CONSULTA CATALANA CON GABITA DEL CONSTITUCIONAL

¿Hasta dónde van a llegar? ¿Se atreverán a salir al balcón de la Plaza San Jaume otra vez? ¿Convocarán una consulta pese a que se prohíba? Y el Gobierno y otras fuerzas, ¿se atreverán a suspender, en ese caso, la autonomía catalana? ¿Llevarán a los tribunales a dirigentes catalanes por haber cometido un delito? Pues no lo sé, e ignoro si ellos lo saben o lo tienen decidido en este momento. Lo que tengo por seguro es que, a partir de ahora, se inicia un largo viaje de pleitos y contrapleitos en los tribunales. Y al final…

De momento, a lo que los invito es a que escuchen las palabras. Como siempre les digo a mis alumnos, las palabras nos desvelan: las que pronunciamos, las que callamos, incluso aquellas que decimos para mentir; oídos con atención somos una urna transparente. Pues bien, si ustedes escuchan a los convocantes del acto indagatorio del 9 de noviembre de 2014 (ERC, CiU, ICV y otros), se darán cuenta de que lo que dicen siempre es que van a convocar «una consulta», y que evitan cuidadosísimamente la palabra «referéndum». En uno de los muchos ejemplos de esa actitud, la portavoz adjunta del grupo parlamentario de ERC, Anna Simó, durante una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, el día 14 del mes en curso, cada vez que este hablaba de «referéndum» ella respondía utilizando «consulta». Es más, en un momento determinado ella replica: «No es un referéndum, es una consulta, ya nos hubiese gustado que fuese un referéndum, un referéndum implica negociarlo con el Estado, que sería para nosotros la mejor opción».

Anna o Ana Simón o Simó

Detrás de esta preferencia se encuentra la sentencia del Tribunal Constitucional del 28/06/2010, que es la que ha abierto para los independentistas y compañeros de viaje (¡Ah, manes de la III Internacional!) esa vía de «la consulta». Veamos cómo. La redacción inicial del artículo 122 del estatuto zapaterino-masino-socialistino salió de la siguiente manera del Parlament: «Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalidad o por los entes locales en el ámbito de sus competencias de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular». La intención manifiesta de al menos algunos de quienes suscribieron el texto era la de colar por esa vía la posibilidad de un referéndum sobre las relaciones de Cataluña con el resto de España (incluida una consulta de independencia). Como ello se sabía, el Congreso de los Diputados, cuya comisión Constitucional presidía el feroche Alfonso Guerra, que lo mismo come niños crudos que cepilla inconstitucionalidades estatutarias y que se cubrió de ridículo durante la tramitación del Estatut, añadió: «con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución».

Como se sabe, el Partido Popular recurrió el estatuto catalán por entender inconstitucionales varios de sus artículos. Pues bien, en lo tocante al citado 122, el de las consultas populares, el TC lo declaró válido con respecto a las «consultas populares»: «En consecuencia, el art. 122 EAC no es inconstitucional interpretado en el sentido de que la excepción en él contemplada se extiende a la institución del referéndum en su integridad, y no sólo a la autorización estatal de su convocatoria, y así se dispondrá en el fallo». Porque los sabios del Constitucional, capaces de cuantificar cuántos ángeles, ángelas y angelarrobos caben en la cabeza de un alfiler, pero un poco angélicos ellos en cuanto al mundo real, entendieron que bajo el título de consultas populares, podían incluirse cosas perfectamente lícitas como «encuestas, audiencias públicas y foros de participación». ¡Como si a alguien le interesase organizar un parareferéndum sobre ello!

He ahí a dónde se agarran los independentistas y compañeros de viaje para llevar adelante su «consulta» (en ningún caso su «referéndum»), que si es cierto que no tendría carácter vinculante y legislativo, sería, sin embargo, un formidable instrumento de presión, de ser sus resultados positivos para los convocantes.

Cuando a los pocos meses de ser elegido senador, en 1977, dimitió de su escaño Wenceslao Roces, lo sustituyó, mediante elección y presentado por el PSOE, mi amigo y buen escritor, después ministro de Exteriores, Fernando Morán López. Pues bien, procedente del PSP, partido enormemente crítico con el PSOE, Fernando Morán fue recibido por Alfonso Guerra antes de comenzar el proceso electoral. Guerra enseñó a Morán un extenso dossier y le dijo «Esto es todo lo que has dicho en contra del PSOE. Ahora, sin contradecirte, arréglate para decir exactamente lo contrario». Pues bien, en alguna medida, el TC deberá ahora subsanar su alegre suponer de que bajo la forma de «consulta popular» podía alguien pretender averiguar el color preferido de los catalanes para pintar la pared oeste de las masías.

Añádase a todo ello que no existe en el Estado ningún texto de legislación primaria que diga lo que es un «referéndum», para saberlo hay que acudir al saber experiencial, a los diccionarios o a la historia. Porque ni los artículos que contienen la palabra en la Constitución Española ni la chapucera «Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum» —que se hizo para arreglar aquella irregularidad chambona que fue el estatuto andaluz— nos dicen qué diablos es el concepto que la palabra encierra. Es cierto que el Tribunal Constitucional ha hecho una definición del mismo, de una forma tangencial, en la sentencia que, sobre una pretensión semejante del Gobierno vasco y Juan José Ibarretxe, emitió en 2008.

