Agora, lo importante, lo de les perres

(Ayer, en La Nueva España) Y AGORA, LO GORDO, LO DE LES PERRES Como saben de sobra, el sistema de financiación autonómica, que debería reformarse cada cinco años, lleva sin hacerlo desde 2009. Después de varios contactos bilaterales con las comunidades autónomas, el Gobierno ha convocado la reunión definitiva para la aprobación del nuevo sistema el próximo 4 de septiembre, viernes. La aprobación requiere la mitad más uno de los votos. De la mitad dispone el Gobierno, con una comunidad que vote a favor la aprobación está hecha. Es seguro el asentimiento de Cataluña y, seguramente, el de Canarias. Hasta ahora, las demás comunidades se han mostrado en contra o reticentes, incluidas las dos gobernadas por el PSOE, Asturies y Castilla-La Mancha. ¿Se mantendrá la postura de estas dos? Paga la pena señalar que el nuevo sistema ha sido acordado con Cataluña, es decir, con el PSC y ERC, y que favorece sustancialmente a esta comunidad, convirtiéndola, casi de facto, en una comunidad semiforal, en la línea o camino de País Vasco o Navarra, coherentemente, en principio, con el discurso/tentación del PSOE desde hace décadas de proclamar el federalismo “asimétrico” para favorecer a Cataluña. Recuerden ustedes a don Vicente Álvarez Areces alabándolo en Barcelona en 2001 o la Declaración de Granada, de 2013, «Hacia una estructura federal del Estado». ¿Y cuál es el plan hasta hora? En concreto, se establece el principio de ordinalidad, según el cual, una región, tras transferir recursos a otra, no puede quedar en una posición inferior en recursos a la que tenía antes de la transferencia. Además, las comunidades autónomas pueden recibir el 5% del IVA generado en sus territorios. Sobre la evidente desigualdad entre comunidades, el sistema está diseñado de forma que, por ejemplo, el IVA de los coches Seat vendidos en Asturies ingresa en Martorell. Por lo demás, en principio, se añadirían 21.000 millones de euros a las comunidades autónomas, de los que, se estima, a Asturies le corresponderían 248. De momento, el cálculo es que el crecimiento de los recursos para Cataluña sea de 4.686 millones; para nosotros, de 248. (Frente al lloro permanente de Cataluña de que están explotados, cabe señalar que Madrid aporta ya casi cuatro veces más que Cataluña a la solidaridad autonómica. La aportación de Cataluña a la redistribución territorial ha aumentado un 14% desde 2018, mientras que la de Madrid se ha disparado un 59%). No esta de más apuntar una preocupación que he señalado en este periódico reiteradamente y que ahora ha venido a subrayar FEDEA en su informe del 17/08/2026: ¿ese incremento de aportación del Estado proviene de nuevos impuestos o se detrae de sus recursos, empobreciéndose así y disminuyendo su capacidad para prestar servicios? A esa prevención añade FEDEA una nueva en su análisis de la nueva propuesta de financiación de las comunidades, la de que el Gobierno asigna a la Sanidad un peso del 38%, cuando el gasto real observado en las comunidades asciende al 48,3%. Lo mismo sucede con la Educación, cuya ponderación del 20,5% queda lejos del 28,1% que representa en el gasto neto regional. Extraigan ustedes las consecuencias. Estos últimos meses hemos estado entretenidos con diversas incitaciones (algunas graves, otras muy importantes, unas cuantas, con tintes de comedia, es cierto): joyas y negocios zapateriles, aventuras leirianas o amores abalianos, incendios, invasión de Ceuta…; pero ahora nos viene este asunto que nada de coyuntural tiene, sino que mantendrá sus efectos -aquí y en el resto de España- por años, y que afectará a nuestros bolsillos y a nuestros servicios, a los de todos y cada uno. Y ahora, la pregunta, ¿cuál será la postura del Gobiernu? Y, en particular, ¿la del PSOE asturiano, la de la FSA? Porque, incluso, aun oponiéndose o no aprobando, hay responsabilidades inherentes a su relación con la casa madre. En fin, veremos y juzgaremos. Aunque no se me escapa, es verdad, que, en casos como el de Asturies en relación con Madrid, no es lo mismo ser gobierno que oposición, esto último es mucho más fácil.

El forúnculo y el negocio

(Ayer, en La Nueva España) EL FORÚNCULO Y EL NEGOCIO En memoria de José Antonio Fidalgo Sánchez. Pisanu, maestru, amigu. Cataluña ha sido siempre un forúnculo en el conjunto de la política española, particularmente en lo relativo a su financiación y a los dineros o inversiones que hacia ella iban. Esa cualidad de grano molesto proviene de dos fuentes: la primera, la insatisfacción política de una parte de los catalanes por no tener un sistema financiero como Euzkadi y Navarra -el sistema «de cupo», para entendernos- , en virtud del cual recaudase la autonomía todo el dinero y después entregase al resto del Estado una cantidad «pactada», esto es, negociada. La segunda es la oportunidad que las necesidades para formar mayorías en Madrid han puesto en manos de los partidos catalanistas. En unas ocasiones con el PSOE, en otras con el PP, los partidos catalanistas mayoritarios han obtenido siempre concesiones -competenciales, dinerarias- a cambio de sus votos. En la última legislatura son ERC y Junts quienes vienen ejerciendo esa capacidad. Por otro lado, el PSC representa una notable aportación de votos y escaños para el PSOE y, además, tiene en estos momentos el Gobierno de la Generalitat, pero en minoría, lo que le obliga a depender de los votos de ERC y a pactar con esta fuerza, como lo ha hecho, entre otras cosas, en materia de financiación estatal. A estos datos debe añadirse que la reforma de la financiación autonómica de las comunidades «de régimen común», entre las que está Cataluña, debe reformularse desde 2014 -no se ha hecho- y que, con el sistema actual, hay comunidades pésima y desigualmente, financiadas, como Valencia, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Durante este último año parecía que los distintos acuerdos a tres bandas a los que el PSOE se había comprometido iban a terminar ofreciendo a Cataluña un sistema de cupo. El clamor que se levantó en contra de la idea -a medio plazo la aportación de Cataluña devendría en algo tan mezquino como la que hacen ahora las comunidades vasca y navarra- entre las restantes comunidades, entre los juristas profesionales o los técnicos de Hacienda o, incluso, entre federaciones y militantes del PSOE, parece haber obligado a dar marcha atrás a don Pedro y doña Pongo La Mano En El Fuego Por Santos Cerdán, buenos discípulos de Romanones, quien afirmaba aquello de que «Cuando digo nunca, quiero decir por ahora; y cuando digo jamás, quiero decir hasta esta tarde». A mí, por cierto, me reconforta que don Pedro Sánchez tenga tan ilustres maestros, pero, respecto a la reversión del cupo catalán, veremos si perdura tal cosa, porque esa frase de la efímera validez de lo afirmado permite ser repetida cuantas veces se desee. En lo que ahora se está es en la reforma del irreformado sistema de financiación autonómica para todas las comunidades El sistema de financiación autonómica -según se anuncia desde el Gobierno (con “o”)- será «multilateral y particular» (o «bilateral»). O sea, se negociará con todos para que sea con todos igual, pero con Cataluña se negociará bilateralmente, a fin de que los que mandan y condicionan la Generalitat queden contentos. «Multilateral y bilateral» es pura logomaquia, palabrería para consolar, conformar o aquietar, pero, en fin, la clave de momento es que la nueva financiación de las comunidades se someterá al «principio de ordinalidad», que quiere decir que Cataluña no podría quedar, en lo que recibe por habitante, por debajo de su puesto como aportador por habitante al conjunto del sistema. En palabras corrientes, Cataluña aportará menos al conjunto de la hucha de que el Estado dispone para prestar servicios y redistribuir. Fíjense ustedes cómo será la cosa que en el Congreso Socialista de Sevilla (diciembre de 2024) todos votaron en contra del susodicho principio de ordinalidad. Todos salieron encantados con ello, de Barbón a García-Page, y se consideraron derrotadas las pretensiones insolidarias de Cataluña. ¡En fin! No se rían y atentos a la pantalla. Esa detracción de recursos tendría su efecto, evidentemente, en principio, en el dinero que reciben otras comunidades y en la prestación de servicios del Estado. Pero Nunca Pactaré Con Bildu, Si Quiere Se Lo Digo Veinte Veces, y Pongo La Mano En El Fuego Por Santos Cerdán han encontrado la forma de oscurecer la cuestión: van a poner sobre la mesa una cantidad imprecisa pero notable -23.000 millones, dicen unos, más aún, otros-, subiendo de esa forma la financiación de todas las comunidades, especialmente la de Cataluña, e iniciando esa discriminación de la ordinalidad. Pero ese dinero no cae del cielo -contra lo que cree el común de los ciudadanos, y, particularmente, algunos prebostes socialistas, no solo los calvos-: o sale de una subida de los impuestos, de un mayor endeudamiento -es decir, de una subida diferida-, o disminuye la capacidad del Estado para invertir o atender sus prestaciones. ¡Y eso qué importa! En cualquier caso lo principal es el negocio: los votos de Cataluña, la Generalitat y el poder, contando, eso sí, siempre, con la fe de los adictos y las tragaderas de los encadenados para practicar lo que es la verdadera fe, que no es aquello de «creer en lo que no vemos», sino la de «no creer lo que vemos».

