Que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie puso leyes
En breve resumen. Cuando, a consecuencia de las huelgas médicas, don Vicente Alberto hubo de aumentar el sueldo a galenos y enfermería, llamó a UGT y CCOO a fin de escenificar un pacto —ventajoso políticamente para los firmantes— en que, bajo el concepto de «carrera profesional», se hacía extensible una porción del incremento a todos los funcionarios de la Administración. Los requisitos exigidos para acogerse a la subida salarial no representaron escrúpulo alguno para el común de los empleados de la función pública, pero sí para unos cuantos de los de la enseñanza, en parte porque el Gobierno aprovechó para insinuar un alza de las obligaciones como contrapartida, en parte porque, gente un poco suspicaz y espiritual la de la enseñanza, vio dragones donde no había otra cosa que ladradores y ligeramente malintencionados gozques. Como consecuencia, algunos sindicatos acudieron a los tribunales y estos declararon nulo todo el proceso.
Para «sanarlo», hacer viable el cobro de las nuevas cantidades y el que los que las estaban cobrando no tuviesen que devolverlas, en los presupuestos para el 2010 se incluyó la cobertura legal correspondiente (por cierto, en el proceso de acuerdo de «sanación» encontró el señor Valledor el pretexto para largarse de IU, que tanto tiempo llevaba buscando), la cual requería un ulterior desarrollo reglamentario. El caso fue que dicho reglamento durmió el sueño de los justos durante casi todo este año y, cuando finalmente fue enviado al Consejo Consultivo, este lo devolvió porque faltaba un trámite de obligado cumplimiento. En consecuencia, a finales ya de octubre, hubo que empezar toda la tramitación de nuevo, con lo que se corre el riesgo de que, de no llegarse antes de finales de diciembre al término del proceso —el cual incluye petición de adscripción de los funcionarios, valoración individual de los mismos, confirmación posterior e inscripción definitiva, todo con sus plazos—, un avatar judicial no sólo impida la percepción de las prestaciones que se vienen cobrando o que se anunciaron que podrán cobrar nuevos funcionarios, sino el que haya que devolver las de más de dos años.
Se puede pensar que todo esto se ha hecho malintencionadamente, y que el objetivo último del Gobierno es proclamar que, pese a su voluntad, se ve obligado a no pagar esas cantidades comprometidas. Es posible, pero no muy probable. Lo más verosímil es que nos hallemos, una vez más, ante la actuación ordinaria de un Gobierno y un partido que atesoran ingentes cantidades de i+d+i (incompetencia, despilfarro, ineficacia). Porque, en efecto la incapacidad para realizar con un cierto decoro un sencillo proceso administrativo o legislativo es una de las más notables características del Gobierno socialista asturiano. Recordemos, por ejemplo, y por no salirnos del ámbito de la educación, que cuando, tras ocho años de dilación, se publicó el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, de derechos y deberes de los alumnos, se empeoró notablemente el anterior Decreto 732/1995. Posteriormente, y tras una campaña de protestas en la que La Nueva España y quien esto firma algo tuvimos que ver, el Ejecutivo socialista rectificó, afirmando que parte de lo inaceptable de aquel texto «se debía a un error de redacción».
Pero aquí, al respecto de toda esta historia del reglamento de Evaluación Docente de que hablamos, hay algo mucho peor aún: la destrucción o el desprecio de todo el proceso administrativo —y, por tanto, de las reglas más elementales que han de regir la Administración y el Derecho—. Porque, en efecto, es inconcebible que, a lo largo del itinerario del documento no haya habido un letrado que advirtiese de la necesidad de completar el expediente, lo que implica que los cargos políticos han hecho caso omiso de dicha advertencia o que hayan pensado que, a fin de cuentas, el Consejo Consultivo, con gente nombrada por ellos, iba a silenciar los errores. ¿Grave? Puede ser aún peor. Puede resultar que la advertencia jurídica no haya aparecido, bien porque el PSOE haya destrozado de tal modo la Administración que no se cumplen los mínimos requisitos exigidos para la tramitación de expedientes, bien porque haya reducido a los funcionarios al sometimiento y al acatamiento.
En cualquier caso, estos hechos no brotan en terreno yermo. Son fruto de una mentalidad general del socialismo español, entre adánica y rousseauniana-revolucionaria, que piensa, de un lado, que la realidad puede modificarse por el mero imperio del deseo y, de otro, que las leyes no son más que cortapisas carentes de entidad.
Romántico-adolescente, este tipo de izquierdista, sentado en la popa del Estado, ve el mundo al igual que el pirata esproncediano cuyas palabras encabezan este artículo, «Que yo tengo aquí por mío…», y piensa que su voluntad es la única ley.
En todo caso, anoten, pues, que, sobre otros desastres de que esta Administración es responsable —los económicos, los del paro, los del déficit y la deuda, los de la sumisión a Madrid, los culturales…—, hay que sumar uno más: ha dejado la Administración destrozada, hecha unos zorros. O unas zorras, si ustedes son partidarios del lenguaje no sexista.
Y, a todo esto, no sé si se habrán fijado: IU, parte del mismo Gobierno que el PSOE, receptora de honores, dineros y poder por estar en él, lleva más de dos meses amatagada y arronchada, como si la cosa no fuese con ellos, al igual que si no resultasen exactamente igual de responsables de todos los desastres de estos últimos años.