Pero, hasta que el TC vuelva a reiterar su doctrina sobre lo que es un referéndum, el Parlamento Catalán elaborará una Ley de Consultas en donde, bajo la idea de esa oposición entre «consulta» y «referéndum», trate de sortear todos los obstáculos conocidos y poner todas las salvaguardas posibles. Y, a partir de ahí, una larga cadena de pleitos y recursos, en que, ante todo, irán haciendo progresar la idea de que se impide la libre expresión de la voluntad popular catalana y de que se niegan las competencias que el propio Tribunal Constitucional permitió tras sucesivos y agraviadores recortes competenciales.

Así funciona en realidá la política

Ayer, na Nueva España, Pilar Rubiera asoleyaba un magníficu "curtiu" qu'exemplifica magníficamente la miseria de la política habitual. Alluma, como vengo apuntando a los mios llectores continuamente, que quienes deciden los temes de debate, imponen normes (o caprichos) y redacten lleis nun son en xeneral los políticos, sinón pequeños grupos de presión que son capaces de lleva-y al políticu una novedá, de presionalu o de facelu sentir que ye necesario quedar bien con ellos pa quedar bien cola sociedá en xeneral. Mas entovía, un montón de vegaes ye un solu funcionariu o espertu el que dicta lo que tien que ser y condiciona al restu la sociedá dende la so óptica o el so caprichu. Y tocántenes a la mierdina que son tantes persones que paecen inflase como sapos y qu'anden tol día faciendo como que comen a la xente crudo, pueden ver lo que son de verdá nel testu de Pila Rubiera, magnífica, como siempre.

Marín y Guerra

Leo una interesante entrevista a Manuel Marín, el socialista que presidió el Congreso y que negoció el ingreso de España en Europa. Y dice respecto al control político de las instituciones: «Los partidos controlan con el mando a distancia a todas ellas: la Comisión del Mercado de Valores, la de la Energía, la de Telecomunicaciones, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional. Así que, todo el sistema institucional, como se dice en mecánica, se ha "gripado", ha dejado de funcionar normalmente por la invasión de la política y de los partidos». Leo en otra entrevista, esta vez a Alfonso Guerra, por qué se opuso a que el PSOE legalizara el aborto de menores de edad sin consentimiento paterno: «Hice una especie de encuesta en el grupo parlamentario y nadie estaba de acuerdo, entonces, ¿por qué lo hacemos? Fui a ver a la responsable de igualdad del partido y tampoco estaba de acuerdo, ¿por qué lo hacemos? Pues porque un grupo de mujeres había cogido por banda al presidente Zapatero». El socialismo empieza a reconocer su deshonrosa banalización.

por Pilar Rubiera pa La Nueva España del 03/06/2013

Cómo fue lo de Cataluña: ¿qué es "federalismo" para el PSOE?

Sigo equí publicando dellos artículos de los que, dende la decisión de 2033, del PSOE de defender el "federalismu asimétricu" pa Cataluña en detrimentu de los asturianos, asoleyé na Nueva España. Esti ye del 22/08/2004.

QUIÉN TIENE LA SARTÉN POR EL MANGO (A PROPÓSITO DE LAS REFORMAS ESTATUTARIAS) (22/08/2004)

            Asistimos estos meses en toda España a discusiones sobre el derecho de cada comunidad autónoma a ser llamada “nacionalidad”, “comunidad histórica” u otros términos semejantes, en relación con las futuras reformas estatutarias que PSOE y otros partidos impulsan. Dichas discusiones son, a veces, eruditas; apasionadas, en muchas ocasiones; absolutamente ingenuas, casi siempre. Porque lo que está en discusión no es si Pelayo es anterior a Wifredo el Velloso o si el Reino de Asturies es “más” que el Condado de Cataluña, en relación a derechos de origen. Todo eso es absolutamente indiferente y solo desde la más absoluta inocencia (o mala conciencia) se puede pensar que es ese el fondo de la cuestión.

            Desde 1980, una parte importante de las organizaciones políticas catalanas y vascas vienen manifestando su desacuerdo con la actual estructura del Estado y requiriendo un estatus diferente: parte de ellos, los independentistas, quieren dejar de ser españoles; otra, los arreblagantes, desean estar con un pie dentro y otro fuera, y por eso demandan un estatuto diferente que los coloque definitivamente en esa situación, pero, en todo caso, “por encima” del resto de las autonomías (o nacionalidades, al gusto del lector). Existen, asimismo, otros partidos y comunidades —aquí no citadas— donde se tienen pretensiones semejantes; pero su voluntad es irrelevante. Lo que hace relevante la voluntad de vascos y catalanes es que: a) una parte de su sociedad así lo demanda y ello se traduce en el voto a partidos o facciones de partidos que vehiculan esa demanda y la convierten en el eje de su política, b) los votos de esos partidos en Madrid gozan de coyunturas oportunas para condicionar el Gobierno central. Esto es lo que ha venido ocurriendo en el caso de Cataluña (primero con CiU, ahora con la facción maragalliana del PSOE). En el caso de Euskadi su capacidad de presión proviene de fuentes distintas: de la presencia del crimen como sustrato importante de la actividad política; de la ocupación de la sociedad por el PNV, que se ha convertido en el PRI vasco, y su permanencia en el gobierno desde la desaparición de la dictadura.

            De modo que lo que realmente está en discusión hoy no es quién ha sido en el pasado, sino quién es en el presente y, por tanto, quién tiene la capacidad de decidir cómo va a ser en el futuro. Es decir, quién tiene la sartén por el mango (o, en términos más explícitos y vulgares, quién tiene agarrado al que manda por sus partes sensibles). Lo que opinen los que no tienen esa capacidad de presión o lo que hayan sido sus respectivas historias es, al efecto, absolutamente evanescente.

