El primer acto, farsa, el segundo, atraco

(Ayer, en La Nueva España) EL PRIMER ACTO, FARSA, EL SEGUNDO, ATRACO Tienen razón quienes defienden que en los seis folios del Acuerdo de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado (adviertan el orden) no hay muchas concreciones, y que, por lo tanto, dicen, no caben muchas críticas; incluso hay quienes sostienen que el documento es un quiebro que el Gobierno (y María Jesús Montero) hacen a ERC. En parte tienen razón, el documento es meter “la puntina nada más”, el resto se irá metiendo más adelante, pero ya se prevén en el texto los momentos y los procedimientos futuros. ¿De qué os sorprendéis? La pregunta va dirigida a esos socialistas que se sorprenden o discrepan de ese acuerdo y, sobre todo, de lo que va a venir después: la cesión de tributos a Cataluña, el establecimiento de un cierto modelo de “cupo” (al modo vasco o navarro), el empobrecimiento de los servicios en el resto de España, el debilitamiento del Estado, el crecimiento de la desigualdad entre personas y territorios, la disminución de la solidaridad, elementos en los que, en gran medida, se basan la fe y el discurso socialista. ¿Pero de qué se sorprenden o quejan? Lo mismo que la amnistía, la desaparición del delito de sedición, la rebaja del delito de malversación fueron golpes al derecho y a la igualdad para pagar la investidura de Sánchez, este acuerdo, público y notorio, sufragó la investidura de Salvador Illa. Y todos vosotros aplaudisteis y tirasteis voladores. ¿Por qué os extrañáis de que se cumplan los pactos, o sea, se paguen las deudas? Lo que de momento dice el texto (preámbulo, nada más del definitivo). 1. Que se va a establecer el principio de ordinalidad entre comunidades para las transferencias de recursos, esto es, que si yo soy el tercero en aportar no puedo ser el cuarto en recibir (en vulgar, “al gochu gordu, unta-y el rau”) [página dos del acuerdo, línea tercera en castellano, segunda en catalán]. 2. Que se van a transferir progresivamente a la Generalitat todos los impuestos que se recauden en Cataluña. De todo ello, Cataluña devolverá aquello en lo que se estime que son los servicios del Estado en la comunidad (ya vemos cómo se evalúan en Euzkadi y Navarra) y una “cuota para los pobres”, digo, una cuota de solidaridad, que ellos estimarán a cuánto ascenderá, y de acuerdo con el principio de ordinalidad. Un excurso. En el Congreso socialista de Sevilla (diciembre 2024) se votó contra las pretensiones de financiación singular de Cataluña y se negó el principio de ordinalidad. Todos salieron encantados, de Barbón a García-Page, y se consideraron derrotadas las pretensiones insolidarias de Cataluña (el pacto ERC-PSOE para entronizar a Salvador Illa había sido cerrado cuatro meses antes). Sean ustedes, lectores, piadosos. El atraco. Todas las comunidades de régimen común calculan, y los economistas expertos en esta materia lo confirman, que, cerrada la nueva financiación “singular” de Cataluña, perderían muchos millones, esto es, tendrían menos recursos para sanidad, educación, atención a ancianos, carreteras… El Gobierno gallego estima pérdidas de entre 600 millones y 1.300 millones. Aquí, el expresidente socialista Juan Luis Rodríguez-Vigil calcula unos 800 millones de euros (el gasto en sanidad en 2023 fue de 2.168.199 millones. Echen cuentas). Por otro lado, el traslado del 20% del IRPF estatal a Cataluña favorecerá el fraude al ser controlada la recaudación desde una Agencia Tributaria con menos recursos humanos y descoordinada con la AEAT. La mengua del Estado, las pérdidas de los ciudadanos. Esa mengua del Estado se traducirá, como todos subrayan, incluidos los socialistas no catalanes y no dependientes directamente del negocio del partido, en una menor capacidad para compensar