Unos leen "digo" otros leen "Diego"

(Ayer, en La Nueva España) UNOS LEEN “DIGO”, OTRO LEEN “DIEGO” Estos rapazos tienen un problema de redacción cuando escriben textos legales. Ahí tienen ustedes la ley Sisí, que redujo las penas a algunos delincuentes, sin que los redactores tuviesen esa intención. O la de la amnistía, que no consiguió plenamente sus objetivos. En parte, la razón de esos despropósitos legales se encuentra en que, para sortear informes negativos a normativas que tienen mucho de discutible o de ilegítimo, utilizan sendas legislativas que esquivan los informes previos sobre el texto -a través de proposiciones de ley o decretos-ley, por ejemplo, en vez de proyectos de ley- o haciendo oídos de mercader a los avisos previos de los expertos. No obstante, la razón fundamental se encierra en la máxima de Esaías Tegnér: “Lo oscuramente expresado es lo oscuramente pensado”. Sobre esa confusión o imprecisión inicial se levantan después interpretaciones diversas, generalmente motivadas por el interés particular, de provecho o defensa. Vengamos a dos momentos recientes. Acerca de la quita de la deuda generalizada a las comunidades autónomas existe una opinión mayoritaria, diría que unánime, fuera del ámbito de la política: es discriminatoria y desigual, favorece, por razones políticas, a Cataluña y Andalucía, y, al trasladar la deuda condonada al Estado, los individuos de las comunidades desfavorecidas pagarán -vía intereses, al menos- un porcentaje del déficit que ellos no ocasionaron ni del que disfrutaron. En el ámbito de la política las comunidades del PP han rechazado aceptar el procedimiento gubernamental. Las socialistas y los grandes favorecidos la han aceptado -bueno, a medias, Junts pide la exoneración total de los pufos catalanes-. Ahora bien, ¿qué han dicho los socialistas? Javier Fernández, expresidente asturiano: “La condonación me parece perturbadora por las causas que están en su origen, profundamente injusta por su carácter discriminatorio y muy peligrosa como precedente de la inevitable reforma del sistema de financiación”. Juan Luis Rodríguez-Vigil, también expresidente: "no es un regalo", "este lío vamos a pagarlo usted y yo". Antonio Trevín, de idéntica condición: “La quita por habitante igual para cada comunidad es lo único que me parece aceptable”. En cambio, los que están en el poder lo ven de otra manera. El Presidente Barbón, tras la condonación: “Ningún asturiano debe hoy más que lo que debía ayer”. Guillermo Peláez, viceconsejero de Hacienda: “La deuda no se paga a escote pericote”. Y el mismo, sobre las palabras de los anteriores presidentes: “Como grandes presidentes que fueron Javier Fernández, Juan Luis Rodríguez-Vigil y Antonio Trevín, no me cabe duda de lo que hubiesen hecho ante una condonación de 1.508 millones a la administración que dirigían”. ¡Toma castaña! Vayamos al acuerdo del PSOE con Junts sobre traspaso del control de fronteras e inmigración. Se ha leído de muchas formas. La cuestión primera es la de qué van a significar, en la práctica, ambas cosas. Según lo que entienden los independentistas catalanes y algunos partidos de la oposición, la Generalitat va a controlar de hecho las fronteras y la inmigración; el papel de policía nacional y guardia civil (del Estado) sería de comparsas. Desde el PSOE se ve la situación futura (lo que dice el texto), al revés, según acaba de precisar Marlaska: "No hay cesión en fronteras". Y la Directora de la Guardia Civil afirma que el cuerposeguirá desarrollando las mismas funciones en Cataluña. En todo caso, la plantilla de los Mossos d'Esquadra se ampliará en 1.800 nuevos agentes, pagados por el Estado -por todos nosotros- para actuar en las fronteras, tras el acuerdo entre el PSOE y Junts. No nos preguntemos a quién creer, o sí, pero pensemos en qué tipo de texto legal es el que permite interpretar cosas tan opuestas. En ese acuerdo y su traslación a proyecto de ley existen asimismo elementos que podrían interpretarse como la posibilidad de que el gobierno catalán pudiese expulsar inmigrantes por su condición o exigir el conocimiento del catalán para la residencia en Cataluña de “extranjeros”. Dicha opción no está, desde luego, en la parte dispositiva del texto, pero el preámbulo podría interpretarse como una voluntad en ese sentido. Al menos, así lo creen los independentistas. ¿Y qué dicen los propios socialistas -los que no son del gobierno central o diputados en Cortes- sobre ese acuerdo, sobre unos y otros aspectos del texto? Pues el gobierno asturiano afirma que “no comparte” la interpretación de Junts sobre él. ¿Y otros? García-Page proclama que el acuerdo con “la peor extrema derecha sobre inmigración le causa mucho bochorno como socialista”, y que es un acuerdo “hipócrita”, porque tiene planteamientos de “la peor extrema derecha y racistas”. Y Felipe González, manifiesta, al respecto, que “las competencias en inmigración no son transferibles ni delegables”. Y citemos a Podemos: “La exposición de motivos de la ley tiene un tufo racista”. Y respecto a esa posibilidad de que los inmigrantes (y tal vez los peninsulares no catalanes) se vean obligados a aprender catalán para residir en Cataluña, que todos los socialistas niegan que esté en el proyecto de ley y, desde luego, rechazan que pueda ser así, esto dice el señor Pérez-Castejón: «Todo se rige en torno a las leyes estatales y a la ley de extranjería. En nuestra Constitución viene recogida, además del castellano, la cooficialidad de otras tres lenguas (no es así, exactamente). Y en la ley de extranjería, lógicamente, se dice que se necesita también un conocimiento de las lenguas que se hablan en cada uno de esos territorios» (nada se dice de ello, por cierto, en la ley de extranjería). Pues ya ven. Ustedes dirán.

