Como continuación de una línea que viene desarrollándose, de forma explícita o implícita, en los últimos cuatro años, el Gobierno del PSOE ha ofrecido primas de entre cinco mil y diez mil euros a los médicos que rebajen el costo de las medicinas que recetan a sus pacientes (bien por darles menos, bien por prescribírselas más baratas) y que reduzcan el número de pruebas clínicas que encargan.
Es cierto que en los últimos tiempos el gasto sanitario viene disparándose de forma progresiva y que amenaza con llegar a cotas insostenibles; no lo es menos que muchas de las pruebas que se encargan tienen sólo una utilidad muy pequeña y que, en muchos casos, no son más que la confirmación de lo que la experiencia del médico intuye o prevé. Ahora bien, aunque sea muy marginal la capacidad de información que muchas pruebas clínicas suministran, tienen —desde el punto de vista del profesional— dos virtudes: confirman su previsión y establecen cuál es el vector de intensidad con que se presenta el problema diagnosticado. Cuando no es así, en los demás casos, informan sobre anomalías no vistas o modifican el criterio inicial. No debe olvidarse, por otro lado, el que en una sociedad de pleitos y reclamaciones indemnizatorias como la que vivimos, las pruebas clínicas vendrían a constituir, en su caso, una confirmación de la buena praxis médica del galeno cuestionado por su proceder.
Desde el punto de vista del enfermo, el que se realicen exploraciones radiológicas o análisis, indagatorios o confirmatorios, significa —más allá de un derecho abstracto—, la posibilidad de eliminar el albur sobre su salud, ya porque se conozca el estado de la misma (bueno o malo) con precisión, ya porque esas exploraciones anticipen malignidades que aún no han detectadas o no se han presentado y, por tanto, pueda acometerse su solución con razonables perspectivas de éxito.
Pues bien, lo que el Gobierno del PSOE e IU viene a proponer, desde el ángulo de los galenos, es que éstos renuncien a ciertos instrumentos de diagnóstico o de eficacia farmacéutica, disminuyendo la seguridad de la certeza en la evaluación y en el tratamiento; desde el punto de vista de los ciudadanos, que estos corran con el azar de un mayor margen de error en el diagnóstico, de una tiempo más dilatado en la curación de su enfermedad o, en peor de los casos, de la ignorancia de una amenaza grave para su salud, hasta tanto ésta no se manifieste.
¿Y cuál es el mecanismo al que el Gobierno socialista y de IU apela para intentar que los médicos diagnostiquen y traten con menos garantías, se enfrenten con el enfado de los pacientes por negarles pruebas que estos podrían creer necesarias, y, en último término, a demandas por mala praxis? Pues es, sencillamente, el de excitar la concupiscencia de dinero de los profesionales del sistema sanitario, su codicia. Porque sólo de esa forma se puede lograr que algunos de ellos, despreciando los riesgos de denuncia y poniendo en cuarentena lo mejor de su saber hacer profesional, se avengan a reducir el gasto a través de esos procedimientos. Propuesta, por cierto, que ya formuló en su día el Ejecutivo asturiano como contraprestación al inicio de los pagos de la carrera profesional para los profesionales del sector
No hay que olvidar, por otra parte, que desde hace ya algunos años —en virtud, en parte, de esa contraprestación, debido a motivos de ahorro, por otro lado—, este gobierno viene reduciendo los servicios sanitarios que presta a los ciudadanos; por ejemplo, restringiendo y eliminando los controles a los crónicos, o haciendo mayor la frecuencia de las revisiones a los grupos de riesgo.
Conviene recordar, asimismo, que por motivos electorales los gobiernos socialistas (apoyados por IU) han impulsado inversiones sanitarias escasamente rentables o patentemente insostenibles; que, sobre cobrar un impuesto especial en los combustibles, tienen en marcha un proyecto hospitalario que representa un enorme despilfarro por sus sobrecostes y el por tiempo que en que se viene dilatando su terminación; que compra descontroladamente medicamentos y suministros para la sanidad y es un mal gestor con las mutuas; que ha tirado el dinero de los asturianos en una política personal de un alto incremento del gasto que no se ha traducido ni en una mejora del servicio ni en la satisfacción del personal sanitario.
De modo que ahora viene la última vuelta de tuerca: despertar la concupiscencia de los profesionales. Con varias consecuencias, algunas de tipo moral otras de carácter profesional, entre el estamento sanitario; entre los asturianos, dos efectos de orden diverso: crear tipos distintos de ciudadanos según el señor Areces, don Javier Fernández y Jesús Iglesias hayan o no excitado la codicia de su médico; hacer que un número indefinido de personas corran más riesgos que otros en lo relativo a su salud, si es que, gritando en torno a los oídos del facultativo, como las brujas de Machbet, el «tú ganarás más, tú ganarás más», los tres xanos con pretensión de íncubos han logrado convencerlo.
Por cierto, sobre el poder del dinero poco hay que decir: todo el mundo sabe cuál es su virulenta vis atractiva. Pero quizás no somos tan conscientes de qué eficacia tiene el «tú eres tonto, ¿no ves a los demás?», para que el rebaño humano comience a proseguir la senda que el primer caminante va abriendo.
