El Decreto-ley 10/2010 de reforma del mercado laboral ha venido a poner término a más de dos años de cháchara insustancial entre patronal y sindicatos y a más de un lustro de irresponsabilidad del Gobierno. Sin embargo, el citado Decreto no parece que resuelva los problemas que, desde hace décadas, dificultan el empleo desde el punto de vista legislativo.Repitamos, en primer lugar, lo que venimos afirmando hace tiempo: poner en manos de patronal y sindicatos, según hizo el Ejecutivo, la capacidad de legislar en materia laboral encaja difícilmente en los parámetros democráticos: es corporativismo, primorriverismo o como prefieran llamarlo. Pero además ha sido inútil y caro.
Inútil, puesto que no ha producido resultados; caro, en cuanto que la dilación ha conllevado costos de todo tipo, de paro para los individuos, de ineficacia para las empresas.
Dejemos sentadas, asimismo, un par de obviedades: el empleo lo crean las empresas, o si se quiere, los empresarios, y lo hacen en la medida en que pueden obtener beneficios en su actividad y cuando, para ello, cada empleado es un parámetro que contribuye a tal beneficio. En ese sentido, la legislación laboral debe eliminar los problemas que dificulten ese objetivo, ya sea porque ella misma los cree, ya porque no permita a las empresas adaptarse a la realidad del mercado, vario para cada una de ellas y cambiante.
Es evidente, por otro lado, que los aprietos de la economía no se encuentran únicamente en la legislación laboral. Dejando a un lado los problemas financieros de la coyuntura (crédito y endeudamiento), las empresas españolas tienen, en general, un doble problema, el de la competitividad y el de los costos laborales. Así, la Central de Balances del Banco de España acaba de señalar que, en el primer trimestre del año 2010, las empresas que controla su estadística han vuelto a tener beneficios (2,6 ganancia del VAB en el trimestre, frente a la pérdida del 12,5% en el 2009), pero lo han hecho, en gran medida, a costa de la reducción del empleo y de los costos salariales. De esos problemas, evidentemente, la legislación laboral es sólo una componente, pero lo es.
¿Contribuye el Decreto-ley 10/2010 a solventar los impedimentos que la actual normativa pone a la contratación y al empleo? Si, desde el punto de vista de los empleadores, identificamos esos impedimentos como inseguridad jurídica, incapacidad de ajustar los costos laborales y las plantillas en cada coyuntura y adecuación de las retribuciones salariales a la productividad concreta de la empresa y de los individuos en ella, es evidente que no. En lo relativo a la ligazón entre productividad y salarios, es palmario que no se ha hecho nada: basten las palabras de Felipe González sobre la cuestión para confirmarlo. Por otro lado, la inseguridad jurídica persiste no sólo en cuanto que el texto legal es muy confuso en todos sus extremos, sino en cuanto que siguen quedando en las manos de los jueces las decisiones últimas en lo atinente a despidos individuales y a reducción de plantillas: basta acudir a los comentarios de cualquier experto en derecho laboral para comprobar que aun los más entusiastas con el texto no saben cuáles son los alcances reales de ciertos extremos y que todos discrepan en lo que “realmente” significan muchos de los artículos.
(Por cierto, sacar de manos de los tribunales la mayor parte de la materia laboral es una necesidad perentoria. Se ha señalado, por ejemplo, con gran escándalo, que en el año 2009 han sido despedidos 500.000 trabajadores, sin que el empresario adujera “causa ni motivo alguno”. La razón no es otra, sin embargo, que la de que el contratante prefiere ir al motivo legal más caro de despido, el improcedente, porque es el más barato: en caso contrario deberá ver cómo, en su día, el juez, sean cuales sean las razones para el despido, lo fallará como improcedente y, además, tendrá que pagar los salarios de tramitación.)
Digamos, por último, que el Decreto-ley no aborda o no concreta otras cuestiones importantes para el trabajador, como impagos de salarios, formación, mantenimiento de derechos de devengos económicos en los casos de traslados de empresa, continuidad en el empleo, etc. Parece que, incluso, las novedades sobre el contrato temporal, sus limitaciones, pueden empeorar el empleo, como ha señalado Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España.
En resumen, siete años perdidos, para destruir mucho durante el camino y reparar muy poco.
¿Qué gobierno habrá hecho menos por aquellos que dice defender, los trabajadores?
Nota: asoleyóse na Nueva del 14/07/10
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