«El TSJA anula la designación a dedo de más de 200 altos funcionarios del Principado (a través de sucesivas sentencias)». El anterior titular de La Nueva España, de 6 de julio de 2009, venía a resumir parte de los frecuentes fallos contra las decisiones administrativas del Gobierno socialista (anulación de oposiciones, anulación de la llamada carrera profesional para el personal no sanitario, anulación de las plantillas de los centros de enseñanza…). Esa continua mala práctica de gestión y administración socialista obedece a distintas razones: una de ellas es la chapucera forma de gobernar, administrar y legislar con que, en general, se manifiestan los diversos poderes del Estado en las últimas décadas, comportamiento en el que los socialistas, especialmente los asturianos, resultan primorosos.
Ahora bien, esa conducta rutinaria no obedece únicamente a un actuar ignorante o desidioso, sino que, especialmente en los casos que afectan al empleo, responde a una voluntad deliberada de exhibición de poder, con su corolario de sumisión de los individuos y fidelidad electoral. Efectivamente, quienes saben que, por ellos o para ellos, se ha violentado la ley refuerzan su compromiso si ya son propios, agradecen la dádiva si son próximos, toman nota de cuál es el camino, si ajenos. Y todos, unos y otros, saben quién tiene la fuerza y cómo la hace sentir, dulce o amargamente, según el «corrimiento hacia el rojo» que uno tenga con respecto al manantial de beneficios.
En cualquier caso, ese proceder socialista con respecto al derecho no es de hoy ni se produce únicamente en el ámbito de gobierno de la administración del Estado. Podemos recordar una de sus manifestaciones en la interpretación torticera de la Constitución que durante la II República se hizo para desalojar a Alcalá Zamora de la Presidencia (con las consecuencias que ello conllevó). Es también notorio en el conjunto de la redacción del estatuto de autonomía de Cataluña, por ejemplo, estableciendo en él —en la parte—, cómo debería ser la futura legislación de financiación de las autonomías —del todo—, anomalía que, con su habitual sutileza expresiva, ha subrayado hace poco en estas páginas don Bernardo Fernández Pérez. Se advierte en las reiteradas amenazas del Honorable Montilla, en caso de que el Tribunal Constitucional modificase sustancialmente el nuevo estatuto catalán.
De modo que esa violencia o menosprecio al imperio de la ley y sus límites no es endemismo local ni enfermedad hodierna, sino que constituye una especie de libro de estilo, de manual corporativo del partido socialista (no de todos sus miembros, es obvio). Que ello sea así obedece a razones más profundas y de más arraigo que las de las ventajas en el ejercicio del poder. ¿Cuáles son?
A mi juicio, un complejo conjunto ideológico/discursivo y emocional del que podemos entresacar dos vectores. El primero, la idea de que el socialismo (y su personificación, por tanto, el PSOE) no es una más de las fuerzas que actúa en el sistema, sino la que encarna su superación y la que representa el futuro, y, en consecuencia, «la buena», la que tiene el depósito de superioridad moral. El segundo, la persistencia, más o menos confusa, de una vieja idea izquierdista, la de que la democracia hodierna es la «democracia burguesa», una pseudodemocracia en la que las reglas de juego están siempre trampeadas a favor de los poderes ocultos. Desde esa perspectiva, el circunvalar la ley o traspasarla no sólo tiene el atenuante de que se sortean inconvenientes injustos, sino de que se labora siempre a favor del “bien” y del futuro inevitable, en la dirección del viento teleológico de la historia.
Y, sin embargo, el respeto a la ley y los procedimientos, las limitaciones impuestas por ellos no son únicamente un perifollo de la democracia, un envoltorio molesto que nos dificulta el aprovechamiento de su meollo. Los aspectos procedimentales y normativos, las reglas, los límites, son parte tan constitutiva de un sistema de libertad como los contenidos sustantivos del mismo; son ellos los que defienden el todo del abuso de una parte o de la apropiación total o fragmentaria de lo colectivo por una facción.
Como debería saber cualquier demócrata.
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