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En defensa de la política y los políticos

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Invítolos a lleer esti artículu de José María Izquierdo n'El País del 16/10/12. Trescribo-yos la metada y doi dempués l'arreyu pa que lu sigan nel llugar orixinal.

No parece necesario insistir en la existencia ambiental de ese huracán de desafección a la política —y a los políticos— que impregna, como una sustancia viscosa que todo lo cubre y ensucia, tanto sesudos artículos como despejadas charlas de café. Leemos y oímos que la maldad intrínseca de cuanto personal se dedica al ejercicio de la representación política solo es comparable al nivel de su corrupción. Hablamos de las élites extractivas que dicen algunos intelectuales y esos chorizos que nos cuentan algunos taxistas. Que son los mismos: los políticos. ¿Pero lo son algunos? ¿Pocos, muchos, o quizá lo son todos? Todos, todos ellos sin excepción. Y por eso debe ser que el pueblo no los quiere. Así, al menos, lo dice hasta el CIS y algún que otro juez.
Son unos inútiles y unos ladrones el concejal del pueblo más pequeño y el alcalde del municipio más poblado, el diputado de Izquierda Unida en el Parlamento asturiano o la consejera de Cultura de cualquier comunidad autónoma. Los peores son los de mayor rango, los diputados, ministros y equivalentes al frente de la procesión, hilera que debería convertirse, nos dicen las almas angelicales de tanto movimiento ciudadano, en siniestra cuerda de presos, tocados con el vergonzante capirote y el cartel de “Soy político, golpéenme” colgado del cuello. ¡Cuánta justicia habría en esa reata de desgraciados pasando entre la multitud por un estrecho pasillo, recibiendo los merecidos golpes de una ciudadanía engañada y masacrada por esos seres sin escrúpulos! ¡Qué canalla ese edil, qué miserable ese director general de Sanidad, qué vileza la de esa diputada de siglas indeterminadas, que ya se sabe que todos los partidos la misma mierda son!
No importa que esos políticos hayan sido elegidos, hace apenas 10 meses, por quienes ahora les vituperan. El 20 de noviembre de 2011 votó el 68,94% del censo, exactamente 24.666.392 ciudadanos. Ciudadanos, por lo que se ve, que votaron a unos corruptos e inútiles para ocupar los escaños que posteriormente desembocarían en la elección de los cargos más representativos del Estado. Esto pasó en noviembre del año pasado, y cuando vamos a soplar la vela del primer aniversario de este Gobierno nos encontramos con la ominosa desafección...(En defensa de los políticos. Y de que cambien)


Sobre la responsabilidad ciudadana en la crisis

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Hace pocas fechas publicaba aquí un artículo titulado "¡Lo que nos prestaba a todos!", donde examinaba la complaciente actitud de la mayoría de nosotros durante la época de bayura en que se gestó la crisis, artículo que ahora repito unas líneas más abajo. Ayer, en El País, con bastante menos claridad y valentía y, desde luego, con menos gracia, Fernando Vallespín coincidía en con ese punto de vista. Los invito a leer el artículo de Vallespín (¿Súbditos o ciudadanos?), luego a releer o leer el mío y, por supuesto, a meditar sobre ellos.

      

                                         ¡LO QUE NOS PRESTABA A TODOS!

El pensamiento progreprisaico reduce a dos las causas de nuestros males económicos. El terremoto bancario, cuyo epicentro habría tenido origen en el codicioso mundo de Wall Street (y, naturalmente, durante el mandato de Bush), con su codicia y sus fraudulentos productos financieros; la decisión de Aznar de «declarar urbanizable todo el territorio español», que habría impulsado la construcción sin tasa, la especulación y la burbuja inmobiliaria. Como pensamiento mágico que es, el discurso progreprisaico hace desaparecer los ocho años del gobierno socialista posterior a Aznar para no preguntarse por qué en ese tiempo el gobierno socialista no modificó la legislación o controló la expansión crediticia.

                Pero, al margen de señalar responsabilidades políticas —en España, en China o en EEUU—, convendría que rememorásemos, en parte al menos, lo que ocurrió aquí entre el año 2002 y el 2010, y lo bien que nos fue a todos nosotros con ello.

