Financiación: encuentro y desencuentro

(Ayer, en La Nueva España) FINANCIACIÓN: ENCUENTRO Y DESENCUENTRO Entretenidos con el ruido que proviene de las hazañas de ciertos miembros o familiares de quienes gobiernan el PSOE y de los tambores de guerra que levantan los de la casa o los alaridos de ixuxú que lanzan los contrarios, puede que no prestemos demasiada atención a una historia en la que estamos embarcados y que es, al tiempo, injuriosa para los asturianos y gravosa para nuestros bolsillos. El día de San Xuan Bautista se celebró en Uviéu una reunión entre el Gobierno y el Gobiernu, entre representantes del ministerio de Hacienda y de nuestro Ejecutivo. El encuentro se encuadra en un doble escenario. El primero: el Gobierno central se propone reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, que lleva sin tocarse desde 2009 (en principio, debería haberse reformado cada cinco años), y contiene insuficiencias generalizadas en las dotaciones y una infrafinanciación notable para Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía. La intención del central es que la reforma esté acordada este año para que entre en vigor en 2027. En principio, se añadirían 21.000 millones de euros a las comunidades autónomas, de los que, se estima, a Asturies le corresponderían 248. El segundo escenario es el de la concurrencia o no de las comunidades autónomas a esas reuniones en que, de momento, el PSOE gobernante convoca a cada comunidad por separado. Las once autonomías gobernadas por el PP se niegan a ello. Castilla-La Mancha y Asturies se oponían también. Asturies, en concreto, había suscrito en 2021 con otras siete comunidades el acuerdo llamado Declaración de Santiago, en la cual, aparte de rechazar ciertos planteamientos del Gobierno central, se comprometía en su artículo 15 a no llegar a soluciones bilaterales entre dicho Gobierno y las comunidades: “Reivindicamos que el nuevo sistema solo puede ser fruto de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el cual se tengan en cuenta las necesidades y posiciones de todas las Administraciones afectadas, y que las decisiones relativas a la financiación autonómica queden al margen de los legítimos espacios bilaterales entre el Gobierno central y cada comunidad”. El Gobierno de Barbón entiende que su reunión con el central no rompe el acuerdo (esto es, que se puede “estirar” el citado artículo 15) y que su obligación institucional es dialogar y plantear los problemas y las demandas de Asturies para el nuevo sistema de financiación. A la postura de diálogos bilaterales inmediatos se han sumado la Castilla-La Mancha de García Page y Canarias, gobernada por Coalición Canaria y el PP, a pesar de su desacuerdo “profundo” con lo ofrecido. Se entiende, al menos, el compromiso de asturianos y castellano manchegos, miembros del mismo partido que los convoca. Ahora bien, hay que señalar que el nuevo modelo de financiación que el Gobierno ofrece negociar ha sido ya negociado y cerrado “en lo gordo”, con ERC, como pago al voto a Sánchez en el Congreso y a Salvador Illa en Cataluña. Y su entidad es beneficiar sustancialmente a Cataluña y convertirla, casi de facto, en una comunidad de régimen semiforal. En concreto, se establece el principio de ordinalidad, según el cual, una región, tras transferir recursos a otra, no puede quedar en una posición inferior en recursos a la que tenía antes de la transferencia. Además, las comunidades autónomas pueden recibir el 5% del IVA generado en sus territorios. Sobre la evidente desigualdad entre comunidades, el sistema está diseñado de forma que, por ejemplo, el IVA de los coches Seat vendidos en Asturies ingresa en Martorell. De momento, el cálculo es que el crecimiento de los recursos para Cataluña sea de 4.686 millones; para nosotros, de 248. Ahí ha estado el consejero Guillermo Peláez en representación del Gobiernu, a pelearse por más dineros. Lo que no queda enteramente claro es si, en el fondo, nuestro Ejecutivo va a aceptar al final el injusto, tremendo y discriminador trágala de lo principal: el acuerdo del PSOE con ERC para Cataluña. Las palabras de rechazo del señor Peláez, parecen decir que no, pero confusamente: “Asturias necesita un modelo que tenga en cuenta las necesidades de las personas y no la capacidad fiscal de los territorios. No son los territorios los que pagan impuestos, son las personas”. Hasta aquí, perfecto, pero a continuación: “Necesitamos un modelo que tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios: envejecimiento, orografía, dispersión…”. Porque cabe, además, señalar una cuestión: ¿Esos 21.000 millones de más que, dicen, se van a inyectar a las comunidades de dónde salen? ¿Deja el estado de prestar ciertos servicios? ¿Aumentan los impuestos? Y segundo, con el acuerdo de la ordinalidad -selectiva, solo para los amigos, esto es, únicamente para Cataluña- se rompe el principio de la igualdad entre todos los ciudadanos de España: no son los que más tienen los que más aportan a los que menos tienen -de Cataluña o Madrid, los unos, de Soria o Tineo, los otros-, sino que hay un límite en su aportación fuera de su comunidad, solidarios sí, pero no con el prójimo, sino con los próximos. Muy moderno, muy igualitario y muy socialista. La partida sigue