desigualdades y para atender los servicios generales, investigación, aeropuertos, ejército, carreteras, sanidad en la medida que no está transferida, pensiones… Es cierto que se puede solucionar esa carencia aumentando los impuestos o ampliando aún más la deuda. ¡Áteme usted esa mosca por el rabo! Mofa y befa. Intentando engañar y tapar el fraude y el atraco, el socialismo utiliza frases paradójicas o propone disparates sistémicos. Así la “financiación singular de Cataluña” no tiene por qué ser una financiación singular, afirman, porque puede ser igual para otros, los que quieran, es decir, sería “singularmente singular para todos por singularmente igual”, o algo así. Y proponen, además, que todas las comunidades que quieran apuntarse, que se apunten. El desastre. ¿Se imaginan, en ese caso, diecisiete comunidades autónomas con agencia tributaria propia, recaudación propia y negociación con el Estado de lo que se devuelve, esto es, del “cupo de solidaridad”? ¿Son para imaginarse a qué queda reducido el Estado? ¿Y la igualdad y la solidaridad, que dicen que son los principios fundamentales del socialismo, en qué sima se precipitan? ¿Y ustedes, mocinos, qué van a hacer? Porque todo esto apela a los cargos públicos socialistas, así como a sus votantes. ¿Pesará más la solidaridad con la Iglesia triunfante, Sánchez e Illa, que la defensa de los intereses de los representados y de los propios de cada uno de los votantes? Pero de esto, permítanme, hablaremos otro día, cuando el argayu vaya bajando estrepitosamente ladera abajo.

Los cuentos, claros

(Ayer, en La Nueva España) LOS CUENTOS, CLAROS El acuerdo de financiación “singular” de Cataluña que han firmado el PSOE y ERC para aupar a Salvador Illa como President de la Generalitat no viene más que a proseguir la senda que ya se había iniciado con el convenio entre ambas formaciones para la investidura de Pedro Sánchez. (En realidad, es una senda que el PSOE inició en 2003 para Pasqual Maragall). Los socialistas, tanto los del Gobierno central como los de los autonómicos, así como los medios y los comentaristas de su onda, manifiestan reiteradamente que no se puede criticar el acuerdo porque no está claro lo que dice y que conviene esperar hasta ver sus cifras (o datos) precisos. Esto, sin embargo, es un puro cuento. Lo que dice lo firmado (ya digo, en línea con lo rubricado anteriormente) es claro y patente. Dice: uno, que Cataluña recaudará el 100% de los impuestos producidos en su territorio y que lo realizará a través de una Agencia Tributaria propia; dos: que, de ellos, devolverá el coste de los servicios que el Estado preste en Cataluña y una aportación “a la solidaridad” al resto de comunidades autónomas, una aportación que vendrá condicionada así: “Sempre que duguin a terme un esforç fiscal també similar”; en todo caso, esa solidaridad estará limitada por el principio de ordinalidad. Es decir, que, si Cataluña es la cinco, digamos, en dar, no puede ser la sexta en recibir, en el balance de recaudación y reversión. Perseguidos por ese acuerdo que siempre han negado que se fuese a producir y que ahora vienen a negar que se haya producido en esos términos, el mundo socialista afirma que no pueden rechazarlo porque no se sabe muy bien lo que dice. Pero, sin embargo, es claro lo que dice. Lo ha dicho, con su meridiana claridad embarulladora, doña Maria Jesús Montero: «Lo que dice el acuerdo es lo que dice el acuerdo. Lo que no dice el acuerdo no lo dice». Y lo demás, digamos, son cuentos. En primer lugar, se subvierte (como lo subvierten ya Euskadi y Navarra) el principio de justicia progresiva fiscal moderna: es el dinero de los ciudadanos con más dinero el que revierte en los que tienen menos, no el de las comunidades. Y es esto lo que resulta, en términos de las dos partes