Unos leen "digo" otros leen "Diego"

(Ayer, en La Nueva España) UNOS LEEN “DIGO”, OTRO LEEN “DIEGO” Estos rapazos tienen un problema de redacción cuando escriben textos legales. Ahí tienen ustedes la ley Sisí, que redujo las penas a algunos delincuentes, sin que los redactores tuviesen esa intención. O la de la amnistía, que no consiguió plenamente sus objetivos. En parte, la razón de esos despropósitos legales se encuentra en que, para sortear informes negativos a normativas que tienen mucho de discutible o de ilegítimo, utilizan sendas legislativas que esquivan los informes previos sobre el texto -a través de proposiciones de ley o decretos-ley, por ejemplo, en vez de proyectos de ley- o haciendo oídos de mercader a los avisos previos de los expertos. No obstante, la razón fundamental se encierra en la máxima de Esaías Tegnér: “Lo oscuramente expresado es lo oscuramente pensado”. Sobre esa confusión o imprecisión inicial se levantan después interpretaciones diversas, generalmente motivadas por el interés particular, de provecho o defensa. Vengamos a dos momentos recientes. Acerca de la quita de la deuda generalizada a las comunidades autónomas existe una opinión mayoritaria, diría que unánime, fuera del ámbito de la política: es discriminatoria y desigual, favorece, por razones políticas, a Cataluña y Andalucía, y, al trasladar la deuda condonada al Estado, los individuos de las comunidades desfavorecidas pagarán -vía intereses, al menos- un porcentaje del déficit que ellos no ocasionaron ni del que disfrutaron. En el ámbito de la política las comunidades del PP han rechazado aceptar el procedimiento gubernamental. Las socialistas y los grandes favorecidos la han aceptado -bueno, a medias, Junts pide la exoneración total de los pufos catalanes-. Ahora bien, ¿qué han dicho los socialistas? Javier Fernández, expresidente asturiano: “La condonación me parece perturbadora por las causas que están en su origen, profundamente injusta por su carácter discriminatorio y muy peligrosa como precedente de la inevitable reforma del sistema de financiación”. Juan Luis Rodríguez-Vigil, también expresidente: "no es un regalo", "este lío vamos a pagarlo usted y yo". Antonio Trevín, de idéntica condición: “La quita por habitante igual para cada comunidad es lo único que me parece aceptable”. En cambio, los que están en el poder lo ven de otra manera. El Presidente Barbón, tras la condonación: “Ningún asturiano debe hoy más que lo que debía ayer”. Guillermo Peláez, viceconsejero de Hacienda: “La deuda no se paga a escote pericote”. Y el mismo, sobre las palabras de los anteriores presidentes: “Como grandes presidentes que fueron Javier Fernández, Juan Luis Rodríguez-Vigil y Antonio Trevín, no me cabe duda de lo que hubiesen hecho ante una condonación de 1.508 millones a la administración que dirigían”. ¡Toma castaña! Vayamos al acuerdo del PSOE con Junts sobre traspaso del control de fronteras e inmigración. Se ha leído de muchas formas. La cuestión primera es la de qué van a significar, en la práctica, ambas cosas. Según lo que entienden los independentistas catalanes y algunos partidos de la oposición, la Generalitat va a controlar de hecho las fronteras y la inmigración; el papel de policía nacional y guardia civil (del Estado) sería de comparsas. Desde el PSOE se ve la situación futura (lo que dice el texto), al revés, según acaba de precisar Marlaska: "No hay cesión en fronteras". Y la Directora de la Guardia Civil afirma que el cuerposeguirá desarrollando las mismas funciones en Cataluña. En todo caso, la plantilla de los Mossos d'Esquadra se ampliará en 1.800 nuevos agentes, pagados por el Estado -por todos nosotros- para