El forúnculo y el negocio

(Ayer, en La Nueva España) EL FORÚNCULO Y EL NEGOCIO En memoria de José Antonio Fidalgo Sánchez. Pisanu, maestru, amigu. Cataluña ha sido siempre un forúnculo en el conjunto de la política española, particularmente en lo relativo a su financiación y a los dineros o inversiones que hacia ella iban. Esa cualidad de grano molesto proviene de dos fuentes: la primera, la insatisfacción política de una parte de los catalanes por no tener un sistema financiero como Euzkadi y Navarra -el sistema «de cupo», para entendernos- , en virtud del cual recaudase la autonomía todo el dinero y después entregase al resto del Estado una cantidad «pactada», esto es, negociada. La segunda es la oportunidad que las necesidades para formar mayorías en Madrid han puesto en manos de los partidos catalanistas. En unas ocasiones con el PSOE, en otras con el PP, los partidos catalanistas mayoritarios han obtenido siempre concesiones -competenciales, dinerarias- a cambio de sus votos. En la última legislatura son ERC y Junts quienes vienen ejerciendo esa capacidad. Por otro lado, el PSC representa una notable aportación de votos y escaños para el PSOE y, además, tiene en estos momentos el Gobierno de la Generalitat, pero en minoría, lo que le obliga a depender de los votos de ERC y a pactar con esta fuerza, como lo ha hecho, entre otras cosas, en materia de financiación estatal. A estos datos debe añadirse que la reforma de la financiación autonómica de las comunidades «de régimen común», entre las que está Cataluña, debe reformularse desde 2014 -no se ha hecho- y que, con el sistema actual, hay comunidades pésima y desigualmente, financiadas, como Valencia, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Durante este último año parecía que los distintos acuerdos a tres bandas a los que el PSOE se había comprometido iban a terminar ofreciendo a Cataluña un sistema de cupo. El clamor que se levantó en contra de la idea -a medio plazo la aportación de Cataluña devendría en algo tan mezquino como la que hacen ahora las comunidades vasca y navarra- entre las restantes comunidades, entre los juristas profesionales o los técnicos de Hacienda o, incluso, entre federaciones y militantes del PSOE, parece haber obligado a dar marcha atrás a don Pedro y doña Pongo La Mano En El Fuego Por Santos Cerdán, buenos discípulos de Romanones, quien afirmaba aquello de que «Cuando digo nunca, quiero decir por ahora; y cuando digo jamás, quiero decir hasta esta tarde». A mí, por cierto, me reconforta que don Pedro Sánchez tenga tan ilustres maestros, pero, respecto a la reversión del cupo catalán, veremos si perdura tal cosa, porque esa frase de la efímera validez de lo afirmado permite ser repetida cuantas veces se desee. En lo que ahora se está es en la reforma del irreformado sistema de financiación autonómica para todas las comunidades El sistema de financiación autonómica -según se anuncia desde el Gobierno (con “o”)- será «multilateral y particular» (o «bilateral»). O sea, se negociará con todos para que sea con todos igual, pero con Cataluña se negociará bilateralmente, a fin de que los que mandan y condicionan la Generalitat queden contentos. «Multilateral y bilateral» es pura logomaquia, palabrería para consolar, conformar o aquietar, pero, en fin, la clave de momento es que la nueva financiación de las comunidades se someterá al «principio de ordinalidad», que quiere decir que Cataluña no podría quedar, en lo que recibe por habitante, por debajo de su puesto como aportador por habitante al conjunto del sistema. En palabras corrientes, Cataluña aportará menos al conjunto de la hucha de que el Estado dispone para prestar servicios y redistribuir. Fíjense ustedes cómo será la cosa que en el Congreso Socialista de Sevilla (diciembre de 2024) todos votaron en contra del susodicho principio de ordinalidad. Todos salieron encantados con ello, de Barbón a García-Page, y se consideraron derrotadas las pretensiones insolidarias de Cataluña. ¡En fin! No se rían y atentos a la pantalla. Esa detracción de recursos tendría su efecto, evidentemente, en principio, en el dinero que reciben otras comunidades y en la prestación de servicios del Estado. Pero Nunca Pactaré Con Bildu, Si Quiere Se Lo Digo Veinte Veces, y Pongo La Mano En El Fuego Por Santos Cerdán han encontrado la forma de oscurecer la cuestión: van a poner sobre la mesa una cantidad imprecisa pero notable -23.000 millones, dicen unos, más aún, otros-, subiendo de esa forma la financiación de todas las comunidades, especialmente la de Cataluña, e iniciando esa discriminación de la ordinalidad. Pero ese dinero no cae del cielo -contra lo que cree el común de los ciudadanos, y, particularmente, algunos prebostes socialistas, no solo los calvos-: o sale de una subida de los impuestos, de un mayor endeudamiento -es decir, de una subida diferida-, o disminuye la capacidad del Estado para invertir o atender sus prestaciones. ¡Y eso qué importa! En cualquier caso lo principal es el negocio: los votos de Cataluña, la Generalitat y el poder, contando, eso sí, siempre, con la fe de los adictos y las tragaderas de los encadenados para practicar lo que es la verdadera fe, que no es aquello de «creer en lo que no vemos», sino la de «no creer lo que vemos».

