¡QUÉ XENTE!

Suelo afirmar que el Parlamento Español legisla «con las témporas», por decirlo con un eufemismo. Se legisla de forma chapucera, da igual que se haga en materia penal, estatutaria, laboral o civil. Y, lo que es peor, una parte importante de la legislación se hace respondiendo a motivos de coyuntura y para quedar bien con el qué dirán o con las modas del momento. De modo que, aunque sus señorías suelan presumir de no legislar «en caliente», en realidad lo hacen siempre en celo, espoleados frecuentemente por la moda de lo políticamente pío. Y, además, ese celo, sobre afectar a todos los cuerpos legislativos del Estado, debe de ser extraordinariamente rijoso, pues, como se ha señalado recientemente (aunque ya don Aurelio Menéndez se quejaba de ello en 2003), sólo las autonomías publican anualmente 700.000 páginas de legislación de todo tipo.

Muchas de esas decisiones normativas (al margen ya las políticas, como algunos estatutos de autonomía) tienen efectos nocivos sobre la vida cotidiana. Al respecto, vengo señalando en los últimos tiempos los conflictos y perjuicios —incluidos los educativos— sobre infantes y adolescentes causados por la eliminación de la potestad de los padres para «corregir moderadamente a sus hijos». En otro ámbito, es un clamor de muchos ciudadanos y de jueces el escándalo que supone la perversión jurídica en que se basa la legislación sobre la violencia entre parejas (último testimonio de que dispongo, de María Gracia Parera, Magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 3 de Madrid: «Una de las cosas que nos preocupa mucho a los jueces de violencia es que se están invirtiendo ahora los principios del Derecho: ahora se presume la veracidad de la denuncia y hay que demostrar la inocencia, cuando debe ser al revés.»).

También las leyes relativas a la conducción chirrían, mostrando cuánto va de gobernar el mundo con el culo sentado en un escaño de la Carrera de San Jerónimo a tener que tratar con él en la vida real. Es sabido, en concreto, que en el 2007 se modificó la Ley 10/1995 o Código Penal, mediante la Ley 15/2007 de Seguridad Vial. Pues bien, desde esa fecha el número de personas que cumplen prisión en España por cometer un delito contra la seguridad vial ha crecido exponencialmente. Ahora bien, debe señalarse que, salvo en los casos en que existen accidentes y víctimas, muchas de las conductas tipificadas como delitos con sanción de prisión podrían ser muy bien sanciones administrativas. Es más, las mismas normas son, en muchos casos, opinables, cuestiones de criterio o moda, por ejemplo, la limitación de velocidad en autopista o la de la tasa de alcohol ingerido. Y aun el encausamiento de alguno de los delitos, como el acoso o el «conducir con manifiesto desprecio por la vida», depende más del «ojo del agente» que de causas objetivables.

En todo caso, el número de personas con pena de prisión por delitos de tráfico ha suscitado la alarma en medios jurídicos. Así, según referencia del 23/07/2010 de este periódico, el fiscal coordinador de Seguridad Vial ha manifestado que, en relación con su jurisdicción, «la pena de cárcel es una medida muy rigurosa que debe quedar reservada a los casos más graves» y plantea que el decomiso de vehículos implicados en delitos de tráfico sea un «sustitutivo» de la prisión para los infractores, ya que la cárcel «es siempre lo último que un fiscal desea».

Probablemente sea esa la razón de que la nueva reforma del Código Penal (la enésima en pocos años), prevista para finales de 2010, recoja, junto a la modificación de algunas chapuzas de redacción, un nuevo artículo 385 ter, que dice: «En los delitos previstos en los artículos 379, 383, 384 y 385 [relativos a la conducción], el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, podrá rebajar en un grado la pena de prisión en atención a la menor entidad del riesgo causado y a las demás circunstancias del hecho.» Es decir, una forma parcial de envainársela, ya que una cosa es emitir un tonitronante «Fiat justitia et ruat caelum» y otra cosa comprobar los efectos deletéreos de los eructos propios.

Don Francisco Labrador, Catedrático de Psicología Clínica, aquí en la Nueva España del 22/07/10, afirmaba: «No legisla la gente más preparada.» ¿Son acaso los peores? En cualquier caso, es difícil superarlos.