            Si la discusión de los términos “nacionalidad” y “región” tiene, con respecto a la materia, alguna importancia es porque el artículo 2º de la Constitución cita esos dos vocablos, sin especificar qué comunidades son unas u otras y cuáles son los contenidos reales (financieros, políticos) de esa distinción. Una reforma estatutaria “arreblagante” y discriminatoria podría basar en ese texto, aunque fuese trayendo las razones por los pelos, su justificación, sin necesidad —subrayémoslo— de modificar la Constitución. De ahí que, en el caso de Cataluña y el PSOE, las palabras sean vitales: permitirían modificar sustancialmente la Constitución y establecer diferencias entre ciudadanos, sin que lo pareciese. El caso de Euskadi es diferente: en lo jurídico tendría su base, para un episodio arreblagante, en la disposición adicional primera de la Constitución, mientras que, en lo político, entre otras cosas, no necesita tener “miramientos” con ninguna organización de ámbito estatal.

            En todo este proceso de discusión, el papel del PSOE y del PP en Asturies es realmente ejemplar. Ambos son partidos centralistas (constitutiva y visceralmente centralistas), han apoyado siempre las reformas tendentes a reducir la autonomía asturiana y han votado en contra de cualquier pretensión diferenciadora (por ejemplo, en la reforma de 1998, han votado en contra de la propuesta del PAS de que Asturies fuese denominada “nacionalidad” o de que pudiera convocar elecciones cuando quisiese). En el caso del PSOE, además, ha apoyado siempre las pretensiones arreblagantes de Maragall y ha suscrito la Declaración de Santillana —que para eso fue redactada—. Que a unos, ahora, al PP, les haya entrado un virus pelayista, y que otros, el PSOE, pongan cara de dignidad y digan que no admitirán estatutos con diferencias, es, por una parte, hilarante y, por otra, una absoluta mentira y una burla sangrante: eso es lo que han venido, hasta hoy, abonando, propiciando y sosteniendo.

            Pero es que, sobre todo, ellos saben de sobra, como perrinos fieles que son de sus respectivos dueños, que cuando su señor se lo mande, pasarán por donde tengan que pasar y se conformarán con las sobras de la comida que el amo tenga a bien echarles. Y eso, el fingimiento de su capacidad para ser algo más que lo que les dejen ser, es la mayor mentira que, desde siempre, y especialmente en este tema, vienen contando a los asturianos.

            De modo que los asturianos, en esti marabayu de reformas estatutarias y constitucionales, tendremos no el reflejo de lo que ha sido nuestra historia en el pasado ni la imagen de lo que somos o creemos ser en el presente, sino lo que, en el conjunto de la política española, representa el saldo de lo que hemos querido valer hasta ahora con nuestros votos: nada.

¿Cómo fue lo de Cataluña? El PSOE, insolidario

Sigo equí recordando cómo se fueren aperiando los caminos que llevaren a l'actual situación de Cataluña, el pesu decisivu que nello tuvo'l PSOE y cómo, nesi camín, dexó delláu -col discursu de la solidaridá- la igualdá ente los ciudadanos, al tiempu que sacrificaba los intereses de los asturianos.

Esti artículu de 2005 en La Nueva España quier ayudar a evitar la desmemoria sobre'l camín y les responsabilidaes.

FARTUCOS DE SOLIDARIDAD (SOBRE LO RETRÓGRADO DE CIERTA IZQUIERDA) (18/10/2005)

            Previas. Uno: Quien esto firma y su partido están tan convencidos de que es necesario reformar nuestro estatuto que, en 1998, cuando PP y PSOE aprobaron de consuno el actual, no le dieron su visto bueno (entre otras cosas, porque si no tenemos autonomía para disolver el parlamento y convocar elecciones, sino que nos dicen cuándo hay que hacerlo, ¿qué autonomía es esa?). Dos: Los señores Ibarra, Chaves, Areces y las organizaciones regionales a que pertenecen son tan responsables del proyecto catalán de estatuto como Maragall, que a nadie ha pretendido engañar nunca y lleva diciendo lo mismo desde mediados de los años 80. Ellos, al igual que don José Luis Rodríguez Zapatero, ese incendiario Nerón autocomplaciente, han proporcionado las teas y el fuelle para avivar la hoguera maragalliana.

            Pero el objeto de este artículo no es recordar esas evidencias, ni analizar todo o parte del estatuto catalán, sino uno solo de los argumentos con que una facción del PSOE parece ahora querer tapar o disimular les vexigues que su inyección variólica ha provocado, el de la llamada “solidaridad”.

            El vocablo “solidaridad” no se les cae de la boca a los practicantes de cierta izquierda. Es en sus discursos tan frecuente como lo es “caridad” en los roperos parroquiales o “gracia” en ciertas disputas teológicas. Lo entonan, además, con tal unción y arrobamiento que parece acercarse en sus resonancias emocionales al ámbito de lo sacro (su precisión terminológica anda, más bien, cerca del limbo). Y es en la falla de este concepto, el de la “solidaridad” interregional, donde encuentran el mayor pecado (esto es, error) del estatuto catalán (¿y de sus conmilitones?).

            El concepto de solidaridad dentro de las partes de un estado es, desde luego, un concepto premoderno y está más cerca de la caridad voluntariosa que de la política como instrumento igualatorio, redistributivo y garante de un acervo de bienestar para cada ciudadano. La base del estado moderno (progresivamente desde la caída del Antiguo Régimen) es la ampliación y unificación del mercado, la desaparición de portalgos, pontalgos y derechos señoriales, la libre circulación de personas y mercancías. A partir de ahí, un estado fuerte puede recaudar y poner en práctica las políticas igualatorias y redistributivas a que su vocación, más a la derecha o a la izquierda (en términos convencionales), impulse a cada gobierno.

