EL CONGRESO, POR LA DELINCUENCIA
Usted es
enfermera (o enfermero). Durante la pandemia no puede volver a su casa. Cuando
vuelve ya no la tiene, viven en ella unos individuos que han entrado por la
fuerza. Son ustedes una pareja de ancianos. Se hospedan en casa de unos
parientes que los cuidan mientras persiste el estado de alarma. Al regresar a
su domicilio tampoco pueden hacerlo: moran allí otras gentes.
Ninguno de los
dos es un caso hipotético. Son reales, como lo son todos los datos y sucesos
que vamos a dar a continuación. Pero sigamos con los dos anteriores. ¿Cree
usted que acude a la policía o al juzgado y ya está solucionada la cuestión?
¡Qué equivocado está! Su calvario no ha hecho más que empezar. Puede que tarde
un año o dos en volver a entrar en su casa, depende de muchas cosas, entre
otras del juzgado o del juez que le toque. Y cuando lo haga no se encontrará
usted con su hogar, sino con una pocilga y con unos destrozos por muchos miles
de euros que nadie le va a pagar.
Algunos tienen
aún menos suerte, si es que es posible, y están amortizando su hipoteca, con lo
cual, además de tener que pagarse una renta o una pensión han de seguir
aprontando todos los meses los metros cuadrados de que sus parásitos
particulares disfrutan.
Y no se les ocurra
a ustedes merodear en el entorno de su exdomicilio, a fin de buscar un momento
para entrar o simplemente para vigilar, las chinches se sentirán acosadas y
llamarán a la policía que lo obligará a usted a largarse, en cumplimiento de la
ley. Es más, puede que tengan una cámara bien visible para vigilar quién les
ronda y amenazarlo si es que los echan (ya he dicho que todos los datos y
sucesos son reales). ¡Pero instale usted en su casa una cámara sin las
oportunas licencias y tasas y verá la que le cae! A ellos, nada.
¿Y si solo es
usted vecino? Pues asistirá probablemente a peleas diarias, a basura en la
escalera, a perros descontrolados, a amenazas, a ventas de droga. ¿Escapar? ¿A
dónde? ¿Quién le iba a comprar a usted su piso si quiere venderlo? Y eso si no
hay incendios que lo ponen a usted en peligro. Y, para más inri, igual después
de mucho tiempo existe una sentencia de desalojo, pero el juzgado o el juez no
acaban de ejecutarla.
Además, la
ocupación (ellos y sus mentores la escriben con “k” de “kaka”) se ha convertido
en un negocio: hay quien ofrece viviendas ocupadas con luz y agua por 500 euros
en internet; los hay que alquilan su vivienda y ocupan otras; gente con sueldo
fijo que vive siempre en vivienda “de papu”.
He dicho que es
difícil desalojarlos: obtienen fácilmente un padrón en la vivienda ocupada,
“demuestran” con un tique de un pedido a domicilio que aquel es su hogar, y eso
les permite mantener en jaque al propietario y al juzgado, entretenido este en
“traslado a la parte” y “a prueba estese”, como diría el mozo relator del
retablo de maese Pedro.
Todo ello ha hecho que “el negocio” vaya en aumento. Según el
Ministerio del Interior, entre enero y mayo del 2019 se usurparon 5.928
viviendas en España; en 2020, hasta mediados de marzo, 5.770. En total se
calcula que las viviendas ocupadas se acercan a la 90.000.
Pero
evidentemente todo esto no ocurriría si las leyes, con su permisividad, no
incitasen a ello, pues, aparte de las cuestiones de empadronamiento,
testificación ficticia y procedimiento dilatorio que convierten en interminable
el trámite de devolución de su bien al propietario, el artículo 245.2 del
Código Penal castiga la ocupación con una simple multa de tres a seis meses,
que, naturalmente, nunca se supo que pagasen los condenados.
He aquí,
ciertamente, a dónde debe apuntar quien haya sido víctima del latrocinio o
pueda serlo por tener una o más viviendas (¿cuántas familias obreras no han
ahorrado durante años para dejar un piso en propiedad a sus hijos?): al
Congreso de los diputados y a los partidos que allí, con su legislación,
permiten este estado de cosas e incitan a ello indirectamente.
No solo
indirectamente. Algunos ven con buenos ojos el fenómeno y lo proclaman como una
especie de lucha por la justicia social. Es más, parlamentarios y concejales
han participado en actos de ocupación o los han alentado expresamente.
Conocerán ustedes a unos cuantos.
Por cierto, la
palabra “ocupación”, ¿a ustedes a qué les suena? Yo antecedentes no conozco más
que uno para su uso así, en términos absolutos, sin complemento alguno: la de
la Europa libre ocupada por los nazis.
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