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También fuera de Cataluña (en LNE de güei)

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También fuera de Cataluña

02.10.2017 | 03:32
También fuera de Cataluña
Les es suficiente. Con su relativo éxito de hoy. Aunque no se haya podido votar en muchos lugares, aunque las condiciones del voto y su recuento no tengan ninguna traza de regularidad. Pero las movilizaciones para votar, las cargas policiales en cumplimiento de la ley, la capacidad de la Generalitat para esquivar una y otra vez las órdenes judiciales y la vigilancia del Gobierno (urnas inventadas, cambios de censo, votación de los gerifaltes en colegios distintos a los suyos?), el éxito propagandístico internacional de la ficción de un pueblo víctima de un estado opresor; todo ello les es suficiente para afirmar que "el pueblo" quiere la independencia. Aquí, en LA NUEVA ESPAÑA, titulé en su día "Les basta con un balcón". Lo tienen. Así, que proclamen la independencia en las próximas horas o no depende únicamente de sus propósitos. Si no lo hacen, convocarán elecciones y mantendrán la presión popular hasta entonces.
155 y delito de rebelión. Desde hace meses (y desde luego, con la aprobación de la Ley de Referéndum y la de Desconexión -Ley de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República-) Generalitat y parte del Parlamento vienen anunciando y realizando un delito de rebelión, que ya está consumado antes de la posible declaración de independencia -inmediata o no-. La obligación, jurídica y política, del Gobierno es aplicar el artículo 155 de la Constitución y suspender las funciones del Ejecutivo catalán y gestionar la Administración catalana. El de los tribunales y los jueces, aplicar la ley.
Los mossos y los jueces. En el artículo antedicho explicaba que el desarrollo del conflicto tenía dos piezas fundamentales: la actitud de los mossos d'esquadra y la de los jueces. Hasta ahora no ha aparecido ningún juez, en ninguna instancia, que haya entendido que la legalidad no es otra que la de la Constitución española (del Estado) y la legislación derivada de ella y emanada de las Cortes. Los mossos, sin embargo, se han manifestado claramente como servidores del Gobierno catalán e incumplidores de las órdenes judiciales.
La reacción patriótica. Un aspecto novedoso del conflicto es la manifestación, en gran medida espontánea, de un patriotismo español en las calles y las ventanas de España, esto es, en Cataluña y fuera de ella.
Ruptura social, violencia y emigración. De lo que no cabe duda es que la sociedad catalana se ha dividido y llenado de violencia social. Pero no simétrica. Son quienes no son nacionalistas los que se ven hostigados, insultados, amenazados; quienes tienen miedo a expresarse por temor a verse señalados o a perder sus empleos. No será, pues, extraño que, como ocurrió en Euskadi, muchos ciudadanos abandonen, si pueden, Cataluña. Tampoco lo será que aparezca la violencia, la de la calle, no la policial.
Tontos útiles y compañeros de viaje. Me extraña (bueno, en realidad no me extraña: está en su ser) el entusiasmo con que desde Asturies u otras partes de España se apoya y jalea el independentismo catalán. De producirse la secesión, el coste en empleo y recursos (sanidad, pensiones, inversiones) será enorme para todos. Que ese daño a los tuyos importe un bledo y se aliente es una forma de pensamiento alienada (y progresista).
Se juega fuera. Pero esta batalla no se juega solo en Cataluña. Se juega fuera. Lo que ocurra en Cataluña incidirá, ya lo está haciendo, en el País Vasco. Si Cataluña se fuera, el País Vasco iría a continuación y se abrirían movimientos de reivindicación secesionista en varias partes del territorio. Sin igual fuerza, de distinto resultado, sin duda, pero creadoras de una tensión permanente.
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Güei en LNE: Pasando de todo (Cataluña)

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(Trescribo, como davezu, los primeros párrafos)

Pasando de todo (Cataluña)