A Sevilla a chirlos mirlos

(Ayer, en La Nueva España) A SEVILLA A CHIRLOS MIRLOS El último fin de semana de noviembre se celebró en Sevilla el cuadragésimo primer congreso del PSOE. Todos marcharon contentos de allí, por lo conseguido en sus reivindicaciones y por lo que trazan para el futuro común. En Asturies parecen satisfechos de sus logros, y así lo manifestó el señor Barbón. Dejemos lo más complejo y confuso para más adelante. Empecemos por lo simple. Los socialistas asturianos pretendieron que el lobo saliese del catálogo de especies intocables y que se pudiese limitar su número. No lo consiguieron. A la mayoría de los socialistas españoles no les importa el terror de las ovejas masacradas, el pánico de los potros y xatos, las pérdidas y desesperación de los ganaderos. No. Probablemente, ni siquiera el lobo. ¿Saben por qué se opusieron a la petición de sus conmilitones asturianos? Porque “podría perjudicar políticamente a Teresa Ribera”, flamante comisaria europea. Hete aquí la causa y razón que están por encima de las víctimas de lobos, animales y personas: Teresa Ribera. No hago comentario alguno, simplemente señalo que en esta materia volvieron con las manos vacías o, en otras palabras, bien poco pesan los socialistas en su organización, y menos aún, los asturianos. Pero vayamos a cosas más complejas (y sibilinas). La preocupación más importante de la FSA, como la de los socialistas de otras comunidades, era la de conseguir una financiación mejor e igualitaria entre todas las comunidades autónomas de régimen común, donde, hasta ahora, se incluye Cataluña. Esa demanda no constituía una pretensión autónoma, sino que se oponía a lo pactado entre el PSOE y los partidos catalanistas para la investidura de Sánchez e Illa, particularmente con ERC. En concreto, se veían como inaceptables estos aspectos del acuerdo: el principio de ordinalidad, en virtud del cual el que más recauda más recibe; la creación de una Agencia Tributaria Catalana con la capacidad de recaudar todos los tributos y devolver parte, según se acordase; el carácter de particular de ese pacto, al margen de los demás. Ese acuerdo bilateral vendría a romper la solidaridad entre las comunidades y la igualdad entre los ciudadanos, y se convertiría, de hecho, en un convenio semejante al de Euzkadi y Navarra. Pueden ver los detalles de la argumentación en https://www.lne.es/opinion/2024/11/17/noticias-psoe-111755246.html. Tras el congreso, los socialistas se han manifestado exultantes con los acuerdos alcanzados. Según ellos, frente a esa pretensión de bilateralidad, de acuerdo entre el Estado y Cataluña, se habría impuesto la multilateralidad (todos los acuerdos han de ser tomados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera) y habría desaparecido el principio de ordinalidad. Si lo desean, puedes ustedes leer la literalidad del acuerdo sobre financiación. En conjunto, es un farragoso discurso lleno de palabras biensonantes, de conceptos cuyo contenido no se precisa, de llamadas a la igualdad entre ciudadanos y comunidades y con la apelación a un futuro maravilloso de corte “federal” (sobre la palabra volveremos más adelante). El asenso sobre el acuerdo y el éxito ha sido total, de Barbón a García-Page. Las pretensiones catalanistas habrían sido derrotadas. Ahora bien, permítanme una reflexión pragmática. ¿El PSOE va a incumplir los acuerdos de financiación con ERC, formación de la que dependen los gobiernos y la gobernación, por varios años, de Pedro Sánchez, Illa y Collboni? Me parece dudoso. Añadan más, Salvador Illa ha venido insistiendo en que el acuerdo entre PSC y ERC se cumpliría y que no se sometía a votación en este congreso. Vengamos, pues, al confuso y melífico texto aprobado en Sevilla. ¿Qué dice? Que la financiación “debe dirigirse hacia un modelo de financiación federal” y que “dicho modelo será aprobado de manera multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin perjuicio