El lenguaje como ocultación y celada

(Ayer, en La Nueva España) EL LENGUAJE COMO OCULTACIÓN Y CELADA Asombrado. Absolutamente. Al modo de Teodoro, «Pensatible, plasmáu y silenciosu, como’l pitu a la vista del raposu». Nunca pensé que llegaría a sentir en esos términos a un Presidente del Gobierno, no en un mitin, sino en su calidad de tal y desde Bruselas: «Estamos ante un complot de la derecha política, mediática y judicial para amordazar el Parlamento», dijo, ante el recurso del PP al Constitucional para eliminar de la Ley-botillo (ya saben que en la elaboración de este entran partes variadas del cerdo, hasta huesos, en algunas especialidades) de la evaporación de la sedición del Código Penal dos piezas relativas a la reforma de las mayorías para nombrar magistrados en el TC. No desconocen que una parte sustancial de la actividad política consiste en mantener en permanente estado de excitación a los fieles (aun ante los errores o los resbalones propios, incluso más en estos casos) y suscitar la duda o la retracción si no en el otro bando, sí en los indecisos. En esa práctica habitual hay que entender estas declaraciones, ¡pero aun así, en este caso…! Siempre esperamos en las máximas autoridades del Estado un cierto decoro que contenga su hybris y disimule su interés. Aquí tienen otro ejemplo. Digital de LA NUEVA ESPAÑA del primer día del año. El Putin: «Occidente mintió sobre la paz a la vez que se preparaba una guerra». Ya saben ustedes: fue la OTAN (en realidad, EEUU, quiere decirse) quien invadió Ucrania, quien masacra a sus habitantes y destroza sistemáticamente sus infraestructuras. Ocultación y excitación para los suyos, celada que trata de engañar al otro o a quien no tiene bando. Y no lo crean inútil, esa argumentación de Putin la habrán visto ustedes aquí en Occidente muchas veces, en medios de comunicación, incluso, no solo en las redes sociales. En torno a las declaraciones de Sánchez-Castejón se levantó un innumerable griterío de corifeos acusando de golpe de estado a la derecha por «amordazar el Parlamento», y a los seis magistrados «conservadores» del Constitucional de actuar el dictado de quienes los propusieron. Flaco favor, otra vez, a las instituciones. Porque si el juicio de los magistrados conservadores no es más, como se acusa, que la voz de su amo, el de los «progresistas», que votan también unánimes y en sentido contrario, es entonces, asimismo, «la voz de su amo». Es decir, que los enjuiciadores carecen de juicio propio, y que el Tribunal Constitucional y otras magistraturas no tienen ningún sentido, puesto que su voto, como la vida de rey Baltasar, según la mano premonitoria, está «contado, tasado, dividido». Junto con las acusaciones de «golpe de Estado» o conspiración para ello, corrió otro pensamiento celada, el de que las decisiones de los órganos de soberanía no están sometidas a ninguna otra instancia, se hallan por encima de la Ley. Como si se tratase de los antiguos reyes absolutos, ungidos por Dios, o de los caudillos cuya unción divina en las monedas constaba también. La regurgitación tuvo su éxito. Aquí, entre nosotros, la repitió un edil xixonés ante la decisión del Grupo Covadonga de llevar a los tribunales una decisión municipal: «No es bueno intentar anular los acuerdos de la soberanía popular». ¡Cómo si no hubiesen sido los tribunales los que nos libraron de los abusos en el IBI, en la tasación del valor de la vivienda, en los desmanes urbanísticos, y en tantas cosas! ¡Esa pretensión de ser irrevocables e infalibles, como si estuviesen tocados por el mandato divino, y los demás diésemos eso por bueno!

¿Y si hubiese sido la viruela?

