Hace unos días el cantante Víctor Manuel San José hizo público su apoyo a la cooficialidad del asturiano. El anuncio de ese apoyo provocó censuras y chacotas de muchos comentaristas. El más conspicuo, sin duda, y sin desmerecer a nadie, Federico Jiménez Losantos. En sustancia, él y los demás vienen a manifestar tanto una enconada oposición a la normalización de nuestra lengua y a su oficialidad, como un desprecio notable hacia su entidad. Coinciden en ello con la postura tradicional de don Vicente Alberto Álvarez Areces y del PSOE asturiano, a los que de este modo, vienen a ofrecer un importante apoyo, ignoro si deseado.
Merece la pena, seguramente, repasar cuál ha sido la historia de los instrumentos jurídicos de tutela de los derechos lingüísticos del asturiano y de protección de nuestra lengua, a fin de contextualizar y ver con claridad estas posturas y su significado.
El artículo cuarto del estatuto de autonomía —redactado por quien esto escribe— salió de Asturies para Madrid con la siguiente literalidad: «El bable, como lengua específica de Asturias, gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando, en todo caso, las variantes locales y la voluntariedad de su aprendizaje». Cualquier observador atento advertirá que del texto desapareció —en el trámite parlamentario madrileño— el sintagma «como lengua específica de Asturias». La razón se encuentra, sin duda, en el artículo tercero de la Constitución. En efecto, éste, en el 3.1., confirma el castellano como lengua oficial del Estado; en el 3.2. apunta la oficialidad de las demás lenguas españolas en sus comunidades autónomas, «de acuerdo con sus estatutos»; y en el 3.3. dice: «La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». La interpretación jurídica mayoritaria (aunque no la única) de estos dos apartados, sostiene que lo que no son lenguas declaradas como tales en sus estatutos son «modalidades lingüísticas», esto es, en términos corrientes, «dialectos». Así, la última redacción del estatuto de autonomía de Andalucía, en su artículo 10.4., señala como uno de los “objetivos básicos de la comunidad autónoma”: «La defensa, promoción, estudio y prestigio de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades».
Tras ese primer texto, el del artículo cuarto, no hubo avance jurídico de ningún tipo (ni apenas actuaciones prácticas de cumplimiento del mandato estatutario) hasta que en 1998, por impulso del PAS y con la hostilidad abierta del PSOE, la Xunta Xeneral aprobó la Ley de uso y promoción del bable/asturiano, en cuyo artículo 1 se dice que «El bable/asturiano, como lengua tradicional de Asturias, gozará de protección. El Principado de Asturias promoverá su uso, difusión y enseñanza». Como se ve, se vuelve a introducir la madre del cordero jurídica, la palabra «lengua».
Pues bien, en la propuesta de reforma estatutaria pactada por el PSOE y el PP (por ahora en suspensión) se declara al asturiano, en sus diversas variantes locales, «patrimonio lingüístico del Principado de Asturias» y «un valor social de respeto». A nadie se le escapará que —sobre volver a insistir en la diversidad dialectal con un término todavía más enfático (y tan sospechosamente semejante a la redacción andaluza) que el vigente: «en sus diversas variantes locales»— lo que hace la nueva redacción es ir a buscar su fundamento en el 3.3. de la Constitución y en la interpretación del sintagma «modalidad lingüística» como dialecto. En otras palabras, el texto pactado por los dos partidos centralistas es, otra vez, un notable paso atrás sobre lo actual y un ataque explícito y consciente al estatus social y jurídico de la llingua llariega.
Por si fuera poco, ambos partidos han pactado además un quórum especial de dos tercios de los diputados «en la votación final» para cualquier nueva ley sobre el asturiano en la cámara. Se aseguran así mutuamente para el futuro de que ningún acuerdo con minorías parlamentarias podrá modificar el estatus del asturiano ni dirigir el desarrollo de las leyes o impulsar su puesta en práctica. No puede ser más clara la voluntad contraria a la llingua llariega y su normalización social. El próximo paso habrá de ser, obviamente, de aprobarse el nuevo texto, modificar, en congruencia con él, la Ley de uso y promoción, a fin de eliminar el término «lengua» de la misma.
¿He dicho que el PSOE de Asturies se ha constituido en aquello que los franquistas llamaban «la reserva espiritual de Occidente»? Es un término piadoso. Quizás les convendría mejor —al menos en lo que respecta a esta materia— el de «horda reaccionaria», blasón que, desde luego, comparten con el PP.
Con esas premisas no es de extrañar la coincidencia de la FSA, de Javier Fernández y de don Vicente Alberto con Losantos y otros egregios representantes de la derecha. Tampoco su enfrentamiento con las tesis que al respecto mantiene don José Luis Rodríguez Zapatero.
[Esti artículu asoleyóse en La Nueva España, el 29/01/09]