OCULTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA PANDEMIA

(Ayer, en La Nueva España) OCULTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA PANDEMIA El Gobierno central, no con la aquiescencia de todas las comunidades, se halla en un proceso tendente a eliminar en poco tiempo todas las restricciones que se habían establecido con respecto a la pandemia y los mecanismos de control e información sobre ellas. A la esperpéntica eliminación de las mascarillas en exteriores (realizada menos de una semana después de haber sido prorrogada) y a la suspensión de la cuarentena para los contactos estrechos con infectados, seguirán ahora la información sobre los contagios únicamente dos veces a la semana, la eliminación de las pruebas de PCR a los casos que no sean graves o vulnerables (es decir, que estén previamente señalados como tales) y, muy pronto, la eliminación de las mascarillas en interiores. ¿Qué se logra con ello? Evidentemente, aumentar la sensación entre una gran parte de la población de que el peligro ya no existe y de que no son necesarias las precauciones. Y, sin embargo, el peligro sigue existiendo. Es cierto que la cantidad de ingresados en los hospitales y en las UCIs disminuye en toda España, pero no es menos cierto que el número de afectados no baja, es más, sigue aumentando, leve pero insistentemente. Si, como parece verosímil, ello se debe a los encuentros masivos del antroxu, es de esperar que acontecimientos multitudinarios como la Semana Santa, en que es posible, además, que no se exijan ya mascarillas en colegios ni en interiores, los hagan aumentar. Se habla de “gripalizar” el Covid, tratándolo igual que una gripe y como si lo fuera. Pero ello es una absoluta falacia. En primer lugar, porque sigue habiendo muertos de la pandemia todos los días, y no uno ni dos; en segundo lugar, porque mientras la gripe es estacional, el covid, en sus diversas variantes, nos frecuenta durante todo el año, luego el número de sus víctimas mortales es mayor; en tercer lugar, porque deja secuelas permanentes, graves algunas, que no deja la gripe. De modo que a lo que vamos es, en realidad, a una ocultación de la pandemia, con las consecuencias ya dichas, entre otras, repito, la pérdida de conciencia del riesgo por una parte importante de la población. Y todo ello, si no aparece una nueva variante, ante la que tardaremos tiempo en reaccionar. Por otro lado, la enfermedad y sus riesgos han servido para que en múltiples ámbitos del servicio al público, empezando por la Administración (oficinas, policía, juzgados, ambulatorios, Hacienda, ayuntamientos…) y siguiendo por bancos y otras oficinas, se haya aprovechado para prestar un servicio peor al ciudadano y para trabajar menos. Les cuento solo un caso de hace dos días. Viuda. Se le exige un certificado de matrimonio en el banco (no vale el libro de familia). Ha de ir al juzgado. Va. Debe pedir cita previa. Se le da un teléfono. Dos días llamando. Nadie lo coge. Tendrá que acudir a un familiar para que demande la cita a través de interné. No se trata únicamente del maltrato que se efectúa a quien no sabe moverse por interné o no tiene medios para ello (¿y desde cuándo es una obligación constitucional el saberlo o el disponer de esos medios?), sino que se ha aprovechado para trabajar menos en cada servicio. Se calcula un promedio temporal para despachar las citas y, en virtud de ello, se dan. Pero muchas veces las visitas llevan mucho menos tiempo y durante él el servicio permanece muerto y el oficinista folgáu. Y, además, ¿cómo es posible que ahora que se van retirando todas las restricciones no se retire la de la cita previa, verdadera incomodidad para el ciudadano, que, además, ha incrementado el tiempo que lleva resolver una gestión? Porque no se trata de que los ciudadanos vuelvan a agolparse ante los mostradores, no. Bien está que se guarden las colas y se mantengan las distancias, pero por qué no puede cada uno decidir en qué día y en qué hora aguarda su turno a las puertas de la oficina correspondiente. La perspectiva es, pues, que la enfermedad va a “desaparecer”, pero sus efectos dañinos en el servicio a los ciudadanos, así como el aprovechamiento para un más descansado trabajo de empleados y funcionarios van a quedar, tal vez para siempre. ¿Qué les parece, uno y otro?