de la relación bilateral del Estado con cada comunidad autónoma en función de lo recogido en los diferentes estatutos”. Anotemos, en primer lugar, que, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el voto del Gobierno central representa el 50%, con lo que es difícil que su voluntad no se imponga, aun contando con la oposición de todos los demás. Pero vayamos más allá. Fijémonos en estas palabras “sin perjuicio de la relación bilateral del Estado con cada comunidad autónoma en función de lo recogido en los diferentes estatutos”; o sea, acuerdos entre todos, menos en aquello que establezcan los estatutos. Y vayamos ahora al Estatuto de Cataluña. 201.4: “La financiación de la Generalitat no debe implicar efectos discriminatorios para Cataluña respecto de las restantes comunidades autónomas”. Y el 206.5: “El Estado garantizará que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las comunidades autónomas antes de la nivelación”. ¿No es esto el principio de “ordinalidad”? Y el 204, sobre la Agencia Tributaria de Cataluña: “Se constituirá, en el plazo de dos años, un Consorcio o ente equivalente en el que participarán de forma paritaria la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña. El Consorcio podrá transformarse en la Administración Tributaria en Cataluña”. Hacia cuya constitución colaboran con su entusiasmo los congregados en el congreso con la idea de la federalización de la financiación y con la de la “federalización de la Agencia Tributaria”. (Por cierto, ese Estatuto catalán es el que impulsaron los socialistas, del que Zapatero proclamó que lo apoyaría tal cual saliese de Cataluña, y contra cuya razonable limitación por el Constitucional todo el PSOE, encabezado por Montilla y seguido por sus conmilitones de toda España, incluidos los más conspicuos asturianos, proclamó una revuelta semejante a un golpe de Estado, que impulsó lo que vino después: Mas, Montilla, Puigdemont... Y es ese Estatuto el que sustenta jurídica y políticamente los denostados acuerdos entre ERC-PSOE-Gobierno). ¿Son conscientes los disidentes con los acuerdos ERC-PSOE de lo que realmente han acordado en el congreso sevillano? ¿Los han engañado o se han engañado? ¿O, simplemente, saben que han dado una patada hacia delante para salir del momento y a ver qué pasa después? Dice el refrán: “El que lloñe va casar o va engañáu o a engañar”. Acaso les ocurra lo mismo a quienes van a votar al otro extremo de la Península. Por cierto, tanto el señor Barbón como el señor García-Page se han mostrado encantados con los acuerdos y la perspectiva federalizante encumbrada a orillas del Guadalquivir. En concreto, los de Page han manifestado que no ven problema alguno en la invocación al federalismo, porque precisamente esa es la salida "que menos quieren los independentistas". A uno se le ocurre sonsañar aquella pregunta del ahora turiferario permanente López a su entonces rival, Pedro Sánchez: “Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación?”. ¿Pero vosotros sabéis lo que ye’l federalismu, rapazos? Porque existen muchos tipos de federalismo o de confederalismo. ¿Y el suyo, aparte del buen sabor de boca de la palabra, en qué se concreta? Y a uno se le ocurre una pequeña maldad: ¿ese federalismo igualitario que se reclama para toda España va a eliminar los privilegios de Euzkadi y Navarra, para que todos, todos, seamos iguales? ¿Y los que, seguramente, se van a conceder a Cataluña? Esperamos la respuesta. Por cierto, los pactos entre ERC y PSOE se van cumpliendo inexorablemente. Illa y Turull ya han anunciado la próxima transferencia a Cataluña de las competencias en inmigración. De ese modo, podrán tener el respaldo de la ley para negarse a lo que ahora se niegan: a aceptar que se mande un cupo de menas a su territorio. Que los digiera España. Prefederal, supongo. Así que. si no me equivoco, a eso han ido a Sevilla, en la práctica, los socialistas asturianos: a chirlos mirlos.

