Pqueñas grandes cosas

(Ayer, en La Nueva España) PEQUEÑAS GRANDES COSAS «Propugno el derecho del hombre corriente a decir lo que piense del Gobierno que exista, por poderoso que sea, y asimismo su derecho a derribar ese Gobierno si cree que con ello va a mejorar su humor o va a mejorar su casa o su país, y siempre que para ello persuada a bastante gente de que vote con él». W. Churchill Leo y oigo sin pizca de asombro el asombro de comentaristas y particulares por que la derecha hubiese superado en el conjunto de España (700.000 votos y un 3% más el PP que el PSOE) a la izquierda, como si la meritoria e impoluta labor del Gobierno Sánchez-Podemos hubiese sido despreciada e ignorada pese a la evidencia de su incontrovertible bondad. Precisemos, ante todo, dos cuestiones sobre los resultados. En cuanto a la izquierda, el gran vapuleado ha sido Podemos, la parte más estridente del Gobierno. Por la derecha, gran parte de su subida se debe a la desaparición de Ciudadanos. Estas dos variables no explican el conjunto de los resultados, pero son parte importante de ellos. Y en cuanto a la adscripción general de los votantes, existen dos tipos: los «herodianos», que son aquellos que seguirían votando a Herodes tras la matanza de los inocentes, bien justificándola, bien desconociéndola, bien echando la culpa al rival, y los «no herodianos», aquellos que cambian su voto o se quedan en casa según la coyuntura, el juicio sobre el gobierno o, simplemente, la moda o el humor. Los primeros constituyen la base firme de los partidos a una y otra banda. Los segundos son menos. Pero volvamos al voto en estas elecciones. ¿Hay razones para que los «no herodianos» hayan votado distinto a lo que han hecho en otras elecciones o para que se hayan quedado en casa? Pues quizás existen algunas pequeñas grandes cosas. Veámoslas. A confesión de parte, sobran pruebas, dice el adagio. He aquí al señor Barbón echando la culpa a la gestión del lobo de la pérdida de escaños en la zona rural. ¿Y cómo ha sido esa gestión? Pues producir daños morales y económicos a los ganaderos, carecer de empatía hacia sus problemas y hacia el sufrimiento de los animales atacados, aterrorizados y lesionados, y apoyar el discurso o manía (que algunos llamarán ideología) de quienes tienen empatía con las imágenes de los lobos, con los que no conviven ni cuyos daños sufren. En otros términos, apoyar les zunes o caprichos de unos pocos contra la realidad de otros muchos. Pasemos a otro ámbito. Los robos de la propiedad de la vivienda, llamados eufemísticamente ocupaciones. Si ustedes escuchan a las podemitas del Gobierno, es ese un problema que, en realidad, es inexistente o que afectaría solamente a los muy ricos y capitalistas, y que acrecientan las empresas que venden alarmas para las casas. O a Patxi López (el tipo que impidió a Rajoy dar el pésame a los familiares de Isaías Carrasco, una infamia difícilmente olvidable): para él, el 99% de los robos de la propiedad de la vivienda (ocupaciones) se producen en inmuebles vacíos de grandes propietarios. Pero, si ustedes se toman la molestia de leer o ver las noticias, sabrán todos los días de familias «normales» expoliadas de su renta o de su casa, teniendo que pagar, además, la luz y el agua de la que ya no es su casa. Verán también cómo muchos de esos expropiadores amparados por la ley son simplemente mafiosos o bandas organizadas, no pobres familias sin techo. Pues bien, para mejorar la cosa, la nueva ley de vivienda agrava más la situación, y a quienes no quieren poner su segunda vivienda en renta por miedo a que se queden con ella durante unos años sin pagarles un duro les suben el IBI como castigo. Lo de la ley trans o la ley Sisí —y especialmente, en este caso, la gestión del disparate, que obligó al PSOE a pedir ayuda al PP— son dos ejemplos más de esas «pequeñas grandes cosas» que pueden haber hecho a más de uno trasladar su voto, quedarse en casa o castigar a quienes legislan sin seso y perseveran con contumacia. Lo de la ley de protección animal, lo dejo en la consideración de ustedes. Lo más notable de estas decisiones es, por un lado, que se legisla sin importar las consecuencias de lo que se legisla —pese a las advertencias de los técnicos— y, sobre todo, que se legisla para imponer a todos el capricho, la manía o la zuna (insisto, ellos lo llamarán «ideología») de un pequeño grupo cercano al poder. Y algún peso hubieron de tener en algún voto dos decisiones, estrictamente políticas, de pago de alianzas: los indultos a los golpistas catalanes, la modificación de las leyes para librarlos de las condenas por malversación o atenuarlas y la eliminación del delito de sedición; los acuerdos con Bildu y su proyección ante la opinión pública como fuerza «constructora de leyes» para toda España. Finalizo con dos reflexiones. La primera, Bildu no se «equivocó» llevando en su lista exetarras y gente condenada (y con sus penas con la justicia ya saldadas, ciertamente): su éxito electoral ha sido notable. De ahí, por cierto, pueden ustedes sacar alguna conclusión sobre los votantes de Bildu y de una parte de la sociedad vasca. La segunda. El PNV debe de estar empezando a arrepentirse de aquel día que le temblaron las piernas ante la moción de censura a Mariano Rajoy.

