La batalla de la financiación autonómica y otras

Todos los lectores de LA NUEVA ESPAÑA tienen conocimiento de ello: las comunidades autónomas tienen más compromiso de gasto de lo que ingresan. Se traduce ello en una elevada cantidad de deuda, en un déficit superior a aquel al que nos hemos comprometido internacionalmente (a propósito, les aconsejo que revisen ustedes tanto las «progresadas» que se dijeron en 2001, cuando se limitaron los desequilibrios presupuestarios autonómicos por el PP, como las que se repitieron en 2006, cuando se eliminó dicho límite. Y no las busquen sólo en las actas del Congreso, las hay en los medios y columnistas vuvuzelas de la progresería).

A esa situación, digamos, estructural, ha venido a sumarse la falsificación de los Presupuestos del Estado de 2008 y, por ahora, 2009 (la falsificación de los presupuestos de ingresos es una de las mayores fuentes de corrupción de la vida pública), con la consecuencia de que a las autonomías se les han transferido «de más» 24.253 millones de euros, que deberán devolver a las arcas centrales del Estado. De modo que a la necesidad de reducir el presupuesto para ajustarse al déficit previsto para este año y el que viene (para este deberán reducir, en su conjunto, algo más de 16.000 millones) se suma la obligación de devolver toda esa pasta ingresada indebidamente. En concreto, Asturies deberá revertir 759 millones, casi la cuarta parte de nuestro presupuesto anual.

Como los ayuntamientos, como el Gobierno central, las comunidades autónomas han despilfarrado el dinero en tres capítulos: en voladores (gastos propagandísticos y semejantes), en inventos (sociedades públicas, proyectos económicos sin sentido) y en colocar amigos (mediante el crecimiento del empleo público en actividades sin mayor interés o necesidad). Pero nos engañaríamos si apuntásemos únicamente en esa dirección. El fondo de la cuestión es estructural. En primer lugar, las transferencias de sanidad y educación a las comunidades se han realizado con una dotación inferior a su coste real, lo que ha provocado déficits sistemáticos. Así, quien tenga un poco de memoria recordará, por ejemplo, que la educación se nos transfirió con un pufo de 12.500 millones sólo en la Universidad Laboral, y que el Ejecutivo anterior al Gobierno Areces, el de Sergio Marqués, se negó a aceptar el trasvase en sanidad porque el dinero de que se acompañaba era notablemente inferior al coste de lo trasvasado (el Gobierno socialista, por el contrario, aceptó encantado el timo).

Pero, además, y sobre todo, durante estos años se ha venido hinchando desde las Cortes el catálogo de «derechos» de los ciudadanos, esto es, de prestaciones, sin tener en cuenta que cada uno de esos «derechos» tiene un precio, precio que se multiplica por cada uno de los asistidos o demandantes. El ejemplo más notorio es el de la ley de Dependencia, cuyo coste económico se ha echado sobre el llombu de las comunidades autónomas, sin dotación para ello. Alardes semejantes, con la única previsión del «ya veremos», se han realizado, asimismo, en sanidad o educación.

(Uno, verdaderamente, no comprende qué es un «derecho» que entraña gasto si no hay dinero para pagarlo, ni entiende qué tiene de progresista el regalar lo que no se puede pagar. Sospecha uno, además, que una parte importante de la izquierda mantiene con la realidad una relación alucinatoria, jerjiana. Al igual que el rey persa Jerjes I, quien, tras el desastre marítimo de su ejército, mandó azotar la mar para castigarla, esa izquierda cree que basta con flagelar la realidad mediante el rebenque de los buenos deseos y las leyes para que la realidad se amanse y someta a su voluntad).

Y ello, ahora que parece levantarse un clamoreo de devolución de competencias a la Administración central, añade un motivo de reflexión: si el problema de la sanidad, la justicia y la educación es -en lo fundamental- su coste y no su gestión, la devolución no solucionaría el problema, lo trasladaría de lugar.

Haríamos bien en no olvidar, por otra parte, que, al socaire de los problemas económicos, se está librando en España una feroz batalla ideológica y económica, en la que, sobre un fondo uniformador y centralista que nunca ha cesado, ahora acrecentado, se trata de recortar o eliminar las autonomías. Libran esa batalla muchas gentes, entre otras ciertos grupos mediáticos, interesados en adelgazar o liquidar la competencia regional. Curiosamente, los del aduar, los llamados del 15-M, caminan en esa dirección.