                Recordemos, en primer lugar, que, como consecuencia del mantenimiento sustancial de la legislación socialfranquista a favor de los inquilinos, hubo en este país siempre poca oferta de alquiler y, en consecuencia, los precios mensuales de los alquileres eran iguales o ligeramente superiores al devengo mensual de la hipotecas. ¿Quién en su sano juicio, en una situación de progresiva expansión económica y de empleo, iba a preferir  tirar el dinero en un alquiler a ir haciéndose con una propiedad? En el ámbito de la política, los crecientes ingresos  que la construcción aportaba a los ayuntamientos hacían que estos cada vez tuviesen más dinero para gastar (subvenciones, voladores, espectáculos, fiestas patronales); para emular a los vecinos (¿qué alcalde iba a resistirse a construir una piscina climatizada si el ayuntamiento aledaño ya la tenía?, ¿qué vecino iba a tolerárselo?); para contratar más personal —muchas veces, de entre los conmilitones y próximos— y comprometerse en servicios que no tenían ninguna obligación de prestar y, a través de ello, afianzar su poder y el de su partido, aumentar la fidelidad de sus votantes, ampliar el número de estos; para endeudarse. Y, naturalmente, el ciudadano encantado: su pueblo progresaba y hermoseaba, podía satisfacer algunos caprichos o necesidades gratuitamente, veía cómo se creaba empleo público que, tal vez, algún día le tocase a él o a los suyos.

                Mientras, el dinero fluía a su vez desde Europa en forma cuantiosa: abríamos autopistas, parques infantiles, casas de la cultura, museos, aeropuertos, ampliábamos puertos: mejorábamos. Y uno y otro permitía crear varios millones de empleos; prejubilar muy anticipadamente con magníficas pagas; ganar dos mil, tres mil y más euros en la construcción a cientos de miles de personas sin apenas cualificación; quedarse disfrutando de un buen paro o de una prestación social sin trabajar, mientras dos millones de emigrantes venían a hacer las tareas que nosotros no queríamos realizar. Al tiempo, el numerario barato del Banco Central Europeo nos proporcionaba créditos millonarios para la primera comunión de los niños, para las bodas, para cambiar de coche, para viajar, para comprar el piso y para adquirir bienes extranjeros, de mejor calidad o más prestigiosos que los nuestros. Bancos y cajas, por su parte, especialmente estas, abrían una oficina en cada esquina, pagaban mejor a sus empleados, financiaban todo, acrecentaban la expectativa de sus ganancias.

A su vez, al político de las instituciones autonómicas y al del Gobierno Central le permitía dar gratis los libros de texto, regalar ordenadores, ampliar servicios en la sanidad,  anunciar que a cualquier persona con dificultades físicas o psíquicas el estado le iba a prestar una nueva atención, en metálico o con prestaciones, quitar dos horas y media semanales a todos los funcionarios,  como si a nadie costasen.

¿Que todo ello se hacía pensando que el crecimiento seguiría creciendo y el empleo manteniéndose indefinidamente? ¿Qué no reparábamos en que nos endeudábamos en lo que, de haber problemas, no podríamos pagar? ¿Qué lo hacíamos con bancos que, a su vez, pedían el dinero fuera? ¿Qué nuestra balanza comercial presentaba un déficit escandaloso, lo que suponía que arruinábamos nuestras empresas en beneficio de las ajenas? ¿Quién lo iba a ver? ¿Quién iba a querer verlo? Y si lo veía y lo decía, ¿quién lo iba a escuchar? ¿Quién iba a votar al político que no competía en gasto o que nos quería amargar el presente? ¿A quién prefirió siempre el pueblo?, ¿a Jesús o a Barrabás?; ¿a quién dio crédito?, ¿al antipático de Pizarro o al Solbes que nos prometía que todo seguiría igual? «Comamos hoy y bebamos, que mañana moriremos», con esa frase paulina podría sintetizarse la actitud común de la época, si no fuese porque en ella hay, al menos, la conciencia de término y límite, lo que entonces no había.
               
Cuando miremos atrás, pues, no veamos solo lo que queremos ver. Recordemos las cosas tal como fueron. No echemos solo la culpa a los que nos prestaron o a lo que nos prestaron.  Acordémonos también de lo que a todos nos prestó.