Con noticias del PSOE

(Ayer, en La Nueva España) CON NOTICIAS DEL PSOE El contrato firmado por el Gobierno y la dirección del PSOE con los partidos independentistas catalanes con motivo de la elección de Pedro Sanchez, renovado después en la investidura de Salvador Illa, para una nueva forma de financiación de Cataluña (y la manera de articularse la misma) constituye un auténtico argayu no solo con respecto a cómo es hasta ahora la financiación de las autonomías de la España no privilegiada (todas, excepto Navarra y País Vasco), sino en lo relativo a la igualdad entre los ciudadanos del Estado y al concepto mismo de cómo se establecen la igualdad y la solidaridad, si entre territorios o entre individuos. Las observaciones negativas con respecto al pacto, su insolidaridad, la desigualdad, el convertir de hecho a Cataluña en un nuevo territorio foral, la pérdida de capacidad del Gobierno central, la disminución de la financiación de las autonomías de régimen común y otros aspectos, han sido reiteradamente señaladas por economistas e instituciones. Aquí, en LA NUEVA ESPAÑA han aparecido, al respecto, un par de extensos artículos del expresidente Rodríguez-Vigil. Yo mismo lo he señalado varias veces, la última en https://www.lne.es/opinion/2024/10/06/cuentos-claros-108958714.html. Pues bien, frente a lo que parecía una aceptación unánime en Asturies (fuera, son conocidas, por ejemplo, las críticas de Lambán y Page) de esas decisiones de la cúpula del PSOE y del Gobierno, en el socialismo llariegu han aparecido diversas propuestas que tratan de modificar esa postura, expresada en la ponencia oficial de financiación autonómica redactada para el próximo congreso federal, a finales de mes, en Sevilla. La propuesta de la cual tenemos información más extensa, a través de este diario, y que es, sin duda, la más radical, es la que ha presentado la agrupación socialista de Llanes, encabezada por el expresidente Antonio Trevín”. Estos son sus argumentos fundamentales: niega, en primer lugar, y con números, que, como se pretexta, Cataluña esté infrafinanciada. Rechaza, fundamentalmente, el principio de ordinalidad, según el cual una comunidad no puede dar más de lo que recibe. Respetar la ordinalidad supondría fijar límites a la solidaridad territorial: “No se justifica que unos contribuyentes que paguen más por su nivel de renta tengan derecho a recibir mejores servicios públicos que otro conjunto de ciudadanos cuya contribución fiscal sea inferior como consecuencia de su menor renta per cápita”. Subraya que el acuerdo ERC-PSOE, que recoge la ponencia, “puede comprometer tanto el principio de solidaridad como la autonomía financiera del Gobierno central”, y que no es verosímil que el modelo propuesto sea beneficioso para todos, debiendo negociarse el nuevo sistema de financiación -necesario por las carencias y defectos del actual- “de manera multilateral entre el Estado y todas las comunidades autónomas que integran el sistema común de financiación autonómica” (es decir, no dando por sentado ya el modelo firmado para Cataluña). E, importantísimo desde el punto de vista conceptual, afirma que el modelo firmado y propuesto es, en realidad, un concierto fiscal (como el de los territorios -es decir, los ciudadanos de los mismos- ya actualmente privilegiados), que “nos aleja radicalmente de los países federales de referencia, como Estados Unidos, Alemania, Canadá, Suiza y Australia” (frente al camelo reiterado de que acuerdos y ponencia suponen un avance hacia un Estado federal). Se pueden decir más cosas -ignoro, con la información de que disponemos, si las dice-, sobre los acuerdos, la ponencia y sobre el camino de desigualdades y tormentas financieras en que la dirección del PSOE pretende sumergirnos, pero estas aquí apuntadas iluminan como varios soles la verdad. Reunidos los delegados de la FSA al Congreso de Sevilla, han aprobado un texto más dulce, menos explícito sobre todos los entrañamientos de los acuerdos y la ponencia del Gobierno y del Partido centrales. En ese texto destacan tres aspectos: la negativa a la ordinalidad, la exigencia de acuerdos multilaterales, sin exclusiones, y la negativa a un tratamiento privilegiado para ningún territorio. Veremos ahora que resulta tras el Congreso. Lo verosímil es que triunfe la postura actual del Gobierno y del PSOE centrales, con algunas fórmulas peculiares para Cataluña y algún remiendo para que las cosas parezcan resolverse de manera satisfactoria para todos. Una reflexión ahora. Asistimos a discusiones sobre si unas propuestas son más o menos socialistas, se adecuan o no a lo que “es el socialismo”. Constituye una falacia argumental. Pensemos que hay un socialismo soviético, otro norcoreano, otro chino, etc. Incluso, limitándonos al socialismo político mayoritario en España a lo largo de la historia, el del PSOE, no existe un socialismo-socialismo, un socialismo canónico: el socialismo es, en cada tramo de la historia “lo que hace” el Partido Socialista. Por irnos lejos, hay un socialismo del 34. Más cerca, uno de González y su dirección. Y ahora hay lo que hace el de Pedro Sánchez. Veremos a partir del día 1 de diciembre de este año “qué es” el socialismo, según se defina en esta materia, tan nuclear de la acción política. Y, tal vez, frente a él, podremos decir: “hubo otro socialismo que pretendió ser y no fue”. Ver veremos. En cualquier caso, reiterémoslo, el ser no lo definen las siglas ni las palabras, sino el hacer.