actuar en las fronteras, tras el acuerdo entre el PSOE y Junts. No nos preguntemos a quién creer, o sí, pero pensemos en qué tipo de texto legal es el que permite interpretar cosas tan opuestas. En ese acuerdo y su traslación a proyecto de ley existen asimismo elementos que podrían interpretarse como la posibilidad de que el gobierno catalán pudiese expulsar inmigrantes por su condición o exigir el conocimiento del catalán para la residencia en Cataluña de “extranjeros”. Dicha opción no está, desde luego, en la parte dispositiva del texto, pero el preámbulo podría interpretarse como una voluntad en ese sentido. Al menos, así lo creen los independentistas. ¿Y qué dicen los propios socialistas -los que no son del gobierno central o diputados en Cortes- sobre ese acuerdo, sobre unos y otros aspectos del texto? Pues el gobierno asturiano afirma que “no comparte” la interpretación de Junts sobre él. ¿Y otros? García-Page proclama que el acuerdo con “la peor extrema derecha sobre inmigración le causa mucho bochorno como socialista”, y que es un acuerdo “hipócrita”, porque tiene planteamientos de “la peor extrema derecha y racistas”. Y Felipe González, manifiesta, al respecto, que “las competencias en inmigración no son transferibles ni delegables”. Y citemos a Podemos: “La exposición de motivos de la ley tiene un tufo racista”. Y respecto a esa posibilidad de que los inmigrantes (y tal vez los peninsulares no catalanes) se vean obligados a aprender catalán para residir en Cataluña, que todos los socialistas niegan que esté en el proyecto de ley y, desde luego, rechazan que pueda ser así, esto dice el señor Pérez-Castejón: «Todo se rige en torno a las leyes estatales y a la ley de extranjería. En nuestra Constitución viene recogida, además del castellano, la cooficialidad de otras tres lenguas (no es así, exactamente). Y en la ley de extranjería, lógicamente, se dice que se necesita también un conocimiento de las lenguas que se hablan en cada uno de esos territorios» (nada se dice de ello, por cierto, en la ley de extranjería). Pues ya ven. Ustedes dirán.

Pqueñas grandes cosas

(Ayer, en La Nueva España) PEQUEÑAS GRANDES COSAS «Propugno el derecho del hombre corriente a decir lo que piense del Gobierno que exista, por poderoso que sea, y asimismo su derecho a derribar ese Gobierno si cree que con ello va a mejorar su humor o va a mejorar su casa o su país, y siempre que para ello persuada a bastante gente de que vote con él». W. Churchill Leo y oigo sin pizca de asombro el asombro de comentaristas y particulares por que la derecha hubiese superado en el conjunto de España (700.000 votos y un 3% más el PP que el PSOE) a la izquierda, como si la meritoria e impoluta labor del Gobierno Sánchez-Podemos hubiese sido despreciada e ignorada pese a la evidencia de su incontrovertible bondad. Precisemos, ante todo, dos cuestiones sobre los resultados. En cuanto a la izquierda, el gran vapuleado ha sido Podemos, la parte más estridente del Gobierno. Por la derecha, gran parte de su subida se debe a la desaparición de Ciudadanos. Estas dos variables no explican el conjunto de los resultados, pero son parte importante de ellos. Y en cuanto a la adscripción general de los votantes, existen dos tipos: los «herodianos», que son aquellos que seguirían votando a Herodes tras la matanza de los inocentes, bien justificándola, bien desconociéndola, bien echando la culpa al rival, y los «no herodianos», aquellos que cambian su voto o se quedan en casa según la coyuntura, el juicio sobre el gobierno o, simplemente, la moda o el humor. Los primeros constituyen la base firme de los partidos a una y otra banda. Los segundos son menos. Pero