Les basta con un balcón

Desde 2003, con la llamada Declaración de Santillana, en la que el PSOE proponía una soluciòn federal asimétrica (en realidad, una posición sobresaliente con respecto de las demás autonomías de Cataluña), vengo hablando del problema territorial español, de las tensiones implícitas en él y de sus posibles salidas.

De la misma forma, vengo denunciando les babayaes, los eructemas, los nademas los obviemas y la falta de sindéresis de la mayoría de los partidos políticos y de tantos (aquí hay alguna afortunada excepción, aunque escasa) opinadores y tertulianos.

Al respecto, y víspera de las elecciones catalanas, vuelvo a publicar aquí una entrada (una de tantas) del 23/09/2012:

Escucho y leo con extrañeza a tertulianos y eruditos afirmar con rotundidad que la independencia de Cataluña es imposible porque las leyes y la Constitución no lo permiten o no lo harán posible. Y con enorme entusiasmo despliegan toda su sabiduría en explicar el largo proceso que, pasando por las cortes y por un referéndum entre todos los habitantes de España, sería necesario. 

Pero para proclamar la independencia no se necesita más que un balcón donde asomarse y decirlo, como hicieron Companys y Macià en 1931 y 1934. Porque quien se declara independiente de otro entiende que es soberano para hacerlo y, en consecuencia, que la leyes ajenas carecen de cualquier sentido para sí mismo. Es él, a partir de ahora, el único capaz de legislar y obligarse mediante lo legislado; y ello, además, en el entendimiento de que su soberanía, en la cual basa su derecho a proclamarse independiente, era previa a esa afloración de la misma que constituye su manifestación. Por tanto, ningún poder tienen sobre él ninguna ley ni voluntad que no sea las suyas. La soberanía y la independencia son actos políticos, no jurídicos; fuente de juridicidad, no producto de ella. El proclamarse independiente es, en términos lingüísticos, un acto realizativo.

Quizás merezca la pena señalar que ese proceso de emotividad popular ha tomado las dimensiones actuales de forma inopinada. Se ha ido gestando, preparando y motivando durante mucho tiempo, es cierto, pero su eclosión generalizada y virulenta (como la de las flores del milagro de san Luis del Monte, que Feijoo estudió) se ha producido en horas. En este sentido, los manifestantes del día 11 se han puesto por delante de muchos políticos nacionalistas que pretendían ir administrando la situación o preparando el futuro poco a poco; de modo que ahora no pueden estos más que subirse al tigre y cabalgar sobre él sabiendo que ya no podrán bajarse ni refrenar sus ímpetus. Y, por otro lado, si quien sube al balcón tiene la mayoría parlamentaria suficiente y el apoyo popular, ¿qué cabria hacer desde la periclitada legalidad del estado?, ¿mandar los tanques?, ¿encarcelar a todos los dirigentes?, ¿suspender la autonomía y nombrar a dedo gestores de la administración?