... Ni deuda que no se pague

(el sábadu, día 1 en La Nueva España) … NI DEUDA QUE NO SE PAGUE En 2009, el Gobierno de Zapatero (PSOE) pactaba con Montilla (PSC-PSOE) el nuevo sistema de financiación, que impondrían a las demás comunidades autónomas de régimen común. El señor Junqueras alababa el acuerdo, había participado en él, y decía que vendría a solucionar definitivamente los problemas de financiación de Cataluña. Anótese que se preveía su renovación a los cinco años (2014), pero que la misma aún no se ha producido, ni con gobiernos de un signo ni de otro. En parte como consecuencia de esa incapacidad y desidia para reformarlo, en parte por algunas circunstancias especiales, como la pandemia y, además, porque algunas comunidades se han endeudado de forma imprudente y caprichosa, sabiendo que, al final, alguien acudiría en su socorro, el conjunto de las comunidades autónomas se han endeudado en cuantía voluminosa, ya en el mercado, ya, mediante el FLA (Fondo de liquidez autonómico), con el Estado. Una de las comunidades con más deuda es Cataluña: 88.000 millones de euros, de los que 77.000 los adeuda al Estado. El discurso de Cataluña para justificar ese endeudamiento ha sido el “España nos roba”, esto es, que Cataluña aporta mucho al Estado y que este devuelve de forma insuficiente, de manera que se produce un déficit en las cuentas. Fue ese el pretexto para el endeudamiento y la exigencia de ayudas al Gobierno central. Conviene, en cualquier caso, aparte de recordar que el actual sistema de financiación autonómica fue pactado, como hemos dicho, con Cataluña (y aponderado por sus políticos), subrayar que, según aseveran unánimemente los expertos, Cataluña no está mal financiada, se halla en la media de las comunidades. Las que están peor son Murcia y Valencia. En 2023, el señor Pérez-Castejón convocaba elecciones y las perdía, frente al PP. No obstante, consiguió urdir una mayoría para moncloar pactando entre otros con ERC y Junts, que le exigieron una serie de condiciones, unas personales, como la amnistía y el vasallaje con mediadores internacionales y zapatereros fuera de España, otras para su comunidad. En el momento en que se conocieron aquellas condiciones algunos comentaristas más o menos adictos al PSOE manifestaron sus dudas sobre su cumplimiento, por parecerles injustas, causantes de desigualdad, ilegales o inconstitucionales (señalando esa inconstitucionalidad también se había pronunciado “in illo tempore”, el señor Pérez-Castejón, pero después cambió de virtud, digo, de necesidad). Sin embargo, como pronostiqué entonces, se van a cumplir todas. Se ha cumplido la amnistía. Se va a condonar ahora parte importante de la deuda catalana, se van a pagar más plazas de mossos (3.000) e invertir cantidades importantes para mejorar los trenes de cercanías de aquella comunidad, según se acordó todo ello. En el ínterin, el Gobierno central se ha plegado a Junts en el criterio de reparto del impuesto a la banca, beneficiando a Cataluña. Ya sé que no pueden creerlo pero es así. ¿Cómo se cierra ahora el compromiso de la quita de deuda para Cataluña? Formalmente e inicialmente, mediante el anuncio de Oriol Junqueras de que el Estado se quedará con el 22% de la deuda catalana al FLA. Posteriormente, mediante el anuncio de la señora Montero (aquella bacante que gritaba “Pedrohé, Pedrohé” rogando a don Pedro que volviere a la luz de aquel retiro de cinco días en su tabernáculo) de que la quita se extenderá a todas las comunidades autónomas. (Por cierto, lo que se demanda por la mayoría es la revisión del sistema de financiación, tan obsoleto, pero eso no se puede porque falta por cerrar el sistema de financiación peculiar de Cataluña, su “cupo”). ¿Y cuál es la sustancia de la quita? El Gobierno condonará 83.252 millones de deuda en total, el 22% de la cual, a Cataluña. Fijémonos en Asturies. ¿Qué dicen nuestros gobernantes asturianos? Pues que se conforman con lo que les toca, 1.508 millones, pero que hubiese sido más justo un reparto por población ajustada, con lo que nos corresponderían unos 500 millones más. Al mismo tiempo, se duelen de que los que menos han despilfarrado sean los menos compensados, y al revés. Y señalan que debería haber en el futuro mecanismos para evitar el dispendio, a fin de que nadie piense que siempre vendrá el Estado a salvarlos. No los habrá. Si añadimos a ello que en el reparto del impuesto a la banca Asturies ha salido también perjudicada, en la medida en que han imperado, como hemos dicho arriba, los criterios de Junts, y no unos criterios objetivos, cabe realizar alguna consideración política. Se lo dejo a ustedes. En todo caso, todo ese dinero “perdonado” no desaparece, se traslada a todos nosotros a través de la deuda. De modo que quienes hemos sido menos despilfarradores o abusonos tenemos que pagar el plus de los despilfarradores o abusonos. Y lo mismo ocurre a quienes, como los asturianos, hemos sido maltratados en el reparto. Ya ven, siempre hay guapos y feos, y algunos feos se conforman con ello. Concluyo: el “cupo” catalán, acordado con Junts y ERC, se acabará cumpliendo, como han llegado a cumplimiento los restantes pactos. De ese modo Cataluña aportará menos o nada a la caja común, al igual que vascos y navarros. Nosotros seguiremos pagando, por ejemplo, sus pensiones, y ellos apenas contribuirán, si lo hacen, para la sanidad o las pensiones del conjunto de los españoles (o de los ciudadanos del Estado, si lo prefieren). “No hay plazo que no llegue, ni deuda que no se pague”, dice el refrán que he aprovechado para el título. Me ha parecido más educado que este otro que me sugería mi trasgu particular, Abrilgüeyu: “El que tien agarráu a otru pel gañote…”.

Con noticias del PSOE

(Ayer, en La Nueva España) CON NOTICIAS DEL PSOE El contrato firmado por el Gobierno y la dirección del PSOE con los partidos independentistas catalanes con motivo de la elección de Pedro Sanchez, renovado después en la investidura de Salvador Illa, para una nueva forma de financiación de Cataluña (y la manera de articularse la misma) constituye un auténtico argayu no solo con respecto a cómo es hasta ahora la financiación de las autonomías de la España no privilegiada (todas, excepto Navarra y País Vasco), sino en lo relativo a la igualdad entre los ciudadanos del Estado y al concepto mismo de cómo se establecen la igualdad y la solidaridad, si entre territorios o entre individuos. Las observaciones negativas con respecto al pacto, su insolidaridad, la desigualdad, el convertir de hecho a Cataluña en un nuevo territorio foral, la pérdida de capacidad del Gobierno central, la disminución de la financiación de las autonomías de régimen común y otros aspectos, han sido reiteradamente señaladas por economistas e instituciones. Aquí, en LA NUEVA ESPAÑA han aparecido, al respecto, un par de extensos artículos del expresidente Rodríguez-Vigil. Yo mismo lo he señalado varias veces, la última en https://www.lne.es/opinion/2024/10/06/cuentos-claros-108958714.html. Pues bien, frente a lo que parecía una aceptación unánime en Asturies (fuera, son conocidas, por ejemplo, las críticas de Lambán y Page) de esas decisiones de la cúpula del PSOE y del Gobierno, en el socialismo llariegu han aparecido diversas propuestas que tratan de modificar esa postura, expresada en la ponencia oficial de financiación autonómica redactada para el próximo congreso federal, a finales de mes, en Sevilla. La propuesta de la cual tenemos información más extensa, a través de este diario, y que es, sin duda, la más radical, es la que ha presentado la agrupación socialista de Llanes, encabezada por el expresidente Antonio Trevín”. Estos son sus argumentos fundamentales: niega, en primer lugar, y con números, que, como se pretexta, Cataluña esté infrafinanciada. Rechaza, fundamentalmente, el principio de ordinalidad, según el cual una comunidad no puede dar más de lo que recibe. Respetar la ordinalidad supondría fijar límites a la solidaridad territorial: “No se justifica que unos contribuyentes que paguen más por su nivel de renta tengan derecho a recibir mejores servicios públicos que otro conjunto de ciudadanos cuya contribución fiscal sea inferior como consecuencia de su menor renta per cápita”. Subraya que el acuerdo ERC-PSOE, que recoge la ponencia, “puede comprometer tanto el principio de solidaridad como la autonomía financiera del Gobierno central”, y que no es verosímil que el modelo propuesto sea beneficioso para todos, debiendo negociarse el nuevo sistema de financiación -necesario por las carencias y defectos del actual- “de manera multilateral entre el Estado y todas las comunidades autónomas que integran el sistema común de financiación autonómica” (es decir, no dando por sentado ya el modelo firmado para Cataluña). E, importantísimo desde el punto de vista conceptual, afirma que el modelo firmado y propuesto es, en realidad, un concierto fiscal (como el de los territorios -es decir, los ciudadanos de los mismos- ya actualmente privilegiados), que “nos aleja radicalmente de los países federales de referencia, como Estados Unidos, Alemania, Canadá, Suiza y Australia” (frente al camelo reiterado de que acuerdos y ponencia suponen un avance hacia un Estado federal). Se pueden decir más cosas -ignoro, con la información de que disponemos, si las dice-, sobre los acuerdos, la ponencia y sobre el camino de desigualdades y tormentas financieras en que la dirección del PSOE pretende sumergirnos, pero estas aquí apuntadas iluminan como varios soles la verdad. Reunidos los delegados de la FSA al Congreso de Sevilla, han aprobado un texto más dulce, menos explícito sobre todos los entrañamientos de los acuerdos y la ponencia del Gobierno y del Partido centrales. En ese texto destacan tres aspectos: la negativa a la ordinalidad, la exigencia de acuerdos multilaterales, sin exclusiones, y la negativa a un tratamiento privilegiado para ningún territorio. Veremos ahora que resulta tras el Congreso. Lo verosímil es que triunfe la postura actual del Gobierno y del PSOE centrales, con algunas fórmulas peculiares para Cataluña y algún remiendo para que las cosas parezcan resolverse de manera satisfactoria para todos. Una reflexión ahora. Asistimos a discusiones sobre si unas propuestas son más o menos socialistas, se adecuan o no a lo que “es el socialismo”. Constituye una falacia argumental. Pensemos que hay un socialismo soviético, otro norcoreano, otro chino, etc. Incluso, limitándonos al socialismo político mayoritario en España a lo largo de la historia, el del PSOE, no existe un socialismo-socialismo, un socialismo canónico: el socialismo es, en cada tramo de la historia “lo que hace” el Partido Socialista. Por irnos lejos, hay un socialismo del 34. Más cerca, uno de González y su dirección. Y ahora hay lo que hace el de Pedro Sánchez. Veremos a partir del día 1 de diciembre de este año “qué es” el socialismo, según se defina en esta materia, tan nuclear de la acción política. Y, tal vez, frente a él, podremos decir: “hubo otro socialismo que pretendió ser y no fue”. Ver veremos. En cualquier caso, reiterémoslo, el ser no lo definen las siglas ni las palabras, sino el hacer.