volvamos al voto en estas elecciones. ¿Hay razones para que los «no herodianos» hayan votado distinto a lo que han hecho en otras elecciones o para que se hayan quedado en casa? Pues quizás existen algunas pequeñas grandes cosas. Veámoslas. A confesión de parte, sobran pruebas, dice el adagio. He aquí al señor Barbón echando la culpa a la gestión del lobo de la pérdida de escaños en la zona rural. ¿Y cómo ha sido esa gestión? Pues producir daños morales y económicos a los ganaderos, carecer de empatía hacia sus problemas y hacia el sufrimiento de los animales atacados, aterrorizados y lesionados, y apoyar el discurso o manía (que algunos llamarán ideología) de quienes tienen empatía con las imágenes de los lobos, con los que no conviven ni cuyos daños sufren. En otros términos, apoyar les zunes o caprichos de unos pocos contra la realidad de otros muchos. Pasemos a otro ámbito. Los robos de la propiedad de la vivienda, llamados eufemísticamente ocupaciones. Si ustedes escuchan a las podemitas del Gobierno, es ese un problema que, en realidad, es inexistente o que afectaría solamente a los muy ricos y capitalistas, y que acrecientan las empresas que venden alarmas para las casas. O a Patxi López (el tipo que impidió a Rajoy dar el pésame a los familiares de Isaías Carrasco, una infamia difícilmente olvidable): para él, el 99% de los robos de la propiedad de la vivienda (ocupaciones) se producen en inmuebles vacíos de grandes propietarios. Pero, si ustedes se toman la molestia de leer o ver las noticias, sabrán todos los días de familias «normales» expoliadas de su renta o de su casa, teniendo que pagar, además, la luz y el agua de la que ya no es su casa. Verán también cómo muchos de esos expropiadores amparados por la ley son simplemente mafiosos o bandas organizadas, no pobres familias sin techo. Pues bien, para mejorar la cosa, la nueva ley de vivienda agrava más la situación, y a quienes no quieren poner su segunda vivienda en renta por miedo a que se queden con ella durante unos años sin pagarles un duro les suben el IBI como castigo. Lo de la ley trans o la ley Sisí —y especialmente, en este caso, la gestión del disparate, que obligó al PSOE a pedir ayuda al PP— son dos ejemplos más de esas «pequeñas grandes cosas» que pueden haber hecho a más de uno trasladar su voto, quedarse en casa o castigar a quienes legislan sin seso y perseveran con contumacia. Lo de la ley de protección animal, lo dejo en la consideración de ustedes. Lo más notable de estas decisiones es, por un lado, que se legisla sin importar las consecuencias de lo que se legisla —pese a las advertencias de los técnicos— y, sobre todo, que se legisla para imponer a todos el capricho, la manía o la zuna (insisto, ellos lo llamarán «ideología») de un pequeño grupo cercano al poder. Y algún peso hubieron de tener en algún voto dos decisiones, estrictamente políticas, de pago de alianzas: los indultos a los golpistas catalanes, la modificación de las leyes para librarlos de las condenas por malversación o atenuarlas y la eliminación del delito de sedición; los acuerdos con Bildu y su proyección ante la opinión pública como fuerza «constructora de leyes» para toda España. Finalizo con dos reflexiones. La primera, Bildu no se «equivocó» llevando en su lista exetarras y gente condenada (y con sus penas con la justicia ya saldadas, ciertamente): su éxito electoral ha sido notable. De ahí, por cierto, pueden ustedes sacar alguna conclusión sobre los votantes de Bildu y de una parte de la sociedad vasca. La segunda. El PNV debe de estar empezando a arrepentirse de aquel día que le temblaron las piernas ante la moción de censura a Mariano Rajoy.