            El sujeto de las políticas recaudatorias es, pues, el individuo, no la comunidad. Del mismo modo, su objeto es también la persona, y solo lo es el territorio en la medida en que las dificultades o circunstancias del mismo impidan el desenvolvimiento de los sujetos habitantes en él.

            Apelar, pues, a la ruptura de la solidaridad como la razón de fondo para retocar el estatuto catalán es contemplar el mundo desde una perspectiva que tiene más que ver con la caridad que con la política, y, sobre todo, es de un enorme arcaísmo conceptual, premoderno. Nada extraño, ciertamente, en una cierta izquierda que tiene sus territorios de pasto identitario en aquellos dos metafísicos que fueron Hegel y Marx, creyentes ambos en el fin de la historia y en la teleología de su devenir.

            Pero, además, desde un punto de vista pragmático, la ruptura del mercado y las políticas fiscales que entraña el texto del PSOE catalán (que tiene como coautores fácticos, no lo olvidemos, al neroniano Zapatero y sus apurrefueos llocales) es inseparable de sus presupuestos políticos. El fundamento de su propuesta económica («todo lo que recaudo es mío, y doy de ello lo que quiero») es inextricable de la declaración de Cataluña como una nación con soberanía previa a su pacto con España (tal es la expresión dicotómica maragalliana, Cataluña / España, exactamente la misma que Zapatero: pongan oídos atentos cuando hable este último), con derecho a autodeterminarse cuando lo desee y con una letra de cambio ejecutable para convertirse en Estado en fecha por decidir.

            De modo que, cuando proclaman que el único o principal problema del estatuto del PSOE y Zapatero es la solidaridad, mienten, se engañan, nos engañan, quieren engañarse o engañarnos, no entienden nada. ¿Todo al mismo tiempo? Sí, todo al mismo tiempo. Así fluctúan cerebro y psique: entre el temor, el desconocimiento, la defensa de los suyos y lo suyo y el «atéchate mientres escampa».

            Todo muy a costa nuestra, de cada uno de los asturianos, menos de los que viven del negocio. 

¿Cómo fue lo de Cataluña? El PSOE, contra los asturianos

                     Convién, nesti país de tan voluntaria mala memoria, recordar cómo se vieno a l'actual estáu emocional de Cataluña, quién punxo la gabita pa ello y cómo too ello fízose contra los asturianos pol PSOE, lo que güei vuelven proclamar lo mesmo: asimetría pa Cataluña.

                        Esti artículu del 28/05/2055 puede ayudar escontra la desmemoria.

                  EL PSOE Y ARECES, CONTRA LOS ASTURIANOS (28/05/2005)

            Anda estos días el Presidente Areces por media España reuniéndose con algunos otros cabezaleros autonómicos para tratar de conjurar las desigualdades en las futuras reformas estatutarias, sobremanera las referidas a la sanidad y la financiación. Y, muy especialmente, parece oponerse a algunas de las propuestas de su collaciu Maragall, como las de la quiebra de la solidaridad interregional o la denominación de Cataluña como “nación”.

            Ciertas personas de buena voluntad ven en el periplo y las manifestaciones de don Vicente Alberto un gesto ejemplar y una actuación consecuente con su obligación en cuanto Presidente de los asturianos. Algunos, sin embargo, creemos que, en esta materia, el señor Presidente no tiene crédito y que sus palabras no poseerían valor alguno ni aunque se vistiera de nazareno, realizase el camino a pie hacia Madrid como disciplinante no sanchopancesco, y se sentase después durante un mes a las puertas del despacho de Zapatero (o ante los leones de las Cortes) vestido de saco y cubierto de ceniza, al igual que Enrique IV ante Gregorio VII. ¿Por qué? Se lo recuerdo.

En el señor Areces ha venido constituyendo una inveterada costumbre el correr a sostener con entusiasmo el palafrén del señor Maragall, es decir, del proyecto que, desde hace ya muchos años, viene defendiendo el PSC catalán, el "federalismo asimétrico", a saber, un estado español federal (no España) a tres: Cataluña, Euskadi, España (en cuyo saco, como una más, estaría Asturies). Lo ha hecho al menos en cinco ocasiones públicas: en conferencias barcelonesas del 4 de julio de 2001 y 18 de marzo de 2002 ("coincido y comparto muchas de las propuestas formuladas por Pascual Maragall", volvía a repetir aquí), en la última campaña electoral catalana, en la declaración de Santillana (30 de agosto de 2003) y con ocasión de la constitución del gobierno tripartito catalán —en estas dos últimas ocasiones, con la colaboración del partido en Asturies y su Secretario General, don Javier Fernández, saludando el acontecimiento como una oportunidad de oro para el progreso y la solidaridad en toda España—. Y, sin embargo, a nadie se le ocultaba que tanto el PSOE catalán como sus socios de ERC y de IU tenían, entre los propósitos más destacados de su actuación política, el de romper el estado en Cataluña en lo referente a la circulación redistributiva de las plusvalías, que es lo que significan los impuestos en la modernidad desde que se han acabado los portalgos, los pontalgos y los derechos señoriales (algunos lo llaman “solidaridad” y otras tonterías, como si fuese una especial aportación de determinada ideología; es,  simplemente, el estado moderno, el de los ciudadanos).

Esa voluntad viene ya plasmándose en la redacción del nuevo estatuto catalán y se han hecho varias propuestas al respecto, la sustancia de las cuales consiste en entender que el dinero recaudado en Cataluña a través de los impuestos es únicamente de los catalanes y que la cuantía aportada por ellos hasta ahora a las arcas comunes del estado (sanidad, pensiones, etc.) debe reducirse sustancialmente y, en todo caso, debe depender de su voluntad.