Las repercusiones del proceso independentista catalán

29.08.2017 | 03:19
Pasando de todo (Cataluña)
Olviden ustedes lo que era antes el Día del Caudillo, el 1 de octubre, y su presunto referéndum catalán. Pónganse un poco más allá, en la independencia proclamada de Cataluña, ya tras el referéndum, ya tras unas elecciones plebiscitarias. ¿Cuáles serían las consecuencias?
Dramáticas, tanto en Cataluña como en el resto de España. Económicas, sociales y políticas. En Cataluña, más de la mitad de la población se vería despojada de su condición de españoles y obligada a vivir en un territorio donde progresivamente "lo catalán" iría desplazando "lo español" y donde se produciría una presión creciente sobre "los españolistas". En el ámbito económico sería terrible: correrían peligro (al menos durante un tiempo) los servicios públicos por dificultades de financiación, así como el pago de prestaciones sociales y pensiones. Sin banco europeo que les permitiese financiarse, tendrían que acudir a la emisión de bonos, pagarés y belarminos con un altísimo tipo de interés, si es que alguien se animase a prestarles dinero; muchas empresas emigrarían y habría un parón notable en la economía.
En el resto de España padeceríamos otras plagas. Para empezar, tendríamos que correr con la deuda catalana (unos 70.000 millones de euros), que es deuda del Estado español, y habría repercusiones inevitables sobre la prima de riesgo, el crecimiento y el empleo, menores que en el caso catalán pero advertibles. Y, a partir de ahí, Euskadi ser vería obligado a recorrer el mismo camino: sea cual sea la voluntad del PNV actualmente, no tendría otra solución, presionado por el radicalismo abertzale. Seguramente, por otro lado, no se cerraría ahí la lista de comunidades atraídas por el ejemplo.
¿Constituye todo ello un conjunto probable de acontecimientos? Aunque no inevitable, sí. ¿De carácter gravemente dañoso? Sí. ¿Preocupa algo de ello a los españoles? Nada. Únicamente al 2,6%, según la reciente encuesta del CIS. ¿Es que están seguros de que no se va a producir la independencia? ¿Es que les da igual porque desean que los catalanes se larguen de una vez? Algo de ello podrá haber, pero, a mi entender, la razón es que los ciudadanos de este país, salvo en lo que afecta a sus propios intereses inmediatos, pasa de todo o, de otra forma, mantienen una ceguera voluntaria al respecto, que siempre es menos incómodo que poseer la consciencia del peligro y tener que pensar en él o tratar de obrar para evitarlo.
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Parlón y A. Lastra

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Anda la xente escandalizao coles declaraciones de Nuria Parlon (secretaria de Cohesión Social del PSOE, y uno de los puntales de la campaña de primarias de Sánchez en Cataluña) al respective de l'aplicación del artículu 155 de la Constitución en Cataluña, declaraciones que fueron estes: 
«Haremos todos los esfuerzos, si hace falta apelando a la comunidad internacional, para evitar una suspensión de la autonomía (...) No estamos de acuerdo con la suspensión de la autonomía. Queremos una solución política a un conflicto político».


Comentaristes y políticos declárense escandalizaos y quieren que'l partíu aclare eses palabres de la Nuria. Pero, en tou casu, tómenles como si fuesen un hápax, daqué propio solo d'esa rapaza. Pero tán enquivocaos: equí van unes palabres d'Adriana Lastra, vicesecretaria del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez, o sea, más importante que Cristina Desaladores. Estes son, y tán diches el 09/03/2017 a El Huffington Post con motivu del términu "plurinacionalidad":

Ya lo decía Gregorio Peces Barba en el debate constitucional, en España hay varias nacionalidades. Así lo dicen los propios estatutos de Autonomía, lo dice hasta el de Aragón. Y dentro del artículo 2 de la Constitución entra también que España es un Estado plurinacional. Es decir, que España es una nación de naciones culturales y que la soberanía reside en todo el pueblo español. Lo que está claro es que tenemos un problema territorial en España y ahora mismo tenemos encima de la mesa la desconexión catalana. Es un tema que tenemos que resolver con política no tirando del artículo 155.






Parlon, históricamente favorable al derecho a decidir, sí se pronunció de manera inequívoca en contra del referéndum unilateral. «Un referéndum para la autodeterminación asociada a la independencia, y si no es pactado con el Estado», entonces «se sitúa fuera del marco legal vigente», dijo ayer. Parlon ha pedido un informe al secretario municipal en Santa Coloma que aclaró, obviamente, que sus funcionarios «no pueden incumplir la legalidad vigente».

PSOE y referéndun catalán

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Chacón no descarta ahora un referéndum en Cataluña


La exministra del PSOE consideraría una consulta si los catalanes rechazaran la reforma de la Constitución.


(Del 26/02/16).

Y esto ye lo que yo decía en La sonrisa del gatu, unos cuantos díes enantes, en La Nueva España:





Y si vamos a una hora más tarde, durante la rueda de prensa posterior al encuentro, encontrarán una expresión desveladora de lo que maquina don Pedro y de lo satisfecho de sí mismo que se siente por engañarnos a todos pareciendo que dice lo que no dice. Es cuando le preguntan por el referéndum catalán y el derecho de autodeterminación. “Repito lo que siempre he dicho —afirma, más o menos, en su respuesta—: van a participar en ese referéndum todos los españoles: los españoles aquí y los catalanes allí”. Y es ahí cuando pone exactamente la sonrisa que pon el gatu tres segundos antes de devorar al ratu. Porque su frase no quiere decir lo que aparentemente quiere decir (o no dice lo que todo el mundo espera que diga): que habrá un referéndum en Cataluña y el otro en el resto del Estado sobre la independencia de Cataluña. No, lo que él trama es una reforma constitucional donde, además de incluir propuestas “sociales” como la renta mínima, el derecho a la vivienda, a la luz y el agua, las garantías sobre pensiones, sanidad y enseñanza, incluya también la del derecho de autodeterminación (o una reforma “federal” en ese sentido) para quienes quieran ejercerlo. Y piensa él que, en el conjunto de la reforma constitucional, será fácil que se apruebe todo, y que, de ese modo, obtendrá el visto bueno general a través del referéndum de reforma de la Constitución. Tengo pocas dudas, vista su sonrisa de satisfacción por su astucia y su capacidad de engaño, de que es exactamente eso lo que maquina. Y habrá muchas posibilidades de que haya puesto exactamente la misma sonrisa —el mismo esbozo de sonrisa, la misma posición de la cabeza e idéntica forma de soslayar la mirada de quien está enfrente— al sorprender al comité federal anunciando que iba a someter a referéndum entre los militantes los hipotéticos acuerdos para la investidura.