La desgobernanza: un país de irresponsables

(Ayer, en La Nueva España) LA DESCOGOBERNANZA: UN PAÍS DE IRRESPONSABLES Empecemos por lo principal: la absoluta irresponsabilidad del Gobierno PSOE-Podemos. En primer lugar, por negarse a legislar una Ley de pandemias, como le fue requerido reiteradas veces por gobiernos y gobernantes regionales (alguno del PSOE, incluso). En segundo lugar, por haber trasladado la gestión de la enfermedad a las autonomías con el pretexto de que “tenían suficiente capacidad legal para tomar medidas frente a la peste”, encubriendo esa dejación de funciones e irresponsabilidad bajo el calificativo de “cogobernanza”. No hay más que ver lo que ocurre en los diversos Tribunales Superiores de Justicia con las medidas que los gobiernos autonómicos (su consejerías de sanidad) pretenden implantar para detener los contagios, esto es, fundamentalmente, para disminuir la interacción social y la mezcla de vacunados con no vacunados. No los cansaré aquí con la enumeración detallada de lo que ocurre en cada comunidad. Baste decir que en unas se permite el toque de queda nocturno y en otras no; que varían las condiciones de cierres horarios de establecimientos; que en algún lugar se acepta que se requiera una certificación de vacunación para acceder a los servicios de hostelería, mientras en otros se deniega tal posibilidad… Esto es, que, en cada lugar, las restricciones que se pretenden tomar para impedir los contagios están sometidas al arbitrio o la arbitrariedad de los tribunales. La situación ha venido a agravarse tras la sentencia del Constitucional sobre el primer confinamiento, lo sustancial de la cual ha consistido en decir que las limitaciones a la movilidad establecidas por el toque de queda, los cierres perimetrales, y el confinamiento domiciliario excepto por razones tasadas, venían a impedir el derecho fundamental a la libre circulación y que, para haberlo hecho, hubiese sido indispensable proclamar el estado de excepción y no el de alarma. La sentencia ha venido, en la práctica, a anular la Ley 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio. Pero su consecuencia más inmediata y cotidiana ha sido, como decíamos en LA NUEVA ESPAÑA del 15/07/2021, “animar a algunos tribunales a ser más reticentes ante algunas medidas limitativas, por ejemplo, las de los cierres periféricos o las del toque de queda”. Y, en efecto, así ha sido en muchas comunidades. Los tribunales, en sus resoluciones, enfrentan un derecho casi absoluto, el de circulación y relación social, a las medidas limitativas del mismo. Ahora bien, para limitar ese derecho, casi intocable tras la sentencia del Constitucional, y más sin el amparo del estado de excepción, esas medidas —argumentan— deben establecer taxativa e indubitablemente la relación causal entre las actividades sociales que se pretenden limitar o suspender y la transmisión del virus. Es decir, la Administración debe poder demostrar (subrayo, “poder demostrar”) que el que la gente se concentre masivamente por la calle durante la noche tiene que ver con la transmisión del virus. Además, las autoridades judiciales (tribunales o fiscalías) realizan un juicio sobre el estado de la incidencia “en este momento de la crisis sanitaria” y estiman que, dada la presión sobre los hospitales, aún no agobiante, y teniendo en cuenta que se vería afectada por las prohibiciones una parte de la población “con la pauta completa de vacunación” (y, en teoría, invulnerables al contagio), las limitaciones horarias, el toque de queda o los cierres perimetrales, serían desproporcionados. No hace falta señalar, por supuesto, que los ingresos hospitalarios se producen un tiempo después de los contagios o que la pauta completa de vacunación no impide el contagio, la transmisión o la enfermedad grave. Tampoco, que desconocemos los efectos a largo plazo del covid en los infectados, aun en los que cursan sin ingreso hospitalario. Pero, sobre todo, sorprende la ingenuidad con que se contempla la realidad social, cuando se piden “otras medidas alternativas menos incisivas” al toque de queda o cuando se autoriza, como una restricción aceptable, la de la limitación de grupos a un número máximo de diez personas. El toque de queda permite fácilmente controlar la interacción social, en cuanto que el número de viandantes en esas circunstancias es escaso. ¿Pero quién puede controlar que en las aglomeraciones nocturnas (las ven ustedes todos los días en las televisiones o en este periódico, de cientos, de miles de individuos) los grupos que se formen sean solo de diez? ¿Quién deshace los de mayor número? ¿Quién impide que se vuelvan a formar? ¿Qué número de policías son necesarios para ello? En cuanto al número de personas que pueden reunirse en interiores o en el exterior, funciona en las casas si hay voluntad y conciencia individual; funciona también en bares, restaurantes y locales de ocio, porque, en general, los propietarios ejercen el control por temor a las multas. Fuera de eso, hay que ser muy ingenuos, por parte del legislador y del tribunal que da por buena la medida, para creer que ello es un freno práctico para limitar la interacción social y, por tanto, la transmisión del virus. En otro orden de cosas, el papel de la oposición a los gobiernos, es, en general, tan penoso o risible como todo lo demás. ¿Cuál es su solución?: “Más atención a la prevención y menos restricciones”. Algo así como conjuros y ensalmos, es decir, palabrería. Como si no estuviesen en juego salud (a largo plazo también en muchos de los que superan la enfermedad) y vidas, y todo se limitase a decir algo por decirlo. Irresponsabilidad, de la cruz al rabo.

