La decisión de IU y del PSOE de poner un impuesto asturiano a las eléctricas y otras empresas distribuidoras de electricidad —el llamado «Impuesto sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden en el medio ambiente»— ha tenido las consecuencias esperables: las empresas repercutirán esos impuestos sobre el costo final, y por lo tanto a los consumidores, con las repercusiones inevitables en los salarios, en la inflación, en el paro, etc.
Ayer, de fuentes de IU se negó que las empresas distribuidoras pudiesen hacer eso y, en todo caso, protestaron de que lo hiciesen, «dadas las plusvalías que obtienen». El PSOE, cómplice y socio de gobierno, calla.Sólo un tonto podría haber pensado que los costos de un producto no se trasladasen al final a los consumidores (particulares y empresas). Como ni IU ni PSOE son tontos, es que piensan que los tontos o los imbéciles somos nosotros.
Pues ya lo saben quienes piensen votarlos lo que opinan ambos de sus votantes (y de todos nosotros, en general).
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