¡El solluttu d'Arias Navarro y el d'Oriol Junqueras!

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Inevitable: relacionar el sollutu d'Arias Navarro al decir "Franco ha muerto" y el de Oriol Junqueras al reconocer la muerte del referéndum el día 9 de payares.


El sollutu de Arias Navarro



Oriol Junqueras se emociona en la radio y llora por la independencia de Cataluña











E

BÁSTA-YOS CON UN BALCÓN

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Agora que ERC propón proclamar la independencia directamente, asoleyo equí l'ensiertu del 24/10/12, que repetía un artículu de La Nueva España del 23.



Escucho y leo con extrañeza a tertulianos y eruditos afirmar con rotundidad que la independencia de Cataluña es imposible porque las leyes y la Constitución no lo permiten o no lo harán posible. Y con enorme entusiasmo despliegan toda su sabiduría en explicar el largo proceso que, pasando por las cortes y por un referéndum entre todos los habitantes de España, sería necesario.

Pero para proclamar la independencia no se necesita más que un balcón donde asomarse y decirlo, como hicieron Companys y Macià en 1931 y 1934. Porque quien se declara independiente de otro entiende que es soberano para hacerlo y, en consecuencia, que la leyes ajenas carecen de cualquier sentido para sí mismo. Es él, a partir de ahora, el único capaz de legislar y obligarse mediante lo legislado; y ello, además, en el entendimiento de que su soberanía, en la cual basa su derecho a proclamarse independiente, era previa a esa afloración de la misma que constituye su manifestación. Por tanto, ningún poder tienen sobre él ninguna ley ni voluntad que no sea las suyas. La soberanía y la independencia son actos políticos, no jurídicos; fuente de juridicidad, no producto de ella. El proclamarse independiente es, en términos lingüísticos, un acto realizativo.

Quizás merezca la pena señalar que ese proceso de emotividad popular ha tomado las dimensiones actuales de forma inopinada. Se ha ido gestando, preparando y motivando durante mucho tiempo, es cierto, pero su eclosión generalizada y virulenta (como la de las flores del milagro de san Luis del Monte, que Feijoo estudió) se ha producido en horas. En este sentido, los manifestantes del día 11 se han puesto por delante de muchos políticos nacionalistas que pretendían ir administrando la situación o preparando el futuro poco a poco; de modo que ahora no pueden estos más que subirse al tigre y cabalgar sobre él sabiendo que ya no podrán bajarse ni refrenar sus ímpetus. Y, por otro lado, si quien sube al balcón tiene la mayoría parlamentaria suficiente y el apoyo popular, ¿qué cabria hacer desde la periclitada legalidad del estado?, ¿mandar los tanques?, ¿encarcelar a todos los dirigentes?, ¿suspender la autonomía y nombrar a dedo gestores de la administración?

Apuntan algunos que a los catalanes no les interesa en verdad la independencia, por importantísimos motivos que se podrían sustanciar en dos: en primer lugar que descendería notablemente su renta per cápita; en segundo lugar, que podría convertirse en un estado paria, fuera de la Unión Europea. Argumentar eso es desconocer que, pese a lo que se diga, la política es mas emoción que razón; y, en segundo lugar, que los políticos harán lo que les exijan sus ciudadanos, aunque conozcan o teman el desastre al que se podrían encaminar.

Es conveniente señalar también que al actual estado de cosas han concurrido no solo los nacionalistas, sino gente de tan poca sustancia como los militantes y dirigentes del PSOE de toda España y de Cataluña. A la cabeza de ellos, Zapatero, quien, entre otras lindezas, afirmaba que la última reforma estatutaria solventaría «el problema catalán» por veinticinco años. El resto de los dirigentes —con nuestro brillante Javier Fernández a la cabeza— en su pos, preparando el camino desde el verano de 2003 en Santillana, con aquel invento discriminador del «federalismo asimétrico» para Cataluña.

Evidentemente la cuestión catalana, su propuesta independentista, va a ser fuente de problemas políticos de enorme gravedad, para ellos y para todos nosotros. Y también económicos. Porque es posible que la incertidumbre del conflicto dificulte nuestra financiación exterior y provoque retracción interior. Si pensamos, además, que a partir de las elecciones vascas probablemente se planteará el conflicto en términos semejantes, emulando los vascos a los catalanes y, a su vez, compitiendo el PNV y Bildu por capitalizar el proceso, el panorama se dibuja ciertamente borrascoso.

A mi modo de ver, no hay más que una forma de enfrentarse al problema y es dar un paso adelante mediante un acuerdo PP-PSOE que, modificando la constitución, reconozca el derecho de autodeterminación y establezca las condiciones para la celebración de referendos de independencia, señalando el quórum necesario para el éxito (un 70 %, por ejemplo, cifra que proponía Xavier Arzallus hace tiempo) y las fórmulas para la indemnización de aquellas personas que no quisieran adoptar la nacionalidad del nuevo estado y prefiriesen abandonarlo.

