Vivienda: de la inacción a legislar al revés

(Ayer, en La Nueva España) VIVIENDA: DE LA INACCIÓN A LEGISLAR AL REVÉS La escasez de vivienda y la carestía de los alquileres no es un problema reciente. En el libro Asturias, el declive de una región industrial, de 1996, coordinado por Holm-Detlev Köler, al hablar de Les Cuenques, señalaba que la dependencia juvenil se prolongaba con frecuencia más allá de los treinta años, y añadía: “Esta situación se intensifica adicionalmente por el estado del mercado de la vivienda, cuya escasa oferta, para personas con bajos ingresos, de vivienda en régimen de alquiler obliga, de facto, a optar por el régimen de propiedad. Esa situación supone una carga de nuevos problemas para las familias”. La dotación en oferta de la vivienda, desde la de promoción pública a la particular, en venta o en alquiler, se ha hecho muy insuficiente, lo que ha encarecido el mercado. Por múltiples razones, la construcción de vivienda nueva ha ido ralentizándose: retrasos en los planes de urbanismo, plazos imposibles para las licencias, exigencias extremas de urbanización o dotaciones, etc. El sector público, simplemente, ha hecho muy poco en la materia. Ahora bien, ante el problema de escasez y la consecuente subida de precios, la legislación ha hecho todo lo posible por retirar vivienda en alquiler del mercado y encarecer los precios. Repitámoslo: ha hecho todo lo posible para ello. En primer lugar, ha atemorizado a los propietarios con las leyes proocupación. La teórica defensa de los casos de necesidad que estas pretenden guardar ha convertido a los propietarios en víctimas de una expropiación “a jornal de su pena y su cuidado”. Se podría decir que los gobiernos se ponen medallas y protegen a algunos a costa del sufrimiento y las pérdidas de los demás. Algunos alegarán que el número de ocupaciones no es excesivo, unas 16.000 denuncias anuales. En todo caso, quien padece una ha de pasar un auténtico calvario hasta volver a poseer su propiedad, con años de juicios y gastos, pagando los consumos de los ocupantes de su casa y encontrándose, al final, con frecuencia con su casa destrozada y vaciada. En muchas ocasiones, los ocupantes no son personas o familias necesitadas, sino mafias que negocian después el desalojo. Otras veces, en eso que se llama inquiocupación, son simplemente caraduras que se aprovechan de la ley. Naturalmente, todo ello provoca recelos y miedo y que, por precaución, se retiren viviendas del mercado. En otros casos, lo que hacen los propietarios es exigir fianzas altas y, sobre todo, avales, de los que no todo el mundo dispone. Y últimamente la tendencia es al alquiler vacacional, que en principio, por la escasa temporalidad de quien alquila, entraña menos riesgos para el propietario, pero la modalidad comienza a causar problemas zonales y para los vecinos. No hace falta decir que esa escasez de oferta y las duras condiciones de alquiler representan una notable subida de los precios y una dificultad enorme, por tanto, para acceder a la vivienda. Del mismo modo, la limitación de las subidas de alquileres en las llamadas “zonas tensionadas” no parece haber traído beneficio alguno, si no es que ha traído más restricciones. La disposición de las administraciones para construir vivienda en alquiler o facilitar la construcción de viviendas en venta resultará clave para mejorar relativamente la situación. Y aquí, como siempre, nos encontramos con promesas que nunca se llevan a cabo, con retrasos o con cambios de criterio. No hace falta que yo les haga una lista de promesas de construcción no cumplidas en sus concejos, las conocen ustedes de sobra. De todas maneras, parece que hay distintas voluntades para afrontar el problema. Así, por ejemplo, el nuevo Gobierno gallego se ha comprometido a alcanzar la cifra de 8.000 viviendas al terminar la recién empezada legislatura; el Gobiernu presume de que va a licitar 595 viviendas; en la legislatura anterior solo se adjudicaron cinco. Ya sabemos que Asturies no es Galicia, pero, de cualquier manera, como dice el refrán: “Mucho va de Pedro a Pedro”. De todas formas, hay cosas que se podrían hacer con cambios legislativos en el uso de locales. Por ejemplo, en Madrid preparan una ley para convertir edificios de oficinas en viviendas asequibles. Los bajos comerciales son un campo donde cabría una actuación decidida y rápida. El modelo de edificación de los años sesenta y siguientes, que reservaba los bajos para comercios y el resto para vivienda, ya no funciona: los pequeños comercios se reducen a pasos agigantados y la tendencia va a más. Naturalmente, no todos los bajos sirven a ese objetivo, pero mucho puede hacerse. El caso es contemplar la realidad, superar prejuicios y legislar con prontitud. Pero, ante todo, deben eliminarse aquellas causas que incitan a retraerse a los propietarios que temen alquilar, que prefieren tener un bien ocioso a perder dinero y tiempo y ganar disgustos. Claro que, para la mayoría de nuestros gobernantes, “más vale morir según las reglas de la medicina” que vivir contra ellas, y es un imposible que den marcha atrás en aquella legislación en que cometen errores, como ocurre en otros ámbitos. Porque, además, los ampara el pensamiento huero y metafísico que culpabiliza a no se sabe muy bien qué o quién de los problemas, y que evita cualquier responsabilidad individual. He aquí las palabras de Margarita Guerrero, Directora general del Instituto de la Juventud de España: "Que una persona no se pueda emancipar hasta los 30 años no es problema de los jóvenes, sino social, y la Administración debe dar respuesta". Como una cábala o el oráculo de Delfos. ¿Y esa frase, aparte de la demagogia, qué significa? ¿Cuáles son las respuestas? ¿Las que vienen dando para empeorar el problema?