Metímonos nuna...

Ayer, en La Nueva España METÍMONOS NUNA… Al acabar el segundo estado de alarma, el 9 de mayo de este año, el Gobierno traspasó a las comunidades autónomas la gestión de la pandemia. Ello incluía necesaria y teóricamente, la capacidad de establecer prohibiciones y limitaciones en movimientos, horarios, apertura y cierra de establecimientos, etc. Desde el primer día, los presidentes de las comunidades manifestaron que los instrumentos legales para ello eran confusos e insuficientes, y que, sin una normativa general de estado de alarma y toque de queda, los respectivos ejecutivos quedaban sujetos a los imprevistos que surgiesen del arbitrio o arbitrariedad de los tribunales. Y tal ha sido, los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad dan el visto bueno a las decisiones de los respectivos gobiernos o las deniegan, según su particular criterio. Así, en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Cantabria se ha dado el sí al toque de queda; en cambio, en Canarias y Extremadura se ha denegado; en Castilla y León y El País Vasco, aunque las cifras de contagios son altísimas y desearían establecer toques de queda, no han realizado la petición, porque ya saben lo que van a dictaminar los tribunales, es decir, su negativa, sea cual sea la situación epidemiológica. En este desgobierno estábamos cuando la sentencia del Constitucional sobre el primer estado de alarma ha venido a sembrar la alarma y, seguramente, a aumentar la confusión. Hay que decir, en primer lugar, que es una sentencia discutida y discutible, tan discutible, que ha salido por los pelos, y que, según parece, a no mediar la retirada de un magistrado por una acusación, podría posiblemente haber salido en sentido contrario. Lo que no obsta para que, por discutida y discutible que fuere, sea efectivamente doctrina con efectos sobre todo el sistema. Recordemos que, en sustancia, lo que viene a decir la sentencia es que las limitaciones de derechos contenidas en el RD 463/2020, de 14 de marzo, en particular, las de movilidad de los apartados 1.3 y 5 del artículo 7º son inconstitucionales. La razón fundamental es que siendo tan estricta la limitación de la movilidad, personal y de circulación de vehículos, tasada la movilidad únicamente para determinadas actividades, constituía, de hecho, no una limitación, sino una suspensión de derechos, abordable solo desde los estados de excepción o sitio. La decisión del Constitucional constituye, en la práctica, una enmienda a la Ley 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio, pues en esta, el estado de alarma está pensado para, entre otras situaciones, las de “(4b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves”, mientras que el de excepción lo está para ( 13.1) cuando fuesen “gravemente alterados el orden público, las libertades, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales”. La duración de este, por otro lado, está limitada a treinta días, con prórroga de otros treinta. Pero, además, como se deduce en buena lógica, y como ha señalado el TSJ de Cataluña al autorizar estos días el toque de queda en esa comunidad, la sentencia del Constitucional introduce dudas sobre la capacidad de las comunidades autónomas para limitar derechos de movilidad (toques de queda, cierres perimetrales) y la de los TSJ para autorizarlos. Y, asimismo, puede sospecharse, a mayores, sobre la de enfrentar cualquier pandemia desde otra perspectiva que no sea la del estado de excepción. Todo ello, naturalmente, nada resta de la responsabilidad del Gobierno PSOE-Podemos por no haber legislado sobre la capacidad de las comunidades autónomas para tomar medidas restrictivas ante la pandemia, como se le requirió reiteradamente. Coda: Cuentan que, tras los primeros paqueos del 34, salió el historiador don Juan Uría por Noreña y encontró a un proletario conocido, zapatero, por más señas, enfundado en un mono, sentado en un poyo, con el cuerpo inclinado hacia delante, la cabeza gacha bajo la boina y el fusil entre las piernas. ¡Hombre!, fulano, ¿qué te pasa que te veo tan gachu? —preguntó—. —¡Ay, don Juan, metímonos nuna que nun sé cómo vamos salir d’ella. Pues eso.