De esta forma, al eliminar el pretexto de que no existen cauces para la expresión del pueblo, se dificultaría el fait accompli de la independencia unilateral; se proporcionaría una válvula de escape a los políticos nacionalistas que, empujados a proclamar la independencia, dudasen de su conveniencia; y, mediante un acendramiento de los procedimientos democráticos, se trasladarían el problema y la resolución del mismo al propio territorio mismo donde se origina: los partidarios de la independencia deberían enfrentarse y clarificar dificultades y voluntades con todos los conciudadanos de su propio territorio, sin que ahora, frente al exterior, pudiesen oponer una voluntad universal nunca medida, comprobada ni sometida a un debate clarificador.

Artículu de Nicolás Redondo Terreros en El Mundo: reflexión e historia

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 La Constitución es nuestra libertad

POLÍTICA

La Constitución es nuestra libertad

El autor considera un error relacionar la reforma de la Carta Magna con el referéndum independentista catalán Recuerda que, históricamente, el socialismo español antepuso las personas y la fraternidad a los territorios
NADA MÁS lejos de mi intención que incurrir en la sinécdoque Pujol que confunde a Cataluña con su familia, ni tengo mi conciencia familiar mal pagada como para sentirme obligado a poner en práctica el programa político de mi abuelo; pero me resulta imposible en este artículo, en el que expresaré mi oposición personal al referéndum convocado por la Generalitat de Cataluña, no referirme a mi abuelo y a mi padre, que siempre supieron valorar los periodos democráticos de nuestra historia, dramáticamente escasos por cierto. ¡Pasaron tanto tiempo queriendo vivir como lo hacían nuestros vecinos! ¡Sufrieron e hicieron sufrir tanto a los suyos para colaborar en que los españoles olvidaran su condición de súbditos y conquistaran la de ciudadanos! El primero, concejal socialista en Barakaldo durante la II República, fue condenado, una vez finalizada la Guerra Civil, a dos penas de muerte que no fueron ejecutadas gracias al coraje de su madre, que removió Roma con Santiago –en este caso creo que fue Salamanca–, para lograr que su hijo siguiera vivo. Salió de la cárcel, como otros muchos, y siguió combatiendo al régimen franquista, y esa lucha le acarreó además de la ruina económica, varias estancias más en prisión. Durante unos interrogatorios que fueron más allá de lo soportable, y en un descuido de la Policía franquista, intentó quitarse la vida arrojándose desde el tercer piso donde le tenían retenido. Por suerte no logró su objetivo, pero a cambio le quedó una cojera que disimulaba tan bien que yo no pude descubrir cuando habitualmente me venía a recoger al instituto al finalizar las clases. Siempre le vi una mirada triste y una sonrisa que encubría todo lo que había sufrido. A él le siguió en la lucha por la libertad y la democracia en España, su hijo. Su historia es más conocida por todos y no tengo necesidad de resumirla. Hoy olvidado por muchos de los suyos, mi padre vive plácidamente retirado porque nunca esperó recompensa alguna por su lucha. Podemos decir que ni debe ni le deben.
Ninguno de los dos nos ha dejado herencias para disfrutar, ni silencios que rellenar, ni ausencias que disimular, ni programas políticos que cumplir. Nuestra herencia no proviene de ningún testamento, sino de su comportamiento cabal, que nos creó la obligación de defender lo que defendieron, de luchar por lo que lucharon y de seguir aportando nuestro granito de arena para que los ciudadanos de este país sean más plenamente ciudadanos, sean más libres y gocen de mayor igualdad.
Mi causa no es una Constitución concreta, como no lo fue la suya, mi causa no es la Monarquía o la República; la razón de mi compromiso político, que desborda el ámbito partidario, sigue siendo la defensa de la libertad y la igualdad ante la ley de los ciudadanos españoles. Es la defensa de la democracia, que no es otra cosa que el punto de unión entre la libertad individual y la ley. Por eso hoy defiendo la Constitución del 78, que representa todos estos valores y que nos ha permitido vivir un largo periodo de paz y libertad, sin cárceles ni exilios para los adversarios, para los disidentes.
Hoy ante el irreflexivo reto de los nacionalistas catalanes, ante su exuberante demostración de insolidaridad, ante su particularismo desagradable, nos debemos oponer sin matices. Pero no sólo por estas razones; también, y sobre todo, porque el éxito de sus demandas representaría el más rotundo fracaso de la ciudadanía y porque su pretensión nos roba al resto de los españoles el derecho a decidir nuestro futuro, a autodeterminarnos, como lo hacemos cada vez que depositamos nuestro voto en las urnas.
No estoy en contra de las reformas, no me aqueja el mal del misoneísmo, tan tristemente español como el de los pronunciamientos, antaño militares y hoy civiles que cuentan con toda la fuerza de las instituciones, que puede ser más poderosa que «los cascos de los caballos». Podemos pensar en renovar nuestro marco constitucional, pero no para dar satisfacción a los independentistas catalanes, sino para encontrar formas mejores de participación de todos los ciudadanos en el espacio público, de todos, y por supuesto nunca bajo la amenaza de un chantaje intolerable, sino con la razón como instrumento y todos los ciudadanos españoles, incluidos los catalanes, como objetivo.
Hoy es el momento de defender la Constitución del 78; relacionar su modernización con el referéndum independentista, con soluciones federales o asimétricas, es asegurar no que los nacionalistas en España nunca pierden, algo que todos sabíamos, sino que han empezado un periodo en el que siempre ganan.
NO CREO que este artículo se diferenciaría mucho del que pudiera escribir un socialista francés, un laborista británico, lo acaban de hacer en Escocia, o un socialdemócrata alemán. Todos ellos desde su perspectiva ideológica saben lo que son, saben lo que quieren, y les resultaría insoportable la derrota en su país de la ley a manos de la arbitrariedad, que en ocasiones puede beneficiar a su facción pero siempre perjudica al conjunto.
Tampoco desentonaría en Indalecio Prieto o en Julián Besteiro –y probablemente a Pablo Iglesias le parecería innecesario–, cuando estaba más claro en el socialismo español que su objetivo eran las personas y no los territorios, los menos favorecidos y no las etnias, cuando la fraternidad era más importante que el particularismo y la nación el ámbito en el que se desarrollaban las tensiones sociales.
Prieto dejó su testamento en México, cuando al lado de una escultura del fundador del partido socialista se declaró doblemente español, sin necesidad de adjetivos, y el catedrático de Lógica dejó el suyo en unas intervenciones radiofónicas que son una de las más bellas y honorables páginas de un periodo dramático para España, el de la Guerra Civil; muriendo unos meses más tarde en Carmona, rodeado de curas vascos, simbolizando perfectamente que la contienda española fue eso, una triste guerra entre españoles, y no una guerra de los españoles contra Cataluña o contra Euskadi, como intentan hacernos ver los nacionalistas.
Por ello me asombra el silencio de los sindicatos y me preocuparía si el PSOE en estos momentos buscara una diferencia con el PP, que le debilitaría más que lo que le distinguiría. Yo creo que hoy los ciudadanos, desde las discrepancias, desde las diferencias, desde el reconocimiento de los conflictos que se producen en una sociedad democrática abigarrada de contradicciones, debemos apoyar al Gobierno de Rajoy en la defensa de nuestros derechos… Luego ya veremos.
Nicolás Redondo Terreros. Presidente de la Fundación para la Libertad.

