Financiación: encuentro y desencuentro

(Ayer, en La Nueva España) FINANCIACIÓN: ENCUENTRO Y DESENCUENTRO Entretenidos con el ruido que proviene de las hazañas de ciertos miembros o familiares de quienes gobiernan el PSOE y de los tambores de guerra que levantan los de la casa o los alaridos de ixuxú que lanzan los contrarios, puede que no prestemos demasiada atención a una historia en la que estamos embarcados y que es, al tiempo, injuriosa para los asturianos y gravosa para nuestros bolsillos. El día de San Xuan Bautista se celebró en Uviéu una reunión entre el Gobierno y el Gobiernu, entre representantes del ministerio de Hacienda y de nuestro Ejecutivo. El encuentro se encuadra en un doble escenario. El primero: el Gobierno central se propone reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, que lleva sin tocarse desde 2009 (en principio, debería haberse reformado cada cinco años), y contiene insuficiencias generalizadas en las dotaciones y una infrafinanciación notable para Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía. La intención del central es que la reforma esté acordada este año para que entre en vigor en 2027. En principio, se añadirían 21.000 millones de euros a las comunidades autónomas, de los que, se estima, a Asturies le corresponderían 248. El segundo escenario es el de la concurrencia o no de las comunidades autónomas a esas reuniones en que, de momento, el PSOE gobernante convoca a cada comunidad por separado. Las once autonomías gobernadas por el PP se niegan a ello. Castilla-La Mancha y Asturies se oponían también. Asturies, en concreto, había suscrito en 2021 con otras siete comunidades el acuerdo llamado Declaración de Santiago, en la cual, aparte de rechazar ciertos planteamientos del Gobierno central, se comprometía en su artículo 15 a no llegar a soluciones bilaterales entre dicho Gobierno y las comunidades: “Reivindicamos que el nuevo sistema solo puede ser fruto de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el cual se tengan en cuenta las necesidades y posiciones de todas las Administraciones afectadas, y que las decisiones relativas a la financiación autonómica queden al margen de los legítimos espacios bilaterales entre el Gobierno central y cada comunidad”. El Gobierno de Barbón entiende que su reunión con el central no rompe el acuerdo (esto es, que se puede “estirar” el citado artículo 15) y que su obligación institucional es dialogar y plantear los problemas y las demandas de Asturies para el nuevo sistema de financiación. A la postura de diálogos bilaterales inmediatos se han sumado la Castilla-La Mancha de García Page y Canarias, gobernada por Coalición Canaria y el PP, a pesar de su desacuerdo “profundo” con lo ofrecido. Se entiende, al menos, el compromiso de asturianos y castellano manchegos, miembros del mismo partido que los convoca. Ahora bien, hay que señalar que el nuevo modelo de financiación que el Gobierno ofrece negociar ha sido ya negociado y cerrado “en lo gordo”, con ERC, como pago al voto a Sánchez en el Congreso y a Salvador Illa en Cataluña. Y su entidad es beneficiar sustancialmente a Cataluña y convertirla, casi de facto, en una comunidad de régimen semiforal. En concreto, se establece el principio de ordinalidad, según el cual, una región, tras transferir recursos a otra, no puede quedar en una posición inferior en recursos a la que tenía antes de la transferencia. Además, las comunidades autónomas pueden recibir el 5% del IVA generado en sus territorios. Sobre la evidente desigualdad entre comunidades, el sistema está diseñado de forma que, por ejemplo, el IVA de los coches Seat vendidos en Asturies ingresa en Martorell. De momento, el cálculo es que el crecimiento de los recursos para Cataluña sea de 4.686 millones; para nosotros, de 248. Ahí ha estado el consejero Guillermo Peláez en representación del Gobiernu, a pelearse por más dineros. Lo que no queda enteramente claro es si, en el fondo, nuestro Ejecutivo va a aceptar al final el injusto, tremendo y discriminador trágala de lo principal: el acuerdo del PSOE con ERC para Cataluña. Las palabras de rechazo del señor Peláez, parecen decir que no, pero confusamente: “Asturias necesita un modelo que tenga en cuenta las necesidades de las personas y no la capacidad fiscal de los territorios. No son los territorios los que pagan impuestos, son las personas”. Hasta aquí, perfecto, pero a continuación: “Necesitamos un modelo que tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios: envejecimiento, orografía, dispersión…”. Porque cabe, además, señalar una cuestión: ¿Esos 21.000 millones de más que, dicen, se van a inyectar a las comunidades de dónde salen? ¿Deja el estado de prestar ciertos servicios? ¿Aumentan los impuestos? Y segundo, con el acuerdo de la ordinalidad -selectiva, solo para los amigos, esto es, únicamente para Cataluña- se rompe el principio de la igualdad entre todos los ciudadanos de España: no son los que más tienen los que más aportan a los que menos tienen -de Cataluña o Madrid, los unos, de Soria o Tineo, los otros-, sino que hay un límite en su aportación fuera de su comunidad, solidarios sí, pero no con el prójimo, sino con los próximos. Muy moderno, muy igualitario y muy socialista. La partida sigue