PSOE contra PSOE

(Ayer, en La Nueva España) PSOE CONTRA PSOE Supongo que se habrán dado cuenta. Existen unas profundas discrepancias entre destacadas personalidades del PSOE y la acción de su partido y el Gobierno. Y hay dos notas peculiares en esa discrepancia: no se trata de opiniones diversas entre facciones o tendencias, como solía llamárselas antes: las facciones han desaparecido de la vida interna del partido socialista; esas discrepancias se manifiestan en los medios de comunicación y son individuales, de personas concretas. La lista de esos desencuentros es muy amplia, pero se manifiesta fundamentalmente en torno a dos cuestiones, las alianzas con Bildu y ERC, de un lado, y la legislación que deriva de esas alianzas: la eliminación del delito de sedición y la mutación del concepto de malversación; la segunda, a las leyes relativas a la personalidad sexual y a la de las relaciones de carácter sexual entre varones y mujeres. Guillermo Fernández Vara, Francisco Javier Lambán y Emiliano García-Page, presidentes, respectivamente de Extremadura, Aragón y Castilla la Mancha, han sido seguramente quienes, por su papel institucional, han realizado críticas más destacadas en torno a ambos bloques, el de las alianzas y sus consecuencias, el de la legislación, digamos, en torno a la definición sexual y las relaciones eróticas. Es cierto, asimismo, que, con posterioridad, han procurado navegar y guardar la ropa, matizando lo dicho o retractándose de ello. Son notables, asimismo, las censuras que desde lo que pudiéramos llamar el PSOE histórico, sus militantes, se han dirigido contra esas cuestiones: más contenidas en Felipe González, más en su tono de lengua afilada por parte de Alfonso Guerra. Y no digamos ya las que han venido de Joaquín Leguina, expulsado del partido recientemente por sus críticas, o Nicolás Redondo, expedientado pero exonerado. Y aun si vamos más atrás, encontraremos a José Luis Corcuera, ya hace tiempo muy distanciado y muy crítico. Como yo, retendrán en su memoria manifiestos recientemente firmados por exministros del PSOE, no pocos, y militantes de toda condición y geografía contra la legislación del Gobierno de Pedro Sánchez relativa a lo que algunos llaman «pagos a ERC y Bildu» y el Gobierno y parte del PSOE califican de «pacificar Cataluña». O las reiteradas manifestaciones de destacados socialistas contra la redacción de la Ley «Sisí» —inclúyase ahí al Presidente Barbón¬—, que se realizó con desprecio de todos los informes y saberes técnicos, o la oposición de muchísimas socialistas de militancia feminista, como doña Amelia Valcárcel o la «prudente» Carmen Calvo, a la ley «trans». Un crítico especialmente reiterativo y alarmado es Cesar Antonio Molina, que fue ministro de Cultura con el ínclito Zapatero —el que quitó el peaje del Huerna de Asturies—. Dos frases: «Si Sánchez vuelve a ganar, no sé si quedará algo de España». «Sánchez se ha adueñado de la marca del PSOE, se cree el Simón Bolívar ibérico». Es evidente que algo muy grave está pasando para que se produzca esa clamorosa alarma entre gentes del PSOE, especialmente entre los que tienen más antigüedad y los que ahora están en el poder. Algunos argumentarán que se trata de puntos de vista causados por la edad (y no diré aquí con qué calificativo vulgarísimo se los etiqueta entre la puberprogresía); otros podrán afirmar que unos hablan porque son libres para hacerlo, al no estar atados por cargo y sueldo, mientras que los que callan lo hacen por lo contrario. Más lo que me preocupa especialmente ahora es otra cuestión, de índole psíquica y personal. Fíjense en lo de «El Simón Bolívar ibérico». Sumen ustedes: ¿Se acuerdan de aquella babayada de Pérez-Castejón en el homenaje a Almudena Grandes, aponderándose diciendo que pasaría a la historia por haber sacado el cadáver de Franco del Valle de los caídos? (Alfonso Guerra, por cierto, comentó: «Dice que pasará a la historia por haber exhumado un cadáver, ¡pues vaya gloria!»). Pues hace dos días Máximo Huerta, el ministro de una hebdómada, contaba en El Hormiguero que cuando fue a presentar su dimisión a Pedro Sánchez, este no le habló de él ni de su circunstancia, sino de sí mismo. Y empezó a preguntarse que cómo lo vería la historia en el futuro. «¿De mí, qué dirán», se monologó. ¡Uy, uy, uy! Ya saben lo que dice el refrán asturiano: «Lo que de lloñe parez, de cerca ye».

