Unos leen "digo" otros leen "Diego"

(Ayer, en La Nueva España) UNOS LEEN “DIGO”, OTRO LEEN “DIEGO” Estos rapazos tienen un problema de redacción cuando escriben textos legales. Ahí tienen ustedes la ley Sisí, que redujo las penas a algunos delincuentes, sin que los redactores tuviesen esa intención. O la de la amnistía, que no consiguió plenamente sus objetivos. En parte, la razón de esos despropósitos legales se encuentra en que, para sortear informes negativos a normativas que tienen mucho de discutible o de ilegítimo, utilizan sendas legislativas que esquivan los informes previos sobre el texto -a través de proposiciones de ley o decretos-ley, por ejemplo, en vez de proyectos de ley- o haciendo oídos de mercader a los avisos previos de los expertos. No obstante, la razón fundamental se encierra en la máxima de Esaías Tegnér: “Lo oscuramente expresado es lo oscuramente pensado”. Sobre esa confusión o imprecisión inicial se levantan después interpretaciones diversas, generalmente motivadas por el interés particular, de provecho o defensa. Vengamos a dos momentos recientes. Acerca de la quita de la deuda generalizada a las comunidades autónomas existe una opinión mayoritaria, diría que unánime, fuera del ámbito de la política: es discriminatoria y desigual, favorece, por razones políticas, a Cataluña y Andalucía, y, al trasladar la deuda condonada al Estado, los individuos de las comunidades desfavorecidas pagarán -vía intereses, al menos- un porcentaje del déficit que ellos no ocasionaron ni del que disfrutaron. En el ámbito de la política las comunidades del PP han rechazado aceptar el procedimiento gubernamental. Las socialistas y los grandes favorecidos la han aceptado -bueno, a medias, Junts pide la exoneración total de los pufos catalanes-. Ahora bien, ¿qué han dicho los socialistas? Javier Fernández, expresidente asturiano: “La condonación me parece perturbadora por las causas que están en su origen, profundamente injusta por su carácter discriminatorio y muy peligrosa como precedente de la inevitable reforma del sistema de financiación”. Juan Luis Rodríguez-Vigil, también expresidente: "no es un regalo", "este lío vamos a pagarlo usted y yo". Antonio Trevín, de idéntica condición: “La quita por habitante igual para cada comunidad es lo único que me parece aceptable”. En cambio, los que están en el poder lo ven de otra manera. El Presidente Barbón, tras la condonación: “Ningún asturiano debe hoy más que lo que debía ayer”. Guillermo Peláez, viceconsejero de Hacienda: “La deuda no se paga a escote pericote”. Y el mismo, sobre las palabras de los anteriores presidentes: “Como grandes presidentes que fueron Javier Fernández, Juan Luis Rodríguez-Vigil y Antonio Trevín, no me cabe duda de lo que hubiesen hecho ante una condonación de 1.508 millones a la administración que dirigían”. ¡Toma castaña! Vayamos al acuerdo del PSOE con Junts sobre traspaso del control de fronteras e inmigración. Se ha leído de muchas formas. La cuestión primera es la de qué van a significar, en la práctica, ambas cosas. Según lo que entienden los independentistas catalanes y algunos partidos de la oposición, la Generalitat va a controlar de hecho las fronteras y la inmigración; el papel de policía nacional y guardia civil (del Estado) sería de comparsas. Desde el PSOE se ve la situación futura (lo que dice el texto), al revés, según acaba de precisar Marlaska: "No hay cesión en fronteras". Y la Directora de la Guardia Civil afirma que el cuerposeguirá desarrollando las mismas funciones en Cataluña. En todo caso, la plantilla de los Mossos d'Esquadra se ampliará en 1.800 nuevos agentes, pagados por el Estado -por todos nosotros- para actuar en las fronteras, tras el acuerdo entre el PSOE y Junts. No nos preguntemos a quién creer, o sí, pero pensemos en qué tipo de texto legal es el que permite interpretar cosas tan opuestas. En ese acuerdo y su traslación a proyecto de ley existen asimismo elementos que podrían interpretarse como la posibilidad de que el gobierno catalán pudiese expulsar inmigrantes por su condición o exigir el conocimiento del catalán para la residencia en Cataluña de “extranjeros”. Dicha opción no está, desde luego, en la parte dispositiva del texto, pero el preámbulo podría interpretarse como una voluntad en ese sentido. Al menos, así lo creen los independentistas. ¿Y qué dicen los propios socialistas -los que no son del gobierno central o diputados en Cortes- sobre ese acuerdo, sobre unos y otros aspectos del texto? Pues el gobierno asturiano afirma que “no comparte” la interpretación de Junts sobre él. ¿Y otros? García-Page proclama que el acuerdo con “la peor extrema derecha sobre inmigración le causa mucho bochorno como socialista”, y que es un acuerdo “hipócrita”, porque tiene planteamientos de “la peor extrema derecha y racistas”. Y Felipe González, manifiesta, al respecto, que “las competencias en inmigración no son transferibles ni delegables”. Y citemos a Podemos: “La exposición de motivos de la ley tiene un tufo racista”. Y respecto a esa posibilidad de que los inmigrantes (y tal vez los peninsulares no catalanes) se vean obligados a aprender catalán para residir en Cataluña, que todos los socialistas niegan que esté en el proyecto de ley y, desde luego, rechazan que pueda ser así, esto dice el señor Pérez-Castejón: «Todo se rige en torno a las leyes estatales y a la ley de extranjería. En nuestra Constitución viene recogida, además del castellano, la cooficialidad de otras tres lenguas (no es así, exactamente). Y en la ley de extranjería, lógicamente, se dice que se necesita también un conocimiento de las lenguas que se hablan en cada uno de esos territorios» (nada se dice de ello, por cierto, en la ley de extranjería). Pues ya ven. Ustedes dirán.