Apuntan algunos que a los catalanes no les interesa en verdad la independencia, por importantísimos motivos que se podrían sustanciar en dos: en primer lugar que descendería notablemente su renta per cápita; en segundo lugar, que podría convertirse en un estado paria, fuera de la Unión Europea. Argumentar eso es desconocer que, pese a lo que se diga, la política es mas emoción que razón; y, en segundo lugar, que los políticos harán lo que les exijan sus ciudadanos, aunque conozcan o teman el desastre al que se podrían encaminar.

Es conveniente señalar también que al actual estado de cosas han concurrido no solo los nacionalistas, sino gente de tan poca sustancia como los militantes y dirigentes del PSOE de toda España y de Cataluña. A la cabeza de ellos, Zapatero, quien, entre otras lindezas, afirmaba que la última reforma estatutaria solventaría «el problema catalán» por veinticinco años. El resto de los dirigentes —con nuestro brillante Javier Fernández a la cabeza— en su pos, preparando el camino desde el verano de 2003 en Santillana, con aquel invento discriminador del «federalismo asimétrico» para Cataluña.

Evidentemente la cuestión catalana, su propuesta independentista, va a ser fuente de problemas políticos de enorme gravedad, para ellos y para todos nosotros. Y también económicos. Porque es posible que la incertidumbre del conflicto dificulte nuestra financiación exterior y provoque retracción interior. Si pensamos, además, que a partir de las elecciones vascas probablemente se planteará el conflicto en términos semejantes, emulando los vascos a los catalanes y, a su vez, compitiendo el PNV y Bildu por capitalizar el proceso, el panorama se dibuja ciertamente borrascoso.

A mi modo de ver, no hay más que una forma de enfrentarse al problema y es dar un paso adelante mediante un acuerdo PP-PSOE que, modificando la constitución, reconozca el derecho de autodeterminación y establezca las condiciones para la celebración de referendos de independencia, señalando el quórum necesario para el éxito (un 70 %, por ejemplo, cifra que proponía Xavier Arzallus hace tiempo) y las fórmulas para la indemnización de aquellas personas que no quisieran adoptar la nacionalidad del nuevo estado y prefiriesen abandonarlo.

De esta forma, al eliminar el pretexto de que no existen cauces para la expresión del pueblo, se dificultaría el fait accompli de la independencia unilateral; se proporcionaría una válvula de escape a los políticos nacionalistas que, empujados a proclamar la independencia, dudasen de su conveniencia; y, mediante un acendramiento de los procedimientos democráticos, se trasladarían el problema y la resolución del mismo al propio territorio mismo donde se origina: los partidarios de la independencia deberían enfrentarse y clarificar dificultades y voluntades con todos los conciudadanos de su propio territorio, sin que ahora, frente al exterior, pudiesen oponer una voluntad universal nunca medida, comprobada ni sometida a un debate clarificador.

Cómo fue lo de Cataluña: ¿qué es "federalismo" para el PSOE?

Sigo equí publicando dellos artículos de los que, dende la decisión de 2033, del PSOE de defender el "federalismu asimétricu" pa Cataluña en detrimentu de los asturianos, asoleyé na Nueva España. Esti ye del 22/08/2004.