Un par de palabras más sobre la postura de algunos partidos que discursean (y tal vez lo deseen de verdad) sobre la devolución de competencias. Al PP habría que recordarle que fue él -bajo la presidencia de su siempre turificado José María Aznar- quien realizó el trasvase de sanidad y educación a las comunidades, que lo hizo de forma inopinada -es decir, más bien motu proprio- y que transfirió esa gestión con una financiación inadecuada, causa en parte de los problemas actuales. Sobre la UPyD, habrá que preguntarse cómo nace un partido en Asturies para renunciar a gobernarla. A ambos, que para qué se presentan a las elecciones autonómicas si su propósito es prácticamente el de cerrar la autonomía.

¡A ver si ahora va a tener uno que alabar la seriedad del PSOE asturiano, el grupo humano más jacobino de la historia del partido de Pablo Iglesias!

Va aprobase una riegla de techu de gastu pa les autonomíes

Mándolos a un arreyu de la Vanguardia pa ver un chiste hestóricu: la pretensión (o'l cuentu de decilo y non facelo, como tantes coses, que vamos velo) de poner un techu de gastu a les autonomíes. Recuerden qu'una de les primeres medíes que tomó'l PSOE cuando llegó Zapatero al poder fue esaniciar esi techu de gastu, que yá esistía y que lu punxera'l PP (nun yera bonu porque lu punxera'l PP, sinón porque ye razonable). Si vustedes van a les biblioteques verán lo que dixeren d'esa llimitación toos, el PSOE, IU (Llamazares, como siempre, tuvo peractivu en decir eses xenialidaes qu'él diz con esa cara tan seria), CiU, PNV..., lo de menos que yera un dañu pa les comunidaes, lo de más, que yera una medía "fascista". ¡Pues ná, agora a volver a ello!

Se aprobará una regla de techo de gasto para las autonomías (La Vanguardia)

Aires de fronda

Contra las autonomías. Soplan de todas partes. Desde el PP de Aznar. Desde el PNV de Egibar. Desde la CiU de Pujol y Duran. Desde las tronabúndicas tertulias madrileñas. Desde la calle, que tiene sus propios voz y tono, amplificados con el retumbar de las tertulias.

El clamor de la calle halla sus razones más aparentemente razonables en el despilfarro y en la multiplicación de puestos administrativos, cuya necesidad no es muchas veces evidente, y que, con frecuencia, se ocupan por el criterio de la camaradería y no con el de la capacidad objetiva. Pero esa mirada enojada es una mirada estrábica. Porque idéntico despilfarro de recursos, igual contratación sin necesidad y a lo camarada han practicado ayuntamientos y Administración centralizada. Y contra estas dos partes del estado la irritación es, cuando se produce, en razón de la coyuntura, pero no por su misma existencia.

Hay, evidentemente, en esa acumulada inquina contra el hecho autonómico, una compleja serie de estados de ánimo, que van desde la envidia al ver al vecino de toda la vida -un don nadie, como uno- en una cierta situación de fama o poder, hasta la vieja incomprensión española de la multiplicidad y la diferencia, de la que son fieles compañeros uniformismo y autoritarismo.

Pero hay también, cómo no, la negación de los ciudadanos a exigirse a sí mismos las responsabilidades de sus actos. Pues, una y otra vez, muchos ciudadanos aplauden por la vía de las urnas a quienes han despilfarrado y gestionado mal en el nivel autonómico o estatal, o a quienes han provocado parte de los actuales problemas, eliminando, por ejemplo, el control del gasto autonómico previsto en la ley 18/2001 o la capacidad de veto del techo de gasto del Senado; y, sobre todo, estableciendo escandalosas diferencias entre comunidades por la vía estatutaria. Lamentablemente, el ejercicio del voto responde, en proporciones muy notables, a un ajuste de cuentas con el pasado o a un refrescamiento de los ensueños adolescentes, no al juicio de las acciones de los gobernantes.

Por otra parte, hay también una voluntad interesada de nacionalistas vascos y catalanes por reconvertir la estructura del Estado en una estructura federal a tres (o cuatro, como máximo, con Galicia), donde desapareciese el «café para todos» y quedasen patentes las diferencias y privilegios de esas dos comunidades. No es únicamente el ex presidente Aznar quien se manifiesta en ese sentido. Lo han hecho recientemente Egibar, Duran i Lleida o Mas, y en Cataluña, especialmente, es ése un clamor constante. Ésa es, de otro lado, la voluntad permanente de unos y otros desde la transición. Así que, cuando veo a un izquierdista o a un nacionalista asturiano suspirar por una España federal, ya sé que estoy ante un cómplice objetivo de la laminación de la autonomía asturiana.