EL ARTEFACTO DEL PSOE

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«Oye», dijo Rubalcaba, «sube al desván y mira a ver qué encontramos que nos pueda servir para salir de esta». Y Elena Valenciano subió y bajo con ello. «Es lo único que tenemos por ahí, este artefacto». Rubalcaba lo contempló con cierta duda, dio una vuelta en torno a él, sopló para quitarle un poco de polvo y manifestó: «Bueno a fin de cuentas nos ha funcionado desde el 2003 al 2010, ¿por qué no iba a servirnos ahora con unos retoques?» Y ahí lo tiene ustedes otra vez, el viejo artefacto federal. Es el mismo cuyo estandarte levantaron Maragall y Zapatero en Santillana y llevaron en procesión seguidos de los pendones de todas las federaciones del PSOE, unos de cuyos más conspicuos portaestandartes fueron don Javier Fernández y la tropa socialista asturiana.


A comienzos de siglo el artefacto tenía una cuádruple misión: arrebatar la hegemonía a los nacionalistas en Cataluña; solucionar el problema catalán, si no definitivamente al menos «para veinticinco años»; contentar al PSC y hacer menos conflictiva su relación con la casa madre; marginar al PP o, al menos, hacerlo aparecer como la derecha torva e incapaz de dialogar. Hoy la finalidad del ingenio ha quedado reducida a la de contentar al PSC y la de distinguirse del PP invistiéndolo de idéntico sambenito. En cuanto a los otros previstos frutos de la pócima mágica, de un lado, ya ven cómo anda de «solucionada» la cuestión catalana; de otro, el PSOE ha pasado de 1183000 votos y 53 diputados a 524.000 votos y 20 diputados. ¡Menudo bálsamo de Fierabrás para ellos mismos! Aunque es cierto que lo comido y lo bailado que se lo quiten a los que lo comieron y lo bailaron mientras el artefacto les permitió gozar del poder en cama redonda.
Pero supongamos que el propósito del PSOE es serio y que creen de verdad en el artilugio. ¿Qué es para ellos un estado federal? Porque estados federales los hay de muchos tipos y, en todo caso, España es ya un estado federal. ¿Cuál es el que ellos preconizan? Lo ignoran ustedes tanto como ellos. Porque para estos chicos el único contenido de la palabra es el propio significante. «Lindo es palabra que se significa a sí misma», decía el poeta Fernando de Herrera. Pues igual para ellos. Y como «federal» es palabra euforizante, pues ¡adelante!
Pero vayamos más allá. Supongamos que se realizase la propuesta que, en su caso, los chicos socialistas pergeñasen. ¿Arreglaría eso algún problema? Para que existan acuerdos, más allá de la palabra euforizante de «diálogo», es necesario que ambas partes estén dispuestas a llegar a un punto común. ¿Creen ustedes que CiU y ERC estarían dispuestos a llegar a convenio alguno que no incluyese el derecho a la independencia, que el PSOE dice que de ninguna manera está entre las materias negociables? Y aun si CiU estuviese en su fuero interno dispuesta a esa renuncia, ¿podría hacerlo sin ser devorada electoralmente por ERC, con lo que se estaría en igual situación?
Y ahora vengan ustedes al conjunto de España. ¿Qué sería del partido de ámbito estatal que aceptase una solución de ese tipo para Cataluña, la del derecho a la independencia? Más allá: si para el PSOE sería un desastre relativo, para el PP sería una hecatombe absoluta. De modo que tampoco por aquí son posibles las cosas. Y, desde otro punto de vista, en la hipótesis marciana de que la nueva constitución (de obligado acuerdo entre PP y PSOE y los partidos CiU y ERC) incluyese ese derecho, ¿no debería incluirlo asimismo —por la fuerza de los hechos— para Euskadi? Y, en ese caso, no debería incluirlo, por un mínimo decoro democrático, para todas las «nacionalidades y regiones». Párense un segundo y piénsenlo. ¿Recorre su espinazo algún escalofrío?
