Controladores y justicia: No a la delación y a los procedimientos inquisitoriales

Nada vamos a decir aquí sobre la actitud de los controladores al comienzo de este puente de Constitución-Inmaculada. Es más, sobre las responsabilidades laborales que puedan tener, es posible que algunos acaben teniendo que pagar indemnizaciones millonarias, o, al menos, soportar demandas en ese sentido.

Pero todo ello, y al margen de que el Decreto que regula su actividad laboral es infumable y tendrá que rectificarse, no justifica que el Gobierno, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía decidan actuar contra ellos con procedimientos que, por decirlo suavemente, son procedimientos inquisitoriales y propios del Antiguo Régimen (no el de Franco, el anterior a la Revolución Francesa) y constituyen un auténtico baldón para el estado de derecho.

Pues, en efecto, tratar de distinguir entre controladores y dirigentes para estimular la difidencia entre los huelguistas; provocar la delación de los "dirigentes" por los "controladores de base" con la promesa de penas menores o perdón, como han hecho José Blanco o el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, es uno de los mayores retrocesos que han dado en España, en las últimas décadas, la dignidad de las personas y las instituciones, el Estado de Derecho, la ética, y el decoro político. Se ha llegado a decir, incluso, que los que afirmen que "los obligaron" los representantes a ir a la huelga serán eximidos.

Repito, al margen de las reponsabilidades que tengan los controladores. No ver en esta actitud del gobierno y la fiscalía una ignominia hacia la dignidad y decoro de todos nosotros es querer estar ciego. Si quieren más datos, pinchen AQUÍ