que lo que ellos exigen y la forma en que lo exigen viniera a constituir un golpe de estado de facto, una violación de la ley y la constitución.

Y es que tanto en el discurso de la calle —la tienda, el chigre, las redes— como en el de muchos «analistas políticos», economistas y tertulianos hay (también como en las primeras décadas del XX) una apelación implícita al «cirujano de hierro», a alguien que de forma inmediata e implacable, ponga remedio a la situación y arroje al vacío a «tanto indeseable». Naturalmente lo que cada uno de los discurseadores, malhumorados, indignados, tertulianos o redeadores desea no es un remedio de cualquier modo, sino de acuerdo con lo que su humor arbitrista, su rencor o su situación proponen o necesitan.

Pero a lo mejor lo que los cirujanos de hierro (simples «hombres de negro», en este caso) propondrían no es lo que cada uno quiere o fantasea, sino lo que ellos dispusiesen, porque, como dice el refrán castellano, «uno piensa el bayo, otro el que lo ensilla». O, como en la «Fábula de las ranas que pedían rey a Júpiter», lo que este envía es una cigüeña que hace mortandad extrema entre todas las ranas, sean ellas de izquierdas o de derechas, centralistas o nacionalistas, jubiladas o en activo, paradas o con trabajo, indignadas o mansuetas.