(Ayer, en La Nueva España) ¿Y SI HUBIESE SIDO LA VIRUELA? He criticado aquí la primera sentencia del Constitucional sobre la pandemia, por uno de sus fundamentos, el poner el derecho a la libertad individual por encima del básico de la vida y del de su ancilla, el de la salud. Del mismo modo he censurado las decisiones de los Tribunales Superiores, que corrieron, en general, tras ese principio jurídico. Y había señalado cómo, por contraste, las restricciones al movimiento libre de los individuos venían limitados en otros muchos países, al exigir PCR o documentos de vacunación para viajar o para entrar en restaurantes o lugares de ocio. Lo que se ponía por delante, en esos países, no era, como aquí, según expresó con acierto una culta mujer en las redes, el derecho a tomar copas sobre el derecho a la salud / la vida. Dicho de otro modo, no es que se obligue a vacunarse a quienes creen que no existe el virus o que usan de su albedrío para negarse a ello; es que se les prohíbe que, sin vacunar, convivan en lugares cerrados, donde es más fácil la transmisión, con otra población. Porque, sin que la vacuna sea una garantía absoluta de ausencia de contagio y transmisión, y sin que sepamos aún la duración de los anticuerpos en los vacunados, es evidente que la vacunación funciona y que enfermedad va a seguir transmitiéndose con más efectividad y virulencia desde los no vacunados (incluidos los menores). Por otro lado, la cuestión central no es, como alguna sentencia argumentó, el que los hospitales estén o no saturados, sino del derecho de cualquier ciudadano a no ser contagiado, enfermar y morir. Afortunadamente, algunos estados empiezan a actuar para defender ese derecho básico a la vida y la salud frente al de la libertad de hacer o no hacer. Por ejemplo, EEUU va a obligar a vacunarse a todos los empleados federales y exigirá que las empresas con más de cien trabajadores vacunen a sus empleados o los sometan a un test semanal. Italia exigirá lo mismo a todos los empleados, públicos o privados. Aquí mismo, el Tribunal Supremo ha dado un paso atrás, en esta dirección: la Xunta de Galicia había pretendido pedir el certificado covid en bares y discotecas; el TS de la Comunidad lo había denegado al entender, entre otras razones, ¡”que podía ser discriminatorio”! (esto es, defendía el derecho —inalienable, al parecer— de los potenciales contaminadores frente al de sus posibles víctimas); ahora el Supremo avala a la Xunta en su proyecto (por cierto, en el vecino Portugal exigen el certificado para entrar en los bares y restaurantes). Háganse conmigo una pregunta: ¿qué hubiera pasado si, en su día, los tribunales de todo el mundo hubiesen certificado el derecho de las personas a no vacunarse contra la viruela, en nombre de la libertad individual? ¿Y qué si, además, hubiesen estatuido que pedir certificados podía discriminar a quienes no hubieran querido, ellos de por sí o por decisión de sus padres, recibir el pinchazo? Y quien dice la viruela en el mundo, dice la poliomielitis en la mayoría de los continentes. ¿Cómo estaríamos hoy? Por cierto, parece que la próxima sentencia del TC, si se confirma lo filtrado, va a subrayar por partida doble el escaso interés que Podemos y PSOE (partidos que, hasta donde yo sé, gobiernan España) tienen en la salud de los ciudadanos. Xuan Xosé Sánchez Vicente

Ya se lo anunciamos aquí hace tiempo

Como les habíamos dicho aquí que se haría y cómo se haría. Ver Consulta catalana con gabita del Constitucional, el 18/12/13, nesti blog. Tal cual. Ahí lo tienen, abajo, para que no tengan que buscar.

Mas convocará la consulta aunque el Gobierno no negocie

El presidente catalán asegura que la convocará de todas formas con "mecanismos legales propios"

Artur Mas ha manifestado que convocará la consulta el próximo 9 de noviembre "a través de las leyes catalanas propias que, a través del Parlament, sirvan para hacer una consulta, aunque no sea un referéndum. Al fin y al cabo, con una consulta popular también sabremos la opinión de los catalanes".

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¿Hasta dónde van a llegar? ¿Se atreverán a salir al balcón de la Plaza San Jaume otra vez? ¿Convocarán una consulta pese a que se prohíba? Y el Gobierno y otras fuerzas, ¿se atreverán a suspender, en ese caso, la autonomía catalana? ¿Llevarán a los tribunales a dirigentes catalanes por haber cometido un delito? Pues no lo sé, e ignoro si ellos lo saben o lo tienen decidido en este momento. Lo que tengo por seguro es que, a partir de ahora, se inicia un largo viaje de pleitos y contrapleitos en los tribunales. Y al final…

De momento, a lo que los invito es a que escuchen las palabras. Como siempre les digo a mis alumnos, las palabras nos desvelan: las que pronunciamos, las que callamos, incluso aquellas que decimos para mentir; oídos con atención somos una urna transparente. Pues bien, si ustedes escuchan a los convocantes del acto indagatorio del 9 de noviembre de 2014 (ERC, CiU, ICV y otros), se darán cuenta de que lo que dicen siempre es que van a convocar «una consulta», y que evitan cuidadosísimamente la palabra «referéndum». En uno de los muchos ejemplos de esa actitud, la portavoz adjunta del grupo parlamentario de ERC, Anna Simó, durante una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, el día 14 del mes en curso, cada vez que este hablaba de «referéndum» ella respondía utilizando «consulta». Es más, en un momento determinado ella replica: «No es un referéndum, es una consulta, ya nos hubiese gustado que fuese un referéndum, un referéndum implica negociarlo con el Estado, que sería para nosotros la mejor opción».