Vaselinizando

(Ayer, en La Nueva España) VASELINIZANDO Miércoles 20 de marzo del presente. Todos los medios recogen las solemnes palabras de don Adrián Barbón en la Xunta rechazando “de forma clara, nítida y rotunda” la propuesta de financiación de Cataluña porque “rompe con el acuerdo multilateral y la solidaridad entre españoles”. Sábado 13 de abril del presente. Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y portavoz del Gobiernu, al respecto de la propuesta del candidato socialista catalán Illa de un consorcio entre las agencias tributarias de Cataluña y del Estado para una recaudación “distinta”, manifiesta su comprensión y argumenta que esa propuesta ya está contemplada en el artículo 204 del Estatut. Efectivamente, en ese texto se apunta la posibilidad de un consorcio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña. El texto prevé, asimismo, que ese consorcio pueda convertirse en la Administración Tributaria en Cataluña. El portavoz precisa que, en todo caso, la única condición aceptable de esa mixtura sería que fuese la Administración estatal la que gobernase íntegramente los fondos, cuestión fundamental, según él, para mantener el principio de solidaridad interterritorial. Ahora bien, preguntémonos, ¿para qué querrían los capitostes catalanes una gobernación conjunta de la recaudación si no fuese para sacar partido de ello? Contextualicemos: la reforma del modelo de financiación de Cataluña está incluida tanto en los acuerdos de investidura entre el PSOE y ERC como en los que se efectúan con Junts per Catalunya. Con Esquerra se pactó la constitución, durante el primer trimestre de 2024, de una comisión bilateral entre gobiernos para "llegar a un acuerdo y posibilitar avances" en la financiación. Esos avances en la financiación consistirían, fundamentalmente, en financiaciones extraordinarias, como las del plan de Cercanías (Rodalies); en el aumento de la financiación general de Cataluña, que se entiende como infradotada, y en la limitación de la aportación de Cataluña a la solidaridad común única o primordialmente en las materias de sanidad y educación. Por si ustedes tienen alguna duda de cómo hemos llegado hasta aquí, les recuerdo: desde al menos el 2001 el PSOE ha venido impulsando lo que denominaron “federalismo asimétrico”, es decir, un trato diferenciado en lo político y económico para Cataluña. Socialistas de todo pelaje lo aplaudieron e impulsaron. Fruto de todo ello fue el Estatut de 2006, que posteriormente el Constitucional “peló” en parte. Solo una “perla” de las que el Constitucional peló de aquel Estatut que los socialistas impulsaron y jalearon: la solidaridad, limitada a sanidad y educación, de Cataluña se produciría “siempre y cuando [las demás comunidades] lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar”. Naturalmente, todos los socialistas de todo género, condición o región, proclamaron que “nunca tolerarían” ninguna discriminación o desigualdad, y más tarde se dieron por satisfechos y alabaron el Estatut insolidario. Es más, protestaron cuando se recortó lo más escandalosamente infumable. ¿Y qué creen que harán las huestes de don Pedro Sánchez cuando, tras las elecciones catalanas, los de Junts y ERC les exijan el cumplimiento de los acuerdos firmados, si es que quieren seguir en la Moncloa? Pues como hicieron y harán: aprobar, justificar y negar. Porque eso es la fe: “no creer lo que vemos”, negarlo en virtud de nuestra fe, de nuestra adscripción a una Iglesia. Y para eso sirven las palabras de don Guillermo Peláez, para ir preparándonos, vaselinizando.

Siempre lo mismo, siempre los mismos

(Ayer, en La Nueva España) SIEMPRE LO MISMO, SIEMPRE LOS MISMOS Lo de Cataluña es sencillo. Se trata, para una parte de los catalanes, de: a) avanzar hacia la independencia o una desagregación profunda del conjunto de España, b) en el camino, y paso a paso, ir contribuyendo menos a la caja común, o, en otras palabras, que sus ciudadanos puedan tener mejor financiación para los servicios de la Administración (o paguen menos impuestos) que el resto. Pero ¿cómo empezó todo? Es cierto, en el principio siempre están los partidos nacionalistas, ¿pero en la práctica? Pues miren, esta larga batalla no comienza con ellos, sino con el PSOE, sí, sí, con el PSOE. Desde al menos el 2001, todo el PSOE ha venido apoyando e impulsando aquel camino que se llamó del «federalismo asimétrico», confeccionado nada menos que por el PSC y el señor Maragall, cuya idea era la de un Estado con cuatro entidades, tres, llamemos, «de primera», Cataluña, Euskadi y Galicia, y la otra, digamos, «de segunda y saco común», el resto. Esa idea se plasmó, negro sobre blanco, en la llamada «Declaración de Santillana» (2003). Bajo esas premisas, el socialismo peninsular apoyó la candidatura de Maragall y la posterior formación de un gobierno tripartito, cuyo programa era, precisamente, ese. ¿Desean que les enumere, por cierto, los momentos de alborozo y la contribución de los socialistas asturianos a ello? Nominatim, si lo desean. Ahora bien, ¿quieren ustedes saber lo que hicieron los próceres regionales del socialismo hispano cuando el Gobierno catalán empezó a poner negro sobre blanco sus demandas de desigualdad competencial y financiera? ¿Lo adivinan? Pues corrieron a gritar que no tolerarían, que de ningún modo, que ellos, ante todo, la igualdad, que eso era el socialismo. Y en 2004 el PSOE gana las elecciones generales. En Cataluña se pone en marcha una reforma estatutaria. Don José Luis Rodríguez -esa boca sin fronteras- proclama: «Aceptaré el texto del Estatut tal como salga de la voluntad del Parlament». Pero viene tan escandalosamente «desigualador» entre españoles que en el Congreso los socialistas, con Guerra al frente, se ven obligados a pulirlo un poco: «Hemos dejado el texto como una patena», proclamarán. Y el Estatut se aprueba finalmente el 30 de marzo de 2006. Pero, atención, ¿cómo se resuelven los problemas de redacción del citado texto? Pues no lo van a creer. Se reúnen en secreto en la Moncloa don José Luis y Artur Mas, de CiU (¿será esto como reunirse en secreto en Waterloo?), y entre ellos dos negocian los parches, que no se harán públicos hasta más adelante. (No sé si vendrá a cuento, pero me viene a las mientes aquel «-Madre, ¿qué es enfermedad secreta? -Hijo, la que se adquiere en secreto»). De lo que dice el nuevo Estatuto, ya pulido, les daremos cuenta ahora, pero aparte de las inversiones en infraestructuras que se comprometen (oiga, esto es como las Rodalies y otras infraestructuras del actual pacto entre el PSOE con ERC), Cataluña consigue más financiación anual (oiga, esto también me suena, ¿era con Junts o con ERC con quienes se firmó esto hace poco?): 5.128 millones anuales, estima Artur Mas, y, en basto, Francesc Homs: «Hemos pillado un buen cacho». Próceres socialistas de toda España niegan que vayan a aceptar ninguna financiación discriminatoria entre comunidades (esto también les suena ahora, ¿no?: cambian los labios, pero no las voces ni las duras realidades). Pero al mismo tiempo, y al día siguiente del acuerdo CiU-PSC-Moncloa, proclaman que el nuevo texto (que nadie todavía conocía, no se rían) eliminaba todos los problemas, que resultaba un texto ejemplar (y patenístico) y que (tomen nota) venía a solucionar los problemas históricos del encaje de Cataluña en España. ¿Y cómo quedó la patena aprobada por las Cortes? No los quiero abrumar. Únicamente algunas singularidades: Cataluña estaría presente en múltiples organismos estatales e internacionales; tutelaría, aprobaría o condicionaría las actuaciones del Estado en su territorio; limitaría su «solidaridad», i. e. sus aportaciones, con las demás comunidades a la sanidad y la educación (¡exactamente lo mismo que ahora pretenden!) y siempre que los demás realizasen «un esfuerzo fiscal también similar» (art. 208.3). Prosigo: Cataluña no podría alterar su puesto en la renta per capita en el futuro (208.5). Y en la adicional 6.ª se aseguraban siete años de inversiones del Estado en una proporción equiparable a la participación relativa de Cataluña en el PIB estatal. ¿Que esto se parece a lo de ahora? Pues tomen nota: se recogía la posibilidad de que la inminente y nueva Agencia Tributaria paritaria entre Estado y Generalitat se convirtiese en un futuro en una única administración tributaria (205), con toda la recaudación en manos de la autonomía, y se apuntaba la gestión del régimen económico de la Seguridad Social (165.b), bueno, todo menos las pensiones, que, como ahí son deficitarios, ellos manejarían el parné, pero el déficit lo aportaríamos el resto. ¡Pero si es lo mismo de ahora! ¡Si todo lo acordado y «patenizado» ya estaría en marcha si no hubiese sido por la intervención posterior de aquel (subrayen «aquel») Tribunal Constitucional! No faltaban, claro es, cláusulas relativas a la inmigración. Nihil novum sub sole. He dicho que no los quiero abrumar. Baste con esos textos. Lo que sí conviene repetir es que todo aquello, igual que hoy, lo impulsaron los socialistas, lo apoyaron, lo aplaudieron y con ello tragaron. Pues era, decían el PSOE asturiano y el Gobierno asturiano, «un gran logro para Asturias y España toda». ¿Que quieren que les diga? Que se lo digan ellos, no solo los próceres o los militantes, también los sostenedores y los fieles. Por cierto, ¿quién dijo que eso de la memoria histórica tenía que ver únicamente con Franco?

