Unos leen "digo" otros leen "Diego"

(Ayer, en La Nueva España) UNOS LEEN “DIGO”, OTRO LEEN “DIEGO” Estos rapazos tienen un problema de redacción cuando escriben textos legales. Ahí tienen ustedes la ley Sisí, que redujo las penas a algunos delincuentes, sin que los redactores tuviesen esa intención. O la de la amnistía, que no consiguió plenamente sus objetivos. En parte, la razón de esos despropósitos legales se encuentra en que, para sortear informes negativos a normativas que tienen mucho de discutible o de ilegítimo, utilizan sendas legislativas que esquivan los informes previos sobre el texto -a través de proposiciones de ley o decretos-ley, por ejemplo, en vez de proyectos de ley- o haciendo oídos de mercader a los avisos previos de los expertos. No obstante, la razón fundamental se encierra en la máxima de Esaías Tegnér: “Lo oscuramente expresado es lo oscuramente pensado”. Sobre esa confusión o imprecisión inicial se levantan después interpretaciones diversas, generalmente motivadas por el interés particular, de provecho o defensa. Vengamos a dos momentos recientes. Acerca de la quita de la deuda generalizada a las comunidades autónomas existe una opinión mayoritaria, diría que unánime, fuera del ámbito de la política: es discriminatoria y desigual, favorece, por razones políticas, a Cataluña y Andalucía, y, al trasladar la deuda condonada al Estado, los individuos de las comunidades desfavorecidas pagarán -vía intereses, al menos- un porcentaje del déficit que ellos no ocasionaron ni del que disfrutaron. En el ámbito de la política las comunidades del PP han rechazado aceptar el procedimiento gubernamental. Las socialistas y los grandes favorecidos la han aceptado -bueno, a medias, Junts pide la exoneración total de los pufos catalanes-. Ahora bien, ¿qué han dicho los socialistas? Javier Fernández, expresidente asturiano: “La condonación me parece perturbadora por las causas que están en su origen, profundamente injusta por su carácter discriminatorio y muy peligrosa como precedente de la inevitable reforma del sistema de financiación”. Juan Luis Rodríguez-Vigil, también expresidente: "no es un regalo", "este lío vamos a pagarlo usted y yo". Antonio Trevín, de idéntica condición: “La quita por habitante igual para cada comunidad es lo único que me parece aceptable”. En cambio, los que están en el poder lo ven de otra manera. El Presidente Barbón, tras la condonación: “Ningún asturiano debe hoy más que lo que debía ayer”. Guillermo Peláez, viceconsejero de Hacienda: “La deuda no se paga a escote pericote”. Y el mismo, sobre las palabras de los anteriores presidentes: “Como grandes presidentes que fueron Javier Fernández, Juan Luis Rodríguez-Vigil y Antonio Trevín, no me cabe duda de lo que hubiesen hecho ante una condonación de 1.508 millones a la administración que dirigían”. ¡Toma castaña! Vayamos al acuerdo del PSOE con Junts sobre traspaso del control de fronteras e inmigración. Se ha leído de muchas formas. La cuestión primera es la de qué van a significar, en la práctica, ambas cosas. Según lo que entienden los independentistas catalanes y algunos partidos de la oposición, la Generalitat va a controlar de hecho las fronteras y la inmigración; el papel de policía nacional y guardia civil (del Estado) sería de comparsas. Desde el PSOE se ve la situación futura (lo que dice el texto), al revés, según acaba de precisar Marlaska: "No hay cesión en fronteras". Y la Directora de la Guardia Civil afirma que el cuerposeguirá desarrollando las mismas funciones en Cataluña. En todo caso, la plantilla de los Mossos d'Esquadra se ampliará en 1.800 nuevos agentes, pagados por el Estado -por todos nosotros- para actuar en las fronteras, tras el acuerdo entre el PSOE y Junts. No nos preguntemos a quién creer, o sí, pero pensemos en qué tipo de texto legal es el que permite interpretar cosas tan opuestas. En ese acuerdo y su traslación a proyecto de ley existen asimismo elementos que podrían interpretarse como la posibilidad de que el gobierno catalán pudiese expulsar inmigrantes por su condición o exigir el conocimiento del catalán para la residencia en Cataluña de “extranjeros”. Dicha opción no está, desde luego, en la parte dispositiva del texto, pero el preámbulo podría interpretarse como una voluntad en ese sentido. Al menos, así lo creen los independentistas. ¿Y qué dicen los propios socialistas -los que no son del gobierno central o diputados en Cortes- sobre ese acuerdo, sobre unos y otros aspectos del texto? Pues el gobierno asturiano afirma que “no comparte” la interpretación de Junts sobre él. ¿Y otros? García-Page proclama que el acuerdo con “la peor extrema derecha sobre inmigración le causa mucho bochorno como socialista”, y que es un acuerdo “hipócrita”, porque tiene planteamientos de “la peor extrema derecha y racistas”. Y Felipe González, manifiesta, al respecto, que “las competencias en inmigración no son transferibles ni delegables”. Y citemos a Podemos: “La exposición de motivos de la ley tiene un tufo racista”. Y respecto a esa posibilidad de que los inmigrantes (y tal vez los peninsulares no catalanes) se vean obligados a aprender catalán para residir en Cataluña, que todos los socialistas niegan que esté en el proyecto de ley y, desde luego, rechazan que pueda ser así, esto dice el señor Pérez-Castejón: «Todo se rige en torno a las leyes estatales y a la ley de extranjería. En nuestra Constitución viene recogida, además del castellano, la cooficialidad de otras tres lenguas (no es así, exactamente). Y en la ley de extranjería, lógicamente, se dice que se necesita también un conocimiento de las lenguas que se hablan en cada uno de esos territorios» (nada se dice de ello, por cierto, en la ley de extranjería). Pues ya ven. Ustedes dirán.