Los cuentos, claros

(Ayer, en La Nueva España) LOS CUENTOS, CLAROS El acuerdo de financiación “singular” de Cataluña que han firmado el PSOE y ERC para aupar a Salvador Illa como President de la Generalitat no viene más que a proseguir la senda que ya se había iniciado con el convenio entre ambas formaciones para la investidura de Pedro Sánchez. (En realidad, es una senda que el PSOE inició en 2003 para Pasqual Maragall). Los socialistas, tanto los del Gobierno central como los de los autonómicos, así como los medios y los comentaristas de su onda, manifiestan reiteradamente que no se puede criticar el acuerdo porque no está claro lo que dice y que conviene esperar hasta ver sus cifras (o datos) precisos. Esto, sin embargo, es un puro cuento. Lo que dice lo firmado (ya digo, en línea con lo rubricado anteriormente) es claro y patente. Dice: uno, que Cataluña recaudará el 100% de los impuestos producidos en su territorio y que lo realizará a través de una Agencia Tributaria propia; dos: que, de ellos, devolverá el coste de los servicios que el Estado preste en Cataluña y una aportación “a la solidaridad” al resto de comunidades autónomas, una aportación que vendrá condicionada así: “Sempre que duguin a terme un esforç fiscal també similar”; en todo caso, esa solidaridad estará limitada por el principio de ordinalidad. Es decir, que, si Cataluña es la cinco, digamos, en dar, no puede ser la sexta en recibir, en el balance de recaudación y reversión. Perseguidos por ese acuerdo que siempre han negado que se fuese a producir y que ahora vienen a negar que se haya producido en esos términos, el mundo socialista afirma que no pueden rechazarlo porque no se sabe muy bien lo que dice. Pero, sin embargo, es claro lo que dice. Lo ha dicho, con su meridiana claridad embarulladora, doña Maria Jesús Montero: «Lo que dice el acuerdo es lo que dice el acuerdo. Lo que no dice el acuerdo no lo dice». Y lo demás, digamos, son cuentos. En primer lugar, se subvierte (como lo subvierten ya Euskadi y Navarra) el principio de justicia progresiva fiscal moderna: es el dinero de los ciudadanos con más dinero el que revierte en los que tienen menos, no el de las comunidades. Y es esto lo que resulta, en términos de las dos partes que lo defienden y/o ocultan, más reaccionario. En segundo lugar, la valoración de los servicios del Estado en Cataluña será un nuevo “cupo”, es decir, habrá de negociarse y se acordará en virtud de las necesidades políticas de las partes, como los demás. La experiencia nos dice que siempre es a favor de la autonomía. En tercer lugar, la “solidaridad” (¿por qué no llamarlo la “caridad”?), la aportación para repartir entre las demás comunidades, se establecerá según dos principios: el esfuerzo impositivo de los demás (de ahí la algarabía sobre las bajadas de impuestos) y la ordinalidad. Es decir, no mucho y “asegún”. Si ustedes siguen con un mínimo de atención el ruido actual en torno a la cuestión, habrán advertido dos cosas: la primera, que nadie admitirá salir perdiendo del nuevo sistema de financiación comunitaria que van a provocar ERC /PSOE (nuestro Presidente: “Ya lo he dicho y lo seguiré diciendo: no voy a aceptar ningún sistema de financiación que perjudique a Asturias”), y la segunda, que va a haber más dinero para todos, es decir, que todo el mundo va a salir beneficiado. Ahora bien, si hacemos abstracción de la ruptura reaccionaria del mapa de justicia progresista tributaria entre una parte de los ciudadanos españoles (lo que no es cosa menuda), estas dos primeras afirmaciones, que se cumplirán, implican dos cosas: una menor aportación de los ciudadanos de Cataluña a la caja común; un aumento del dinero destinado a la financiación de todas las comunidades autónomas, para que todas salgan “indemnes”, y hasta contentas. Esto es, mayores impuestos para cada uno de los ciudadanos y más endeudamiento para cada uno de los ciudadanos, mañana, pasado mañana o el lustro que viene. Y todos satisfechos, esto es, callados.

Güei,en LNE: Financiación, palabrería, milagrería.

Financiación, palabrería, milagrería

Las reclamaciones financieras de las comunidades autónomas

(Con atención especial a los valientes socialistes asturianos)

Güei, en LNE: Palabras huecas y financiación autonómica

(Trescribo, como davezu, los primeros párrafos)

Palabras hueras y financiación autonómica

Las declaraciones de los políticos regionales acerca de que Asturias no puede perder en el nuevo reparto de las cuentas estatales

Xuan Xosé Sánchez Vicente 15.10.2017 | 04:05

Palabras hueras y financiación autonómica

Entrevistado en LA NUEVA ESPAÑA del 22/09/2017, don Gaspar Llamazares Trigo habla, entre otras cosas, del futuro sistema de financiación autonómica, que tiene una revisión pendiente desde hace años, pues existen desajustes entre los recursos de las comunidades. Al respecto, don Gaspar realiza dos afirmaciones que vienen reiterándose por todos los partidos políticos: que Asturies no puede perder en el nuevo reparto y que debe unirse a otras comunidades con el mismo problema. Añade una tercera opinión, aunque lo hace de forma un tanto elíptica, opinión que, si tal vez todos comparten, casi nadie manifiesta: que las comunidades "con régimen de cupo no deben quedar al margen de la solidaridad".