Anna o Ana Simón o Simó

Detrás de esta preferencia se encuentra la sentencia del Tribunal Constitucional del 28/06/2010, que es la que ha abierto para los independentistas y compañeros de viaje (¡Ah, manes de la III Internacional!) esa vía de «la consulta». Veamos cómo. La redacción inicial del artículo 122 del estatuto zapaterino-masino-socialistino salió de la siguiente manera del Parlament: «Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalidad o por los entes locales en el ámbito de sus competencias de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular». La intención manifiesta de al menos algunos de quienes suscribieron el texto era la de colar por esa vía la posibilidad de un referéndum sobre las relaciones de Cataluña con el resto de España (incluida una consulta de independencia). Como ello se sabía, el Congreso de los Diputados, cuya comisión Constitucional presidía el feroche Alfonso Guerra, que lo mismo come niños crudos que cepilla inconstitucionalidades estatutarias y que se cubrió de ridículo durante la tramitación del Estatut, añadió: «con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución».

Como se sabe, el Partido Popular recurrió el estatuto catalán por entender inconstitucionales varios de sus artículos. Pues bien, en lo tocante al citado 122, el de las consultas populares, el TC lo declaró válido con respecto a las «consultas populares»: «En consecuencia, el art. 122 EAC no es inconstitucional interpretado en el sentido de que la excepción en él contemplada se extiende a la institución del referéndum en su integridad, y no sólo a la autorización estatal de su convocatoria, y así se dispondrá en el fallo». Porque los sabios del Constitucional, capaces de cuantificar cuántos ángeles, ángelas y angelarrobos caben en la cabeza de un alfiler, pero un poco angélicos ellos en cuanto al mundo real, entendieron que bajo el título de consultas populares, podían incluirse cosas perfectamente lícitas como «encuestas, audiencias públicas y foros de participación». ¡Como si a alguien le interesase organizar un parareferéndum sobre ello!

He ahí a dónde se agarran los independentistas y compañeros de viaje para llevar adelante su «consulta» (en ningún caso su «referéndum»), que si es cierto que no tendría carácter vinculante y legislativo, sería, sin embargo, un formidable instrumento de presión, de ser sus resultados positivos para los convocantes.

Cuando a los pocos meses de ser elegido senador, en 1977, dimitió de su escaño Wenceslao Roces, lo sustituyó, mediante elección y presentado por el PSOE, mi amigo y buen escritor, después ministro de Exteriores, Fernando Morán López. Pues bien, procedente del PSP, partido enormemente crítico con el PSOE, Fernando Morán fue recibido por Alfonso Guerra antes de comenzar el proceso electoral. Guerra enseñó a Morán un extenso dossier y le dijo «Esto es todo lo que has dicho en contra del PSOE. Ahora, sin contradecirte, arréglate para decir exactamente lo contrario». Pues bien, en alguna medida, el TC deberá ahora subsanar su alegre suponer de que bajo la forma de «consulta popular» podía alguien pretender averiguar el color preferido de los catalanes para pintar la pared oeste de las masías.

Añádase a todo ello que no existe en el Estado ningún texto de legislación primaria que diga lo que es un «referéndum», para saberlo hay que acudir al saber experiencial, a los diccionarios o a la historia. Porque ni los artículos que contienen la palabra en la Constitución Española ni la chapucera «Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum» —que se hizo para arreglar aquella irregularidad chambona que fue el estatuto andaluz— nos dicen qué diablos es el concepto que la palabra encierra. Es cierto que el Tribunal Constitucional ha hecho una definición del mismo, de una forma tangencial, en la sentencia que, sobre una pretensión semejante del Gobierno vasco y Juan José Ibarretxe, emitió en 2008.

Pero, hasta que el TC vuelva a reiterar su doctrina sobre lo que es un referéndum, el Parlamento Catalán elaborará una Ley de Consultas en donde, bajo la idea de esa oposición entre «consulta» y «referéndum», trate de sortear todos los obstáculos conocidos y poner todas las salvaguardas posibles. Y, a partir de ahí, una larga cadena de pleitos y recursos, en que, ante todo, irán haciendo progresar la idea de que se impide la libre expresión de la voluntad popular catalana y de que se niegan las competencias que el propio Tribunal Constitucional permitió tras sucesivos y agraviadores recortes competenciales.