Figurémonos ahora que el artefacto incluyese alguna fórmula distinta de la actual para la permanencia de Cataluña en España, que los catalanistas aceptasen y que, además, se les concediese una financiación a la carta que les permitiese aportar menos dinero al conjunto (en la línea precisamente que la procesión del estandarte y los pendones acabó entronizando en el Estatut de Mas y Zapatero, y que el Constitucional acabó anulando), lo que muchos piensan que es, en el fondo, lo único que quieren los catalanistas. En mi opinión creo que es una ingenuidad abismática pensar que en estos momentos la mera cuestión económica solucionaría el conflicto. Pero démoslo por bueno. Concedamos que los catalanes quedarían satisfechos con un arreglo pecuniario que reforzase en los demás la condición de ciudadanos de segunda —como ya lo somos con respecto a vascos y navarros—, con peores servicios, con peores comunicaciones, con menos dotaciones sociales y sanitarias.
Cuando lo llamasen a votar ese nuevo texto constitucional engendrado mediante el artefacto socialista, ¿usted qué votaría? Yo, desde luego, votaría que no, rotundamente que no. Pues no faltaría más que eso: devenir en bardaje (que es palabra que, como todo el mundo sabe, viene del pelvi «bardag, ‘cautivo’») voluntario, y encima «a jornal de mi pena y mi cuidado», en palabras de don Francisco de Quevedo.


Ya se lo anunciamos aquí hace tiempo

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Como les habíamos dicho aquí que se haría y cómo se haría. Ver Consulta catalana con gabita del Constitucional, el 18/12/13, nesti blog. Tal cual. Ahí lo tienen, abajo, para que no tengan que buscar.

Mas convocará la consulta aunque el Gobierno no negocie

El presidente catalán asegura que la convocará de todas formas con "mecanismos legales propios"

Artur Mas ha manifestado que convocará la consulta el próximo 9 de noviembre "a través de las leyes catalanas propias que, a través del Parlament, sirvan para hacer una consulta, aunque no sea un referéndum. Al fin y al cabo, con una consulta popular también sabremos la opinión de los catalanes".

¿Hasta dónde van a llegar? ¿Se atreverán a salir al balcón de la Plaza San Jaume otra vez? ¿Convocarán una consulta pese a que se prohíba? Y el Gobierno y otras fuerzas, ¿se atreverán a suspender, en ese caso, la autonomía catalana? ¿Llevarán a los tribunales a dirigentes catalanes por haber cometido un delito? Pues no lo sé, e ignoro si ellos lo saben o lo tienen decidido en este momento. Lo que tengo por seguro es que, a partir de ahora, se inicia un largo viaje de pleitos y contrapleitos en los tribunales. Y al final…

De momento, a lo que los invito es a que escuchen las palabras. Como siempre les digo a mis alumnos, las palabras nos desvelan: las que pronunciamos, las que callamos, incluso aquellas que decimos para mentir; oídos con atención somos una urna transparente. Pues bien, si ustedes escuchan a los convocantes del acto indagatorio del 9 de noviembre de 2014 (ERC, CiU, ICV y otros), se darán cuenta de que lo que dicen siempre es que van a convocar «una consulta», y que evitan cuidadosísimamente la palabra «referéndum». En uno de los muchos ejemplos de esa actitud, la portavoz adjunta del grupo parlamentario de ERC, Anna Simó, durante una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, el día 14 del mes en curso, cada vez que este hablaba de «referéndum» ella respondía utilizando «consulta». Es más, en un momento determinado ella replica: «No es un referéndum, es una consulta, ya nos hubiese gustado que fuese un referéndum, un referéndum implica negociarlo con el Estado, que sería para nosotros la mejor opción».