¿Cuántos muertos pondrá el Goberno?

(Ayer, en La Nueva España) ¿CUÁNTOS MUERTOS PONDRÁ EL GOBIERNO? Que haya un cadáver más ¿qué importa al mundo? El 17 de abril publicaba aquí, en LA NUEVA ESPAÑA, un artículo que llevaba por título “Su salud les importa un 3,1416”, una forma elusiva de decir con un término más expresivo y vulgar lo poco que importa, en la práctica, al Gobierno la salud de los españoles. Pronosticaba yo allí lo que después pasó, que no habría prórroga del estado de alarma, y que la razón no era que quienes nos gobiernan diesen por superada la pandemia para el 9 de mayo, fecha término de la citada situación jurídica, ni que estimasen que los riesgos serían pequeños, sino que los movía su exclusivo interés político: no someterse al desgaste de negociar otra declaración de excepcionalidad, no exhibir que carecían de apoyos entre quienes hasta entonces los habían apoyado (caso de ERC, por ejemplo), no cargar con la responsabilidad de una medida fatigosa e impopular, que echan ahora en las espaldas de las autonomías. Que ello era así, lo ha confirmado el ministro de Justicia en una televisión hace pocas fechas: “ya sabe lo difícil que es conseguir apoyos para declarar el estado de alarma (por eso no lo intentamos)”. Según decíamos allí, y como opinan la mayoría de los juristas, la ausencia de ese instrumento legal, impide a las autonomías dos cosas al menos: los cierres perimetrales y el toque de queda, y, en todo caso, cualquier medida que intenten tomar debe estar sometida al arbitraje o a la arbitrariedad de los tribunales de cada comunidad. Como ustedes saben, presidentes de comunidades de todo pelaje reclamaron a PSOE-Podemos que ampliase el estado de alarma o, subsidiariamente, que dotase de instrumentos legales a las comunidades para poder legislar al respecto. PSOE-Podemos tampoco ha querido hacerlo, pese a que así lo negoció con el PNV y C’S cuando apoyaron la declaración de estado de alarma y a que el propio Pérez-Castejón publicó que era necesario. No lo hicieron por las mismas razones políticas, y, a última hora, dieron a luz una norma derivando las reclamaciones sobre las decisiones de los Tribunales Superiores de Justicia al Tribunal Supremo, una norma de cuya legalidad duda el propio tribunal y cuya efectividad, al dilatarse los plazos para poner en práctica medidas efectivas, va a ser limitada, si es que el Supremo no estima que ciertas restricciones no pueden establecerse más que a través del estado de alarma. El Gobierno PSOE-Podemos actuó y actúa así con un cálculo que es fácil que sea erróneo: que el avance de la vacunación limite en mucho los contagios o, al menos, no los lleve a cifras absolutamente escandalosas. Pero no parece verosímil que antes de finales de julio o agosto —a pesar de lo bien que van las vacunaciones— haya un número suficiente de españoles vacunados como para limitar casi a cero la transmisión del virus. De modo que bien podemos volver a vernos en situaciones límite. No es una predicción personal, es un temor que han manifestado presidentes de autonomías, virólogos, colegios de médicos, especialistas en medicina comunitaria… ¡Ojalá estemos todos equivocados, pero…! Y ya ven ustedes cómo ha sido el final del estado de alarma en parte de la opinión pública, tal que si hubiese acabado la pandemia. Y las decisiones de los tribunales de cada lugar y de los fiscales respectivos son según el genius loci: en unos sitios dan por bueno el toque de queda o el cierre perimetral y en otros, no. Fíjense, de este modo, los habitantes de Euskadi, donde la transmisión del virus es la más alta de toda España, pueden viajar a Llanes, por ejemplo, con los peores índices de Asturies. Y todo ello, además, con las plantillas médicas agotadas, con las vacaciones cercanas, con atrasos espectaculares en las operaciones (en 18.000 cifra LA NUEVA ESPAÑA su número en el año pasado), con las citas médicas presenciales prácticamente eliminadas. ¡Como para volver a situaciones anteriores por salvar el culo del Gobierno! Lo dicho, nuestra salud les importa un 3,1416, o tal vez piensen en aquel verso final del Canto a Teresa de Espronceda. ¿Cómo decía?

