(Trescribo, como davezu, los primeros párrafos)

¿Cuál es su patria?

Los titubeos del Ejecutivo con los asaltos a la valla de Ceuta y la demanda de Puigdemont

Xuan Xosé Sánchez Vicente 01.09.2018 | 00:06

Tienen ustedes perfecta memoria. Hace un par de meses, el 26 de julio, un grupo numeroso de extranjeros, emigrantes, ciertamente, pero extranjeros, asaltan, no saltan, la valla de Ceuta con violencia y métodos hasta entonces inusitados: cal viva, heces, gasolina, sangre? De resultas de ello, varios guardiaciviles heridos. Aquellos extranjeros siguieron después los trámites habituales para este tipo de inmigración: identificación, centros de acogida, valoración de su situación, etc. Mas he aquí que el 22 de agosto vuelve a producirse el mismo tipo de asalto, con la misma violencia y métodos. Y siete guardiaciviles heridos.

Esta vez la reacción del Gobierno fue distinta: en pocas horas, reactivando un convenio entre España y Marruecos de 1992, un convenio de tiempos de Corcuera, es decir, socialista, los 116 asaltantes, no sólo saltantes, fueron devueltos a Marruecos de forma prácticamente inmediata.

Es evidente que en este segundo asalto se evidenció el hallazgo de un método exitoso que, indudablemente, de complementarse su triunfo con un procedimiento normal de acogida iría a más, en frecuencia, en número y en violencia, en el futuro inmediato. Por tanto, ha hecho muy bien el Gobierno devolviendo ipso facto a esos emigrantes al otro lado de la cerca.

Advertirán que les hago a ustedes gracia de comentarios sobre la política de pájaro Tero del Gobierno socialista: el penacho de vanidad de don Pedro con el asunto del "Aquarius" y su solución europea, los gorgoritos del señor Marlaska con las concertinas, las críticas a la política anterior del PP, y su comportamiento real cual era imperativo que tuviesen como Gobierno. No es eso lo que me ha llamado la atención, lo que me ha llamado la atención ha sido la reacción de ciertas oenegés y de Podemos ante la expulsión, que han criticado, tachado de ilegal y de contraria a los derechos humanos.

Lo curioso es que a esas organizaciones no se les ha oído ni una sola palabra sobre los asaltos a la frontera -bien, pasémoslo por alto-, ni sobre la violencia y los métodos peligrosos de los asaltantes, ni sobre la reiteración; ni siquiera un solo lamento hipócrita sobre los guardiaciviles heridos. Y uno se pregunta: ¿cuál es la patria de estos individuos? O, en términos más llanos, ¿quiénes son sus compatriotas? ¿Los policías heridos y en peligro o quienes los hieren y los ponen en peligro?

El concilio de Cangras condenó a un heresiarca llamado Eustacio que afirmaba que, siendo Dios infinito, no se lo podía confinar en el recinto de los templos. La respuesta del concilio fue que no era a Dios a quien se encerraba en los templos, sino a los fieles. Es posible que la verdadera patria de algunas de estas organizaciones no sean tanto los dioses en que dicen creer, sus principios, sino sus fieles, sus adeptos, sus votantes, sus colaboradores, a quienes encierren en el estrecho templo de sus discursos y a cuyos oídos dirigen sus palabras y sus silencios.

Por otro lado, este Gobierno pajarero ha protagonizado una escandalosa metedura de pata con la ofensiva judicial catalano-belga contra el juez Llarena. El viernes 24 de agosto doña Carmen Calvo anuncia que el Gobierno no defenderá al juez Llarena contra la demanda interpuesta contra él en un juzgado de Bélgica, mintiendo además, en sus argumentos y negando determinados informes a favor de ello. Desde ese momento, se levanta en toda España un escándalo monumental, en ámbitos de la justicia, de los abogados, de los jueces y de la prensa. A partir de la mañana del domingo 25, empiezan a llegar las matizaciones y rectificaciones del PSOE, de Ferraz y La Moncloa. Cuando escribo estas líneas, lunes por la tarde, la defensa del juez Llarena por el Estado (es decir, del Estado por el Estado) parece firme.

Es evidente que la aceptación por un juzgado belga de la demanda puesta por Puigdemont y otros compañeros echados como él al monte es un ataque a todo el sistema institucional español y a la existencia misma de la posibilidad de una justicia autónoma. La defensa, pues, de Llarena, es una obligación elemental, ya no del Gobierno, sino del Estado.