Ayer, en LNE: Los hijos no pertenecen a los padres

LOS HIJOS NO PERTENECEN A LOS PADRES

Efectivamente, como dice la ministra Celaá: no tienen obligación alguna de alimentarlos, de darles techo, vestirlos, protegerlos, cuidarlos, velar por su salud, pagar sus estudios, seguir pagándolos, incluso, pasada la mayoría de edad, si un juez así lo decide… Ninguna. Lo que prueba fehacientemente, puesto que esas obligaciones no existen, que los hijos no son de su pertenencia, que es lo que implicaría obligaciones inalienables hacia ellos. ¿Que no es así? ¿Entonces qué quiere decir tan elocuente dama?

Como ya es habitual en la retórica política actual, en que la mentira, la falacia, la inadecuación entre lo dicho y lo que se quiere decir son materia de cada día, la ministra se expresa con impropiedad. Lo que quiere manifestar es que en materia de educación de sus hijos [al margen de sus inexcusables obligaciones materiales] las decisiones de los padres quedan supeditadas a las del Estado en el ámbito de los centros de enseñanza.

La toma de actitud y la imprecisa expresión de doña Celaá se producen en el contexto del “barullo” creado por la propuesta del llamado “pin parental”. Lo califico así, como “barullo”, porque ha provocado miles de reacciones —en su inmensa mayoría, contrarias a la objeción parental— y porque, en muchos casos, la cuestión se ha abordado sobrevolando los hechos o ignorándolos para centrarse en los principios. Permítanme decir un par de cosas tan solo.

La primera, lo que pretenden los partidarios del veto no es poner objeción alguna a los contenidos de los programas y las clases oficiales —donde ya se predica sobre todo lo predicable—, sino que los padres puedan oponerse a que sus hijos asistan a algunas actividades extraescolares que no les parezcan adecuadas, ya por razones morales, religiosas, de simple pudor o de pacatería. Subrayémoslo, porque pretende hacerse pasar la cuestión como una objeción al núcleo de las enseñanzas que el Estado, a través de su ministerio de Educación, establece. Cuestión bien menor, por tanto.

En segundo lugar, quienes tan enconadamente se oponen al veto parental desconocen o quieren desconocer el grado de militancia fervorosa, el fervor apostólico que manifiestan algunos de quienes concurren a esas charlas extraescolares: no todos son benéficos, sabios y neutros informadores.

(Digamos, de paso, que ese fervor adoctrinador se da muchas veces en el curso diario de las clases, años tras año, como muchos saben. Un solo ejemplo. Clase de literatura. Pérez de Ayala. Agrupación al Servicio de la República. Evolución personal posterior y desilusión con la República ante los desórdenes y quema de iglesias. Primera fila. Exclamación de un alumno de 18 años, sobresaliente en todas las materias: “¡Ah, entonces la República no era tan buena!”: reflejo de curso tras curso de adoctrinamiento).

Quienes también se dedican a las medias verdades mentirosas son la ministra Calvo y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, cuando afirman que los delitos de rebelión y sedición no existen en el resto de Europa. Es mentira, y tienen penas más altas que las nuestras en muchos casos. Se pueden denominar los actos de una u otra manera, pero ningún país permite los golpes de Estado o la secesión. Doña Carmen es vieja conocida por sus hallazgos intelectuales, como su “El dinero público no es de nadie” o aquel glorioso éxito de su mecanismo inherente de traducción (un mecanismo que aún no ha descrito Noam Chomsky), cuando volcó el latín “dixit” (de “Calvo dixit”) por un “Dixie” en “Ni Pixie ni Dixie” (los ratones). En la mentira y el hallazgo cultural se adscribe ahora el de Justicia: “Las figuras penales de la sedición y la rebelión son propias del siglo XIX, cuando se atacaba con tanques”. ¡Gobierno solidario este! Lo del XIX y los tanques lo dice, sin duda, no por ignorancia, sino para ponerse al nivel del profesor universitario Iglesias cuando confunde a Newton con Einstein o atribuye a  Kant libros que nunca escribió.

Por cierto, en pleno siglo XX (siglo ya de tanques), Macià y Companys, ambos de ERC, cometen sendos actos de rebelión —o, si lo prefieren, de sedición— proclamando la independencia de Cataluña frente a la República. Sin tanques, por cierto.

¿Les suena ello de algo a Calvo y Campo?

Les basta con un balcón

Desde 2003, con la llamada Declaración de Santillana, en la que el PSOE proponía una soluciòn federal asimétrica (en realidad, una posición sobresaliente con respecto de las demás autonomías de Cataluña), vengo hablando del problema territorial español, de las tensiones implícitas en él y de sus posibles salidas.