Ayer, en La Nueva España: Certezas, incertidumbres, alfilerazos.

 

CERTEZAS, INCERTIDUMBRES, ALFILERAZOS

Es un clamor en la calle y en las redes sociales: “teníamos que haber cerrado en el verano, cuando estábamos bien, para que no viniese nadie a contagiarnos”. Es un hablar por hablar: ningún Gobierno puede cerrar su territorio si el Gobierno central y el Congreso no instituyen esa posibilidad. De modo que el señor Barbón no podía cerrar Asturies, aunque quisiese. Pero esa optación irrealista parte de una ensoñación, la de que el dinero nos cae del cielo y que existe con solo desearlo o apuntarlo en los presupuestos: si no hay actividad económica no podrán pagarse empleos, ni, a la larga, pensiones, ni sueldos de funcionarios, ERTES o subsidios de paro. ¿De dónde iba a salir? Ya lo ven ustedes con este cierre último: los empleos y las empresas cayendo como moscas. Así que todo el verano… Sin olvidar que, en esa época, Europa incitaba a no cerrar las fronteras de ningún país.

Pero hay, además, en esa tesis un doble error de percepción, el primero el que los contagios vienen del verano, y no: el crecimiento de los mismos viene de mediados de octubre. En segundo lugar, no es ese brutal incremento de los contagios una cuestión asturiana ni española, es europea: ha pasado lo mismo en todos los países y desde las mismas fechas, con un crecimiento exponencial, consecuencias graves y medidas de cierres drásticas. En todos los países.

Desconocemos casi todo del virus. No solo cuáles son los mecanismos internos por los que infecta unos órganos u otros; por qué cesan sus efectos una vez dado de alta el afectado o le deja secuelas permanentes; cuál es la razón de que unos infectados lo padezcan sin síntomas o con síntomas leves y a otros los lleve a la UCI o a la muerte. Se van elaborando hipótesis que son, de ser ciertas, explicaciones parciales: la herencia neandertal, el grupo sanguíneo, las patologías previas, el potencial inmunitario personal… Pero tampoco conocemos con precisión las causas de su contagio: primero era a través de la saliva y el tacto, ahora parece que, fundamentalmente, se transmite por aerosoles; antes no se exigían las mascarillas (y no solo en España), ahora sí, y aun parece que algunas de las recomendadas, las más recomendadas, son ineficaces, al menos en interiores. Desconocemos igualmente la razón de que en unas mismas fechas y en muchos territorios al mismo tiempo la expansión se produzca de forma brutal. ¿Es el clima? ¿El cambio de relaciones sociales del verano a otoño? Parece probable que, en cualquier caso, haya variables que se nos escapen, probablemente inherentes al propio virus y a su evolución.

Lo que sí tenemos la certidumbre de que esto va para largo, y que, domada esta ola, volverán otra u otras. Incluso, producida una vacunación masiva —que no es lo mismo que tener dispuesta la vacuna (que el Gobierno nos aseguró primero para diciembre, después para mayo y ahora Pfizer para más o menos pronto)—, tendremos que seguir con precauciones un período largo. Tampoco sabemos la duración de la inmunidad de la vacuna, y si habrá que vacunarse de tanto en tanto. Desconocemos, asimismo, si el virus va a seguir siempre ahí o vamos a conseguir eliminarlo.

Lo que son ciertos son sus efectos devastadores en la salud y en lo económico, con la amenaza de una grave crisis social y de empleo que no va a poder seguir aliviándose y ocultándose mediante la emisión ilimitada de “belarminos”.

Y, por cierto, la situación actual demuestra que en Asturies no éramos tan buenos en lo que hacíamos como presumíamos, sino que tuvimos suerte, sin quitar méritos a nuestra sanidad. Y que no fuimos capaces de prepararnos para este segundo ataque, al menos no tanto como debiéramos.

Por cierto, cuando Madrid estaba en el pasado inmediato en aquella tan mala situación y todo el mundo venía a echar la culpa de ello a la derecha y los recortes, y aun a insinuar o proclamar que eran Madrid y la derecha los culpables de lo que ocurría en media España (García-Page: “Madrid es una bomba radioactiva vírica”), era atronador el vocerío progresista (político, mediático, ciudadano, de las redes sociales) contra Madrid-Ayuso, vocerío en el que participó nuestro Presidente, don Adrián. Si ustedes quieren disponerse hoy arrectis auribus, coles oreyes llevantaes, notarán el atronador silencio que se produce ahora que Madrid ha mejorado mucho y presenta progresivamente mejores datos que otras comunidades.