Es cierto que en los últimos tiempos el gasto sanitario viene disparándose de forma progresiva y que amenaza con llegar a cotas insostenibles; no lo es menos que muchas de las pruebas que se encargan tienen sólo una utilidad muy pequeña y que, en muchos casos, no son más que la confirmación de lo que la experiencia del médico intuye o prevé. Ahora bien, aunque sea muy marginal la capacidad de información que muchas pruebas clínicas suministran, tienen —desde el punto de vista del profesional— dos virtudes: confirman su previsión y establecen cuál es el vector de intensidad con que se presenta el problema diagnosticado. Cuando no es así, en los demás casos, informan sobre anomalías no vistas o modifican el criterio inicial. No debe olvidarse, por otro lado, el que en una sociedad de pleitos y reclamaciones indemnizatorias como la que vivimos, las pruebas clínicas vendrían a constituir, en su caso, una confirmación de la buena praxis médica del galeno cuestionado por su proceder.
Desde el punto de vista del enfermo, el que se realicen exploraciones radiológicas o análisis, indagatorios o confirmatorios, significa —más allá de un derecho abstracto—, la posibilidad de eliminar el albur sobre su salud, ya porque se conozca el estado de la misma (bueno o malo) con precisión, ya porque esas exploraciones anticipen malignidades que aún no han detectadas o no se han presentado y, por tanto, pueda acometerse su solución con razonables perspectivas de éxito.
Pues bien, lo que el Gobierno del PSOE e IU viene a proponer, desde el ángulo de los galenos, es que éstos renuncien a ciertos instrumentos de diagnóstico o de eficacia farmacéutica, disminuyendo la seguridad de la certeza en la evaluación y en el tratamiento; desde el punto de vista de los ciudadanos, que estos corran con el azar de un mayor margen de error en el diagnóstico, de una tiempo más dilatado en la curación de su enfermedad o, en peor de los casos, de la ignorancia de una amenaza grave para su salud, hasta tanto ésta no se manifieste.
¿Y cuál es el mecanismo al que el Gobierno socialista y de IU apela para intentar que los médicos diagnostiquen y traten con menos garantías, se enfrenten con el enfado de los pacientes por negarles pruebas que estos podrían creer necesarias, y, en último término, a demandas por mala praxis? Pues es, sencillamente, el de excitar la concupiscencia de dinero de los profesionales del sistema sanitario, su codicia. Porque sólo de esa forma se puede lograr que algunos de ellos, despreciando los riesgos de denuncia y poniendo en cuarentena lo mejor de su saber hacer profesional, se avengan a reducir el gasto a través de esos procedimientos. Propuesta, por cierto, que ya formuló en su día el Ejecutivo asturiano como contraprestación al inicio de los pagos de la carrera profesional para los profesionales del sector
No hay que olvidar, por otra parte, que desde hace ya algunos años —en virtud, en parte, de esa contraprestación, debido a motivos de ahorro, por otro lado—, este gobierno viene reduciendo los servicios sanitarios que presta a los ciudadanos; por ejemplo, restringiendo y eliminando los controles a los crónicos, o haciendo mayor la frecuencia de las revisiones a los grupos de riesgo.
Conviene recordar, asimismo, que por motivos electorales los gobiernos socialistas (apoyados por IU) han impulsado inversiones sanitarias escasamente rentables o patentemente insostenibles; que, sobre cobrar un impuesto especial en los combustibles, tienen en marcha un proyecto hospitalario que representa un enorme despilfarro por sus sobrecostes y el por tiempo que en que se viene dilatando su terminación; que compra descontroladamente medicamentos y suministros para la sanidad y es un mal gestor con las mutuas; que ha tirado el dinero de los asturianos en una política personal de un alto incremento del gasto que no se ha traducido ni en una mejora del servicio ni en la satisfacción del personal sanitario.
De modo que ahora viene la última vuelta de tuerca: despertar la concupiscencia de los profesionales. Con varias consecuencias, algunas de tipo moral otras de carácter profesional, entre el estamento sanitario; entre los asturianos, dos efectos de orden diverso: crear tipos distintos de ciudadanos según el señor Areces, don Javier Fernández y Jesús Iglesias hayan o no excitado la codicia de su médico; hacer que un número indefinido de personas corran más riesgos que otros en lo relativo a su salud, si es que, gritando en torno a los oídos del facultativo, como las brujas de Machbet, el «tú ganarás más, tú ganarás más», los tres xanos con pretensión de íncubos han logrado convencerlo.
Por cierto, sobre el poder del dinero poco hay que decir: todo el mundo sabe cuál es su virulenta vis atractiva. Pero quizás no somos tan conscientes de qué eficacia tiene el «tú eres tonto, ¿no ves a los demás?», para que el rebaño humano comience a proseguir la senda que el primer caminante va abriendo.
Esti artículu asoleyóse na Nueva España del 06/04/09.
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