Vivienda

(Ayer, en La Nueva España) VIVIENDA: PROBLEMAS, IDEACIONES Y FRACASOS Algunos números. El Banco de España calcula que el país sufrió un déficit de 600.000 viviendas entre 2022 y 2025. Según el INE, de aquí al 2039, el número de hogares pasará de los 20 millones a 24, debido a la inmigración y a los hogares unipersonales. En los últimos años el número de casas construidas se ha estabilizado en 90.000, mientras que el crecimiento de nuevos hogares ha sido de unos 300.000 al año. La escasez de vivienda, los precios y los costes. Los datos anteriores explican el doble problema actual: escasez de oferta, y, por ello, subida de los precios, tanto para el alquiler como para la propiedad. En materia de alquileres, en concreto, las cifras se vienen disparando sin cesar en los últimos tres años, alcanzando guarismos imposibles para muchos salarios. Ello especialmente se agrava para los jóvenes que pretenden un alquiler para vivir solos. Ahora bien, hay que señalar que, sobre la carestía y la escasez de la oferta, operan algunas otras variables. De un lado, el aumento del costo de los insumos de la construcción, un 30% desde la pandemia; de otro, la lentitud en la tramitación de licencias y planes municipales, la burocracia, tantas veces denunciada por los empresarios, que hace que la inversión en vivienda tarde en recuperarse, mas allá de lo que lleva la construcción y la venta, varios años. Los “usos inadecuados” de la vivienda. Desde el punto de vista de algunos discursos políticos, y de sus acciones normativas y legislativas subsiguientes, existen algunos usos de la vivienda que se entienden como “inadecuados”, en la medida en que sustraen esas viviendas del mercado, especialmente el de alquiler. Esos usos serían fundamentalmente los destinados al arrendamiento vacacional, en sus distintas formas. De ahí que ayuntamientos y comunidades traten de controlar, frenar y disminuir esos usos “turísticos”, en la confianza de que eliminando casas de esa práctica volverán al mercado general. Baste, ahora, señalar lo discutible que tiene esa intromisión en la capacidad de los propietarios para decidir lo que pueden hacer con sus bienes. La hinchazón de algunos tópicos. Siendo verdad que el acceso a la vivienda constituye un problema para muchas familias, y, especialmente, para los jóvenes, cabe, sin embargo, relativizar el carácter de verdades incontrovertibles con que se presentan algunos de los discursos que exigen la solución del problema. El primero de todos es el artículo 47 de la Constitución en su primer párrafo: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Pertenece ese párrafo al capítulo tercero de la Ley Fundamental, el de los Principios Rectores de la Política Social y Económica; es, por tanto, una declaración de voluntad, no un mandato de ejecución imperativa, imposible de realizar en su literalidad, aunque se pusiese toda la voluntad del mundo en ello. Y, por otro lado, ¿ese derecho no implica obligación de contraprestación por su beneficiario? En todo caso, hoy nos parece más «según pinte», a la vista de la interpretación que el Gobierno hace del 134, relativo a la obligación de presentar presupuestos anualmente. Por otra parte, existen también dos tópicos discutibles, el de que los jóvenes han de independizarse de la casa paterna y el de que la obligación y el derecho corresponden a cada uno en forma singular, es decir, que el joven deber tener una vivienda para habitarla solo. No me detendré a explicarles por qué convertir en absolutos estos dos tópicos, es decir, en una especie de obligación de la sociedad para darles cauce, es una falacia que agrava la percepción del problema. Contrastar ese desiderátum con la realidad de muchas familias conviviendo hoy o pensar en la situación de hace unas décadas nos ayudará a dar el valor preciso a esos tópicos. Sin olvidar otro elemento relativizador: el 75% de las familias españolas son propietarias de una vivienda. La inactividad y la legislación. En los últimos años los sucesivos gobiernos, especialmente este, desde 2018, han puesto en marcha medidas dirigidas fundamentalmente al cumplimiento del artículo 47, el del derecho a la vivienda. Asimismo, lo han hecho ayuntamientos y comunidades: limitando los alquileres en ciertas zonas, intentando restringir la oferta vacacional y, en la manera más discutible y llamativa, protegiendo el derecho a la vivienda de quienes no pagan el alquiler o se apropian de una casa ajena, la «ocupación», con sus distintos motivos y formas. En cuanto a la segunda posibilidad de actuación, la construcción de viviendas, ni unos ni otros han hecho -sí prometido- mucho por ella, como se patentiza por los datos. Expropiación, retracción y nuevas medidas. En primer lugar, hay que señalar que tanto la limitación de usos y lucro de la propiedad como la entrega de la misma a los ocupantes ilegales constituyen una flagrante expropiación que nada justifica, especialmente, en el segundo caso: el Estado proporciona vivienda a costa de quitársela a un particular. Es verdad que respecto al primer caso, la limitación de usos y alquileres, hay notables antecedentes: durante muchas décadas, el franquismo mantuvo congelados estos, en defensa de los inquilinos y en contra de los propietarios. El miedo a la ocupación -sean pocos o muchos porcentualmente los casos- ha retraído de forma evidente la oferta de alquileres, ya retirando las viviendas del mercado, ya enfocándolas a alquileres muy temporales. Ahora bien, también las medidas restrictivas de la cuantía de los arrendamientos han sacado del mercado muchas casas. En Barcelona, por ejemplo, desapareció un tercio de la oferta; Asturies perdió, en 2024, 6.291 viviendas, el 28,6%. Desde principios de 2025, sin tocar la normativa que protege al inquilino moroso o ilegal, la legislación ha pretendido compensar a los propietarios que sufriesen impagos u ocupaciones -desde esa fecha en adelante, no de forma retroactiva-, siempre que alquilen con ciertas limitaciones y suscribiendo un contrato con la Administración. Hay planes, por ejemplo, en ese sentido, del Gobiernu. Ahora bien, ¿cuál será el número de propietarios que se fíen de las garantías de los respectivos gobiernos y acudan a este parche? El tiempo dirá. En todo caso, solucionar el problema llevará tiempo. Habrá que desandar gran parte de lo andando, andar lo que no se caminó y, ¿por qué no?, atreverse con medidas nuevas las administraciones públicas, por ejemplo, soluciones modulares temporales, rápidas y de relativo bajo costo.