Que esto, y no otra cosa, era lo que venía demandando desde siempre el PSOE en Cataluña lo sabía un tonto; que constituía ello la cañamina de lo firmado en Santillana, un necio; que eso, y otras demandas “asimétricas”, constituía el eje central del programa del gobierno tripartito —que con tanto alborozo saludaron como un alborear para toda España, el PSOE asturiano y el Presidente— no lo ignoraba un nasciturus. De modo que, salvo suponer una absoluta idiocia en el señor Vicente Alberto y los socialistas asturianos, hemos de tenerlos por cómplices voluntarios de todas las ventajas, insolidaridades, desigualdades —“asimetrías”, en una palabra— que han de venir con el estatuto catalán y, posiblemente, con el vasco y gallego.

Las personas de muy buena voluntad —o los tiffosi, que son muchos— querrán suponer que PSOE asturiano y Álvarez Areces se han dado cuenta ahora de su error, y que, por ello, de una forma que los honraría, tratan de rectificarlo. Pura voluntad de fe.

Siempre he dicho que la fe no consiste en creer lo que no vemos. A fin de cuentas, es esa una fe trivial y no muy difícil. La verdadera fe es la de no creer lo que vemos, por más que lo tengamos delante de los ojos, en negar la evidencia, que es la fe de los devotos entusiastas, fe en virtud de la cual funcionan las parroquias electorales, o, desde otro punto de vista, las adhesiones inquebrantables. A nadie se le escapa que el señor Rodríguez —quien, por cierto, debe su puesto de Secretario General del PSOE a los socialistas asturianos— se ha comprometido a aprobar el estatuto catalán tal como salga del Parlament. Por lo tanto, el señor Areces, los socialistas asturianos y los del resto de España se tragarán –al modo en que lo prefieran: a secas o con vaselina- el estatuto catalán (y, en su caso, el vasco y el gallego) con todas sus insolidaridades, discriminaciones y  “asimetrías”. Es decir, que la juerga –o el negocio, según prefieran ustedes- del PSOE asturiano y del señor Areces la pagaremos todos en nuestras carnes y bolsillos (desde el empleo, hasta la sanidad).

¿Qué es lo que significan, pues, el periplo y las declaraciones del PSOE y de don Vicente Alberto de que no tolerarán discriminación ni injusticia? Pues, simplemente, una forma más de engaño, propaganda. Como ya saben que no les queda más remedio que esmorgar lo que su propio partido, su propio Zapatero y su propio Maragall les van a hacer tragar —el daño a Asturies y a otros españoles que ellos mismos ayudaron a nacer, engordar, cocinar, guisar y servir—, procuran disimular todo lo posible antes que llegue el desastre, para después decir: “a mí no me miren, yo hice lo que pude; y, además, si no es por mí, el daño hubiera sido aún mayor”.

Ya saben, se llama “política de izquierdas, progresista y solidaria”. Amén. Solo nos falta que la llamen “asturianista”, que acabarán por hacerlo.

¿Cómo fue lo de Cataluña? El PSOE, contra Asturies y con Cataluña

Sigo equí publicando dellos artículos de los que, dende la decisión de 2033, del PSOE de defender el "federalismu asimétricu" pa Cataluña en detrimentu de los asturianos, asoleyé na Nueva España. Esti ye del 30/07/2004.

ARECES, AMNÉSICO 

En conferencia prorrumpida el jueves 22 de junio de este año de 2004, el Presidente Areces manifestó en Madrid que estaba en contra de la financiación autonómica propuesta por Maragall, por entender que ello generaría desequilibrios territoriales. Suspendan el juicio por un momento. Permítanme una parábola.

Un hombre anuncia públicamente que va a atracar un banco. Para ello, sin embargo, necesita una pistola, de la que carece, y un coche para dirigirse a su destino. Así lo anuncia en voz alta. Un amable viandante atiende sus requerimientos, le presta la pistola, lo lleva en el coche y lo deja a la puerta del banco. Se convierte, pues, en colaborador necesario. Ahora bien, preguntado después por su actos, manifiesta que él está en desacuerdo con la acción del atracador y que se opone a ella. ¿Qué dirían ustedes de las palabras del amable viandante, cómo las juzgarían en relación con sus hechos reales?

Es sabido por todo el mundo que quiera saberlo que el señor Maragall lleva predicando el “federalismo asimétrico” desde, por lo menos, 1990. Perconocido resulta que tanto Carod-Rovira como Maragall vienen exigiendo «reducir el déficit fiscal de Cataluña» (es decir, aportar menos dinero a la caja común) desde hace años. Tampoco debería dejar de ser notorio que el tripartido catalán (del que son los pegollos fundamentales Carod / Ezquerra y PSOE / Maragall) se ha constituido con esos dos ejes programáticos, más la idea de establecer la fórmula de concierto económico, semejantemente a Euskadi, para Cataluña.

Pues bien, en el señor Areces ha venido constituyendo una inveterada costumbre el correr a sostener con entusiasmo el palafrén del señor Maragall, es decir, del proyecto que, desde hace ya muchos años, viene defendiendo el PSC catalán, el "federalismo asimétrico", a saber, un Estado español federal (no España) a tres: Cataluña, Euskadi, España (en cuyo saco, como una más, estaría Asturies). Lo ha hecho al menos en cinco ocasiones públicas: en conferencias barcelonesas del 4 de julio de 2001 y 18 de marzo de 2002 (<>, volvía a repetir aquí), en la última campaña electoral catalana, en la declaración de Santillana (30 de agosto de 2003) y con ocasión de la puesta en marcha del gobierno tripartito catalán —en estas dos últimas ocasiones, con la colaboración del partido en Asturies y su Secretario General, don Javier Fernández.

