El problema social y legal del asturiano

No todos los asturianos están convencidos de que el asturiano sea una lengua, menos aún de que sea un bien colectivo que haya que preservar. Ello es así en tanto en cuanto, a lo largo del último siglo, ha habido una sostenida campaña de desprestigio contra la lengua nacional. Además, en los casi treinta años de democracia que suceden a la muerte de Franco, ninguno de los gobiernos sucesivos, ni tampoco de los partidos políticos dependientes de Madrid, ninguno, ha hecho nada por modificar esa situación de desprestigio.

Las lenguas, por otro lado, tienen la fastidiosa condición de que, para existir, necesitan ser emitidas por ciudadanos concretos en su relación social con otros. No basta con congelarlas en un libro o un monumento. Además, en cuanto “objetos” públicos, suscitan, como algunos otros, reacciones viscerales de adhesión o rechazo, de vergüenza o de estigmatización social por su empleo. Es éste, sucintamente, el marco en que se mueve “la cuestión del asturiano”: su uso y aprecio o desprecio por los ciudadanos; su condición legal; su tratamiento político.

Una lengua puede disfrutar de una vitalidad social normal y no tener reconocido un determinado estatuto legal. Puede, por el contrario, tener reconocida su oficialidad jurídica y languidecer por los callejones del menosprecio y la patoisización. Es posible afirmar con rotundidad que resulta preferible una lengua viva, presente en los medios y en la calle, que una lengua que agonice con la escarapela de la oficialidad al cuello. En todo caso, el estatuto jurídico de oficialidad ofrece, entre otras, la ventaja de reforzar el prestigio social de la lengua. Evita, además, situaciones irritantes. Por poner un par de ejemplos: que la Constitución europea se edite en catalán y gallego, pero no en asturiano, parece un agravio; que, en su día, los sellos conmemorativos de la boda principesca impriman leyendas en catalán, gallego y vasco, y no en asturiano, por no ser oficial nuestra lengua, es una babayada (legal). De modo que, como se advierte, los efectos de la ausencia de oficialidad pueden llegar a causar perturbaciones y ofensas en ámbitos donde no parece que haya más conflicto que el que la propia legislación causa.

Conviene decir, finalmente, en este orden de cosas, que, como la declaración de oficialidad no significa prácticamente nada sin un desarrollo legislativo ulterior, se podría estatuir la cooficialidad del asturiano siendo sumamente prudentes en su aplicación, de forma que se avanzase cautelosamente y, sobre todo, nadie se sintiese obligado u hostigado.

En cuanto a la situación legislativa del asturiano, quien esto suscribe tiene el orgullo de afirmar que fue una iniciativa personal suya la que colocó el asturiano (bajo el término “bable”, de moda por aquel entonces) en el Estatuto (el famoso artículo 4º). Fue también una iniciativa del PAS (que tuve el honor de vehicular) la que, tras diecisiete años de ausencia de desarrollo legal de la materia, logró que existiese la actual Ley de Uso y Promoción del Asturiano, sustancialmente incumplida por los sucesivos gobiernos de Areces, incluido el actual con IU. Por desgracia, una iniciativa también nuestra para residenciar la declaración de oficialidad en el Estatuto reformado de 1999, con el requisito de un amplio quórum de diputados para su hipotética aprobación posterior en la Xunta Xeneral, encontró la enemiga de PP, PSOE e IU; incluso, la incomprensión de un amplio sector social e institucional favorable, en principio, a nuestra lengua.

Si recordamos lo que ocurría cuando fingían que querían reformar el Estatuto, hace unos años. La agitación que otras comunidades causaron al propugnar la reforma de sus estatutos y su financiación pareció haber levantado con su aire las faldas estatutarias de PP y PSOE, tan modositas y recatadas siempre. El PP, incluso, pareció haberse bebido un botellón de destilados del espíritu de Pelayo (de alta graduación, a juzgar por sus efectos) y estuvo dispuesto a ir más allá que nadie. Llegó a tanto en su excitación que homenajeó al señor Marqués al utilizar una troquelación de éste cuando manifestaron estar dispuestos a la cooficialidad “si existe una clara demanda social”.

PP y PSOE están y han estado siempre en contra del asturiano (IU, por cierto, sólo está a favor de la oficialidad desde 1996). Es más, una notable aversión y hostilidad hacia lo que pudiéramos llamar las señas de identidad asturiana constituye un elemento fundamental de la componente emocional de la mayoría de sus militantes, de su ideología implícita y de su discurso social. No cambiarán.

Pero es que, por otro lado, su capacidad política para liderar iniciativas autonómicas o políticas en el ámbito de sus respectivos partidos es absolutamente nula. Como siempre, y especialmente en el campo de las reformas estatutarias, suscribirán lo que desde Madrid les ordenen suscribir y lo harán en la fecha que se les señale. Por supuesto, en posición de firmes y en el primer tiempo del saludo.

Desengáñense, incautos, voluntariosos e ilusos. Ni la situación social del asturiano ni su estatuto legal cambiarán mientras los ciudadanos sigan votando mayoritariamente a quienes, sobre ser sus enemigos, no tienen otra entidad política que la de disciplinados correveidiles de sus patronos madrileños.

¿Quién, por otro lado, que sintiera al raposu decir que, abandonando sus artes onto y filogenéticas, iba, a partir de hoy, a convertirse en protector de los pitos estaría dispuesto a dar crédito a sus palabras?

Lo dice nuestra sabiduría popular: El raposu tira´l pelu, pero non les zunes.