que lo defienden y/o ocultan, más reaccionario. En segundo lugar, la valoración de los servicios del Estado en Cataluña será un nuevo “cupo”, es decir, habrá de negociarse y se acordará en virtud de las necesidades políticas de las partes, como los demás. La experiencia nos dice que siempre es a favor de la autonomía. En tercer lugar, la “solidaridad” (¿por qué no llamarlo la “caridad”?), la aportación para repartir entre las demás comunidades, se establecerá según dos principios: el esfuerzo impositivo de los demás (de ahí la algarabía sobre las bajadas de impuestos) y la ordinalidad. Es decir, no mucho y “asegún”. Si ustedes siguen con un mínimo de atención el ruido actual en torno a la cuestión, habrán advertido dos cosas: la primera, que nadie admitirá salir perdiendo del nuevo sistema de financiación comunitaria que van a provocar ERC /PSOE (nuestro Presidente: “Ya lo he dicho y lo seguiré diciendo: no voy a aceptar ningún sistema de financiación que perjudique a Asturias”), y la segunda, que va a haber más dinero para todos, es decir, que todo el mundo va a salir beneficiado. Ahora bien, si hacemos abstracción de la ruptura reaccionaria del mapa de justicia progresista tributaria entre una parte de los ciudadanos españoles (lo que no es cosa menuda), estas dos primeras afirmaciones, que se cumplirán, implican dos cosas: una menor aportación de los ciudadanos de Cataluña a la caja común; un aumento del dinero destinado a la financiación de todas las comunidades autónomas, para que todas salgan “indemnes”, y hasta contentas. Esto es, mayores impuestos para cada uno de los ciudadanos y más endeudamiento para cada uno de los ciudadanos, mañana, pasado mañana o el lustro que viene. Y todos satisfechos, esto es, callados.

Siempre lo mismo, siempre los mismos

(Ayer, en La Nueva España) SIEMPRE LO MISMO, SIEMPRE LOS MISMOS Lo de Cataluña es sencillo. Se trata, para una parte de los catalanes, de: a) avanzar hacia la independencia o una desagregación profunda del conjunto de España, b) en el camino, y paso a paso, ir contribuyendo menos a la caja común, o, en otras palabras, que sus ciudadanos puedan tener mejor financiación para los servicios de la Administración (o paguen menos impuestos) que el resto. Pero ¿cómo empezó todo? Es cierto, en el principio siempre están los partidos nacionalistas, ¿pero en la práctica? Pues miren, esta larga batalla no comienza con ellos, sino con el PSOE, sí, sí, con el PSOE. Desde al menos el 2001, todo el PSOE ha venido apoyando e impulsando aquel camino que se llamó del «federalismo asimétrico», confeccionado nada menos que por el PSC y el señor Maragall, cuya idea era la de un Estado con cuatro entidades, tres, llamemos, «de primera», Cataluña, Euskadi y Galicia, y la otra, digamos, «de segunda y saco común», el resto. Esa idea se plasmó, negro sobre blanco, en la llamada «Declaración de Santillana» (2003). Bajo esas premisas, el socialismo peninsular apoyó la candidatura de Maragall y la posterior formación de un gobierno tripartito, cuyo programa era, precisamente, ese. ¿Desean que les enumere, por cierto, los momentos de alborozo y la contribución de los socialistas asturianos a ello? Nominatim, si lo desean. Ahora bien, ¿quieren ustedes saber lo que hicieron los próceres regionales del socialismo hispano cuando el Gobierno catalán empezó a poner negro sobre blanco sus demandas de desigualdad competencial y financiera? ¿Lo adivinan? Pues corrieron a gritar que no tolerarían, que de ningún modo, que ellos, ante todo, la igualdad, que eso era el socialismo. Y en 2004 el PSOE gana las elecciones generales. En Cataluña se pone en marcha una reforma estatutaria. Don José Luis Rodríguez -esa boca sin fronteras- proclama: «Aceptaré el texto del Estatut tal como salga de la voluntad del