De la misma forma, vengo denunciando les babayaes, los eructemas, los nademas los obviemas y la falta de sindéresis de la mayoría de los partidos políticos y de tantos (aquí hay alguna afortunada excepción, aunque escasa) opinadores y tertulianos.

Al respecto, y víspera de las elecciones catalanas, vuelvo a publicar aquí una entrada (una de tantas) del 23/09/2012:

Escucho y leo con extrañeza a tertulianos y eruditos afirmar con rotundidad que la independencia de Cataluña es imposible porque las leyes y la Constitución no lo permiten o no lo harán posible. Y con enorme entusiasmo despliegan toda su sabiduría en explicar el largo proceso que, pasando por las cortes y por un referéndum entre todos los habitantes de España, sería necesario. 

Pero para proclamar la independencia no se necesita más que un balcón donde asomarse y decirlo, como hicieron Companys y Macià en 1931 y 1934. Porque quien se declara independiente de otro entiende que es soberano para hacerlo y, en consecuencia, que la leyes ajenas carecen de cualquier sentido para sí mismo. Es él, a partir de ahora, el único capaz de legislar y obligarse mediante lo legislado; y ello, además, en el entendimiento de que su soberanía, en la cual basa su derecho a proclamarse independiente, era previa a esa afloración de la misma que constituye su manifestación. Por tanto, ningún poder tienen sobre él ninguna ley ni voluntad que no sea las suyas. La soberanía y la independencia son actos políticos, no jurídicos; fuente de juridicidad, no producto de ella. El proclamarse independiente es, en términos lingüísticos, un acto realizativo.

Quizás merezca la pena señalar que ese proceso de emotividad popular ha tomado las dimensiones actuales de forma inopinada. Se ha ido gestando, preparando y motivando durante mucho tiempo, es cierto, pero su eclosión generalizada y virulenta (como la de las flores del milagro de san Luis del Monte, que Feijoo estudió) se ha producido en horas. En este sentido, los manifestantes del día 11 se han puesto por delante de muchos políticos nacionalistas que pretendían ir administrando la situación o preparando el futuro poco a poco; de modo que ahora no pueden estos más que subirse al tigre y cabalgar sobre él sabiendo que ya no podrán bajarse ni refrenar sus ímpetus. Y, por otro lado, si quien sube al balcón tiene la mayoría parlamentaria suficiente y el apoyo popular, ¿qué cabria hacer desde la periclitada legalidad del estado?, ¿mandar los tanques?, ¿encarcelar a todos los dirigentes?, ¿suspender la autonomía y nombrar a dedo gestores de la administración?

Apuntan algunos que a los catalanes no les interesa en verdad la independencia, por importantísimos motivos que se podrían sustanciar en dos: en primer lugar que descendería notablemente su renta per cápita; en segundo lugar, que podría convertirse en un estado paria, fuera de la Unión Europea. Argumentar eso es desconocer que, pese a lo que se diga, la política es mas emoción que razón; y, en segundo lugar, que los políticos harán lo que les exijan sus ciudadanos, aunque conozcan o teman el desastre al que se podrían encaminar.

Es conveniente señalar también que al actual estado de cosas han concurrido no solo los nacionalistas, sino gente de tan poca sustancia como los militantes y dirigentes del PSOE de toda España y de Cataluña. A la cabeza de ellos, Zapatero, quien, entre otras lindezas, afirmaba que la última reforma estatutaria solventaría «el problema catalán» por veinticinco años. El resto de los dirigentes —con nuestro brillante Javier Fernández a la cabeza— en su pos, preparando el camino desde el verano de 2003 en Santillana, con aquel invento discriminador del «federalismo asimétrico» para Cataluña.

Evidentemente la cuestión catalana, su propuesta independentista, va a ser fuente de problemas políticos de enorme gravedad, para ellos y para todos nosotros. Y también económicos. Porque es posible que la incertidumbre del conflicto dificulte nuestra financiación exterior y provoque retracción interior. Si pensamos, además, que a partir de las elecciones vascas probablemente se planteará el conflicto en términos semejantes, emulando los vascos a los catalanes y, a su vez, compitiendo el PNV y Bildu por capitalizar el proceso, el panorama se dibuja ciertamente borrascoso.

A mi modo de ver, no hay más que una forma de enfrentarse al problema y es dar un paso adelante mediante un acuerdo PP-PSOE que, modificando la constitución, reconozca el derecho de autodeterminación y establezca las condiciones para la celebración de referendos de independencia, señalando el quórum necesario para el éxito (un 70 %, por ejemplo, cifra que proponía Xavier Arzallus hace tiempo) y las fórmulas para la indemnización de aquellas personas que no quisieran adoptar la nacionalidad del nuevo estado y prefiriesen abandonarlo.

