Más sobre "el dedo socialista"

A propósito de la reiterada conducata del PSOE (y su palafrenero, IU) de nombrar a dedo a los altos (y no tan altos cargos), saltándose además la propia legislación que ellos aprobaron como teórica garantía de "trasparencia" y "democracia", ensierto aquí un artículo del 02/08/2005, en que se analiza la conducta semejante del gobierno PSOE/IU en el Ayuntamientu de Xixón. Mutatis mutandis, el análisis (las razones y las causas de su proceder) valen también para el gobierno PSOE/IU en la Administración Asturiana, puesto que sus causas son las misma y su manera de proceder, idéntica (o, desde otro punto de vista, "contumaz").

AYUNTAMIENTO DE XIXÓN: CON EL DINERO DE TODOS. CONTRA EL EMPLEO DE TODOS

En ámbitos muy variados (bomberos, policías municipales, cargos de confianza, funcionarios de la administración general...), el ayuntamiento de Xixón viene acumulando un balagar de sentencias judiciales en su contra, cuyo denominador común es el mismo: la provisión de plazas se ha realizado de forma irregular. Las sanciones judiciales son tan reiteradas, afectan a ámbitos de la administración tan diversos, se refieren a momentos temporales tan distintos, que, a no haber sido el ayuntamiento censurado el que es, es decir, uno de los que tienen “controlada” o sedada la opinión, el escándalo ya habría ocupado de forma prolongada los medios de comunicación estatales.

El fondo común de todas esas irregularidades es el mismo: favorecer a un grupo de personas en nombre de algún principio aparentemente benéfico, esto es, ayudar a algunos ciudadanos a tener un empleo (estable) de forma más fácil o segura. Pero tan loable principio oculta su verdadero efecto: esos empleos, que se pagan con el dinero de los impuestos, deberían ser accesibles en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos, no sólo a los afiliados a un sindicato o un partido o a los que se hallan en sus cercanías. En una palabra, el significado real de esas irregularidades es que, con el dinero de todos y en nombre de principios más o menos justicieros o filantrópicos, se actúa contra la mayoría de la población: se priva de una posibilidad de trabajo a quienes no son próximos.

Mas el verdadero sentido de todo ello va mucho más allá. Todas o la mayor parte de esas irregularidades se cometen en complicidad con los sindicatos: poder político y poder sindical establecen acuerdos en virtud de los cuales, y mediante ese proceso irregular, se favorezca a los suyos o a quienes ellos decidan. Si despojamos a esos pactos de la retórica progresista con que se visten, a nadie se le escapa la finalidad última de los mismos: se trata de reforzar y consolidar el poder de unos y otros, sindicatos y partidos políticos, en proporción directa a su cuota de representación. Porque desde hace mucho tiempo la función principal de los grandes partidos y sindicatos no es, digan lo que digan, el servicio a la mayoría, al “pueblo” o al “proletariado”, sino el mantenimiento y acrecentamiento de lo que son: gigantescas máquinas de poder y de empleo. De ese modo, ampliando el número de favorecidos por su actuación, gratifican voluntades, las compran o tratan de ganárselas. Se entiende bien, por tanto, que la irregularidad administrativa por la que se proveen las plazas no es un error o un “desliz” (para utilizar la palabra eufemística con que antaño se envolvían los hijos no deseados de las madres solteras): es el mecanismo mismo por el se apropian de la administración y hacen ver que ellos la manejan, es decir, el medio por el que se hace alarde de la irregularidad (del poder), a fin de que los favorecidos sepan a quién deben su empleo, y que los que no lo son entiendan bien adónde deben arrimarse si es que quieren algún día gozar de la lotería del favor.

No hace falta repetir otra vez cómo ese mecanismo no es más que la apropiación del común por los particulares, en contra de la generalidad de la población. Tampoco cómo todo ello no tiene nada que ver con presuntos intereses universales o de clase social. Permítaseme sólo subrayar lo que el procedimiento constituye de ataque a la modernidad y la igualdad; en qué medida va todo ello contra las conquistas que se extienden paulatinamente en el mundo occidental a partir de la disolución del Antiguo Régimen (y que ya muchos años antes, formula como ideal y programa el humanismo —por ejemplo, en Cervantes, tan poco zapaterino, en este aspecto, por cierto): un estado al servicio de todos, una administración no secuestrada por intereses particulares, la igualdad en el acceso al empleo y servicio públicos, y, en último término, por tanto, el acrecentamiento de la libertad real. Es decir, en términos históricos, esas actitudes son el pasado: mucho feudalismo (o particularismo burgués) en la apropiación de lo público; poca igualdad y menos fraternidad (a no ser que entendamos por tal la de los miembros de las fratrías entre sí).

Para concluir, dos observaciones. Las dos hacen, sin duda, aumentar el escándalo y el malestar para quienes tengan un mínimo de sensibilidad ciudadana o de interés por el bien de la generalidad. La primera, el impudor con que la mayoría de los sindicatos afectados defienden las ilegalidades y, al mismo tiempo, el estupor que suscita en ellos el que alguien no esté de acuerdo con sus pactos contra la mayoría de los ciudadanos: “No es ético -han dicho- impugnar en el juzgado las ilegalidades en materia de contratación de personal cometidas por el gobierno local tras haberlas pactado con los sindicatos”. Esto es, en traducción: “Esta es nuestra parcela de poder; ésta nuestra manera de operar, desde siempre. ¿Quién diablos es nadie para meterse en nuestro negocio?”

La segunda se refiere a las escasas reacciones que una cuestión tan escandalosa y de tanto daño al común —en la administración de todos y con el dinero de todos, recordémoslo— ha suscitado (exceptuemos con aplauso la de Armando J. Nosti Caso). Seguramente ello quiere decir que una parte importante de la población no es capaz de percibir cómo esos procedimientos les quitan, a ellos o a sus hijos, directamente el pan de la boca. Posiblemente otra ya se ha habituado a esa corrupción de la vida pública y la encuentra normal o incorregible. Algunos, finalmente, habrán aprendido la lección y tendrán una razón más para callar y procurar en el futuro, al igual que Lázaro de Tormes, “arrimarse a los buenos”.

En todo caso, den ustedes una vuelta a su alrededor, miren y pregúntense: ¿dónde están los que habitualmente se escandalizan y gritan en nombre de la ética, del pueblo, del proletariado o de los principios?

O formúlenlo de otra manera, ¿cuál es el tamaño de la red de complicidades, silencios, miedos e intereses que se extiende entre el tejido social de un concejo que, desde la transición —esto es, desde que gobiernan en él PSOE e IU—, tiene el nada honorable registro de la mayor tasa de paro de toda Asturies?

Eso sí, en nombre del pueblo y para el pueblo.