La rabia de tertulianos, periódicos y televisiones centralistas contra las autonomías tiene razones ideológicas, sí, pero, sobre todo, económicas y de poder. Las televisiones regionales, los periódicos del mismo ámbito son competidores por un mercado escaso; obstáculos rivales en la conducción y condicionamiento de la opinión. Por eso la lucha, disfrazada de razonabilidad y justicia, es tan feroz.

Asturies no tiene un problema de «más España», sino de «más Asturies». País renuente a ejercer su autonomía y competencias, con los partidos más rabiosamente centralistas y sumisos a los dictados de Madrid (PSOE y PP constituyen, en ese aspecto, «la reserva espiritual» de la izquierda y la derecha centralistas y conservadoras) de toda la Península, no hemos ganado nada con ello: cuando España ha marchado muy bien, hemos marchado regular; cuando mal, peor. No nos ha ido, pues, nada bien con nuestro escaso autonomismo, antes al contrario.

Cuando se tramitó, allá por el 80, el Estatuto, presenté, por mí y ante mí, algunas enmiendas de las cuales me siento orgulloso: el artículo 4.º (capado en Madrid, por cierto), el cambio de nombre de «provincia de Oviedo» a «provincia de Asturias», y, entre otros relativos a competencias, un 14 bis que reclamaba la «ordenación y localización de los centros de enseñanza».

Para aprobar una cosa tan elemental y de tan escasa enjundia como esta última hubo en las Cortes la de Dios es Cristo. Eso es el centralismo: que en Madrid decidan por ti lo más elemental, o que lo decida un delegado de Madrid que no responde más que ante quienes lo nombraron (es decir, como ahora, pero peor).

Si hay una marcha atrás en el régimen autonómico, quien perderá será Asturies. Bueno, es posible que usted no crea en la existencia de una abstracción como Asturies. Digámoslo de otra manera: quienes perderán serán los asturianos. ¿Cree usted que está incluido en el número de ellos?

NOTA. Asoleyóse en La Nueva España del 05/02/11

Aznar y les autonomíes

El pasáu día 15, en Lleón, el expresidente Aznar tuvo una intervención na qu'amosó la so preocupación polos problemes económicos y políticos d'España. Y, ente otres coses, vieno decir que l'Estáu de les autonomíes, talu como ye güei, nun ye viatible, darréu que el Gobiernu central «es marginal» y «financieramente es absolutamente inviable». En consecuencia, defendió una reforma del entramáu territorial y dixo que «España no da para tener 17 instituciones».

Ye curioso qu'esto lo venga decir una persona que, nos sos tiempos de presidente, afaló l'espardimientu de competencies ente toles comunidaes autónomes y amenó la segunda gran reforma estatutaria xeneralizada que tresfirió a les comunidaes, queriéndoles o non queriéndoles, competencies como la sanidá o la educación básica y media. Más entá, como nel casu d'Asturies la tresferencia féxola na mayoría los casos con dotación económica inferior al gastu real, y ensin ninguna previsión de crecimientu nel futuru.

(A mayor abundamientu, l'Estáu siguió dempués programando gastu obligáu pa les comunidaes autónomes, ensin tresvase de financiáción, como fexo Zapatero cola Llei de dependencia).

Y, a propósitu de les palabres d'Aznar, ¡atención!, porque, como yá dixera nel ensiertu del 02/01/2011, tamos asistiendo a un ataque furiosu contra les autonomíes, ataque que tan faciendo dende la derecha y la manzorga centralista hasta los partíos nacionalistes de Cataluña y Euskadi. Durán i Lleida, por exemplu, y Egibar acaben d'atacar la esistencia de les comunidaes que nun sean les que nel pasáu fueren, pa entendenos, les del 151.

Asina que, asturianos que creéis n'Asturies, !munchu güeyu cola xente de casa!, porque, si nun fueren pocos los centralistes y los partíos centralistes de tola vida, al centralismu antiautonomista acaben de sumase n'Asturies tres nueves fuerces polítiques: los del IDEAS, los de UPyD, los de Cascos.