Ramón d'Andrés en Les Noticies del 28/03/2010

Artículu n'El Comercio sobre l'asturianu

A propósitu de la recién sentencia del Constitucional sobre'l recursu de Xurde Blanco con motivu del frañamientu del artículu 4.2 de la Llei d'Usu y Promoción del PAS pol Gobiernu del PSOE e IU, asoleyo mañana, na sección "Tribuna", un estensu artículu n'El Comercio de Xixón.

METAFÍSICO ANDA, SEÑOR LASTRA

El 30 de agosto, domingo, don Fernando Lastra publicaba en La Nueva España un artículo titulado «A propósito del Estatut y del señor Ernest Maragall», en el que acusaba a éste, socialista como él, de «no ser socialista» «ni prudente» por exigir que el Tribunal Constitucional no tocase el Estatut, dado que consiste en un pacto entre dos poderes «federales», Cataluña y Euskadi.

El señor Lastra olvida que, al menos desde el 30 de agosto del año 2003, con la llamada «Declaración de Santillana», todo el Partido Socialista ha venido propugnando la existencia de un estado federal (recibió la explícita denominación de «Federalismo asimétrico» por parte del PSC y de Pascual Maragall, hermano de Ernest) previo a la Constitución y paralelo a ella, y la necesidad de una financiación superior para Cataluña. Fruto de esa concepción del Estado ha sido la gestación del Estatut como un pacto entre dos “naciones”.

Es esa concepción —a la que respondía aquella zapaterina frase de «aceptaré el estatuto que venga del Parlamento Catalán»— del Estado la que ha dirigido todo el proceso que ahora se encuentra atascado en el Constitucional. A reconocerla, a conseguirla, a impulsarla ha contribuido todo el PSOE: jaleándola, aplaudiéndola, votándola. También la FSA, su Secretario General, su Ejecutiva, sus diputados, sus senadores. Uno, que todavía goza de cierta memoria, recuerda cómo responsables socialistas asturianos salieron al balcón de la Generalitat para felicitarse del triunfo de Pascual Maragall, es decir, de la puesta en marcha de la plasmación federal del Estado en el Estatut: y cómo después, próceres de la FSA (entre los que se encontraba don Fernando Lastra) y del Gobierno areciano saludaron el texto catalán como un texto «progresista, solidario, de izquierdas, que iba a calmar las tensiones territoriales por veinticinco años, bla, bla, bla, bla, bla, bla».

De modo que don Ernest Maragall, y el señor Rubalcaba y el señor Zapatero y el ministro Francisco Caamaño y otros miles de responsables y miembros del PSOE no hacen más que seguir manteniendo aquello que vienen propugnando desde hace, al menos, seis años, que es lo mismo, reiterémoslo, que toda la FSA, sus diputados y senadores vienen votando y vitoreando también todo ese tiempo.

¿Se olvida de ello don Fernando o trata, al atacar a don Ernest Maragall, de engañar, engatusar, embelecar, embabucar, en gañote o más embaxu a las buenas gentes y a sus votantes?

Con todo, no es esa voluntad amnésica lo que me llama la atención en las palabras de mi-sin-embargo-amigo don Fernando, sino el pensamiento metafísico en que apoya su argumentación. En efecto, al sostener que hay un «ser socialista» distinto al producirse socialista, es decir, al afirmar que «ser socialista (de verdad de la buena, diríamos)» es distinto a la praxis histórica de los socialistas reales (desde el señor Maragall al señor Zapatero, pasando por el señor Rubalcaba o la señora Fernández de La Vega), coloca la realidad en un metafísico mundo de las ideas o las esencias, cuya verdad ontológica sería inmarcesible y superior a cualquiera de sus manifestaciones concretas.

Pero si es discutible que en el ámbito individual haya un «ser» distinto al hacer o al actuar —situable, por ejemplo en las instancias de la conciencia—, en el ámbito social y político, y, especialmente en los sujetos colectivos, en los partidos, no hay más «ser» que su producirse: sus actos y sus votos.

Lo demás es metafísica y, acaso, si no voluntad de embeleco, mala conciencia.

Nota: asoleyóse como artículu na Nueva España del 09/09/09.