(Trescribo, como davezu, los primeros párrafos)

Incógnitas y palabras hueras pero no inocentes

No cabe el disimulo ante lo que se trata de un delito de rebelión y un golpe de Estado

Xuan Xosé Sánchez Vicente 11.10.2017 | 03:29

No hay disimulo, por más que se envuelva en la palabrería de una declaración de independencia suspendida o aplazada: es un delito de rebelión, un golpe de Estado. Esto es, se ha llegado al final de un camino largamente anunciado. Lo sorprendente es constatar cómo, hasta hoy mismo, un número no pequeño de intelectuales, políticos o empresarios han pensado que la cosa iba de mentira o que, a última hora, habría una marcha atrás en el proyecto de independencia. Buenismo ciego en algunos, ceguera voluntaria en otros. En todo caso, uno de los problemas mayores de la sociedad española en todos estos años de democracia, como ha dicho Felipe González

Falacias. El discurso de Puigdemont se basó, como viene siendo habitual en el relato independentista, en un recorrido lleno de falacias sobre las relaciones en los últimos años entre Cataluña y el resto del Estado: exponiendo las consecuencias y no las causas de los hechos, huyendo de dar datos fundamentales, iluminando el discurso con una doble luz: positivo, democrático y legal lo suyo; negativo, no democrático e ilegal, lo de los demás.

Suspensión, diálogo y mediación. Los tres términos son complementarios en la estrategia del Gobierno catalán. No tienen la intención de buscar un proceso de diálogo y de acuerdo. Tienen, acaso, la de dificultar desde el punto de vista jurídico las sanciones a los individuos y la aplicación de los artículos de la Constitución y las leyes que permitan intervenir la autonomía catalana. Pero el propósito fundamental de ello es el de alargar el tiempo del conflicto, buscando debilitar la postura del Estado y, sobre todo, conseguir que alguna intervención mejore la situación de Cataluña como Estado independiente.

Dicho de otra forma, el diálogo que se pretende es que, a través de la presión internacional, de los conflictos políticos y las tensiones en otras partes de España -que irán aumentando con el tiempo-, una Cataluña independiente negocie con España una relación económica ventajosa y el reconocimiento de Europa.

Incógnitas. No hay, pues, ninguna novedad o incógnita en la postura independentista. Donde sí siguen abiertas las incógnitas es en el campo del Estado y de la legalidad. ¿Cuándo se decidirán los poderes del Estado, el Gobierno y los jueces, a poner en marcha las medidas legales que exigen la ruptura de la legalidad y la rebelión? ¿La añagaza de la independencia cuántica -es y no es, al mismo tiempo- será un obstáculo jurídico para actuar? Esos son los mayores interrogantes en este momento.

Jueces y mossos. Vengo señalando hace tiempo que el éxito del proceso independentista dependería en gran medida de los jueces y de la fuerza armada catalana. De momento, no han aparecido jueces que tengan como legalidad la emanada recientemente del Parlamento catalán, pero es claro que los mossos son una fuerza dependiente de la voluntad del Govern catalán. ¿Qué pasará cuando, en su caso y en su día, los jueces ordenen detener, por ejemplo, a Puigdemont? ¿Tendrán que ir a hacerlo la Policía Nacional o Guardia Civil porque se nieguen los mossos? ¿Lo permitirán los escoltas de Puigdemont? Imaginen la escena.

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