Desde el Gobierno y el PSOE se ha manifestado reiteradamente lo mismo, si acaso con más rotundidad: "El Principado no aceptará un modelo de financiación que signifique menos recursos", decía, por ejemplo, doña Dolores Carcedo a comienzos de septiembre. Estupendo. ¿Qué otra cosa podrían decir? Ahora bien, esas afirmaciones de unos y otros se compadecen mal con la realidad y con el comportamiento habitual de todos ellos, en el pasado y en el presente.

La financiación de las comunidades autónomas tiene tres elementos sustanciales. Dos de ellos de desigualdad: las diferencias de las comunidades de régimen común entre sí, por un lado; la menor aportación de las comunidades de régimen especial, su sobrefinanciación permanente. El tercer elemento sustancial es el límite del dinero disponible, de la recaudación. En España, partidos, sindicatos y ciudadanos reclaman como si los recursos no tuviesen límites, como si el Estado dispusiese de un burru cagarriales al que, como en el cuento, bastase con levantarle el rabo para que soltase euros.

De modo que las disponibilidades de numerario -que, a su vez dependen de la riqueza nacional, de nuestra deuda, de las posibilidades de recaudación, etc.- constituyen la barrera fundamental para la expansión de los recursos de todos al tiempo: lo que unos suban han de bajarlo otros. En cuanto a la pretensión de aumentar la aportación a la caja común de las comunidades con concierto, me parece a mí cosa tan difícil como, sin duda, a ustedes, sobre todo porque sus votos son siempre necesarios para sacar adelante iniciativas legislativas cuando los gobiernos están en minoría. Es cierto que otra cosa sería si los partidos de ámbito general estuviesen dispuestos a llegar a acuerdos en materias como los presupuestos, pero eso parece aún más imposible.

Pero es que, además, el comportamiento habitual de los partidos de ámbito estatal, especialmente el de los de izquierdas, es el de una permanente empatía hacia las reivindicaciones de las comunidades que tuvieron sus estatutos durante la Segunda República e incluso el apoyo a las mismas. Recuerden ustedes el apoyo del PSOE hacia el "federalismo asimétrico" de Maragall, o su actual empeño en el estado plurinacional, cosa semejante a la que Podemos defiende o el mismo don Gaspar expresa en la citada entrevista al hablar de federalismo. Cualquier opción de esas significa más dinero para esas comunidades y menos para los demás. ¡Pero si hasta el mismo don Luis de Guindos anda ofreciéndoles más pasta a los catalanes estos días!

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Güei, en La Nueva España

Palabrería

La reunión de presidentes autonómicos, con ausencia de los de Euskadi y Cataluña

Xuan Xosé Sánchez Vicente 11.02.2017 | 00:13

Palabrería

Reunión de presidentes autonómicos. Desdeñosos, no acuden los de Euskadi y Cataluña. "Es un error", siento decir a algunos comentaristas y políticos, a propósito, específicamente de Puigdemont. Lo dice nuestro flamante portavoz senatorial, don Vicente Alberto Álvarez Areces.

¿Por qué es un error? Nada va a perder Cataluña con ello. El Estado, España, usted y yo vamos a ser los únicos garantes de su deuda. Usted y yo les vamos a adelantar (me temo que a regalar) dinero con el FLA. Las tres últimas reformas de financiación autonómica se han hecho tal como ellos querían. El no asistir es una baza más en su propósito de independencia. ¿Qué significa, pues, que es un error? Nada. Se dice, en todo caso, para evitar tener que pronunciarse sobre la realidad. O para adormecer a su parroquia: algún ruido, aunque vacío, hay que emitir.

(Inocente de mí, por un instante, pensé que con la palabra "error" emergía en don Vicente la mala conciencia por la responsabilidad que todo el PSOE ha tenido desde septiembre de 2003 en toda la deriva catalana, con el aplauso destacado, además, de él y de don Javier I el Prudente, que acudieron a alabar y aplaudir in situ todo aquel disparatado caminar socialista. Error mío, claro).

Vanilocuencia. Esta vez a modo y manera de retahíla. La EPA testifica que 2016 cierra con 541.700 parados menos y 431.900 puestos de trabajo nuevos. La respuesta de los sindicatos es la misma que en 2015, cuando se redujo el paro 678.200, y como lo fue en 2014 y 2013, cuando se empezó a salir del pozo. Idénticas descalificaciones negativas: "el trabajo a tiempo parcial", "el empleo precario y de poca calidad", "el modelo económico"? Poco más. Siempre los mismos eructemas, por bien que vayan las cosas. Tan indiferentes a la realidad como las estatuas a la lujuria de los contempladores.