Anna o Ana Simón o Simó
Detrás de esta preferencia se encuentra la sentencia del Tribunal Constitucional del 28/06/2010, que es la que ha abierto para los independentistas y compañeros de viaje (¡Ah, manes de la III Internacional!) esa vía de «la consulta». Veamos cómo. La redacción inicial del artículo 122 del estatuto zapaterino-masino-socialistino salió de la siguiente manera del Parlament: «Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalidad o por los entes locales en el ámbito de sus competencias de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular». La intención manifiesta de al menos algunos de quienes suscribieron el texto era la de colar por esa vía la posibilidad de un referéndum sobre las relaciones de Cataluña con el resto de España (incluida una consulta de independencia). Como ello se sabía, el Congreso de los Diputados, cuya comisión Constitucional presidía el feroche Alfonso Guerra, que lo mismo come niños crudos que cepilla inconstitucionalidades estatutarias y que se cubrió de ridículo durante la tramitación del Estatut, añadió: «con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución».

Como se sabe, el Partido Popular recurrió el estatuto catalán por entender inconstitucionales varios de sus artículos. Pues bien, en lo tocante al citado 122, el de las consultas populares, el TC lo declaró válido con respecto a las «consultas populares»: «En consecuencia, el art. 122 EAC no es inconstitucional interpretado en el sentido de que la excepción en él contemplada se extiende a la institución del referéndum en su integridad, y no sólo a la autorización estatal de su convocatoria, y así se dispondrá en el fallo». Porque los sabios del Constitucional, capaces de cuantificar cuántos ángeles, ángelas y angelarrobos caben en la cabeza de un alfiler, pero un poco angélicos ellos en cuanto al mundo real, entendieron que bajo el título de consultas populares, podían incluirse cosas perfectamente lícitas como «encuestas, audiencias públicas y foros de participación». ¡Como si a alguien le interesase organizar un parareferéndum sobre ello!

He ahí a dónde se agarran los independentistas y compañeros de viaje para llevar adelante su «consulta» (en ningún caso su «referéndum»), que si es cierto que no tendría carácter vinculante y legislativo, sería, sin embargo, un formidable instrumento de presión, de ser sus resultados positivos para los convocantes.

Cuando a los pocos meses de ser elegido senador, en 1977, dimitió de su escaño Wenceslao Roces, lo sustituyó, mediante elección y presentado por el PSOE, mi amigo y buen escritor, después ministro de Exteriores, Fernando Morán López. Pues bien, procedente del PSP, partido enormemente crítico con el PSOE, Fernando Morán fue recibido por Alfonso Guerra antes de comenzar el proceso electoral. Guerra enseñó a Morán un extenso dossier y le dijo «Esto es todo lo que has dicho en contra del PSOE. Ahora, sin contradecirte, arréglate para decir exactamente lo contrario». Pues bien, en alguna medida, el TC deberá ahora subsanar su alegre suponer de que bajo la forma de «consulta popular» podía alguien pretender averiguar el color preferido de los catalanes para pintar la pared oeste de las masías.

Añádase a todo ello que no existe en el Estado ningún texto de legislación primaria que diga lo que es un «referéndum», para saberlo hay que acudir al saber experiencial, a los diccionarios o a la historia. Porque ni los artículos que contienen la palabra en la Constitución Española ni la chapucera «Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum» —que se hizo para arreglar aquella irregularidad chambona que fue el estatuto andaluz— nos dicen qué diablos es el concepto que la palabra encierra. Es cierto que el Tribunal Constitucional ha hecho una definición del mismo, de una forma tangencial, en la sentencia que, sobre una pretensión semejante del Gobierno vasco y Juan José Ibarretxe, emitió en 2008.

Pero, hasta que el TC vuelva a reiterar su doctrina sobre lo que es un referéndum, el Parlamento Catalán elaborará una Ley de Consultas en donde, bajo la idea de esa oposición entre «consulta» y «referéndum», trate de sortear todos los obstáculos conocidos y poner todas las salvaguardas posibles. Y, a partir de ahí, una larga cadena de pleitos y recursos, en que, ante todo, irán haciendo progresar la idea de que se impide la libre expresión de la voluntad popular catalana y de que se niegan las competencias que el propio Tribunal Constitucional permitió tras sucesivos y agraviadores recortes competenciales.

CONSULTA CATALANA CON GABITA DEL CONSTITUCIONAL

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¿Hasta dónde van a llegar? ¿Se atreverán a salir al balcón de la Plaza San Jaume otra vez? ¿Convocarán una consulta pese a que se prohíba? Y el Gobierno y otras fuerzas, ¿se atreverán a suspender, en ese caso, la autonomía catalana? ¿Llevarán a los tribunales a dirigentes catalanes por haber cometido un delito? Pues no lo sé, e ignoro si ellos lo saben o lo tienen decidido en este momento. Lo que tengo por seguro es que, a partir de ahora, se inicia un largo viaje de pleitos y contrapleitos en los tribunales. Y al final…

