El caso Bernard Madoff resulta ejemplar (o ilustrativo) por muchas razones. Centrémonos sólo en una: la velocidad (sólo poco más de tres meses, 200 días) para el final de su juicio y condena. Si eso hubiera pasado en España, transcurrido ese tiempo ni siquiera se habría solicitado el primero de los testimonios o documentos. Recordemos, por no ir muy allá, los caso de Fórum y Afinsa, cuyas víctimas (cuyos estafados) aún no saben, siquiera, si desde el punto de vista legal han sido estafados (que lo han sido realmente en su patrimonio y expectativas de futuro).
Ello quiere decir que en nuestro país la justicia funciona mal, pero, sobre todo, que funcionan muy mal los legisladores, que perpetran leyes y normas con las témporas (¡Sí, es un eufemismo!), según vengo repitiendo hace muchos años, y que no les preocupa ni un ápice el ciudadano, el que debería ser el objeto de la política y de la Administración.
Se impone una reestructuración total de la justicia y, para que ello ocurra, es necesario limpiar los establos de Augias, la reserva mundial de la incompetencia absoluta, el Parlamento español (y de paso, el asturiano, más necesitado áun).
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