Les autonomíes, pese a los "lliberales" nun suebren

Agora qu'hai un furacán de fuerza másima contra les autonomíes, un furacán nel qu'asollen los de dereches (como'l PP), les tertulies y los tertulianos (casi toos, pero especialmente los centraliegos, o sea, casi toos), los bancos y los prestamistes internacionales, los partíos centraliegos de dereches y los teóricamente de manzorga, pero tamién de dereches, los nuevos como la UPyD. Agora qu'esi furacán paez, amás atopar, campu llanu en gran parte la opinión pública (uniformista, centralista, partidaria de que mande ún ná más y reoceana delantre la diversidá y la pluralidá) y que s'encañona na opinión xeneralizada (mezcla de razón, ignorancia, franquismu y parafascismu hestóricu), merez la pena señalar lo importante, beneficiosa y xusto de les autonomíes y del sistema autonómicu. Pa non decilo yo coles mio propies palabres, pueden ver esti artículu (Pinchar equí ) de Juan Carlos Escudier n'ElConfidencial.com.

El Estatut y Asturies

La reacción de una parte de la sociedad catalana con respecto a la revisión de su Estatut, la negativa a que pueda ser modificado por el Constitucional es perfectamente comprensible. El Estatut nunca ha sido considerado un texto constitucional, sino preterconstitucional. Es decir, ha sido concebido como un pacto entre dos soberanidades autónomas, la catalana y la española, que, en virtud de su voluntad, han pactado entre sí un acuerdo para compartir soberanía (una especie de intersección de conjuntos), la reglada, precisamente, en el texto catalán.

No se piense que ha sido ese un punto de partida privativo de los independentistas/particularistas catalanes, ha sido también el que ha guiado las actuaciones de todos quienes han apoyado el texto (PSOE e IU, entre otros) y el supuesto jurídico de facto con el que han legislado tanto el parlamento catalán como el de Madrid. En ese sentido, las palabras de Zapatero, «aceptaré el estatuto que venga de Cataluña», no eran otra cosa que el reconocimiento de esas dos soberanías previas.

De ahí que en una parte importante de Cataluña no se entienda que nadie pueda recortar un texto que goza de la legitimidad del pacto entre soberanías y que ha sido refrendado por el pueblo. Agotado ahí el trayecto legitimador, la intervención del Constitucional sería una intervención “desde fuera” («de una tercera o cuarta cámara», se ha dicho), de alguien que no tendría derecho a llevar una vela en ese entierro o epifanía: las competencias del Constitucional, pues —digámoslo con otras palabras—, tendrían que ver, desde esa concepción de las realidades políticas, con las leyes españolas, no con aquellas que emanan del pueblo catalán, al menos con aquella que constituye su «carta fundacional».

En otro orden de cosas, he de de dejar constancia de que, a lo largo de muchos años, cada vez que abordo el proceso constituyente catalán (vengo hablando de él desde que el PSOE decide ponerlo en marcha, desde el verano del 2003), hay personas que se extrañan de que yo, como asturianista, no me alegre de los logros de otras nacionalidades o que los critique.

En primer lugar, respecto a las alegrías o las celebraciones, he de decir que no soy de ese tipo tan frecuente de personas que coloca su proyección eufórico-empática en los colores del Real Madrid o del Barcelona (y, menos, de los que gozan con la derrota del adversario de su camiseta). Mi empatía —por seguir con la parábola— se vuelca sólo en los emblemas de aquí, el Sporting, el Oviedo, el Avilés… y, cuando toca, la selección asturiana. De modo que búsquenme los gozos con los propios, no con los extraños.

Pero es que en segundo lugar, el Estatut no es un texto ajeno a los intereses asturianos y a la dignidad de Asturies, los perjudica, la veja. Por decirlo muy resumidamente: concede a Cataluña y los catalanes una capacidad de interlocución y decisión que Asturies no tiene ni va a tener; les otorga representación en determinadas instituciones del Estado de las que no dispondremos, y, en la medida en que el Estatut estableció una determinada financiación autonómica para todo el Estado (¡qué disparate, qué vejación, qué ignominia!) y que esa financiación no es favorable para los intereses asturianos, nos perjudica en la bolsa y en el futuro.

Que los partidos catalanes hayan pugnado por la consecución de esos logros se entiende. Que haya sido el PSOE (y secundariamente otros, como IU) quienes hayan proyectado, impulsado, aplaudido y votado ese ataque a nuestros intereses, y que lo hayan hecho, parcialmente, con los votos de los ciudadanos asturianos y con el apoyo institucional de quienes dicen defendernos (desde el Presidente Areces, a los diputados y senadores del PSOE, pasando por la FSA e IU de Asturies) debe ser denunciado.