QUIÉN TIENE LA SARTÉN POR EL MANGO (A PROPÓSITO DE LAS REFORMAS ESTATUTARIAS) (22/08/2004)

            Asistimos estos meses en toda España a discusiones sobre el derecho de cada comunidad autónoma a ser llamada “nacionalidad”, “comunidad histórica” u otros términos semejantes, en relación con las futuras reformas estatutarias que PSOE y otros partidos impulsan. Dichas discusiones son, a veces, eruditas; apasionadas, en muchas ocasiones; absolutamente ingenuas, casi siempre. Porque lo que está en discusión no es si Pelayo es anterior a Wifredo el Velloso o si el Reino de Asturies es “más” que el Condado de Cataluña, en relación a derechos de origen. Todo eso es absolutamente indiferente y solo desde la más absoluta inocencia (o mala conciencia) se puede pensar que es ese el fondo de la cuestión.

            Desde 1980, una parte importante de las organizaciones políticas catalanas y vascas vienen manifestando su desacuerdo con la actual estructura del Estado y requiriendo un estatus diferente: parte de ellos, los independentistas, quieren dejar de ser españoles; otra, los arreblagantes, desean estar con un pie dentro y otro fuera, y por eso demandan un estatuto diferente que los coloque definitivamente en esa situación, pero, en todo caso, “por encima” del resto de las autonomías (o nacionalidades, al gusto del lector). Existen, asimismo, otros partidos y comunidades —aquí no citadas— donde se tienen pretensiones semejantes; pero su voluntad es irrelevante. Lo que hace relevante la voluntad de vascos y catalanes es que: a) una parte de su sociedad así lo demanda y ello se traduce en el voto a partidos o facciones de partidos que vehiculan esa demanda y la convierten en el eje de su política, b) los votos de esos partidos en Madrid gozan de coyunturas oportunas para condicionar el Gobierno central. Esto es lo que ha venido ocurriendo en el caso de Cataluña (primero con CiU, ahora con la facción maragalliana del PSOE). En el caso de Euskadi su capacidad de presión proviene de fuentes distintas: de la presencia del crimen como sustrato importante de la actividad política; de la ocupación de la sociedad por el PNV, que se ha convertido en el PRI vasco, y su permanencia en el gobierno desde la desaparición de la dictadura.

            De modo que lo que realmente está en discusión hoy no es quién ha sido en el pasado, sino quién es en el presente y, por tanto, quién tiene la capacidad de decidir cómo va a ser en el futuro. Es decir, quién tiene la sartén por el mango (o, en términos más explícitos y vulgares, quién tiene agarrado al que manda por sus partes sensibles). Lo que opinen los que no tienen esa capacidad de presión o lo que hayan sido sus respectivas historias es, al efecto, absolutamente evanescente.

            Si la discusión de los términos “nacionalidad” y “región” tiene, con respecto a la materia, alguna importancia es porque el artículo 2º de la Constitución cita esos dos vocablos, sin especificar qué comunidades son unas u otras y cuáles son los contenidos reales (financieros, políticos) de esa distinción. Una reforma estatutaria “arreblagante” y discriminatoria podría basar en ese texto, aunque fuese trayendo las razones por los pelos, su justificación, sin necesidad —subrayémoslo— de modificar la Constitución. De ahí que, en el caso de Cataluña y el PSOE, las palabras sean vitales: permitirían modificar sustancialmente la Constitución y establecer diferencias entre ciudadanos, sin que lo pareciese. El caso de Euskadi es diferente: en lo jurídico tendría su base, para un episodio arreblagante, en la disposición adicional primera de la Constitución, mientras que, en lo político, entre otras cosas, no necesita tener “miramientos” con ninguna organización de ámbito estatal.