Doña Amelia y los significantes confusos

(Ayer, en La Nueva España) DOÑA AMELIA Y LOS SIGNIFICANTES CONFUSOS Doña Amelia Valcárcel, asturiana, filósofa y, según declaración propia, feminista ha realizado una acción singular y, al tiempo, valiente. Doña Amelia, como otras muchas feministas, se ha manifestado reiteradamente contra la Ley “trans”, que considera un disparate que entraña, en último término, y, contra lo que dicen sus promotores, un ataque a la misma identidad de la mujer y un retroceso en sus derechos reales. La razón profunda de ese disparate estaría basada en que el cambio registral de sexo no dependería del sexo físico real del transmutante, sino del sexo conceptual («género») al que desease adscribirse, ya por necesidades emocionales profundas, ya por la mera voluntad; con tratamiento médico o no, con consultas a especialistas o no. Como señalan quienes se oponen a la Ley desde el ámbito de la izquierda y el feminismo, ello va a causar innúmeros problemas personales, colectivos y en los derechos generales de la mujer. Doña Amelia, como otras muchas feministas históricas de izquierdas -la adscripción de doña Amelia al PSOE es antigua-, ha venido luchando contra el disparate y, según sus palabras, seguirá luchando. Lo excepcional, la noticia, lo singular, es que ha ido a decir lo mismo a unas jornadas que el PP organizó en el Congreso en torno a la Ley. Es más, ha afirmado –cito literalmente de LA NUEVA ESPAÑA-: «El PP debe hacer lo necesario para llevar a orden este asombroso despropósito de la Ley trans». No hace falta subrayarles lo anómalo y singular de la postura de doña Amelia. En unos tiempos en que la política se caracteriza –más que en el pasado- por ahondar la división entre buenos y malos, en cavar trincheras cada vez más profundas entre unos y otros para evitar el contacto «con el enemigo» o la menor duda sobre su pertenencia al tenebroso campo del mal, la separación de las tesis de su Gobierno –como otras muchas feministas, por cierto- y el haber asistido a un acto organizado por el PP para intentar evitar en el futuro el mal mayor que encierra la Ley “trans”, demuestra una actitud valiente, desprejuiciada, ante la que hay que posar la montera. Pero la postura de doña Amelia y de tantas otras feministas que la acompañan nos llevan a platearnos otra cuestión: la del significado real de algunos conceptos, en especial los que se enmarcan en ese vagoroso ámbito que llamamos «ideologías». Con toda seguridad, la señora Valcárcel se calificará a sí misma como «progresista», del mismo modo que lo hacen los «motorinos» de dicha la Ley, y el Gobierno y los partidos que la suscriben. Ahora bien, ¿cómo puede ser progresista lo que causa daños al individuo y se los resta al colectivo femenino, aun pretendiendo lo contrario? ¿O una ley, la del “Sísí”, que rebaja penas a delincuentes o los libera? Y, sobre todo, ¿cómo puede ser progresista no modificar la norma en vista de sus efectos negativos, solo porque se entiende que produce más daño en el voto el reconocimiento del error que la corrección del daño? Y más allá, ¿cómo puede serlo estimar como un bien las dictaduras comunistas y predicar sistemas semejantes para nuestras democracias? Según se advierte, el término «progresista» es un término confuso, en que se pueden encerrar realidades contradictorias, terriblemente contradictorias a veces, y cuyo único significado real no es su designación concreta (como lo es la de «sartén» o «círculo», por ejemplo), sino las connotaciones emocionales de que recubran el término quienes lo emiten como propio o quienes lo utilizan para motejar a otros. «¿Qué es progresismo? -podría formular el progresista al modo de don Gustavo Adolfo-, dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul (perdonemos a don Gustavo el lapsus pupilesco), ¡Qué es progresismo? ¿Y tú me lo preguntas? Progresismo soy yo. Y es que ese es su significado fundamental, su carácter proclamativo, que para quien lo enuncia y para sus feligreses conlleva en constelación indefinidas e innumerables connotaciones y emociones positivas. No en vano sentenció Hjelmslev: «El que quiera ser dictador haría bien en aprender semántica». No hace falta ser tan drásticos. Bastaría con decir: «El que quiera arrasar en política haría bien en aprender semántica». En utilizar «divinas palabras» para los suyos; «execraciones como látigos» para «el enemigo».