Y, sin embargo...

Y, SIN EMBARGO… Las palabras del presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción, Joel García, pidiendo desviar fondos de Educación y Sanidad al mantenimiento de infraestructuras han causado un notable escándalo. Y no me extraña; dichas así, en crudo, da la impresión de que la CAC carece de un responsable de comunicación, o que, de tenerlo, hace tiempo que no le paga. Y, sin embargo… La presidenta de FADE, María Calvo, ha apuntado hacia el mismo problema, la estructura de nuestro presupuesto y las limitaciones del gasto, pero lo ha hecho con mayor prudencia: «Así que habrá que gastar mejor. Pero esto habrá que hacerlo sin deteriorar la educación y la sanidad». Pero cuando volvemos a alguna de las palabras literales de Joel García encontramos en ellas un punto de reflexión: «No es posible –dice– que con caída de natalidad haya más gasto en educación». ¿Es así? Lo es. Y la razón es que nadie, sindicatos, padres, ayuntamientos, quiere renunciar a nada, aunque las aulas se queden casi sin alumnos, aunque la proporción de alumnos por profesor sea ridícula. Se exige más: el mantenimiento de las aulas, los refuerzos de profesores, la disminución de la ratio de alumnos por docente… siempre más. Y en sanidad ocurre otro tanto de lo mismo: más médicos en atención primaria, más contratación en los hospitales, más plazas en salud mental, nuevos tratamientos y fármacos, apertura de nuevos centros de salud… Probablemente todas las demandas tengan un punto de razón o, incluso, de justicia. El problema es que todo el mundo exige más, desde los usuarios a los profesionales, sin que nadie se pregunte nunca de dónde va a salir el dinero para ello, como si, al igual que el maná, cayese del cielo o saliese del depósito inagotable del burru Cagarriales, al que bastaba levantar la cola para que eyectase monedas de oro. Y, sin embargo, nuestras cuentas públicas están al límite, el gasto ordinario consume la mayor parte de estas, quedando poco dinero para inversiones, en infraestructuras o de estímulo a las empresas y al sector productivo. De momento, estamos destinando dinero público a la inversión principalmente gracias a los fondos europeos (por cierto, en buena parte, en instalaciones absolutamente improductivas), pero en cuanto se agoten —y habrá que pagarlos, además, de una forma u otra, en mayor o menor plazo— esa bicoca se acabará. Por otro lado, nuestros presupuestos, ocupados en gran medida por el gasto corriente, están dopados extraordinariamente por el déficit y la deuda, los del Estado, los de las autonomías, los de la mayoría de los ayuntamientos. E, inevitablemente, además de gastar mejor, habrá que reducir el gasto en algún momento. Es cierto que un aumento notable de la recaudación vía crecimiento de la productividad y del empleo podría mejorar la situación; pero no se ve cómo va a ocurrir esto ni en el conjunto de España ni en Asturies, que está a la cola en ambos parámetros. No hace falta explicar, además, que el esfuerzo fiscal es ya lo suficientemente alto, con salarios y beneficios empresariales, especialmente los primeros, devorados por la inflación. De modo que no se ve fácilmente cómo va a abrirse una bocana por donde alumbre el sol. En otro orden de cosas: la paralización de la justicia a lo largo de meses es uno de los mayores escándalos de la democracia en años. Digámoslo con claridad.