            En todo este proceso de discusión, el papel del PSOE y del PP en Asturies es realmente ejemplar. Ambos son partidos centralistas (constitutiva y visceralmente centralistas), han apoyado siempre las reformas tendentes a reducir la autonomía asturiana y han votado en contra de cualquier pretensión diferenciadora (por ejemplo, en la reforma de 1998, han votado en contra de la propuesta del PAS de que Asturies fuese denominada “nacionalidad” o de que pudiera convocar elecciones cuando quisiese). En el caso del PSOE, además, ha apoyado siempre las pretensiones arreblagantes de Maragall y ha suscrito la Declaración de Santillana —que para eso fue redactada—. Que a unos, ahora, al PP, les haya entrado un virus pelayista, y que otros, el PSOE, pongan cara de dignidad y digan que no admitirán estatutos con diferencias, es, por una parte, hilarante y, por otra, una absoluta mentira y una burla sangrante: eso es lo que han venido, hasta hoy, abonando, propiciando y sosteniendo.

            Pero es que, sobre todo, ellos saben de sobra, como perrinos fieles que son de sus respectivos dueños, que cuando su señor se lo mande, pasarán por donde tengan que pasar y se conformarán con las sobras de la comida que el amo tenga a bien echarles. Y eso, el fingimiento de su capacidad para ser algo más que lo que les dejen ser, es la mayor mentira que, desde siempre, y especialmente en este tema, vienen contando a los asturianos.

            De modo que los asturianos, en esti marabayu de reformas estatutarias y constitucionales, tendremos no el reflejo de lo que ha sido nuestra historia en el pasado ni la imagen de lo que somos o creemos ser en el presente, sino lo que, en el conjunto de la política española, representa el saldo de lo que hemos querido valer hasta ahora con nuestros votos: nada.

¿Cómo fue lo de Cataluña? Contra los asturianos

El 22/08/2004 asoleyaba yo esti artículu en La Nueva España, onde ponía de relieve lo que taba caminando en Cataluña, la discriminación qu'ello suponía al respective d'Asturies y cómo los socialistes agabitaben y afalaben esa discriminación.

QUIÉN TIENE LA SARTÉN POR EL MANGO (A PROPÓSITO DE LAS REFORMAS ESTATUTARIAS) 

            Asistimos estos meses en toda España a discusiones sobre el derecho de cada comunidad autónoma a ser llamada “nacionalidad”, “comunidad histórica” u otros términos semejantes, en relación con las futuras reformas estatutarias que PSOE y otros partidos impulsan. Dichas discusiones son, a veces, eruditas; apasionadas, en muchas ocasiones; absolutamente ingenuas, casi siempre. Porque lo que está en discusión no es si Pelayo es anterior a Wifredo el Velloso o si el Reino de Asturies es “más” que el Condado de Cataluña, en relación a derechos de origen. Todo eso es absolutamente indiferente y solo desde la más absoluta inocencia (o mala conciencia) se puede pensar que es ese el fondo de la cuestión.

            Desde 1980, una parte importante de las organizaciones políticas catalanas y vascas vienen manifestando su desacuerdo con la actual estructura del Estado y requiriendo un estatus diferente: parte de ellos, los independentistas, quieren dejar de ser españoles; otra, los arreblagantes, desean estar con un pie dentro y otro fuera, y por eso demandan un estatuto diferente que los coloque definitivamente en esa situación, pero, en todo caso, “por encima” del resto de las autonomías (o nacionalidades, al gusto del lector). Existen, asimismo, otros partidos y comunidades —aquí no citadas— donde se tienen pretensiones semejantes; pero su voluntad es irrelevante. Lo que hace relevante la voluntad de vascos y catalanes es que: a) una parte de su sociedad así lo demanda y ello se traduce en el voto a partidos o facciones de partidos que vehiculan esa demanda y la convierten en el eje de su política, b) los votos de esos partidos en Madrid gozan de coyunturas oportunas para condicionar el Gobierno central. Esto es lo que ha venido ocurriendo en el caso de Cataluña (primero con CiU, ahora con la facción maragalliana del PSOE). En el caso de Euskadi su capacidad de presión proviene de fuentes distintas: de la presencia del crimen como sustrato importante de la actividad política; de la ocupación de la sociedad por el PNV, que se ha convertido en el PRI vasco, y su permanencia en el gobierno desde la desaparición de la dictadura.

