La falta de dinero, la lengua (¿o la cabeza?) alocada de Esperanza Aguirre y la necesidad de la izquierda que vive del erario de ximielgar la calle ante el 20-N han vuelto a poner en primer plano la cuestión de la enseñanza, cuestión que, en general, se aborda desde aspectos periféricos o coyunturales que poco tienen que ver con los graves problemas de la misma, uno de los cuales es su escasa rentabilidad social, esto es, la desproporción entre el dinero invertido en ella y los costosos y/o escasos réditos que los ciudadanos -los escolinos, en primer lugar, los padres en segundo, la sociedad en su conjunto, en tercero- obtienen de la misma.
Puesto que plantea muchas cuestiones interesantes, alguna de ellas en la línea que vengo expresando desde hace más de treinta años (otras no), les transcribo aquí este artículo del economista S. McCoy en El Confidencial del 12/09/2011. Léanlo con atención, y después piénsenlo, repíénsenlo y discútanlo.
Poner patas arriba la educación es rentable y necesario
Hay debates que se agotan en su semántica. Es el caso del recorte de interinos en el que los más osados han tratado de ver un quebranto sustancial del modelo educativo español. Como si éste fuera un dechado de virtudes al que esta medida desproveyera de su carácter sin tacha. Lo que hay que oír. Define la Real Academia en su primera acepción al interino como aquél “que sirve por algún tiempo la falta de una persona o cosa”, esto es: “que ejerce un cargo o empleo por ausencia o falta de otro”. Se trata de un desempeño, por tanto, eventual y discrecional del contratante. A partir de ahí poco hay que discutir.
Otra cosa es la manía de este país de atribuir a las situaciones temporales carácter de derechos adquiridos hasta el punto de que los ahora afectados podían, es un suponer, haber asumido como definitiva tal temporalidad y organizar erróneamente su vida alrededor de dicha malinterpretación. Si de verdad fueran imprescindibles bastaba con un fraude de ley a la judicatura -manda narices esto también- por el que la experiencia acumulada les diera la posibilidad de entrar por la puerta de atrás en las plantillas de colegios e institutos. Pero no fue el caso. ¿No se daban cuenta, o no se la querían dar, de que lo que ha sucedido ahora podía llegar en cualquier momento?
Además, el hecho de que su no renovación, que no despido, coincida con un recorte de la oferta por oposición a tales desempeños no deja de ser una prueba de que la educación está sobredimensionada, es escasamente rentable socialmente dados los elevados niveles de fracaso escolar y paro juvenil y requiere de una vuelta a principios esenciales para que no nos sigan sacando los colores cada año en Pisa. Hay determinadas cuestiones sobre las que se ha pasado secularmente por encima para no herir sensibilidades. Así nos ha ido. Que sea tan sorpresa que se decida actuar sobre ellas es buena prueba de la adormidera con la que cada día España se desayuna. La educación ha demostrado que el Estado del Bienestar no siempre conduce al Bienestar del Estado. Es hora de revertir el proceso.
No se trata de una cuestión de cantidad, en contra de lo que nos quieren hacer creer. Más bien al contrario. En la génesis de lo que se podía calificar como el mayor fracaso, uno más, de la democracia se encuentra la conversión de un derecho universal, en aras de la defensa del principio de igualdad de oportunidades, en una obligación universal acompañada, en caso de incumplimiento, de sanciones administrativas. Un hecho que nos debería llevar a una seria reflexión por sus nefastas consecuencias. Porque reconociendo la esencialidad de la escolarización, su separación de cualquier exigencia disciplinaria o académica supone la receta idónea para el desastre: igualación del nivel académico por abajo y preeminencia de la excepción frente al grupo para desesperación del profesorado y estupor de parte del alumnado. Quod erat demonstrandum.
Es hora de poner la educación patas arriba. Quizá se está empezando la casa por el tejado pero no deja de ser un comienzo. Todo lo que no cuesta no se valora. El ajuste en los docentes, y el incremento de horas de clases de los profesores titulares, debería servir de base para una racionalización de mucho más calado en el que la gratuidad no sea una característica intrínseca del sistema sino asociada a una correspondencia por parte de aquel que recibe el servicio público. Se trata de alinear el esfuerzo de la Administración con el compromiso familiar (sistemas de fianzas o becas) y el beneficio del alumno a través de una oferta mucho más especializada no estrictamente académica. Si se trata de un tabú, roto queda. A grandes males, grandes remedios. La escuela no puede ser un fin (estar) sino un medio (aprovechar). Ese es el error de partida. La corresponsabilidad es indispensable si no queremos que el modelo siga haciendo aguas. Todo lo que se avance en ese sentido -al final los interinos no dejan de ser apoyo y complemento- bienvenido sea.
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