De momento, a lo que los invito es a que escuchen las palabras. Como siempre les digo a mis alumnos, las palabras nos desvelan: las que pronunciamos, las que callamos, incluso aquellas que decimos para mentir; oídos con atención somos una urna transparente. Pues bien, si ustedes escuchan a los convocantes del acto indagatorio del 9 de noviembre de 2014 (ERC, CiU, ICV y otros), se darán cuenta de que lo que dicen siempre es que van a convocar «una consulta», y que evitan cuidadosísimamente la palabra «referéndum». En uno de los muchos ejemplos de esa actitud, la portavoz adjunta del grupo parlamentario de ERC, Anna Simó, durante una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, el día 14 del mes en curso, cada vez que este hablaba de «referéndum» ella respondía utilizando «consulta». Es más, en un momento determinado ella replica: «No es un referéndum, es una consulta, ya nos hubiese gustado que fuese un referéndum, un referéndum implica negociarlo con el Estado, que sería para nosotros la mejor opción».

Anna o Ana Simón o Simó
Detrás de esta preferencia se encuentra la sentencia del Tribunal Constitucional del 28/06/2010, que es la que ha abierto para los independentistas y compañeros de viaje (¡Ah, manes de la III Internacional!) esa vía de «la consulta». Veamos cómo. La redacción inicial del artículo 122 del estatuto zapaterino-masino-socialistino salió de la siguiente manera del Parlament: «Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalidad o por los entes locales en el ámbito de sus competencias de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular». La intención manifiesta de al menos algunos de quienes suscribieron el texto era la de colar por esa vía la posibilidad de un referéndum sobre las relaciones de Cataluña con el resto de España (incluida una consulta de independencia). Como ello se sabía, el Congreso de los Diputados, cuya comisión Constitucional presidía el feroche Alfonso Guerra, que lo mismo come niños crudos que cepilla inconstitucionalidades estatutarias y que se cubrió de ridículo durante la tramitación del Estatut, añadió: «con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución».

Como se sabe, el Partido Popular recurrió el estatuto catalán por entender inconstitucionales varios de sus artículos. Pues bien, en lo tocante al citado 122, el de las consultas populares, el TC lo declaró válido con respecto a las «consultas populares»: «En consecuencia, el art. 122 EAC no es inconstitucional interpretado en el sentido de que la excepción en él contemplada se extiende a la institución del referéndum en su integridad, y no sólo a la autorización estatal de su convocatoria, y así se dispondrá en el fallo». Porque los sabios del Constitucional, capaces de cuantificar cuántos ángeles, ángelas y angelarrobos caben en la cabeza de un alfiler, pero un poco angélicos ellos en cuanto al mundo real, entendieron que bajo el título de consultas populares, podían incluirse cosas perfectamente lícitas como «encuestas, audiencias públicas y foros de participación». ¡Como si a alguien le interesase organizar un parareferéndum sobre ello!

He ahí a dónde se agarran los independentistas y compañeros de viaje para llevar adelante su «consulta» (en ningún caso su «referéndum»), que si es cierto que no tendría carácter vinculante y legislativo, sería, sin embargo, un formidable instrumento de presión, de ser sus resultados positivos para los convocantes.

Cuando a los pocos meses de ser elegido senador, en 1977, dimitió de su escaño Wenceslao Roces, lo sustituyó, mediante elección y presentado por el PSOE, mi amigo y buen escritor, después ministro de Exteriores, Fernando Morán López. Pues bien, procedente del PSP, partido enormemente crítico con el PSOE, Fernando Morán fue recibido por Alfonso Guerra antes de comenzar el proceso electoral. Guerra enseñó a Morán un extenso dossier y le dijo «Esto es todo lo que has dicho en contra del PSOE. Ahora, sin contradecirte, arréglate para decir exactamente lo contrario». Pues bien, en alguna medida, el TC deberá ahora subsanar su alegre suponer de que bajo la forma de «consulta popular» podía alguien pretender averiguar el color preferido de los catalanes para pintar la pared oeste de las masías.

Añádase a todo ello que no existe en el Estado ningún texto de legislación primaria que diga lo que es un «referéndum», para saberlo hay que acudir al saber experiencial, a los diccionarios o a la historia. Porque ni los artículos que contienen la palabra en la Constitución Española ni la chapucera «Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum» —que se hizo para arreglar aquella irregularidad chambona que fue el estatuto andaluz— nos dicen qué diablos es el concepto que la palabra encierra. Es cierto que el Tribunal Constitucional ha hecho una definición del mismo, de una forma tangencial, en la sentencia que, sobre una pretensión semejante del Gobierno vasco y Juan José Ibarretxe, emitió en 2008.

Pero, hasta que el TC vuelva a reiterar su doctrina sobre lo que es un referéndum, el Parlamento Catalán elaborará una Ley de Consultas en donde, bajo la idea de esa oposición entre «consulta» y «referéndum», trate de sortear todos los obstáculos conocidos y poner todas las salvaguardas posibles. Y, a partir de ahí, una larga cadena de pleitos y recursos, en que, ante todo, irán haciendo progresar la idea de que se impide la libre expresión de la voluntad popular catalana y de que se niegan las competencias que el propio Tribunal Constitucional permitió tras sucesivos y agraviadores recortes competenciales.