EL AGUJERO NEGRO DE LA RENTA MÍNIMA
Sobre la necesidad de una renta
mínima vital, que el Gobierno parece querer poner en marcha prontamente, existe
en principio un acuerdo generalizado. Se han manifestado a su favor, por citar
opiniones acaso no muy esperadas, Luis de Guindos o FAES, la fundación que
preside J. M. Aznar. Ahora bien, mientras algunos tratan de convertirla en algo
incondicionado, en camino de una renta básica universal, como pretende Unidas,
la mayoría se pronuncian por la temporalidad y por ligarla a condicionamientos.
Así García-Page: “Hay que vincularlo al
trabajo. Lo contrario nos lleva a un país subvencionado. España no puede arreglar
esta pandemia pasando a ser un país subsidiado”.
Agujero negro. La cómica pelea
entre Escrivá e Iglesias la tercera semana de abril sobre la fecha de la puesta
en marcha del proyecto, que parece que se va a retrasar al menos un mes sobre
aquel momento, no solo refleja la pelea entre PSOE y Unidas por abanderar “el
regalo”, sino que traduce las incógnitas sobre en qué va a consistir realmente
la RMV. Se ignora su coste (se han barajado cifras que van de los 3.000
millones a los 8.000, con una intermedia de 5.500); esa indefinición desvela, a
su vez, que no se sabe muy bien a quiénes va a afectar la disposición. Se
calcula (se supone) que aproximadamente a un millón de hogares, lo que
implicaría unos tres millones de personas. Ahora bien, uno de los instrumentos
de que se quiere disponer para averiguar la renta de los destinatarios, a fin
de vitar el fraude, son las declaraciones del IRPF, pero es evidente que muchas
familias están por debajo de los ingresos necesarios para tener que hacer la
declaración. Es imposible solventar eso.
Economía sumergida. Se afirma
siempre que la economía sumergida representa en España uno de los porcentajes
más altos del PIB de Europa. En esas condiciones, ¿cómo accederán a la RMV
quienes se hallen en ella y tengan ingresos que realmente los hicieran
acreedores a la prestación? Y, desde otro punto de vista, ¿cómo saber que
quienes proclamen tener ingresos escasos, o incluso lo acrediten, no están
obteniendo un monto suplementario, mayor o menor, a través de la economía
sumergida?
Compatibilidad con las ayudas de
las comunidades y los ayuntamientos. Parece que, en principio, la RMV estatal
va a ser compatible con los subsidios del mismo carácter que ya tienen
establecidas todas las autonomías y con las ayudas de casi todos los
ayuntamientos. Como puede suponerse, además, ninguna institución política,
local o autonómica, va a renunciar a que se vea que es ella quien hace entrega
de las ayudas.
Resultados injustos. Puede así suceder (sucederá) que las
rentas obtenidas al final por los
beneficiarios de la RMV superen los salarios de muchos trabajadores que tendrán
unos ingresos inferiores o iguales en activo. Máxime si se tiene en cuenta que,
además, quienes tienen nominalmente una renta más baja, por carecer de
prestaciones o por otra razón, son además los primeros beneficiarios de ayudas
municipales y autonómicas (libros, becas de comedor, pisos sociales…), en
detrimento de quienes trabajando tienen, en último término, unos ingresos
iguales o inferiores. De modo que, paradójicamente, es el esfuerzo de estos el
que financia a los otros.
Temporalidad, condiciones y crecimiento. En principio,
parece ser que la intención del titular de la cartera responsable de poner en
marcha la prestación es ligarla al compromiso de formación y búsqueda de
empleo, como ocurre en prácticamente todo el mundo, y que sea temporal. Si es
que se hace de esa manera, –veremos, es posible que Unidas pugne por la
incondicionalidad de la renta–, no es fácil que sea efectiva. Por otro lado, la
experiencia histórica en todas las comunidades es que los beneficiarios de las rentas mínimas o salarios sociales
tienden siempre a incrementarse, como sabemos muy bien en Asturies.
Burocracia y coyuntura económica. Además, como les contará
cualquier funcionario a quien pregunten, es muy difícil comprobar la veracidad
o exactitud de las declaraciones de los solicitantes, y más aún seguir la
evolución de su economía, no solo por la falta de personal, sino por la propia
dificultad de la averiguación. Por otro lado, en esta coyuntura, con el déficit
disparado, la recaudación muy a la baja, la deuda incrementada, añadir un gasto
de entre 5.000 y 8.000 millones, aunque sea indispensable, no es cuestión
baladí.
El gestor titular. Don José Luis Escrivá, anterior
presidente de la AIRF, es hombre voluntarioso y bienintencionado. En ese cargo,
por ejemplo, aseguró hace poco que el déficit de la Seguridad Social se
solucionaría con 280.000 emigrantes que viniesen a trabajar anualmente a
España. ¿Con qué cualificación? ¿En qué empleos? Eso no lo dijo. Afirmó también
que la Seguridad Social no tendría déficit si las partidas que tiene
indebidamente a su cargo, como las pensiones no contributivas y otras gabelas,
que él estimaba en 15.000 millones, pasasen a los presupuestos ordinarios del
Estado. Cierto, tan cierto como que el déficit, en un lugar o en otro, no
desaparecería.
Deberíamos, pues, enfocar el problema con estudios
suficientes, sin cálculos desafortunados, con tanto realismo como voluntad de
solventar el problema de quien lo tiene, pensando en el mañana y, sobre todo,
sin demagogia, sabiendo que, como tituló don Antonio Zamora, “no hay plazo que no llegue, ni deuda que no
se pague”.
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