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La jura de los Horacios (la financiación autonómica nel futuru)

               (Asoleyáu ayer en LA NUEVA ESPAÑA)

                  LA JURA DE LOS HORACIOS

Conocen la leyenda de los tiempos iniciales de Roma. Resumida: pese a los lazos familiares y al llanto de sus mujeres, los Horacios juran luchar a muerte, por la patria, contra los Curiacios. Lo plasma en un delicioso cuadro el pintor neoclásico Jacques-Louis David.

Así los partidos políticos asturianos: “Los partidos, dispuestos a pelear unidos una mejor financiación para Asturias”, titulaba LA NUEVA ESPAÑA del 08/07/16.

Cualquier persona ligeramente informada sabe desde hace muchos años que Asturies goza de una financiación privilegiada en este momento, lo que le permite tener políticas sociales y un estado del bienestar que no tendría con una financiación inferior, o que nos llevarían a aumentar déficit  y endeudamiento (si pudiésemos). De modo que la cuestión no va a ser “mejorar” nuestra financiación, sino mantenerla, o, de forma más realista, no perder demasiado. ¿Lo saben las organizaciones asturianas? Por supuesto, pero de lo que se trata es de engañar al personal, entretenerlo con la mentira hasta que la realidad caiga sobre él como un pegollu de piedra.

Por otro lado, padecerá un incontenible acceso de risa, con riesgo incluso de micción involuntaria, quien oiga afirmar que las sucursales asturianos de las casas centrales van a ofrecer la menor resistencia a lo que ellas decidan. Se podrían aducir miles de ejemplos. ¿Pero para qué? Los partidos tradicionales han recibido siempre las órdenes de Madrid en posición de decúbito prono, y no ahora, sino desde siempre, incluso en la II República. Y aun, en ocasiones, como la FSA-PSOE, con don Javier Fernández al frente, han contribuido decisivamente contra nuestros intereses, apoyando, por ejemplo el federalismo asimétrico para Cataluña o su Estatuto. Y los nuevos, exactamente igual: Podemos se ha plegado a los dictados madrileños una y otra vez, para las listas electorales o para el carbón, por ejemplo; y C’S no es más que un recorta y pega de Madrid, al margen de que su programa es el de adelgazar las autonomías.

De modo que, para mantener los servicios —y el despilfarro o la falta de control anejos en muchos casos— no habrá más remedio que acudir a la multiplicación de impuestos, aquí en Asturies, y a seguir exprimiendo la riqueza existente conseguida a través del trabajo presente o pasado. IU, el más fiel seguidor de la irónica definición de la política económica por parte de los gobiernos que hizo Ronald Reagan (“Si se mueve, pon-y un impuestu; si entovía se ximielga, regúlalu; si dexa de ximielgase, subsídialu”), ya ha marcado el camino en la negociación de los nuevos presupuestos: seis nuevos impuestos, con pretextos varios: todos para recaudar y, en el fondo, de acuerdo con su ideología, para decirnos cómo debemos vivir, esto es, según ellos, “para salvarnos (de nosotros mismos)”. A PSOE y Podemos, naturalmente, ese camino les encanta: se coge el dinero de quien lo tiene o lo produce y se distribuye para quien y dónde apetece. La mayor parte, de forma correcta, para lo que llamamos el bienestar y el Estado; otra, inútilmente, para caxigalines y ocurrencias.

De pronto aparece mi trasgu particular, Abrilgüeyu, supongo que en hábito playero: no viste y calza otra cosa que su montera, sus madreñas y un impúdico tanga.

—¿A qué andes con tou esi rollu culturalucu de los Horacios, que sólo ye pa presumir? ¡Cambia’l títulu!

—¿Tú que pondríes? —entrúgo-y.

—Pues “A Dios rogando…”

—¿Quies decir que  “A Dios rogando y col mayu dando?”. Nun veo yo cómo…

—Sí, home, sí. “A Dios rogando y col mayu dando”. “A Dios rogando”, pa disimular, como si fuesen facer algo frente a los suyos pa meyorar la financiación.

—¿”Y col mazu dando”? ¿Quies decir que van ser efectivos o eficaces?

—¡Non, home, non! ¡Qué inocente yes! La frase nun ta completa: “y col mazu dando, enriba les vuestres cabeces”, les de los asturianos. Esa ye la completa. Per un llau tragando colo que decidan pa otros; per otru, subiéndovos los impuestos o recortándovos eso que llamáis el bienestar. Eso sí, metiendo munchu roídu pa que paeza otra cosa.