De refranes y enseñanzas de la historia

(Ayer en La Nueva España) L’APRECEDERU DE REFRANES Y ENSEÑANZAS DE LA HISTORIA Muchos refranes tienen su segunda parte. A aquel que dice “Más se perdió en Cuba”, algunos añaden: “Y vinieron silbando”. Otros tienen su equivalente o traducción. Videlicet, al sanchino “Hacer de la necesidad virtud” corresponde el “Todo es bueno para el convento -decía el fraile-, y llevaba una puta al hombro”. Seguramente ustedes se asombrarán como yo de las declaraciones de los miembros del Gobierno, de cómo nos niegan lo que afirman con sus propias palabras. Un ejemplo: preguntada la ministra de Migraciones sobre si era verdad que, con las competencias de inmigración traspasadas, Cataluña podría expulsar emigrantes, he aquí su respuesta: “Cataluña no podrá expulsar inmigrantes; las autonomías asumirían la acogida”. Lo han leído bien, ¿verdad? No podrán expulsar inmigrantes a Francia o Marruecos, eso es cosa del Estado, pero sí los pueden largar a las demás comunidades, para que carguen con quienes ellos no quieran. Todo tiene sus antecedentes. Romanones: “Cuando digo nunca, quiero decir por ahora; y cuando digo jamás, quiero decir hasta esta tarde”. A mí me conforta que don Pedro Sánchez tenga tan ilustres maestros. Nos quejamos del sectarismo y de la polarización actuales. “Nihil novum sub sole”, expresa el Eclesiastés (I-9); he aquí lo que decía don Emilio Castelar: “Aquí en España todo el mundo prefiere su secta a su patria, todo el mundo”. Y, ya que visitamos la Biblia, vayan al Salmo 23: “El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes pastos me hace descansar. [...]. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque Tú estás a mi lado”. ¿No es exactamente la descripción de la fe y la disposición anímica entregada de manera incondicional por el adscrito a la fe de un partido político? Y, ya que estamos en ello, ¿se acuerdan de aquel que llamábamos “invento” franquista de “la pertinaz sequía”?

Nun tienen vergoña, pero sí cara

Elma Saiz | Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones «Cataluña no podrá expulsar inmigrantes; las autonomías asumirían la acogida»

Con asombro de escucharlo

(Asoleyóse en LA NUEVA ESPAÑA, el 28/10/19)

L’APRECEDERU

CON ASOMBRO DE ESCUCHARLO

Con admiración de oírlo, al modo en que Rosaura se expresa ante Segismundo en La vida es sueño: tecleen ustedes las palabras “lobo”, “reses” y añadan después cualquier concejo asturiano, de oriente o de occidente, y se verán sorprendidos por las cifras del daño, por su incremento año a año y por la ampliación de los lugares donde los ataques se producen.

Hagan ustedes una reflexión. Se encuentran en su casa y periódicamente es asaltada por facinerosos que no le hacen daño a usted ni a su familia, pero sí a sus inmuebles. El seguro lo resarce siempre de esos perjuicios. Ahora bien, ¿seguiría usted viviendo ahí?

Esa es la realidad de una parte importante de nuestro mundo rural. No se trata de que se paguen las ayudas por los daños del lobo, sino de la impotencia que sigue a ello, la inseguridad, la ira e, incluso, el dolor por el ganado muerto (son vidas segadas, al fin y al cabo). En esas circunstancias, ¿cómo no entender el abandono? Frente a esa realidad, todas las promesas de ayudas al campo, los planes y discursos contra el despoblamiento no son más que eso: discursos, palabrería. Porque la cuestión fundamental no se quiere abordar, por interés electoral, por ensoñaciones discursivas y alienadoras.

En otro orden de cosas, me han impactado dos noticias. Una, el abucheo a Pedro Sánchez al visitar el hospital de Sant Pau para ver a los heridos. Si médicos, enfermeros y celadores tienen tampoco respeto a su decoro profesional, ¿cuál es el nivel de enfermedad mental? Y una pregunta: ¿atenderán con la diligencia necesaria a los hospitalizados que juzgan como sus opresores o tardarán, por ejemplo, en llevarles la chata?

La otra noticia es, más bien, cómica. La UGT amenaza con movilizaciones si no hay Gobierno tras el 10N. Por supuesto, aclaran, de izquierdas.

A unos los pierde la ira, a otros, les bocayaes.

Lo que está en juego: Estado, igualdad, empleo

                                (Asoleyáu en La Nueva España d'ayer, vienres)               

               LO QUE ESTÁ EN JUEGO

               ESTADO, IGUALDAD, EMPLEO

               Uno de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad española es el futuro del Estado,  o, con más claridad, si todos los territorios que actualmente son España van a seguir siéndolo o si la relación entre ellos va a variar sustancialmente.

               Es sabido que en Cataluña hay un conjunto importante de fuerzas políticas y de ciudadanos que son partidarios de la segregación. Ocurre lo mismo en Euskadi, aunque esa voluntad tiene en estos momentos un menor grado de ebullición. En mucha menor medida, existen anhelos semejantes en otras partes del Estado.

               La postura de PP, Ciudadanos y Vox es clara al respecto: no. Es mucho más ambigua la del PSOE e, incluso, parece evidente que una fracción del partido es proclive a negociar la independencia en ciertas condiciones. Es esa la línea del PSC representado por Miquel Iceta y antes por muchos otros socialistas que han acabado en las filas independentistas. En Euskadi esa tendencia la ejemplifica Jesús Eguiguren, cuyo buen entendimiento, por ejemplo, con Otegi y su aceptación de un referéndum viene existiendo desde muchos años antes de la tregua de ETA. Es clarificadora, al respecto, la lectura del libro ETA, las claves de la paz, una especie de memorias de Eguiguren recogidas por el periodista Luis R. Aizpeolea.

