PSOE: CAMELORUM
FEDERALORUM ( LA NUEVA ESPAÑA, 22/09/03)
Permítaseme
sentar, ante todo, una premisa, la del punto de vista desde el que se escribe
este artículo. Para quien lo hace, el cáncanu de Asturies, nuestro mal
colectivo, nuestra enfermedad social —de la que es principal consecuencia la
decadencia económica— no es un exceso de Asturies o de identidad, sino un
exceso de España y un alto menosprecio de lo propio. No tenemos un problema con
el resto de España, sino con nosotros mismos. No necesitamos, pues, más España,
sino más Asturies.
Y
dicho eso, pasemos ya al objeto de este artículo, al análisis de lo que
significan el ruido y las propuestas del PSOE en torno a la reforma de los
estatutos de autonomía y su vago discurso federalista. Pero, sobre todo,
centrémonos en lo que pinta Asturies en todo ello y en lo que significa para
nosotros, como ciudadanos del Estado español.
El documento donde esos
asuntos se plasman es el llamado «Manifiesto de Santillana». Constituye,
básicamente, un conjunto de vacuidades a las que se suman algunas propuestas un
poco más concretas pero no muy precisas, como las de la reforma del Senado, la
conferencia de Presidentes o la de una cierta presencia de las autonomías en la
toma de decisiones de la
Unión. Sobre ello una idea general: la de que se modificarán
solamente algunos estatutos, los que sean precisos y cuando exista un consenso
generalizado al respecto. Podríamos pensar la declaración constituye un puro
acto propagandístico (que mucho hay de ello) o tener por bueno lo que susurran
muchos socialistas: que una vez pasadas las elecciones catalanas, y cumplido el
trámite de prestar al candidato Maragall un soporte de credibilidad autonomista
/ catalanista, todo quedará en agua de borrajas. No lo hagamos: creámoslos,
tomémoslos en serio.
En política el significado
fundamental de los textos no reside en sus palabras, sino en los móviles y
destinatarios del mensaje, así como en las circunstancias del mismo y en su
virtualidad para convertirse en realidad: acción social o norma. Es sabido que,
desde el primer momento de la constitución del estado de las autonomías, vascos
y catalanes no se encuentran cómodos en su encaje constitucional. Una parte
porque no quieren estar en España, otra porque no acepta que los niveles de
autonomía tengan una cierta homogeneidad en las diecisiete comunidades. De esa
manera, vascos y catalanes han hecho, desde 1982, diversas propuestas de
modificación del statu quo. La del PSC de Maragall se conceptúa como «federalismo
asimétrico» y busca, en sustancia, una Cataluña menos integrada en España y que
transfiera menos riqueza al resto de comunidades. La propuesta no solo responde
a la concepción que el candidato socialista catalán tenga de su país o del
Estado, sino que se constituye como un elemento básico para tratar de captar
votantes de CiU en las elecciones autonómicas.
Sobre esta realidad y
sobre la necesidad de hacer propuestas en Euskadi de forma diferenciada al PP,
es sobre la que se construye el discurso del PSOE de renovación de estatutos
para todos y de federalismo (supuestamente, generalizado). Pero en el propio
PSOE saben bien que esa propuesta no es más que una artimaña seductora, una
manera de edulcorar para el resto de España la voluntad de conceder a Cataluña
y a Euskadi más capacidad de autogobierno (voluntad que, por cierto, el señor
Zapatero transmitió en persona, a principios del 2003 y en la Generalitat, al
Conseller en Cap, señor Artur Mas).
Que esto es así, que no va
a haber reformas estatutarias para todos, no lo dice únicamente el panfleto
santillanense, lo vienen reconociendo, de forma más explícita o velada, los
principales responsables socialistas asturianos. Cuando señalan que la reforma
no está en el calendario (Javier Fernández), apelan al consenso generalizado
para ella (María Luisa Carcedo), la consideran un teórico futurible (Rubalcaba)
o piden antes extraer las máximas potencialidades del actual estatuto (además
de los socialistas, se incluyen aquí los comunistas asturianos, de una
sorprendente moderación desde que comen del presupuesto también), quieren decir
que, con respecto a una ampliación estatutaria seria para Asturies, tararí
que te ví.
Por otro lado, además, la generalización de un nuevo “café para todos” dejaría
insatisfechos a vascos y catalanes, con lo que la reforma no cumpliría el
principal objetivo de la misma, que es la satisfacción de muchos de los
pobladores de esos dos países. No menos importante es la propia estructura
ideológica del partido proponente, fuertemente centralista en toda España, y
muy especialmente en Asturies, que hace muy difícil cualquier avance
descentralizador. En el mismo sentido opera el escaso peso que la FSA tiene
dentro del PSOE: no hay más que ver los reportajes de los medios de
comunicación estatales sobre las reuniones federales o autonómicas del mismo,
oír a los responsables del PSOE (incluido Maragall) hablar, para observar que
ni los socialistas asturianos existen ni el señor Areces tiene conspicuidad
alguna, ni en España ni en su partido.
