El blog de Xuan Xosé: feminismu y Xusticia

(Ayer en La Nueva España) DESIGUALDAD ANTE LA LEY: EL CAMINO HACIA ATRÁS A lo largo de los siglos, la sociedad ha ido avanzando hacia la igualdad ante la ley: eliminando primero privilegios feudales o estamentales, liquidando después excepciones por razones de capacidad económica u otras (el voto censitario, pongamos); en las muy últimas décadas, las diferencias que existían entre la mujer y el hombre (la posibilidad de abrir cuentas, por ejemplo, la dependencia del varón para determinados actos, etc.). De este modo, nuestras sociedades -aquellas en que nos movemos, no todas, ni mucho menos- han llegado a establecer la igualdad ante la ley de todos los individuos, independientemente de su condición étnica o sexual, de su condición económica o del sector social en que hayan nacido. Sobre la igualdad prescrita en nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico, la reciente Ley 15/22, de 13 de julio de 2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación (¡qué horror, por cierto, nuestro chapulenguaje jurídico!) viene a reforzar esa condición en su artículo 2, al establecer una larga lista por la que nadie «podrá ser discriminado» en función de alguna peculiaridad particular o de grupo. Pero en los últimos tiempos parece haber fugas en esa igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. He aquí los casos recientes más flagrantes y escandalosos: la Audiencia de León atenúa la pena a un hombre que dejó embarazada a una menor entre los 12 y los 15 años. La Audiencia Provincial de Ciudad Real absolvió a otro, acusado de abusar continuadamente de una niña de 12 años, a la que dejó embarazada de gemelos. La alegación de ambos tribunales se basa en entender que ese tipo de relaciones son habituales en la cultura gitana. Afortunadamente, el Gobierno ha reaccionado a tiempo -existe alguna sentencia anterior de carácter semejante contra la que no se ha actuado- y recurrirá las decisiones judiciales. El Ejecutivo, además de señalar que se vulneran la legislación estatal y convenios internacionales, apunta al carácter «machista y racista» de las sentencias y subraya la desprotección de las menores, especialmente de las de etnia gitana, para cuyos agresores se abriría un portillo de impunidad. A mí me importa señalar cómo este pensamiento, digamos, comprensivo con las costumbres (no lo llamemos «cultura») de grupo rompe la igualdad de todos ante la ley, porque ni siquiera se puede argüir el desconocimiento de la norma, ya que el párrafo primero del artículo 6 del Código Civil español lo señala con meridiana claridad: «La ignorancia de las leyes no excusa de su incumplimiento». Pero, más allá de esa evidencia, el razonamiento abre un peligrosísimo abismo, porque, si las costumbres de un determinado grupo son suficientes para crear ley de ellas (que eso es, en el fondo, lo que suponen esas sentencias), ¿cuál es la razón para no extender ese supuesto jurídico a otros grupos? ¿Por qué no entender, entonces, la violencia de las maras, tan entrañada en ellas? ¿Cómo no admitir la ablación de la mujer o su condición de propiedad del varón, práctica y situaciones nada extrañas en grupos humanos que conviven con nosotros? No estamos ante casos aislados de romper la universalidad de la Ley y la igualdad de todos ante ella, no. Esa tendencia forma parte de algún discurso ideológico, de una parte del feminismo, por ejemplo. Así, la magistrada Gloria Poyatos Mata sostiene que debe haber delitos que sean juzgados por mujeres, porque tienen una “perspectiva de género”. Según ella: "Es una anomalía democrática que una aplastante mayoría de jueces varones vaya a decidir sobre la ley del aborto, sobre algo tan femenino". La señora Poyatos no sólo niega la posibilidad de que los parlamentos legislen de forma adecuada en determinadas materias, de no hacerlo “los futuros afectados”, sino que ni siquiera pueden juzgar “justamente” quienes no tengan la especificidad de aquel que va a ser juzgado. En definitiva, quienes reclaman jueces particulares para determinados grupos o legislaciones matizadas para ellos o actúan como si sus convenciones internas fuesen leyes de facto, niegan la universalidad de la justicia en un Estado, la parcial inaplicabilidad de sus normas e, incluso, la capacidad para legislar de todos los diputados que salen de la voluntad popular.

La reivindicación de que determinados delitos sean juzgados por mujeres

Xuan Xosé Sánchez Vicente 13.07.2017 | 03:39

En discrepancia con la jueza Poyatos

Doña Gloria Poyatos es persona de fama por razones varias de su singular actividad y discurso. Abogada laboralista hasta el año 2010, accedió en ese año a la carrera judicial, ignoro por qué procedimiento. Ha sido magistrada decana en Lanzarote y titular del Juzgado de lo Social nº 1 de Arrecife. Actualmente es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Preside la asociación de Mujeres Juezas de España. Y es una activista del feminismo judicial en las redes sociales, libros y conferencias.

Alcanzó fama internacional inscribiéndose en Hacienda y la Seguridad Social como prostituta independiente, con el mero objetivo, aclaró, de demostrar que había un hueco en el sistema. Y efectivamente lo hizo. Siguiendo ese camino, un número indeterminado de prostitutos y prostitutas se han acogido como trabajadores, independientes, a esas rúbricas.

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Pero no es de ello de lo que ahora quiero hablar, sino de algunos de sus discursos desde el punto de vista de lo que suele llamarse "género".

El primer día de este mes, publicaba LA NUEVA ESPAÑA una entrevista de Marián Martínez a la magistrada. Había en ella algunos de los tópicos del discurso feminista: la falta de igualdad de las mujeres en las estructuras superiores de la Justicia (Constitucional, Supremo?). Así, señalaba que "en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) las juezas con menos de 50 años son ya el 64% de la judicatura española, pero sólo un 13% de la composición del Tribunal Supremo es femenino". En esa reclamación, que es general en el ámbito feminista, habrá, sin duda un legítimo afán reivindicativo, pero es de sospechar que exista también una aspiración de poder personal, aunque se reivindique para el colectivo, pues nunca hay quejas sobre la desigualdad cuando, en determinados ámbitos profesionales, las mujeres superan con mucho la tasa del 50%.

Pero la cuestión central es la reivindicación de que determinados delitos deban ser juzgados por mujeres, porque tienen una "perspectiva de género", según ella. Por ejemplo: "Es una anomalía democrática que una aplastante mayoría de jueces varones vaya a decidir sobre la ley del aborto, sobre algo tan femenino". La señora Poyatos no sólo niega la posibilidad de que los parlamentos legislen de forma adecuada en determinadas materias si no lo hacen "los futuros afectados", sino que ni siquiera pueden juzgar "justamente" quienes no tengan la especificidad de aquel que va a ser juzgado.

El argumento -tan general en gran parte del discurso feminista- es de una extrema gravedad. En primer lugar, porque niega al legislador la capacidad de legislar a no ser que se creen grupos especializados para algunas materias (las de las mujeres, claro). Pero, sobre todo, porque su propuesta abre la vía a legislaciones especiales y a tribunales especiales, por cuotas.