En qué creo

(En La Nueva España, el día 3) EN QUÉ CREO Es más bien infrecuente que en España (y no digamos en Asturies) los políticos expongan sus ideas y su pensamiento político por escrito. Es más, los políticos que menos dicen, los que menos explayan sus ideas o proyectos, parecen ser los que más votos concitan, como si el elector sospechase de los políticos con ideas o de los no ágrafos, y entendiese como suficiente la vaga (y aun confusa) manifestación de ser derechista, centrista o socialista para saber en quién deposita el crédito de su voto. A pesar de esos riesgos, el que esto suscribe cree que es la obligación de quien aspira a la confianza de los ciudadanos el expresar con claridad su ideología básica. La paz es, sin duda, el mayor de los bienes sociales. Tenerla no es fácil (basta echar una ojeada a la historia o a alguna comunidad próxima). No es un bien mostrenco que se nos dé gratuitamente. Es flor frágil que hay que cultivar todos los días, y, cuando merece la pena, con riesgos graves. La libertad es también un bien de primera magnitud. Su preservación requiere, asimismo, atención y esfuerzos. Y un trabajo constante de musculación para que su ejercicio se expanda cada día, porque no sólo hay grupos o personas que, en nuestra sociedad, tienen menos libertad (para actuar, para expresarse, para decidir) que otros, sino que, aún hoy, hay ámbitos donde el temor a la libre expresión existe. La libertad es imposible sin información y sin capacidad de articularse los individuos en grupos para manifestar su opinión, defender sus derechos o proclamar sus ideas. Favorecer la difusión de la información, garantizar la articulación efectiva de voluntades son vectores sustanciales de la libertad. Los llamados derechos humanos no son derechos inherentes al hombre (como decían las viejas proclamas) ni mandatos divinos: son un acervo de constructos políticos de que nos hemos ido dotando a lo largo de los siglos. Ellos nos alejan del estado de naturaleza y proclaman la idea de que queremos una sociedad donde todos los individuos tengan condiciones básicas de igualdad, dignidad y seguridad. Sobre estos teoremas clásicos, de índole política y jurídica, las sociedades occidentales contemporáneas han añadido lo que podríamos llamar derechos materiales: la educación para tratar de remover las diferencias iniciales entre individuos; la garantía de las condiciones básicas de salud, alimentación y vivienda; el salario más allá de la vida activa. Creo que esas, que podríamos llamar también derechos del ámbito socialdemócrata, son hoy exigencias básicas de la concepción del mundo en nuestras sociedades. La posibilidad efectiva de esas libertades está ligada al conocimiento científico, a los avances técnicos y a una cada día mayor producción de bienes y servicios (que es, en sí misma, una libertad efectiva, como bien saben los ciudadanos consumidores). Es ello lo que nos libera del estado de necesidad que es la naturaleza, lo que nos permite alargar la vida y la salud de las poblaciones hasta límites antes insospechados y lo que nos puede librar de temores y amenazas irracionales. Es cierto que la explotación de la naturaleza lleva a graves conflictos con la preservación de ésta, conflictos que la política y nuevas técnicas deberán solventar. El único sistema que garantiza realmente la libertad, el progreso científico y el avance hacia la igualdad es el sistema de libre mercado. Socialismo y comunismo no sólo son per se la negación de la libertad de los individuos y los sostenedores de desigualdades, sino que son, inevitablemente, sistemas que hacen más pobre al conjunto de la sociedad, y, por tanto, menos libre. La democracia, el sistema político en el cual los gobiernos pueden ser arrojados del poder mediante el voto (aquella llamada despectivamente por socialistas y comunistas de hace años “democracia formal” o “democracia burguesa”), es el sistema más capacitado para garantizar las libertades, la igualdad y la paz. Cualquier otro, incluidas las “democracias populares”, no es otra cosa, en el mejor de los casos, que una forma de violencia de los menos sobre los más y un estado de falta de libertad. En la democracia los gobiernos tienen la obligación de garantizar las libertades jurídicas y materiales (socialdemócratas), conducir hacia el futuro sin sobresaltos y garantizar la estabilidad social. Es la estabilidad la que permite la inversión, los proyectos personales, la creación de empleo y la transmisión de conocimientos, emociones y valores entre generaciones. Sobre todas esas cosas, en las que coincido con ciudadanos y políticos de muchas partes del mundo, soy nacionalista asturiano. Ser nacionalista asturiano significa dos cosas básicas. La primera que la historia ha ido configurando en Asturies un conjunto de elementos culturales (materiales e inmateriales) y emocionales distintos a los de otros lugares, y que esos valores merecen ser apreciados, conservados y, en su caso, transmitidos a las generaciones futuras. La segunda, que Asturies es una comunidad humana, geográfica e histórica individualizada, que debe constituir un proyecto histórico autónomo. Ese proyecto histórico autónomo es compatible con otros proyectos (españoles o europeos) con los que convivimos y coincidimos, pero es y debe ser para nosotros, los asturianos, el primero y principal de todos, sin subordinación a ninguno en circunstancia alguna. Sin “subordinación”, digo, no sin colaboración o con confrontación (Nota: esti artículu asoleyóse en LA NUEVA ESPAÑA en 2002. Sigo creyendo na validez universal y atemporal, como desiderátum, de les idees que nél s’espresen, con más enfotu nos actuales tiempos. Naturalmente, al respective de los dos caberos párrafos, habrá otres perspectives n’Asturies y, por supuestu, nun tendrán nada que ver coles perspectives d’aquellos que nun seyan asturianos Ye claro, per otru llau, que yá nun toi naquélles circunstancies de candidatable que se perciben nel primer párrafu, pero eso nun modifica una llinia del testu).