               Se puede afirmar que la facción jacobina del PSOE ha sido derrotada hace tiempo. Desde la Declaración de Santillana (2003) el partido ha ido avanzando en la dirección del “federalismo asimétrico” que en aquellas fechas pregonaba Pascual Maragall. No estaba esa idea en aquella proclama electoral, pero con esa premisa se redactó el estatuto de autonomía que pactaron en una tarde monclovita los señores Mas y Zapatero. Y, por esa razón, porque algunas de sus propuestas atentaban, ya no contra la Constitución, contra su letra, sino contra la igualdad entre los ciudadanos y los territorios de España, fueron anuladas esas propuestas  por el Constitucional.

               Desde entonces, el PSOE ha ido avanzando hacia la idea de un estado federal asimétrico, lo mismo en su 39º congreso, como en la Declaración de Granada (2013). Más aún, tanto Zapatero con la ETA como Pedro Sánchez con los independentistas llegaron en un momento determinado a aceptar bien explícitamente un acuerdo exploratorio para una consulta, bien una serie de premisas que implicaban el reconocimiento implícito de la soberanía de Euskadi o Cataluña.

               Las decisiones futuras, pues, del PSOE, la concreción de sus indefiniciones o la continuación de sus posiciones, constituyen una incógnita y son clave en el futuro de la estructura del Estado y la relación entre las partes.

               Hay quienes creen que la concesión del derecho de independencia (eufemísticamente, “derecho a decidir”) para una parte del Estado o el otorgamiento para ella de ventajas fiscales o de otro tipo es un asunto que se limita a su mera ejecución en el territorio en cuestión. Entraña, sin embargo, una serie de consecuencias y reacciones en cadena: dejar en situación de marginación a la mitad de la población, la no nacionalista, en esos territorios; desatar una cadena de reivindicaciones y emulación: tras Cataluña, con seguridad, Euskadi, después otros; aumentar la desigualdad entre los ciudadanos de distintos territorios (la mejor atención social o los menores impuestos de Euskadi ahora provienen de su mejor financiación); abrir un largo período de inestabilidad política y social, con sus consecuencias negativas para la inversión, el empleo y el estado del bienestar en toda España.

               No están en juego sólo los discursos de los partidos o los privilegios o “derechos” de algunos territorios, todos estamos afectados, también nuestros “derechos”. De forma, seguramente, no enteramente imaginable o controlable.

Güei, en LNE: Si esto no es fascismo...

Si esto no es fascismo... (el acosu a los discrepantes, les redes de complicidad; sobre "el diálogu" y los significaos de la palabra).

Güei, en La Nueva España: No hubieron huevos (Cataluña)

(Trescribo, como davezu, los primeros párrafos)

No hubieron huevos

La investidura de Quim Torra

Xuan Xosé Sánchez Vicente 27.05.2018 | 04:59

Es usted, querido lector, un expoliador, ¿lo sabía? Usted no hace otra cosa que exportar miseria, ¿lo ignoraba? Además es un maleducado, un pijo y un loco. Usted y yo claro, en cuanto españoles. Y si usted cree que por asturiano o asturianista queda salvado, se equivoca: para el señor Quim Torra, el nuevo presidente de la Generalitat, está usted incluido en ese gentilicio de gente despreciable.

Olvídense por un momento de la política y pregúntense únicamente: ¿cómo llega un tipo con esas formas a presidente de un país? ¿Qué corroe el país en que un puntu así (y aun peor en otras manifestaciones públicas y escritas) alcanza la presidencia? Pues ahí andamos.

Esas insultantes declaraciones de Torra me recuerdan los improperios que Francisco Letamendía, Ortzi -quien, huido el 23-F, pasó por el ridículo de ser rescatado en la mar por la Guardia Civil, al faltarle la gasolina-, dedicaba a nuestro compatriota Francisco Llera en la universidad de Euskadi al pasar junto a su departamento: "Aquí huele a estiércol de establo asturiano". Semejante.)

La cuestión catalana es un problema gravísimo. Lo es para quienes residen en Cataluña, lo es para el conjunto de los españoles. Para quienes viven en Cataluña lo es ya, por el enfrentamiento civil que existe en muchos lugares, y de lo que dan muestra ejemplar tanto Torra como los medios de comunicación dependientes de la Generalitat. Lo es también por las repercusiones económicas que la tensión política ha tenido hasta el momento. En caso de proclamarse la independencia, aumentaría el exilio de empresas y no habría dinero para subvenir a las obligaciones del nuevo Estado; el clima de enfrentamiento civil se agravaría. Para el conjunto de España las cosas serían también negativas, ya que Cataluña representa del 19% del PIB. Las repercusiones internacionales no serían cosa menor.

Pero, sobre todo, la trayectoria de Cataluña tendría un efecto atractivo sobre ciertas partes del Estado: Euskadi, ante todo; pero seguramente detrás, otras. Comprenderán ustedes que los conflictos sociales y políticos alcanzarían un nivel difícilmente soportable, aunque algunos terminasen por apaciguarse o diluirse con el tiempo. Si a ello añadimos el fraccionamiento de la representación política en España y la dificultad de establecer mayorías con capacidad de actuar, el panorama se presenta más oscuro.

Las soluciones, lo que algunos llaman "el diálogo" -tal vez, muchos de ellos, queriendo permanecer equidistantes o no comprometerse en cuestión tan peliaguda y que tiene tantas implicaciones ideológicas y de discurso-, parece imposible. Y, desde luego, algunas de las soluciones propuestas para "enguadar", como condonar la deuda catalana, dotarlos de mejor financiación en detrimento de los demás o conceder privilegios a la Comunidad son, desde el punto de vista de los asturianos -y de los demás, claro- absolutamente inaceptables.

Por otra parte, quienes ahora son la mayoría parlamentaria y el Gobierno en Cataluña son los que dieron en su día el golpe de Estado de la declaración de independencia, al modo en que en el 34 lo dio Lluís Companys, quien, por cierto, fue condenado a 30 años de cárcel por la República. Porque la declaración de independencia se realizó. Declararla, en efecto, es un "acto declarativo" y basta con su proclamación para que el acto exista. Es cierto que luego los proclamadores vinieron a decir que era una proclama de mentira, por jugar, digamos. Pero no fue, en esta cercana ocasión, la proclamación de independencia lo que falló, fueron la voluntad y la valentía los que faltaron para mantener lo dicho. Bien porque habían pensado que el Estado se allanaría, acaso porque alguna pieza clave de la resistencia (tal vez los mossos) les falló, tal vez porque el acto estaba pensado como el primer escalón de un proyecto sostenido en el tiempo.

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Falacias, intereses, buenrollismo, ceguera

(Asoleyóse en LNE del 25/11/2017)

                       FALACIAS, INTERESES, BUENROLLISMO, CEGUERA

               Abro LA NUEVA ESPAÑA. Ana Teixidor, especialista en yihadismo, periodista en la Televisión Pública Catalana: “En la cuestión catalana, los políticos tienen que negociar; los elegimos para que se entiendan”. He ahí una burda falsedad. Primordialmente, los votantes depositan su papeleta para que los suyos no se contaminen con los otros. No hay más que observar que, como norma, el partido pequeño que apoya al gobernante sufre una merma espectacular en sus votantes. O, de forma más general, constatar que los votantes de izquierda no prestan nunca su apoyo a los de derechas, y viceversa. ¿Razón? Porque, con escasas excepciones, el individuo piensa que entre ambas orillas existe un abismo infranqueable, y, por lo tanto, no caben concesiones a la otra parte ni diálogo con ella. Y aun si su partido recibe el apoyo gratuito de otro, ese apoyo es recibido de mala gana y, desde luego, sin agradecimiento.

               Pero no nos engañemos, ese tipo de afirmaciones —no sé si en concreto las de doña Ana— no son un error con respecto a la evidencia de la realidad, constituyen una falacia: lo que se quiere decir es que la obligación de los demás es ponerse de acuerdo con los de uno. Eso serían, como para los dos millones de votos que apoyan a los separatistas, el diálogo y el entendimiento. “Quien no llegue a acuerdos (esto es, quien no se allegue a mi posición) no es dialogante”. He ahí el valor instrumental de la proposición: situar en el terreno de lo intransigente y autoritario al otro, al que no transige.