(Es curioso, por cierto, como recordarán ustedes, que solo el señor Chaves y el señor Areces —y sus respectivas organizaciones— corrieron a saludar la constitución de aquel gobierno que, en su voluntad manifiesta, constituía un ataque evidente contra las autonomías de régimen común. Otros, como el señor Ibarra o el señor Bono —cuando todavía no había sido enmedallado por ser «la espalda más limpia de Occidente»—, manifestaron sus reticencias o su desacuerdo.)

De modo que, a lo largo de muchos años, el señor Areces —y con él el PSOE asturiano— ha sido sostenedor y cómplice del señor Maragall y de sus propósitos discriminatorios contra Asturies. Y desde la configuración del gobierno tripartito catalán ha sido también cómplice y jaleador del señor Carod-Rovira, parte fundamental de dicho gobierno. ¿Cómo puede decir, ahora, que está en contra de aquello que Maragall venía proclamando en público desde hace tantos años?

La única explicación es la amnesia. El presidente asturiano sufre, sin duda, algún trauma que lo ha privado de archivos cerebrales. De no ser así, solo cabría interpretar sus palabras como «mala fe», en el sentido sartreano,  esto decir, que don Vicente Alberto no sería capaz de arrostrar las consecuencias de sus actos y se niega a sí mismo como ser libre.

Una tercera opción es que el señor Areces cree que quienes padecen amnesia permanente son los asturianos y especialmente sus votantes. En ese caso el presidente de los asturianos practicaría lo que podríamos llamar «ética coyuntural» (algunos lo llaman «cinismo político», pero nosotros nos resistimos a utilizar esos términos). La sustancia de la ética coyuntural consiste en afirmar en cada ocasión lo que conviene o lo que se cree que los votantes quieren oír, con la seguridad de que la memoria de los ciudadanos es escasa y de que, especialmente los votantes de uno están imbuidos de fe, que es aquello que nos hace no creer lo que vemos y olvidar lo que sabemos.

Así los datos y la historia, así las opciones posibles para interpretar las palabras y la conducta de nuestro presidente, don Vicente Alberto Álvarez, ¿ustedes por qué se inclinan? ¿Padece él una grave pérdida de memoria? ¿Es incapaz de ver las consecuencias de sus actos? ¿O sospechan que nos cree desmemoriados y con unas tragaderas ilimitadas?

Yo, sin duda, me niego a suscribir otra tesis que no sea la de la desmemoria de don Vicente. Estoy absolutamente seguro de que el presidente es incapaz de cualquiera de las otras conductas o malicias apuntadas.

Esperemos que pueda recuperarse con el auxilio de los actuales recursos sanitarios públicos, porque si tiene que esperar hasta que esté disponible el hospital de La Cadellada, seguirá con amnesia por mucho tiempo.

Mas, humillado y vengante

A principios del 2003, el señor Zapatero transmitió en persona,  y en en el propio palacio de la Generalitat, al Conseller en Cap, señor Artur Mas la promesa de que Cataluña y Euskadi tendrían más capacidad de autogobierno.

 El 21 de enero de 2006, el Presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero y el jefe de la oposición de Cataluña, Artur Mas, se encerraron toda una tarde en La Moncloa y, tras fumar un montón de paquetes de tabaco, llegaron a un preacuerdo sobre la definición de Cataluña en el nuevo Estatuto y sobre el modelo de financiación.

            Con posterioridad, el Tribunal Constitucional vertió agua en el vino de las promesas y libaciones de Rodríguez Zapatero y Artur Mas.

            Para Artur Mas aquello hubo de ser una tomadura de pelo y una humillación personal. Algo de eso, sin duda, ha de pesar en su actitud y sus decisiones actuales (al margen de sus razones ideológicas, emocionales o estratégicas).

            Y, para rematarlo, viene a "Madrid" a pedir un concierto económico a Mariano Rajoy y le dicen otra vez que no.

           Al margen de otras cosas y de otras razones, en lo personal, Artur Mas ha de ser una ser buscando resarcirse de tanta humillación.

¿Cómo fue lo de Cataluña? Los viejos camelos federales del PSOE

PSOE: CAMELORUM FEDERALORUM ( LA NUEVA ESPAÑA, 22/09/03)

                                              

            Permítaseme sentar, ante todo, una premisa, la del punto de vista desde el que se escribe este artículo. Para quien lo hace, el cáncanu de Asturies, nuestro mal colectivo, nuestra enfermedad social —de la que es principal consecuencia la decadencia económica— no es un exceso de Asturies o de identidad, sino un exceso de España y un alto menosprecio de lo propio. No tenemos un problema con el resto de España, sino con nosotros mismos. No necesitamos, pues, más España, sino más Asturies.

            Y dicho eso, pasemos ya al objeto de este artículo, al análisis de lo que significan el ruido y las propuestas del PSOE en torno a la reforma de los estatutos de autonomía y su vago discurso federalista. Pero, sobre todo, centrémonos en lo que pinta Asturies en todo ello y en lo que significa para nosotros, como ciudadanos del Estado español. 