En breve resumen. Cuando, a consecuencia de las huelgas médicas, don Vicente Alberto hubo de aumentar el sueldo a galenos y enfermería, llamó a UGT y CCOO a fin de escenificar un pacto —ventajoso políticamente para los firmantes— en que, bajo el concepto de «carrera profesional», se hacía extensible una porción del incremento a todos los funcionarios de la Administración. Los requisitos exigidos para acogerse a la subida salarial no representaron escrúpulo alguno para el común de los empleados de la función pública, pero sí para unos cuantos de los de la enseñanza, en parte porque el Gobierno aprovechó para insinuar un alza de las obligaciones como contrapartida, en parte porque, gente un poco suspicaz y espiritual la de la enseñanza, vio dragones donde no había otra cosa que ladradores y ligeramente malintencionados gozques. Como consecuencia, algunos sindicatos acudieron a los tribunales y estos declararon nulo todo el proceso.
Para «sanarlo», hacer viable el cobro de las nuevas cantidades y el que los que las estaban cobrando no tuviesen que devolverlas, en los presupuestos para el 2010 se incluyó la cobertura legal correspondiente (por cierto, en el proceso de acuerdo de «sanación» encontró el señor Valledor el pretexto para largarse de IU, que tanto tiempo llevaba buscando), la cual requería un ulterior desarrollo reglamentario. El caso fue que dicho reglamento durmió el sueño de los justos durante casi todo este año y, cuando finalmente fue enviado al Consejo Consultivo, este lo devolvió porque faltaba un trámite de obligado cumplimiento. En consecuencia, a finales ya de octubre, hubo que empezar toda la tramitación de nuevo, con lo que se corre el riesgo de que, de no llegarse antes de finales de diciembre al término del proceso —el cual incluye petición de adscripción de los funcionarios, valoración individual de los mismos, confirmación posterior e inscripción definitiva, todo con sus plazos—, un avatar judicial no sólo impida la percepción de las prestaciones que se vienen cobrando o que se anunciaron que podrán cobrar nuevos funcionarios, sino el que haya que devolver las de más de dos años.
Se puede pensar que todo esto se ha hecho malintencionadamente, y que el objetivo último del Gobierno es proclamar que, pese a su voluntad, se ve obligado a no pagar esas cantidades comprometidas. Es posible, pero no muy probable. Lo más verosímil es que nos hallemos, una vez más, ante la actuación ordinaria de un Gobierno y un partido que atesoran ingentes cantidades de i+d+i (incompetencia, despilfarro, ineficacia). Porque, en efecto la incapacidad para realizar con un cierto decoro un sencillo proceso administrativo o legislativo es una de las más notables características del Gobierno socialista asturiano. Recordemos, por ejemplo, y por no salirnos del ámbito de la educación, que cuando, tras ocho años de dilación, se publicó el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, de derechos y deberes de los alumnos, se empeoró notablemente el anterior Decreto 732/1995. Posteriormente, y tras una campaña de protestas en la que La Nueva España y quien esto firma algo tuvimos que ver, el Ejecutivo socialista rectificó, afirmando que parte de lo inaceptable de aquel texto «se debía a un error de redacción».Pero aquí, al respecto de toda esta historia del reglamento de Evaluación Docente de que hablamos, hay algo mucho peor aún: la destrucción o el desprecio de todo el proceso administrativo —y, por tanto, de las reglas más elementales que han de regir la Administración y el Derecho—. Porque, en efecto, es inconcebible que, a lo largo del itinerario del documento no haya habido un letrado que advirtiese de la necesidad de completar el expediente, lo que implica que los cargos políticos han hecho caso omiso de dicha advertencia o que hayan pensado que, a fin de cuentas, el Consejo Consultivo, con gente nombrada por ellos, iba a silenciar los errores. ¿Grave? Puede ser aún peor. Puede resultar que la advertencia jurídica no haya aparecido, bien porque el PSOE haya destrozado de tal modo la Administración que no se cumplen los mínimos requisitos exigidos para la tramitación de expedientes, bien porque haya reducido a los funcionarios al sometimiento y al acatamiento.
En cualquier caso, estos hechos no brotan en terreno yermo. Son fruto de una mentalidad general del socialismo español, entre adánica y rousseauniana-revolucionaria, que piensa, de un lado, que la realidad puede modificarse por el mero imperio del deseo y, de otro, que las leyes no son más que cortapisas carentes de entidad.
Romántico-adolescente, este tipo de izquierdista, sentado en la popa del Estado, ve el mundo al igual que el pirata esproncediano cuyas palabras encabezan este artículo, «Que yo tengo aquí por mío…», y piensa que su voluntad es la única ley.
En todo caso, anoten, pues, que, sobre otros desastres de que esta Administración es responsable —los económicos, los del paro, los del déficit y la deuda, los de la sumisión a Madrid, los culturales…—, hay que sumar uno más: ha dejado la Administración destrozada, hecha unos zorros. O unas zorras, si ustedes son partidarios del lenguaje no sexista.Y, a todo esto, no sé si se habrán fijado: IU, parte del mismo Gobierno que el PSOE, receptora de honores, dineros y poder por estar en él, lleva más de dos meses amatagada y arronchada, como si la cosa no fuese con ellos, al igual que si no resultasen exactamente igual de responsables de todos los desastres de estos últimos años.
No hay comentarios:
Publicar un comentario