               A propósito de falacias, la más notable de estos últimos años es la del “derecho a decidir”, no sólo porque bajo su apariencia casi inocua esconde su significado real, el “derecho a la independencia una vez emitido, en su caso, el voto afirmativo”, sino porque la misma aceptación de su enunciado implica la aceptación de que el actor del voto, la comunidad que ejerce ese derecho, es ya independiente en potencia, tiene esa capacidad de serlo aun antes de que se le conceda formalmente el derecho a ejercerlo. En otros términos, si una entidad territorial puede ejercer el derecho de votar sobre su independencia es que los demás reconocen que es ya una entidad potencialmente soberana y, por tanto, distinta, otra que aquella en que está inserta temporalmente.

               Volvamos al diálogo. Ha sido uno de los conceptos más agitados en estos tiempos por todos, partidos, empresarios, comentaristas políticos. Todo el mundo pide que se dialogue. Pero háganse ustedes una pregunta: ¿conocen siquiera a una persona que haya puesto otra palabra al lado de “diálogo”? ¿Sobre qué hay que dialogar? ¿Cuáles son los límites del diálogo? ¿O es que se puede llegar a cualquier acuerdo, no importa el que sea, y todos son buenos? Nadie, siempre el término desnudo. Aquí, para unos, el vocablo constituye una falacia que quiere que el otro se avenga a sus posiciones, sin concesión alguna, y trata de manchar al que no como intransigente y autoritario. Para otros, sin embargo, esa utilización de la palabra es otra cosa, una forma de buenrollismo, que lo hace parecer a uno educado, inteligente y negociador, pero que evita, al tiempo, y es ahí su principal función, comprometerse con nada, mojarse en ninguna dirección. Por cierto, lo de la “solución política” no es más que un sinónimo fáctico de “diálogo”: una falacia para unos, ganas de quedar bien con todos y no mojarse, arronchar, para otros. De “trampas saduceas” calificaría estos conceptos, así usados, Torcuato Fernández Miranda.

               Por cierto, aviso a los asturianinos que secundan con entusiasmo las reformas que se pregonan en la dirección de modificar la Constitución en un sentido plurinacional o federal: primero, Asturies nunca será un ente autónomo o “de primera” en esa España federal o plurinacional, no será más que un miembro más de la España de las autonomías, un rabo de Castilla y del Estado central, llámese como se llame éste; segundo: esas modificaciones conllevarán que los ricos de esas naciones de primera paguen menos impuestos y que, en consecuencia, el dinero para nuestra sanidad, nuestra enseñanza, nuestra pensiones nuestras inversiones, baje.

               Que una cosa son las ensoñaciones y los discursos, y otra la realidad.

      

¿Quién la va sacar primero? (Cataluña)

El 23/10/17 entrugaba yo, equí, nel blog, daqué que vengo repitiendo dende fai más de dos meses al que quier oyime: 

¿Quién la va sacar primero? 

Y aclaraba:

Esa ye la clave del devenir inmediatu de Cataluña, y dempués d'otres partes de la península: ¿Quién la va sacar primero?

El referente yera, y sigue siendo, la pistola.

Alguien tien que sacala y alguien tien que guardala.

Y nun ye una metáfora.

¿Quién la va sacar primero?

Esa ye la clave del devenir inmediatu de Cataluña, y dempués d'otres partes de la península: ¿Quién la va sacar primero?

Ayer, en LNE: Nada fácil (sobre Cataluña)

NADA FÁCIL

                El Rey ha aprovechado el discurso institucional de los Premios Princesa de Asturies para reiterar, en lo sustancial, lo mismo que había dicho hace un par de semanas dirigiéndose a la sociedad desde la televisión: que no se puede tolerar la imposición de unos pocos sobre muchos; que las decisiones sobre cualquier parte de España pertenecen a la nación, esto es, al conjunto de los españoles; que ni ha de dividirse el territorio ni la sociedad o la familia; que es todo ello la esencia de la democracia, que es, al tiempo, solidaridad y convivencia de individuos, de territorios, de lenguas y culturas. Y todo ello, además, lo ha incardinado en nuestra pertenencia a Europa, que constituye, a su vez, un proyecto de unión, solidaridad y respeto.

                Esa mención a Europa no forma solamente parte del discurso. Se refuerza por el propio contenido de los premios, por la entrega del de la Concordia a la Unión Europea; pero, aún más por la asistencia al acto de tres importantísimas personalidades de la Unión: el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, el de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el del Consejo Europeo, Donald Tusk. No están ahí, sin duda, sólo por el premio, están como cierre a una campaña de estos dos últimos días en que Rajoy, presente también en el Campoamor, ha concitado el apoyo expreso de todos los países europeos, excepto Bélgica, hacia la postura del Gobierno y del Reino de España en relación con la rebelión o golpe de estado de Cataluña. Y estas presencias y manifestaciones de explícito apoyo se producen, no lo olvidemos, en vísperas de que el Gobierno ponga, por fin, en marcha el artículo 155 de la Constitución, previsto para intervenir en una autonomía cuando el gobierno de esta incumpla sus deberes constitucionales, en este caso, cuando el Govern viola la Constitución.

                Esas presencias y apoyos significan más de lo que dice su propia expresión: subrayan la gravedad de la situación, que no es un mero juego o un conflicto entre una personalidad indolente —como se dice de Rajoy— y un grupo de aventureros, según a veces quiere verse y tiende a entenderse, y que podría resolverse en dos patadas, por ejemplo, con la mera aplicación del 155 de la Constitución: lo veremos en los próximos días.

                Porque, a partir de la ejecución de la proclamación de la república catalana —la proclamación ya se ha hecho—, para una parte de la sociedad catalana ya no existirá la ley española en su territorio. Sin reconocer esta, es fácil que determinadas personas requeridas por la justicia no se avengan a reconocer a esos jueces, y que las fuerzas llamadas entonces a llevarlos ante los tribunales no quieran hacerlo e, incluso, que, en defensa de la nueva legalidad, se resistan a que las fuerzas del Estado, “españolas” entonces y no catalanas, no del nuevo Estado, actúen.

                Nada fácil. Se acercan tiempos difíciles. De ahí el esfuerzo de estas semanas por explicar la situación en Europa y en recoger apoyos explícitos. De ahí también la exquisita prudencia en la tramitación de la legislación y las actuaciones necesarias para reponer la legalidad en Cataluña.

                De ahí que preconizar, tras la intervención, la celebración de elecciones autonómicas en Cataluña para enero, como hacen PSOE y Ciudadanos, me parezca no sólo algo difícil de llevar a cabo, sino una valoración del mundo y una propuesta algo infantiles.

                (Por cierto, para los listos: de los 14 artículos del Estatut eliminados por el constitucional, 7 hacían referencia a las competencias en materia judicial de Cataluña, a su capacidad para manejar la justicia y el nombramiento de jueces a su antojo. Mediten, por favor, los listos).

Güei, en LNE: Incógnitas y palabras hueras

(Trescribo, como davezu, los primeros párrafos)

Incógnitas y palabras hueras pero no inocentes

No cabe el disimulo ante lo que se trata de un delito de rebelión y un golpe de Estado

Xuan Xosé Sánchez Vicente 11.10.2017 | 03:29

No hay disimulo, por más que se envuelva en la palabrería de una declaración de independencia suspendida o aplazada: es un delito de rebelión, un golpe de Estado. Esto es, se ha llegado al final de un camino largamente anunciado. Lo sorprendente es constatar cómo, hasta hoy mismo, un número no pequeño de intelectuales, políticos o empresarios han pensado que la cosa iba de mentira o que, a última hora, habría una marcha atrás en el proyecto de independencia. Buenismo ciego en algunos, ceguera voluntaria en otros. En todo caso, uno de los problemas mayores de la sociedad española en todos estos años de democracia, como ha dicho Felipe González

Falacias. El discurso de Puigdemont se basó, como viene siendo habitual en el relato independentista, en un recorrido lleno de falacias sobre las relaciones en los últimos años entre Cataluña y el resto del Estado: exponiendo las consecuencias y no las causas de los hechos, huyendo de dar datos fundamentales, iluminando el discurso con una doble luz: positivo, democrático y legal lo suyo; negativo, no democrático e ilegal, lo de los demás.