Güei, en LNE: ¿Cuál es su patria?

(Trescribo, como davezu, los primeros párrafos)

¿Cuál es su patria?

Los titubeos del Ejecutivo con los asaltos a la valla de Ceuta y la demanda de Puigdemont

Xuan Xosé Sánchez Vicente 01.09.2018 | 00:06

Tienen ustedes perfecta memoria. Hace un par de meses, el 26 de julio, un grupo numeroso de extranjeros, emigrantes, ciertamente, pero extranjeros, asaltan, no saltan, la valla de Ceuta con violencia y métodos hasta entonces inusitados: cal viva, heces, gasolina, sangre? De resultas de ello, varios guardiaciviles heridos. Aquellos extranjeros siguieron después los trámites habituales para este tipo de inmigración: identificación, centros de acogida, valoración de su situación, etc. Mas he aquí que el 22 de agosto vuelve a producirse el mismo tipo de asalto, con la misma violencia y métodos. Y siete guardiaciviles heridos.

Esta vez la reacción del Gobierno fue distinta: en pocas horas, reactivando un convenio entre España y Marruecos de 1992, un convenio de tiempos de Corcuera, es decir, socialista, los 116 asaltantes, no sólo saltantes, fueron devueltos a Marruecos de forma prácticamente inmediata.

Es evidente que en este segundo asalto se evidenció el hallazgo de un método exitoso que, indudablemente, de complementarse su triunfo con un procedimiento normal de acogida iría a más, en frecuencia, en número y en violencia, en el futuro inmediato. Por tanto, ha hecho muy bien el Gobierno devolviendo ipso facto a esos emigrantes al otro lado de la cerca.

Advertirán que les hago a ustedes gracia de comentarios sobre la política de pájaro Tero del Gobierno socialista: el penacho de vanidad de don Pedro con el asunto del "Aquarius" y su solución europea, los gorgoritos del señor Marlaska con las concertinas, las críticas a la política anterior del PP, y su comportamiento real cual era imperativo que tuviesen como Gobierno. No es eso lo que me ha llamado la atención, lo que me ha llamado la atención ha sido la reacción de ciertas oenegés y de Podemos ante la expulsión, que han criticado, tachado de ilegal y de contraria a los derechos humanos.

Lo curioso es que a esas organizaciones no se les ha oído ni una sola palabra sobre los asaltos a la frontera -bien, pasémoslo por alto-, ni sobre la violencia y los métodos peligrosos de los asaltantes, ni sobre la reiteración; ni siquiera un solo lamento hipócrita sobre los guardiaciviles heridos. Y uno se pregunta: ¿cuál es la patria de estos individuos? O, en términos más llanos, ¿quiénes son sus compatriotas? ¿Los policías heridos y en peligro o quienes los hieren y los ponen en peligro?

El concilio de Cangras condenó a un heresiarca llamado Eustacio que afirmaba que, siendo Dios infinito, no se lo podía confinar en el recinto de los templos. La respuesta del concilio fue que no era a Dios a quien se encerraba en los templos, sino a los fieles. Es posible que la verdadera patria de algunas de estas organizaciones no sean tanto los dioses en que dicen creer, sus principios, sino sus fieles, sus adeptos, sus votantes, sus colaboradores, a quienes encierren en el estrecho templo de sus discursos y a cuyos oídos dirigen sus palabras y sus silencios.

Por otro lado, este Gobierno pajarero ha protagonizado una escandalosa metedura de pata con la ofensiva judicial catalano-belga contra el juez Llarena. El viernes 24 de agosto doña Carmen Calvo anuncia que el Gobierno no defenderá al juez Llarena contra la demanda interpuesta contra él en un juzgado de Bélgica, mintiendo además, en sus argumentos y negando determinados informes a favor de ello. Desde ese momento, se levanta en toda España un escándalo monumental, en ámbitos de la justicia, de los abogados, de los jueces y de la prensa. A partir de la mañana del domingo 25, empiezan a llegar las matizaciones y rectificaciones del PSOE, de Ferraz y La Moncloa. Cuando escribo estas líneas, lunes por la tarde, la defensa del juez Llarena por el Estado (es decir, del Estado por el Estado) parece firme.

Es evidente que la aceptación por un juzgado belga de la demanda puesta por Puigdemont y otros compañeros echados como él al monte es un ataque a todo el sistema institucional español y a la existencia misma de la posibilidad de una justicia autónoma. La defensa, pues, de Llarena, es una obligación elemental, ya no del Gobierno, sino del Estado.