Sobre'l 155 y la so duración

Nun quiero facer más qu'una consideración sobre l'aplicación del 155, refierse a les crítiques pol curtiu tiempu nel que s'aplica: dende la disolución del Gobiernu de la Generalitat y del Parlamentu hasta'l próximu xueves, malapenes un par de meses.

Al mio entender yera la única solución posible: seguramente hai informes xurídicos que despliquen que'l Gobiernu, al través del Senáu, pue disolver el Gobiernu d'una comunidá pa poner en rumbu derechu l'Alministración d'esa comunidá; pero que nun pue disolver el Parlamentu.

Si ye asina, y yo creo que ye asina, que nun pue interpretase d'otra forma'l 155, hai qu'entrugase qué diba pasar si, intervenida l'Autonomía y llevando'l Gobiernu central l'Alministración, tuviesen los xestores que convivir con un parlamentu funcionando, que, día a día, taría tomando decisiones contraries al nuevu gobiernu operativu, presentando mociones de censura, etc.

Güei, en LNE: Incógnitas y palabras hueras

(Trescribo, como davezu, los primeros párrafos)

Incógnitas y palabras hueras pero no inocentes

No cabe el disimulo ante lo que se trata de un delito de rebelión y un golpe de Estado

Xuan Xosé Sánchez Vicente 11.10.2017 | 03:29

No hay disimulo, por más que se envuelva en la palabrería de una declaración de independencia suspendida o aplazada: es un delito de rebelión, un golpe de Estado. Esto es, se ha llegado al final de un camino largamente anunciado. Lo sorprendente es constatar cómo, hasta hoy mismo, un número no pequeño de intelectuales, políticos o empresarios han pensado que la cosa iba de mentira o que, a última hora, habría una marcha atrás en el proyecto de independencia. Buenismo ciego en algunos, ceguera voluntaria en otros. En todo caso, uno de los problemas mayores de la sociedad española en todos estos años de democracia, como ha dicho Felipe González

Falacias. El discurso de Puigdemont se basó, como viene siendo habitual en el relato independentista, en un recorrido lleno de falacias sobre las relaciones en los últimos años entre Cataluña y el resto del Estado: exponiendo las consecuencias y no las causas de los hechos, huyendo de dar datos fundamentales, iluminando el discurso con una doble luz: positivo, democrático y legal lo suyo; negativo, no democrático e ilegal, lo de los demás.

Suspensión, diálogo y mediación. Los tres términos son complementarios en la estrategia del Gobierno catalán. No tienen la intención de buscar un proceso de diálogo y de acuerdo. Tienen, acaso, la de dificultar desde el punto de vista jurídico las sanciones a los individuos y la aplicación de los artículos de la Constitución y las leyes que permitan intervenir la autonomía catalana. Pero el propósito fundamental de ello es el de alargar el tiempo del conflicto, buscando debilitar la postura del Estado y, sobre todo, conseguir que alguna intervención mejore la situación de Cataluña como Estado independiente.

Dicho de otra forma, el diálogo que se pretende es que, a través de la presión internacional, de los conflictos políticos y las tensiones en otras partes de España -que irán aumentando con el tiempo-, una Cataluña independiente negocie con España una relación económica ventajosa y el reconocimiento de Europa.

Incógnitas. No hay, pues, ninguna novedad o incógnita en la postura independentista. Donde sí siguen abiertas las incógnitas es en el campo del Estado y de la legalidad. ¿Cuándo se decidirán los poderes del Estado, el Gobierno y los jueces, a poner en marcha las medidas legales que exigen la ruptura de la legalidad y la rebelión? ¿La añagaza de la independencia cuántica -es y no es, al mismo tiempo- será un obstáculo jurídico para actuar? Esos son los mayores interrogantes en este momento.

Jueces y mossos. Vengo señalando hace tiempo que el éxito del proceso independentista dependería en gran medida de los jueces y de la fuerza armada catalana. De momento, no han aparecido jueces que tengan como legalidad la emanada recientemente del Parlamento catalán, pero es claro que los mossos son una fuerza dependiente de la voluntad del Govern catalán. ¿Qué pasará cuando, en su caso y en su día, los jueces ordenen detener, por ejemplo, a Puigdemont? ¿Tendrán que ir a hacerlo la Policía Nacional o Guardia Civil porque se nieguen los mossos? ¿Lo permitirán los escoltas de Puigdemont? Imaginen la escena.

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Parlón y A. Lastra

Anda la xente escandalizao coles declaraciones de Nuria Parlon (secretaria de Cohesión Social del PSOE, y uno de los puntales de la campaña de primarias de Sánchez en Cataluña) al respective de l'aplicación del artículu 155 de la Constitución en Cataluña, declaraciones que fueron estes: 

«Haremos todos los esfuerzos, si hace falta apelando a la comunidad internacional, para evitar una suspensión de la autonomía (...) No estamos de acuerdo con la suspensión de la autonomía. Queremos una solución política a un conflicto político».

Comentaristes y políticos declárense escandalizaos y quieren que'l partíu aclare eses palabres de la Nuria. Pero, en tou casu, tómenles como si fuesen un hápax, daqué propio solo d'esa rapaza. Pero tán enquivocaos: equí van unes palabres d'Adriana Lastra, vicesecretaria del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez, o sea, más importante que Cristina Desaladores. Estes son, y tán diches el 09/03/2017 a El Huffington Post con motivu del términu "plurinacionalidad":

Ya lo decía Gregorio Peces Barba en el debate constitucional, en España hay varias nacionalidades. Así lo dicen los propios estatutos de Autonomía, lo dice hasta el de Aragón. Y dentro del artículo 2 de la Constitución entra también que España es un Estado plurinacional. Es decir, que España es una nación de naciones culturales y que la soberanía reside en todo el pueblo español. Lo que está claro es que tenemos un problema territorial en España y ahora mismo tenemos encima de la mesa la desconexión catalana. Es un tema que tenemos que resolver con política no tirando del artículo 155.

Parlon, históricamente favorable al derecho a decidir, sí se pronunció de manera inequívoca en contra del referéndum unilateral. «Un referéndum para la autodeterminación asociada a la independencia, y si no es pactado con el Estado», entonces «se sitúa fuera del marco legal vigente», dijo ayer. Parlon ha pedido un informe al secretario municipal en Santa Coloma que aclaró, obviamente, que sus funcionarios «no pueden incumplir la legalidad vigente».