Suspensión, diálogo y mediación. Los tres términos son complementarios en la estrategia del Gobierno catalán. No tienen la intención de buscar un proceso de diálogo y de acuerdo. Tienen, acaso, la de dificultar desde el punto de vista jurídico las sanciones a los individuos y la aplicación de los artículos de la Constitución y las leyes que permitan intervenir la autonomía catalana. Pero el propósito fundamental de ello es el de alargar el tiempo del conflicto, buscando debilitar la postura del Estado y, sobre todo, conseguir que alguna intervención mejore la situación de Cataluña como Estado independiente.

Dicho de otra forma, el diálogo que se pretende es que, a través de la presión internacional, de los conflictos políticos y las tensiones en otras partes de España -que irán aumentando con el tiempo-, una Cataluña independiente negocie con España una relación económica ventajosa y el reconocimiento de Europa.

Incógnitas. No hay, pues, ninguna novedad o incógnita en la postura independentista. Donde sí siguen abiertas las incógnitas es en el campo del Estado y de la legalidad. ¿Cuándo se decidirán los poderes del Estado, el Gobierno y los jueces, a poner en marcha las medidas legales que exigen la ruptura de la legalidad y la rebelión? ¿La añagaza de la independencia cuántica -es y no es, al mismo tiempo- será un obstáculo jurídico para actuar? Esos son los mayores interrogantes en este momento.

Jueces y mossos. Vengo señalando hace tiempo que el éxito del proceso independentista dependería en gran medida de los jueces y de la fuerza armada catalana. De momento, no han aparecido jueces que tengan como legalidad la emanada recientemente del Parlamento catalán, pero es claro que los mossos son una fuerza dependiente de la voluntad del Govern catalán. ¿Qué pasará cuando, en su caso y en su día, los jueces ordenen detener, por ejemplo, a Puigdemont? ¿Tendrán que ir a hacerlo la Policía Nacional o Guardia Civil porque se nieguen los mossos? ¿Lo permitirán los escoltas de Puigdemont? Imaginen la escena.

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También fuera de Cataluña (en LNE de güei)

También fuera de Cataluña

Xuan Xosé Sánchez Vicente 02.10.2017 | 03:32

También fuera de Cataluña

Les es suficiente. Con su relativo éxito de hoy. Aunque no se haya podido votar en muchos lugares, aunque las condiciones del voto y su recuento no tengan ninguna traza de regularidad. Pero las movilizaciones para votar, las cargas policiales en cumplimiento de la ley, la capacidad de la Generalitat para esquivar una y otra vez las órdenes judiciales y la vigilancia del Gobierno (urnas inventadas, cambios de censo, votación de los gerifaltes en colegios distintos a los suyos?), el éxito propagandístico internacional de la ficción de un pueblo víctima de un estado opresor; todo ello les es suficiente para afirmar que "el pueblo" quiere la independencia. Aquí, en LA NUEVA ESPAÑA, titulé en su día "Les basta con un balcón". Lo tienen. Así, que proclamen la independencia en las próximas horas o no depende únicamente de sus propósitos. Si no lo hacen, convocarán elecciones y mantendrán la presión popular hasta entonces.

155 y delito de rebelión. Desde hace meses (y desde luego, con la aprobación de la Ley de Referéndum y la de Desconexión -Ley de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República-) Generalitat y parte del Parlamento vienen anunciando y realizando un delito de rebelión, que ya está consumado antes de la posible declaración de independencia -inmediata o no-. La obligación, jurídica y política, del Gobierno es aplicar el artículo 155 de la Constitución y suspender las funciones del Ejecutivo catalán y gestionar la Administración catalana. El de los tribunales y los jueces, aplicar la ley.

Los mossos y los jueces. En el artículo antedicho explicaba que el desarrollo del conflicto tenía dos piezas fundamentales: la actitud de los mossos d'esquadra y la de los jueces. Hasta ahora no ha aparecido ningún juez, en ninguna instancia, que haya entendido que la legalidad no es otra que la de la Constitución española (del Estado) y la legislación derivada de ella y emanada de las Cortes. Los mossos, sin embargo, se han manifestado claramente como servidores del Gobierno catalán e incumplidores de las órdenes judiciales.

La reacción patriótica. Un aspecto novedoso del conflicto es la manifestación, en gran medida espontánea, de un patriotismo español en las calles y las ventanas de España, esto es, en Cataluña y fuera de ella.

Ruptura social, violencia y emigración. De lo que no cabe duda es que la sociedad catalana se ha dividido y llenado de violencia social. Pero no simétrica. Son quienes no son nacionalistas los que se ven hostigados, insultados, amenazados; quienes tienen miedo a expresarse por temor a verse señalados o a perder sus empleos. No será, pues, extraño que, como ocurrió en Euskadi, muchos ciudadanos abandonen, si pueden, Cataluña. Tampoco lo será que aparezca la violencia, la de la calle, no la policial.

Tontos útiles y compañeros de viaje. Me extraña (bueno, en realidad no me extraña: está en su ser) el entusiasmo con que desde Asturies u otras partes de España se apoya y jalea el independentismo catalán. De producirse la secesión, el coste en empleo y recursos (sanidad, pensiones, inversiones) será enorme para todos. Que ese daño a los tuyos importe un bledo y se aliente es una forma de pensamiento alienada (y progresista).

Se juega fuera. Pero esta batalla no se juega solo en Cataluña. Se juega fuera. Lo que ocurra en Cataluña incidirá, ya lo está haciendo, en el País Vasco. Si Cataluña se fuera, el País Vasco iría a continuación y se abrirían movimientos de reivindicación secesionista en varias partes del territorio. Sin igual fuerza, de distinto resultado, sin duda, pero creadoras de una tensión permanente.

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Güei en LNE: Pasando de todo (Cataluña)

(Trescribo, como davezu, los primeros párrafos)

Pasando de todo (Cataluña)

Las repercusiones del proceso independentista catalán

Xuan Xosé Sánchez Vicente 29.08.2017 | 03:19

Pasando de todo (Cataluña)

Olviden ustedes lo que era antes el Día del Caudillo, el 1 de octubre, y su presunto referéndum catalán. Pónganse un poco más allá, en la independencia proclamada de Cataluña, ya tras el referéndum, ya tras unas elecciones plebiscitarias. ¿Cuáles serían las consecuencias?

Dramáticas, tanto en Cataluña como en el resto de España. Económicas, sociales y políticas. En Cataluña, más de la mitad de la población se vería despojada de su condición de españoles y obligada a vivir en un territorio donde progresivamente "lo catalán" iría desplazando "lo español" y donde se produciría una presión creciente sobre "los españolistas". En el ámbito económico sería terrible: correrían peligro (al menos durante un tiempo) los servicios públicos por dificultades de financiación, así como el pago de prestaciones sociales y pensiones. Sin banco europeo que les permitiese financiarse, tendrían que acudir a la emisión de bonos, pagarés y belarminos con un altísimo tipo de interés, si es que alguien se animase a prestarles dinero; muchas empresas emigrarían y habría un parón notable en la economía.

En el resto de España padeceríamos otras plagas. Para empezar, tendríamos que correr con la deuda catalana (unos 70.000 millones de euros), que es deuda del Estado español, y habría repercusiones inevitables sobre la prima de riesgo, el crecimiento y el empleo, menores que en el caso catalán pero advertibles. Y, a partir de ahí, Euskadi ser vería obligado a recorrer el mismo camino: sea cual sea la voluntad del PNV actualmente, no tendría otra solución, presionado por el radicalismo abertzale. Seguramente, por otro lado, no se cerraría ahí la lista de comunidades atraídas por el ejemplo.

¿Constituye todo ello un conjunto probable de acontecimientos? Aunque no inevitable, sí. ¿De carácter gravemente dañoso? Sí. ¿Preocupa algo de ello a los españoles? Nada. Únicamente al 2,6%, según la reciente encuesta del CIS. ¿Es que están seguros de que no se va a producir la independencia? ¿Es que les da igual porque desean que los catalanes se larguen de una vez? Algo de ello podrá haber, pero, a mi entender, la razón es que los ciudadanos de este país, salvo en lo que afecta a sus propios intereses inmediatos, pasa de todo o, de otra forma, mantienen una ceguera voluntaria al respecto, que siempre es menos incómodo que poseer la consciencia del peligro y tener que pensar en él o tratar de obrar para evitarlo.

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