Y, en otro orden de cosas,
a propósito del federalismo. Aun suponiendo que lo que desean los soñadores
(dejémoslo así, en soñadores) fuese posible, ¿es que alguien piensa de verdad
que una España de diecisiete estados federados (más aún que las entidades
previstas por la constitución pimargalliana de la Primera República) es viable?
¿Pero están hablando en serio? Digámoslo con claridad: cuando los que deciden
de verdad proponen algún tipo de federalismo, hablan de un Estado a tres o
cuatro: Cataluña, Euskadi, España. ¿Sería, de verdad, ahí, mejor o mayor
nuestra autonomía como asturianos?
En todo caso, mientras en el conjunto del Estado
sean las fuerzas mayoritarias PP y PSOE, las únicas modificaciones esperables
de alto calado en la estructura estatal son el reconocimiento de algún tipo de
derecho de autodeterminación para Euskadi y un avance simbólico hacia la
cosoberanía o el semifederalismo para Cataluña. Así, pues, quienes, en las
demás comunidades, se muevan en el discurso federalista (especialmente en esas
coordenadas) no harán más que empujar el cumplimiento de las voluntades
políticas de esos países, nunca del suyo. Y, de esa forma, empequeñecerán a
Asturies y agrandarán la diferencia que nos separa de otras autonomías.
Por eso, pues, resulta lamentable ver al
Presidente de los asturianos, el señor Areces, como palmero del señor Maragall.
Porque, cuando actúa así, ya sea a título individual (en Barcelona, por ejemplo
el 4 de julio de 2001, apoyando al candidato del PSC o proponiendo que sea el
estado español (no Cataluña únicamente) el que promocione a Joan Maragall,
Carme Riera o Salvador Espriu —pero no a los autores asturianos), ya colectivo (en
los órganos estatales del PSOE), va contra los intereses de Asturies, y no
únicamente los políticos, sino también los económicos, pues el desenganche de
Cataluña significará, sin duda, menos transferencias económicas para los
asturianos.
De modo que los socialistas asturianos, con
el Presidente Areces a la cabeza, no solo se están mofando de los asturianos
con propuestas de reforma que nunca habrá, sino que están ayudando intereses
que son objetivamente contrarios (en los órdenes político y económico) a los de
los asturianos. Es un camelo, pero dañino para los asturianos y beneficioso
para catalanes o vascos.
Todo parece ser válido para esta gente
mientras el engaño les permita seguir manteniendo su negocio.
Una de las más destacadas manifestaciones de ese autismo autocrático estriba en el desconocimiento de lo que es la realidad del Estado a la hora de legislar. La última muestra de ello es lo que la ley Wert de educación (LOMCE) prevé en relación con la enseñanza del asturiano o del aragonés: nada, o, mejor, su eliminación del currículum, puesto que no se contempla un hueco para la impartición de la asignatura. Entiéndanme bien, no es tan solo que se dé un trato justo o injusto al asturiano, que, una vez más, se lo persiga y prohíba de facto, sino de algo más profundo: la ley desconoce la existencia de estatutos de autonomía —textos de cosoberanía que priman sobre cualquier ley orgánica parcial— que garantizan la enseñanza de una lengua no declarada «cooficial» y depositan la capacidad de reglar su impartición en la comunidad política depositaria de esa soberanía. En otras palabras, y en nuestro caso, el gobierno y el ministro hacen caso omiso del Estatuto de Autonomía de Asturies y su derivada Ley de uso y promoción del bable/asturiano.
¿Desconocen por completo su existencia? ¿Es posible que ninguno de los asesores jurídicos del Estado haya hecho advertencia de ello? ¿O es simplemente que, no siendo nadie los asturianos, ni siquiera se den cuenta de nuestra presencia y realidad? En todo caso, la obligación de los mandatarios es conocer el conjunto del estado y las leyes que obligan en sus actos.
Por cierto, todo ello había arrancado un 30 de agosto del 2003 en Santillana, donde el PSOE —con el «prudente», «centralista», «igualitario», «mesurado» y «hombre de estado» don Javier Fernández a la cabeza— se había propuesto impulsar el «federalismo asimétrico» y establecer españoles de primera y de segunda (o tal vez, incluso, de tercera, los asturianos). Pues bien, hoy, tras aquella desastrosa aventura para todos, tras aquellos polvos y estos lodos, el PSOE, con don Javier Fernández otra vez como principal promotor, se dispone a impulsar un «Santillana2» para tratar de nuevo de instaurar en España el federalismo asimétrico e inigualitario. Y, otra vez, con la finalidad de, entre otras cosas, ayudar a sus íncubos del PSC (o súcubos, que ellos sabrán).
—¿Ej que creej que te va a demandar por la autoría intelectual?
