Ayer, en La Nueva España: Al nivel tradicional de ineficacia, porfa.

 

AL NIVEL TRADICIONAL DE INEFICACIA, PORFA

                No se les escapa que la Administración, con sus demoras, su papeleo inútil, sus requisitos caprichosos, sus normas tantas veces en superfetación es causante no solo de nuestra pérdida de tiempo y nuestro cabreo, de molestias innúmeras, sino también de mayores costos para los usuarios, demora en los proyectos o retirada por cansancio, esto es, en último término, menor creación de empleo o destrucción del mismo.

                Esos efectos han sido reconocidos, por ejemplo, recientemente por el Gobierno al prometer modificar la normativa que, en el entorno del Camino de Santiago, retrasaba meses o años el arreglo de un canalón, una muria o una acera. Pero dejaremos esta materia, la del encarecimiento de las cosas y la disminución del empleo para otro día.

                Lo que ahora quiero señalar es algo que vienen padeciendo miles de asturianos desde que el virus chino nos invadió: el empeoramiento exponencial de la tradicional ineficacia de la Administración. Les pondré solo dos ejemplos de los muchos que conozco de primera mano. Una construcción terminada. La conducción y empalme al alcantarillado concluso, pero ha de pasar un técnico del Ayuntamiento para dar el conforme. Llamadas, nadie se pone. Intentos de visita, no se puede pasar sin cita previa. La mitad de los funcionarios, en teletrabajo. Lo que antes era un paseo por los despachos y dar la lata es ahora un imposible. Total, más de dos meses de retraso y sus consecuencias, con los compradores, con los proveedores, con los trabajadores.

                El segundo, más de un mes para averiguar la cuantía de una pensión. Nadie al otro lado del teléfono. Al cabo, desplazamiento hasta las oficinas. Ante las quejas, el guardia de seguridad tiene a bien darle a la ciudadana “el número bueno”. A partir, de ahí, la web, etc. ¿Por qué no está ese número a disposición del público? Sin duda, para que no molesten.

                LA NUEVA ESPAÑA ha venido denunciando en los últimos tiempos una larga lista de casos de ciudadanos desesperados que se encuentran con la muralla de una Administración muda y sorda, ineficaz. «Una ganadera polesa, Dolores Vigil, no puede trabajar ni jubilarse: “Me piden trámites que ni ellos mismo saben hacer”». «El caos de la Seguridad Social deja sin pensión a un ovetense, Ramón Rivera. Le revocaron la pensión por error “y no hay con quién hablar”». Miles de casos así, en Asturies y en toda España. En septiembre el actor Antonio Resines denunciaba en Madrid: “No atienden en persona, ni en los teléfonos que nadie descuelga ni en la página web de la Seguridad Social”. Algunas personas no conseguían saber si estaban o no en un ERTE, a otras nadie les contestaba cómo devolver el dinero del ERTE que se les había transferido indebidamente. En determinados casos, el buscador con el que se ha de entrar en una página de internet no funciona... Y no digamos ya lo que ocurre en los ambulatorios, donde uno puede estar llamando día tras día —con síntomas de Covid, con sospecha de insulto o de enfermedad grave— sin que encuentre una oreja al otro lado de la línea.

                Así ha venido funcionando y funciona la Administración en estos últimos tiempos. Y no es eso únicamente lo que provoca la irritación del ciudadano. Le da a este la impresión de que los funcionarios están teniendo unos privilegios que no tienen el resto de los ciudadanos: en sus casas muchos, dedicados al no muy evaluable teletrabajo; en todo caso, con una notable escasez de atención presencial. Esa falta de atención presencial tiene seguramente la finalidad de preservar la salud del empleado público y el funcionamiento del servicio. Pero es inevitable que el ciudadano común se pregunte por qué, por ejemplo, los empleados de los supermercados pueden estar frente al público hora tras hora (¿se han fijado, por cierto, en cuán escasos son los contagios en esos centros de trabajo?) y no los servidores públicos de la Administración general.

                El clamor, la exigencia a los gobernantes es que mejoren radical e inmediatamente el servicio público. Cuando menos, que lo vuelvan al nivel de ineficacia previo a la pandemia.

                Porfa.