El documento donde esos asuntos se plasman es el llamado «Manifiesto de Santillana». Constituye, básicamente, un conjunto de vacuidades a las que se suman algunas propuestas un poco más concretas pero no muy precisas, como las de la reforma del Senado, la conferencia de Presidentes o la de una cierta presencia de las autonomías en la toma de decisiones de la Unión. Sobre ello una idea general: la de que se modificarán solamente algunos estatutos, los que sean precisos y cuando exista un consenso generalizado al respecto. Podríamos pensar la declaración constituye un puro acto propagandístico (que mucho hay de ello) o tener por bueno lo que susurran muchos socialistas: que una vez pasadas las elecciones catalanas, y cumplido el trámite de prestar al candidato Maragall un soporte de credibilidad autonomista / catalanista, todo quedará en agua de borrajas. No lo hagamos: creámoslos, tomémoslos en serio.

En política el significado fundamental de los textos no reside en sus palabras, sino en los móviles y destinatarios del mensaje, así como en las circunstancias del mismo y en su virtualidad para convertirse en realidad: acción social o norma. Es sabido que, desde el primer momento de la constitución del estado de las autonomías, vascos y catalanes no se encuentran cómodos en su encaje constitucional. Una parte porque no quieren estar en España, otra porque no acepta que los niveles de autonomía tengan una cierta homogeneidad en las diecisiete comunidades. De esa manera, vascos y catalanes han hecho, desde 1982, diversas propuestas de modificación del statu quo. La del PSC de Maragall se conceptúa como «federalismo asimétrico» y busca, en sustancia, una Cataluña menos integrada en España y que transfiera menos riqueza al resto de comunidades. La propuesta no solo responde a la concepción que el candidato socialista catalán tenga de su país o del Estado, sino que se constituye como un elemento básico para tratar de captar votantes de CiU en las elecciones autonómicas.

Sobre esta realidad y sobre la necesidad de hacer propuestas en Euskadi de forma diferenciada al PP, es sobre la que se construye el discurso del PSOE de renovación de estatutos para todos y de federalismo (supuestamente, generalizado). Pero en el propio PSOE saben bien que esa propuesta no es más que una artimaña seductora, una manera de edulcorar para el resto de España la voluntad de conceder a Cataluña y a Euskadi más capacidad de autogobierno (voluntad que, por cierto, el señor Zapatero transmitió en persona, a principios del 2003 y en la Generalitat, al Conseller en Cap, señor Artur Mas).

Que esto es así, que no va a haber reformas estatutarias para todos, no lo dice únicamente el panfleto santillanense, lo vienen reconociendo, de forma más explícita o velada, los principales responsables socialistas asturianos. Cuando señalan que la reforma no está en el calendario (Javier Fernández), apelan al consenso generalizado para ella (María Luisa Carcedo), la consideran un teórico futurible (Rubalcaba) o piden antes extraer las máximas potencialidades del actual estatuto (además de los socialistas, se incluyen aquí los comunistas asturianos, de una sorprendente moderación desde que comen del presupuesto también), quieren decir que, con respecto a una ampliación estatutaria seria para Asturies, tararí que te ví.

Por otro lado, además, la generalización de un nuevo “café para todos” dejaría insatisfechos a vascos y catalanes, con lo que la reforma no cumpliría el principal objetivo de la misma, que es la satisfacción de muchos de los pobladores de esos dos países. No menos importante es la propia estructura ideológica del partido proponente, fuertemente centralista en toda España, y muy especialmente en Asturies, que hace muy difícil cualquier avance descentralizador. En el mismo sentido opera el escaso peso que la FSA tiene dentro del PSOE: no hay más que ver los reportajes de los medios de comunicación estatales sobre las reuniones federales o autonómicas del mismo, oír a los responsables del PSOE (incluido Maragall) hablar, para observar que ni los socialistas asturianos existen ni el señor Areces tiene conspicuidad alguna, ni en España ni en su partido.

Y, en otro orden de cosas, a propósito del federalismo. Aun suponiendo que lo que desean los soñadores (dejémoslo así, en soñadores) fuese posible, ¿es que alguien piensa de verdad que una España de diecisiete estados federados (más aún que las entidades previstas por la constitución pimargalliana de la Primera República) es viable? ¿Pero están hablando en serio? Digámoslo con claridad: cuando los que deciden de verdad proponen algún tipo de federalismo, hablan de un Estado a tres o cuatro: Cataluña, Euskadi, España. ¿Sería, de verdad, ahí, mejor o mayor nuestra autonomía como asturianos?

En todo caso, mientras en el conjunto del Estado sean las fuerzas mayoritarias PP y PSOE, las únicas modificaciones esperables de alto calado en la estructura estatal son el reconocimiento de algún tipo de derecho de autodeterminación para Euskadi y un avance simbólico hacia la cosoberanía o el semifederalismo para Cataluña. Así, pues, quienes, en las demás comunidades, se muevan en el discurso federalista (especialmente en esas coordenadas) no harán más que empujar el cumplimiento de las voluntades políticas de esos países, nunca del suyo. Y, de esa forma, empequeñecerán a Asturies y agrandarán la diferencia que nos separa de otras autonomías.

Por eso, pues, resulta lamentable ver al Presidente de los asturianos, el señor Areces, como palmero del señor Maragall. Porque, cuando actúa así, ya sea a título individual (en Barcelona, por ejemplo el 4 de julio de 2001, apoyando al candidato del PSC o proponiendo que sea el estado español (no Cataluña únicamente) el que promocione a Joan Maragall, Carme Riera o Salvador Espriu —pero no a los autores asturianos), ya colectivo (en los órganos estatales del PSOE), va contra los intereses de Asturies, y no únicamente los políticos, sino también los económicos, pues el desenganche de Cataluña significará, sin duda, menos transferencias económicas para los asturianos. 