Es cierto que existen asturianos que entienden que los catalanes son más importantes que nosotros y que merecen más; es cierto, asimismo, que hay otros que creen que lo más trascendental en este mundo es lo que diga su patria política, su partido, y que, en virtud de esa premisa, van al sacrificio con corazón alegre y cantando himnos de alegría; los habrá, sin duda, también, que se sientan estafados cuando vean la diferencia entre las palabras y la realidad.

En todo caso, se comprenderá que quien, como yo, no tenga otro interés que Asturies y los asturianos no quiera tolerar que se nos inflijan daños en nuestros bolsillos, ni que se nos discrimine o asobaye política y socialmente. Las alegrías por lo que otros consigan, para los pobres de espíritu; la resignación, para los derrotados o para quienes tienen una baja estima de sí mismos y de sus compatriotas.

Nota: esti artículu asoleyóse na Nueva España del 03/12/09.

METAFÍSICO ANDA, SEÑOR LASTRA

El 30 de agosto, domingo, don Fernando Lastra publicaba en La Nueva España un artículo titulado «A propósito del Estatut y del señor Ernest Maragall», en el que acusaba a éste, socialista como él, de «no ser socialista» «ni prudente» por exigir que el Tribunal Constitucional no tocase el Estatut, dado que consiste en un pacto entre dos poderes «federales», Cataluña y Euskadi.

El señor Lastra olvida que, al menos desde el 30 de agosto del año 2003, con la llamada «Declaración de Santillana», todo el Partido Socialista ha venido propugnando la existencia de un estado federal (recibió la explícita denominación de «Federalismo asimétrico» por parte del PSC y de Pascual Maragall, hermano de Ernest) previo a la Constitución y paralelo a ella, y la necesidad de una financiación superior para Cataluña. Fruto de esa concepción del Estado ha sido la gestación del Estatut como un pacto entre dos “naciones”.

Es esa concepción —a la que respondía aquella zapaterina frase de «aceptaré el estatuto que venga del Parlamento Catalán»— del Estado la que ha dirigido todo el proceso que ahora se encuentra atascado en el Constitucional. A reconocerla, a conseguirla, a impulsarla ha contribuido todo el PSOE: jaleándola, aplaudiéndola, votándola. También la FSA, su Secretario General, su Ejecutiva, sus diputados, sus senadores. Uno, que todavía goza de cierta memoria, recuerda cómo responsables socialistas asturianos salieron al balcón de la Generalitat para felicitarse del triunfo de Pascual Maragall, es decir, de la puesta en marcha de la plasmación federal del Estado en el Estatut: y cómo después, próceres de la FSA (entre los que se encontraba don Fernando Lastra) y del Gobierno areciano saludaron el texto catalán como un texto «progresista, solidario, de izquierdas, que iba a calmar las tensiones territoriales por veinticinco años, bla, bla, bla, bla, bla, bla».

De modo que don Ernest Maragall, y el señor Rubalcaba y el señor Zapatero y el ministro Francisco Caamaño y otros miles de responsables y miembros del PSOE no hacen más que seguir manteniendo aquello que vienen propugnando desde hace, al menos, seis años, que es lo mismo, reiterémoslo, que toda la FSA, sus diputados y senadores vienen votando y vitoreando también todo ese tiempo.

¿Se olvida de ello don Fernando o trata, al atacar a don Ernest Maragall, de engañar, engatusar, embelecar, embabucar, en gañote o más embaxu a las buenas gentes y a sus votantes?

Con todo, no es esa voluntad amnésica lo que me llama la atención en las palabras de mi-sin-embargo-amigo don Fernando, sino el pensamiento metafísico en que apoya su argumentación. En efecto, al sostener que hay un «ser socialista» distinto al producirse socialista, es decir, al afirmar que «ser socialista (de verdad de la buena, diríamos)» es distinto a la praxis histórica de los socialistas reales (desde el señor Maragall al señor Zapatero, pasando por el señor Rubalcaba o la señora Fernández de La Vega), coloca la realidad en un metafísico mundo de las ideas o las esencias, cuya verdad ontológica sería inmarcesible y superior a cualquiera de sus manifestaciones concretas.

Pero si es discutible que en el ámbito individual haya un «ser» distinto al hacer o al actuar —situable, por ejemplo en las instancias de la conciencia—, en el ámbito social y político, y, especialmente en los sujetos colectivos, en los partidos, no hay más «ser» que su producirse: sus actos y sus votos.

Lo demás es metafísica y, acaso, si no voluntad de embeleco, mala conciencia.

Nota: asoleyóse como artículu na Nueva España del 09/09/09.