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A pesar de lo que proclame, la gestión del urbanismo que han hecho el PSOE e IU (estos, como colaboradores necesarios, como palafreneros, en varias legislaturas) desde 1979 ha sido mala. Llena de prejuicios, han encarecido el suelo y la vivienda, han dañado los intereses de muchos particulares y, en general, la ciudad ha avanzado poco en la solución de los problemas antiguos, ha empeorado el tráfico y no ha dado a la ciudad un aire moderno.
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Primero, porque en una democracia -y aun si no es en una democracia- la administración viene obligada a hacer las cosas bien y con rectitud.
Pero es especialmente en una democracia cuando la administración, que no es un tribunal del pueblo ni una cohorte de ciudadanos selectos, tiene la obligación de suspender el juicio acerca de los motivos de la gente. Porque igual se tiene razón cuando se actúa en defensa de los intereses generales que de los particulares, cuando se actúa por generosidad que por concupiscencia.
¿Y, además, qué razón política es esa que niega al particular el derecho a defender sus intereses privados? ¿No es ese el principio de la democracia, el individuo? Y, por otro lado, ¿a qué me suena esa voluntad de someter las voluntades particulares a la del soberano, hable este en nombre propio, de Dios o del pueblo?
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