            De modo que lo que realmente está en discusión hoy no es quién ha sido en el pasado, sino quién es en el presente y, por tanto, quién tiene la capacidad de decidir cómo va a ser en el futuro. Es decir, quién tiene la sartén por el mango (o, en términos más explícitos y vulgares, quién tiene agarrado al que manda por sus partes sensibles). Lo que opinen los que no tienen esa capacidad de presión o lo que hayan sido sus respectivas historias es, al efecto, absolutamente evanescente.

            Si la discusión de los términos “nacionalidad” y “región” tiene, con respecto a la materia, alguna importancia es porque el artículo 2º de la Constitución cita esos dos vocablos, sin especificar qué comunidades son unas u otras y cuáles son los contenidos reales (financieros, políticos) de esa distinción. Una reforma estatutaria “arreblagante” y discriminatoria podría basar en ese texto, aunque fuese trayendo las razones por los pelos, su justificación, sin necesidad —subrayémoslo— de modificar la Constitución. De ahí que, en el caso de Cataluña y el PSOE, las palabras sean vitales: permitirían modificar sustancialmente la Constitución y establecer diferencias entre ciudadanos, sin que lo pareciese. El caso de Euskadi es diferente: en lo jurídico tendría su base, para un episodio arreblagante, en la disposición adicional primera de la Constitución, mientras que, en lo político, entre otras cosas, no necesita tener “miramientos” con ninguna organización de ámbito estatal.

            En todo este proceso de discusión, el papel del PSOE y del PP en Asturies es realmente ejemplar. Ambos son partidos centralistas (constitutiva y visceralmente centralistas), han apoyado siempre las reformas tendentes a reducir la autonomía asturiana y han votado en contra de cualquier pretensión diferenciadora (por ejemplo, en la reforma de 1998, han votado en contra de la propuesta del PAS de que Asturies fuese denominada “nacionalidad” o de que pudiera convocar elecciones cuando quisiese). En el caso del PSOE, además, ha apoyado siempre las pretensiones arreblagantes de Maragall y ha suscrito la Declaración de Santillana —que para eso fue redactada—. Que a unos, ahora, al PP, les haya entrado un virus pelayista, y que otros, el PSOE, pongan cara de dignidad y digan que no admitirán estatutos con diferencias, es, por una parte, hilarante y, por otra, una absoluta mentira y una burla sangrante: eso es lo que han venido, hasta hoy, abonando, propiciando y sosteniendo.

            Pero es que, sobre todo, ellos saben de sobra, como perrinos fieles que son de sus respectivos dueños, que cuando su señor se lo mande, pasarán por donde tengan que pasar y se conformarán con las sobras de la comida que el amo tenga a bien echarles. Y eso, el fingimiento de su capacidad para ser algo más que lo que les dejen ser, es la mayor mentira que, desde siempre, y especialmente en este tema, vienen contando a los asturianos.

            De modo que los asturianos, en esti marabayu de reformas estatutarias y constitucionales, tendremos no el reflejo de lo que ha sido nuestra historia en el pasado ni la imagen de lo que somos o creemos ser en el presente, sino lo que, en el conjunto de la política española, representa el saldo de lo que hemos querido valer hasta ahora con nuestros votos: nada.

Areces y el pactu de Zapatero col PNV.

Esto ye lo que diz monsieur Areces, don Vicente: "El pacto con el PNV beneficia a Asturias".

¿Qué quieren que-yos diga? Lo mesmo qu'afirmó cuando él; Javier Fernández y los demás nos metieren la puñalada del Estatut catalán.

¿Espíritu de secta? ¿Ceguera de partíu? ¿Cinismu de profesional de la política? ¿Palafrenerismu de Madrid?

En ningún casu interés polos asturianos nin defensa d'Asturies.

Pueden pinchar equí:
El pacto de Zapatero con PNV perjudica a Asturias (La Nueva España del 17/10/2010)