De esta forma, al eliminar el pretexto de que no existen cauces para la expresión del pueblo, se dificultaría el fait accompli de la independencia unilateral; se proporcionaría una válvula de escape a los políticos nacionalistas que, empujados a proclamar la independencia, dudasen de su conveniencia; y, mediante un acendramiento de los procedimientos democráticos, se trasladarían el problema y la resolución del mismo al propio territorio mismo donde se origina: los partidarios de la independencia deberían enfrentarse y clarificar dificultades y voluntades con todos los conciudadanos de su propio territorio, sin que ahora, frente al exterior, pudiesen oponer una voluntad universal nunca medida, comprobada ni sometida a un debate clarificador.

SOCIALISMO ES BLA, BLA, BLA

Cuenta la facecia que, en un pequeño pueblo, desesperado porque todas las noches le robaban alguna pera, el dueño decidió apostarse al lado del peral, en silencio y con disimulo. Por fin alguien traspasó la entrada y comenzó a subir al árbol. El dueño se acercó y, cogiéndolo en el aire por las partes dolorosas —esto es, pudendas—, comenzó a apretar mientras preguntaba «¿quién eres?». Solo el silencio le respondía, y, a cada silencio, volvía a efectuar la dolorosa torsión. Al fin, tras varias vueltas, una voz apenas audible, ronca, como salida de las mismas entrañas —o aun más abajo— del ladrón: «El muuuudooo».

Pues así estos del PSOE. Da igual que sea el señor Griñán, el señor Daniel Fernández, del PSC, la señora Soraya, el señor Rubalcaba, el señor Lastra: por más que aprieten ustedes (a doña Soraya por otro lado, evidentemente), a la pregunta de su solución para el órdago catalán no recibirán más que una respuesta: «federalismo».

Pura logomaquia. Porque no le aclararán en qué consiste ese federalismo, ni en qué es distinto ese federalismo del estado autonómico actual, ni si ese federalismo supone el reconocimiento de la soberanía previa de los estados o naciones federadas (como lo era el de la I República), ni si… Puro bla, bla, bla, una palabra mágica, toda emoción y ningún contenido.

Es evidente que para ellos tiene su utilidad: tratar de seguir navegando en las procelosas aguas de Cataluña y de seguir engatusando a sus votantes allí; no romper el PSOE con el PSC; tratar de colocar al PP (fundamentalmente, también a UPyD) como un partido cavernícola, no dialogante, y echarle a él la culpa de lo que ocurra. Pero ello no evita que sean incapaces de poner un solo concepto en el interior de la palabra, todo lo más vaguedades como el manoseado, vetusto y cansino tópico de la «reforma del senado».

Pero si son incapaces de decir, sí son capaces de hacer. Estos tipos, todos ellos, diputados y senadores, miembros de la Ejecutiva y del Comité Federal, impulsaron desde 2003 el «federalismo asimétrico» para Cataluña. Estos tipos, todos ellos, desde Rubalcaba a Javier Fernández y Areces, apoyaron, votaron y aplaudieron el Estatuto de 2006 y fueron parte importantísima en el proceso de excitación de la opinión pública catalana que desembocó en la actual demanda de independencia.

Y estos tipos, todos ellos, incluidos militantes y votantes, sostuvieron aquel estatuto de «federalismo asimétrico» que incluía privilegios económicos y políticos que nos hacían a los demás inferiores en derechos y que contenía cláusulas tan escandalosas como el 208.3 (eliminado por el Constitucional) que limitaba la «solidaridad» (la aportación de Cataluña) a la sanidad y la educación pero excluía otros ámbitos, por ejemplo, las infraestructuras o las redes informáticas; y todo ello, con la condición de que las demás comunidades realizasen un «esfuerzo fiscal también similar».

He sido muy bondadoso. Socialismo, este, el del PSOE, no es únicamente logomaquia, es también, como se comprueba, desigualdad.

Cerrando ya el artículo, se me aparece Abrilgüeyu, mi trasgu particular. «Pon tú —me dice— que históricamente federalismo es igualdad, y que «federalismo asimétrico» es como un cura que no cree en Dios». Me gusta, pero acabado de plasmar ello en el texto, descubro en internet y en las televisiones que ese latiguillo pertenece a don José Bono, que lo repite con su untuosidad habitual en cada sitio a que va a presentar su libro de memorias. Mientras dudo si borrarlo, vuelve a colárseme en el ordenador Abrilgüeyu:

—¿Ej que creej que te va a demandar por la autoría intelectual?

Ante mi dubitativo silencio, interviene otra vez:

—Y añade ahí que él asistió impertérrito a todo el proceso de generación del federalismo asimétrico catalán siendo nada menos que Ministro de Defensa. Ya verás cómo no dice nada.

Tiene razón mi trasgu particular. ¡Qué tipos, estos socialistas!