Cambiar la ley y exigir responsabilidades

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Conocen ustedes de sobra el estribillo de la cantinela de Foro durante estos meses: pedir responsabilidades penales a Areces por las desviaciones presupuestarias. Es casi seguro que la solfa y la letra de esa canción acabarán en el mismo sitio que el anuncio de las futuribles denuncias ante la Unión Europea si es que las vías del tren por el Güerna se trazan con ancho Renfe. Es indubitable, asimismo, que el objetivo central de esa cantinela es el de conseguir que el votante de Foro en las elecciones autonómicas acuda a las generales de noviembre con la idea de que esos comicios no son otra cosa sino la continuidad del combate contra las décadas de gobierno del PSOE e IU en Asturies (en que se llegó a constituir una especie de «régimen» omnipresente), y no una pugna a dos, entre Rubalcaba y Rajoy. Pero, con todo -y al margen del caso concreto-, late en ese estribillo que pide cuentas del patrimonio a Areces y juicio al mismo y su equipo por su gestión un concepto que habrá que valorar y poner en práctica en el futuro.

A lo largo de estos meses, tras las elecciones autonómicas y municipales, no han cesado de aparecer noticias en que se daba cuenta de situaciones contables escandalosas en muchos ayuntamientos y comunidades: deudas descomunales, gastos injustificables e injustificados, inversiones en obras sin utilidad o para cuya gestión diaria no existe dinero, atrasos de años en los pagos a proveedores, etcétera. Y todo ello, además, dentro -digamos- de la «normalidad», es decir, sin que se haya metido mano a la caja, sólo en el ámbito de la gestión legal y ordinaria.

Un ejemplo próximo (podrían multiplicarse por centenares) será suficiente: según publicaba LA NUEVA ESPAÑA el 10/09/2011, el Ayuntamiento de Tapia acababa de acordar la petición de un crédito de 126.651 euros para liquidar más de medio centenar de facturas pendientes de pago desde 2005. Con todo, esos 126.651 euros sólo resuelven una parte de las deudas pendientes a proveedores, cuya cuantía total supera los 3,5 millones, según los datos divulgados por el equipo de gobierno del citado concejo. No sé lo que les parece a ustedes, a mí me parece absolutamente escandaloso, por lo que supone en sí y por el daño a empresarios y empleados que habrá causado. Es fruto de una forma generalizada de corrupción administrativa, la de contratar las instituciones públicas sin tener dinero para ello ni previsión realista de tenerlo; la de inflar en los presupuestos las partidas de ingresos para hacer como si fuese a haber ese dinero con el que se contrata en el vacío. Lo es también de una práctica semimafiosa: una vez que se tiene «pillado» a un proveedor, éste ha de seguir aportando sus bienes o servicios si quiere ir cobrando parte de lo que se le debe. Lo es, asimismo, de una especie de tolerancia y complicidad generalizada en el gobierno y policía de las administraciones, debiéndose entre ellas, permitiendo que algunos ayuntamientos funcionen sin presupuestos o los confeccionen clamorosamente tarde, facilitando que los interventores quisquillosos puedan ser removidos. Y, finalmente, tienen como causa última la tolerancia o el entusiasmo de la junta general de accionistas -todos y cada uno de los ciudadanos, responsables últimos del consejo de administración que cada cuatro años renuevan o cambian-, que no quieren saber de dónde sale el dinero cuando les cambian las aceras, les regalan un ordenador o hay un estruendo suficiente de voladores en las fiestas del pueblo, ponga la pólvora el rey Jesús Gil, el señor Zapatero o el alcalde del más pequeño concejo.

En ese campo, pues, las cosas han de cambiar de forma radical. No sólo es necesario ir hacia un cierto equilibrio presupuestario (que se podría romper por acuerdo de ley para el conjunto del Estado en determinadas circunstancias de gravedad) cercano al déficit cero, sino que es imprescindible la exigencia de responsabilidades personales de tipo punitivo para aquellos equipos de gobierno que contraten sin la partida presupuestaria correspondiente o que finjan unos ingresos que no van a producirse o no corrijan ese fallo de previsiones en los siguientes presupuestos.

Porque, no se engañen, a pesar de que muchos digan que se han visto obligados a actuar de esa manera porque son las instituciones más próximas al ciudadano y, por tanto, debían atender a exigencias a que no estaban obligados por ley; aunque argumenten que lo han hecho, en su ámbito competencial, por prestar un mejor servicio, no lo han hecho por eso, sino por su negocio, que es su reelección, su prestigio, su vanidad, su poder, su capacidad de influir o de conseguir favores, de colocar amigos o conmilitones, en una palabra, por los votos que les permiten y proporcionan todo eso.

Tan viejo como el «panem et circenses» que Juvenal troqueló.