De modo que los socialistas asturianos, con el Presidente Areces a la cabeza, no solo se están mofando de los asturianos con propuestas de reforma que nunca habrá, sino que están ayudando intereses que son objetivamente contrarios (en los órdenes político y económico) a los de los asturianos. Es un camelo, pero dañino para los asturianos y beneficioso para catalanes o vascos.

Todo parece ser válido para esta gente mientras el engaño les permita seguir manteniendo su negocio.

Deliquios sin razón

Tal vez, como el Pedro Nolasco de Zurbarán ante el otro Pedro, o la Santa Teresa de Bernini. Así los he oído yo y visto a algunos ciudadanos, a ciertos periodistas, arrobados, en éxtasis ante y por el nombramiento del nuevo presidente, el socialista don Javier Fernández. Y la verdad es que se podría afirmar lo que aquella dama al caballero, tras acceder ella a comprobar hasta dónde se extendía «su caballerosidad», después de encarecérsela él reiteradamente e invitarla a comprobarlo: «La verdad es que no es para tanto, señor mío».

Es cierto que ha habido un general y justificado suspiro de alivio al cerrar el año de «cascato», doce meses en que el Ejecutivo ha tenido una notable inacción, disgustando a casi todos -incluidos muchos de sus iniciales turiferarios y votantes-, enfrentándose con media Asturies, de modo que bien se le podrían aplicar aquellos versos del, al decir de Borges, hermano de Manuel Machado: «Camorrista, boxeador, zúrratelas con el viento».

Pero que ello sea así y que, por ello, deba agradecerse el cambio no es razón ninguna para el optimismo, y menos para esos deliquios, dignos, sin duda, de mejor causa. En primer lugar, porque el nuevo Ejecutivo, apoyado en las patas de IU y UPyD, va a ser un Ejecutivo inestable, que no va a poder resolver algunos asuntos fundamentales por impedírselo sus socios (por ejemplo, la incineradora, salvo que lo acuerde con el PP); que nos va a costar un dinero extra para gastarlo en algunos prejuicios programáticos de IU (no siempre equitativos, aunque aparenten justos); y que a las rebajas de sueldos de los funcionarios de entrambos gobiernos y a los recortes en las prestaciones sociales añadirá previsiblemente alguna subida de impuestos de su propia cosecha, aquí, que ya son altos.

No es menos baladí la nómina de consejeros. De algunos es notoria su seriedad y su eficacia. De otros, por el contrario, su ineficacia. De algunos, en particular, su sectarismo y su desconocimiento del mundo, que no son más que dos partes de un mismo mal. Pero el centro del problema es el propio partido y el propio presidente, si es que el conocimiento del pasado sirve para juzgar cómo van a actuar las personas y las instituciones en el futuro.

En efecto, tanto el partido como el propio Javier Fernández -éste, como secretario de la FSA o en puestos en la Administración- han sido los responsables de los doce años de gobiernos socialistas entre 1999 y 2011. Y nadie podrá decir que hayan sido años buenos. Al contrario, se ha despilfarrado el dinero en proyectos inviables, se han utilizado mal los muchos millones de euros que han venido de Europa y de los Presupuestos del Estado, se ha enfocado mal desde el principio toda la política de reconversión, se ha sido incapaz, siquiera, como en el caso de los fondos mineros, de gastar el dinero disponible, ha sido inadecuada la política de formación y de incentivos empresariales y, en último término, hemos oscilado siempre entre los 65.000 y los 85.000 parados, con una baja tasa de ocupación, una escasa incorporación de la mujer al trabajo y un alto paro juvenil que no ha aliviado ni la permanente emigración. ¿Éxitos? ¡No me hagan reír! Pero no ha sido Areces el responsable, no, sino su partido y el propio Javier Fernández, en persona. Éste ha sido, en parte -¿lo recuerdan?-, el diseñador del polo energético de El Musel y quien pensaba en la instalación de más de una decena de centrales de ciclo combinado en nuestra tierra.

Pero es que, además, tanto el señor Fernández como la franquicia asturiana del PSOE han apoyado, impulsado y aplaudido a rabiar la errada política económica y territorial del señor Zapatero, así como su inacción (hasta que lo obligaron) en materia legislativa económica y laboral. Causas y concausas de una importante parte de nuestra situación actual. Y en cuanto a la política territorial, ¿se acuerdan ustedes de que fue don Javier Fernández quien suscribió en 2003, en Santillana del Mar, aquel trazado político que, a mayor gloria de los catalanes y mayor interés de su partido en España, marginaba a los asturianos y a otros? ¿Se puede uno olvidar de que fueron ambos, partido y secretario general, quienes aplaudieron y suscribieron el Estatuto de Cataluña, que aún ayer coleó en los Presupuestos Generales para 2012 y en la pretensión (estatutaria) de la Generalitat de controlar las inversiones fuera de Cataluña? ¿Y puede pasársenos por alto que la FSA-PSOE firmó otros estatutos que detraían dinero del común, mientras no hizo nada -salvo palabras- para modificar el nuestro?

Es fácil, pues, pensar que la gestión económica de don Javier y el PSOE será mala, que su voluntad de generar empleo se quedará en palabras. Y a uno, incluso, a la vista de la experiencia, le parece que es fácil que, más de una vez, los intereses de los asturianos sean preteridos a favor de la política general del señor Rubalcaba.

En cualquier caso, es difícil ver la razón de aquellos deliquios en que algunos cayeron, como si de una celestial y milagrosa aparición se tratase. Como dijo la dama en proverbial ocasión: «La verdad es que no es para tanto, señor mío».