Parlament». Pero viene tan escandalosamente «desigualador» entre españoles que en el Congreso los socialistas, con Guerra al frente, se ven obligados a pulirlo un poco: «Hemos dejado el texto como una patena», proclamarán. Y el Estatut se aprueba finalmente el 30 de marzo de 2006. Pero, atención, ¿cómo se resuelven los problemas de redacción del citado texto? Pues no lo van a creer. Se reúnen en secreto en la Moncloa don José Luis y Artur Mas, de CiU (¿será esto como reunirse en secreto en Waterloo?), y entre ellos dos negocian los parches, que no se harán públicos hasta más adelante. (No sé si vendrá a cuento, pero me viene a las mientes aquel «-Madre, ¿qué es enfermedad secreta? -Hijo, la que se adquiere en secreto»). De lo que dice el nuevo Estatuto, ya pulido, les daremos cuenta ahora, pero aparte de las inversiones en infraestructuras que se comprometen (oiga, esto es como las Rodalies y otras infraestructuras del actual pacto entre el PSOE con ERC), Cataluña consigue más financiación anual (oiga, esto también me suena, ¿era con Junts o con ERC con quienes se firmó esto hace poco?): 5.128 millones anuales, estima Artur Mas, y, en basto, Francesc Homs: «Hemos pillado un buen cacho». Próceres socialistas de toda España niegan que vayan a aceptar ninguna financiación discriminatoria entre comunidades (esto también les suena ahora, ¿no?: cambian los labios, pero no las voces ni las duras realidades). Pero al mismo tiempo, y al día siguiente del acuerdo CiU-PSC-Moncloa, proclaman que el nuevo texto (que nadie todavía conocía, no se rían) eliminaba todos los problemas, que resultaba un texto ejemplar (y patenístico) y que (tomen nota) venía a solucionar los problemas históricos del encaje de Cataluña en España. ¿Y cómo quedó la patena aprobada por las Cortes? No los quiero abrumar. Únicamente algunas singularidades: Cataluña estaría presente en múltiples organismos estatales e internacionales; tutelaría, aprobaría o condicionaría las actuaciones del Estado en su territorio; limitaría su «solidaridad», i. e. sus aportaciones, con las demás comunidades a la sanidad y la educación (¡exactamente lo mismo que ahora pretenden!) y siempre que los demás realizasen «un esfuerzo fiscal también similar» (art. 208.3). Prosigo: Cataluña no podría alterar su puesto en la renta per capita en el futuro (208.5). Y en la adicional 6.ª se aseguraban siete años de inversiones del Estado en una proporción equiparable a la participación relativa de Cataluña en el PIB estatal. ¿Que esto se parece a lo de ahora? Pues tomen nota: se recogía la posibilidad de que la inminente y nueva Agencia Tributaria paritaria entre Estado y Generalitat se convirtiese en un futuro en una única administración tributaria (205), con toda la recaudación en manos de la autonomía, y se apuntaba la gestión del régimen económico de la Seguridad Social (165.b), bueno, todo menos las pensiones, que, como ahí son deficitarios, ellos manejarían el parné, pero el déficit lo aportaríamos el resto. ¡Pero si es lo mismo de ahora! ¡Si todo lo acordado y «patenizado» ya estaría en marcha si no hubiese sido por la intervención posterior de aquel (subrayen «aquel») Tribunal Constitucional! No faltaban, claro es, cláusulas relativas a la inmigración. Nihil novum sub sole. He dicho que no los quiero abrumar. Baste con esos textos. Lo que sí conviene repetir es que todo aquello, igual que hoy, lo impulsaron los socialistas, lo apoyaron, lo aplaudieron y con ello tragaron. Pues era, decían el PSOE asturiano y el Gobierno asturiano, «un gran logro para Asturias y España toda». ¿Que quieren que les diga? Que se lo digan ellos, no solo los próceres o los militantes, también los sostenedores y los fieles. Por cierto, ¿quién dijo que eso de la memoria histórica tenía que ver únicamente con Franco?