Pues bien, aprovechando la situación, la Presidenta Ayuso devuelve a Barbón las caricias y le ofrece “toda la ayuda de Madrid”. Este a su vez le contesta y no se limita a darle las gracias, sino que le propina otro alfilerazo: “Con cuanta mayor contundencia actuemos todos, mayores males evitaremos”, palabras en las que hay una evidente crítica a la gestión (exitosa, de momento y a lo que parece, de Ayuso).

¿Qué quieren que les diga? A mí todo esto me parece…, pongan ustedes la palabra.

Ayer, en La Nueva España: Al nivel tradicional de ineficacia, porfa.

 

AL NIVEL TRADICIONAL DE INEFICACIA, PORFA

                No se les escapa que la Administración, con sus demoras, su papeleo inútil, sus requisitos caprichosos, sus normas tantas veces en superfetación es causante no solo de nuestra pérdida de tiempo y nuestro cabreo, de molestias innúmeras, sino también de mayores costos para los usuarios, demora en los proyectos o retirada por cansancio, esto es, en último término, menor creación de empleo o destrucción del mismo.

                Esos efectos han sido reconocidos, por ejemplo, recientemente por el Gobierno al prometer modificar la normativa que, en el entorno del Camino de Santiago, retrasaba meses o años el arreglo de un canalón, una muria o una acera. Pero dejaremos esta materia, la del encarecimiento de las cosas y la disminución del empleo para otro día.

                Lo que ahora quiero señalar es algo que vienen padeciendo miles de asturianos desde que el virus chino nos invadió: el empeoramiento exponencial de la tradicional ineficacia de la Administración. Les pondré solo dos ejemplos de los muchos que conozco de primera mano. Una construcción terminada. La conducción y empalme al alcantarillado concluso, pero ha de pasar un técnico del Ayuntamiento para dar el conforme. Llamadas, nadie se pone. Intentos de visita, no se puede pasar sin cita previa. La mitad de los funcionarios, en teletrabajo. Lo que antes era un paseo por los despachos y dar la lata es ahora un imposible. Total, más de dos meses de retraso y sus consecuencias, con los compradores, con los proveedores, con los trabajadores.

                El segundo, más de un mes para averiguar la cuantía de una pensión. Nadie al otro lado del teléfono. Al cabo, desplazamiento hasta las oficinas. Ante las quejas, el guardia de seguridad tiene a bien darle a la ciudadana “el número bueno”. A partir, de ahí, la web, etc. ¿Por qué no está ese número a disposición del público? Sin duda, para que no molesten.

                LA NUEVA ESPAÑA ha venido denunciando en los últimos tiempos una larga lista de casos de ciudadanos desesperados que se encuentran con la muralla de una Administración muda y sorda, ineficaz. «Una ganadera polesa, Dolores Vigil, no puede trabajar ni jubilarse: “Me piden trámites que ni ellos mismo saben hacer”». «El caos de la Seguridad Social deja sin pensión a un ovetense, Ramón Rivera. Le revocaron la pensión por error “y no hay con quién hablar”». Miles de casos así, en Asturies y en toda España. En septiembre el actor Antonio Resines denunciaba en Madrid: “No atienden en persona, ni en los teléfonos que nadie descuelga ni en la página web de la Seguridad Social”. Algunas personas no conseguían saber si estaban o no en un ERTE, a otras nadie les contestaba cómo devolver el dinero del ERTE que se les había transferido indebidamente. En determinados casos, el buscador con el que se ha de entrar en una página de internet no funciona... Y no digamos ya lo que ocurre en los ambulatorios, donde uno puede estar llamando día tras día —con síntomas de Covid, con sospecha de insulto o de enfermedad grave— sin que encuentre una oreja al otro lado de la línea.

                Así ha venido funcionando y funciona la Administración en estos últimos tiempos. Y no es eso únicamente lo que provoca la irritación del ciudadano. Le da a este la impresión de que los funcionarios están teniendo unos privilegios que no tienen el resto de los ciudadanos: en sus casas muchos, dedicados al no muy evaluable teletrabajo; en todo caso, con una notable escasez de atención presencial. Esa falta de atención presencial tiene seguramente la finalidad de preservar la salud del empleado público y el funcionamiento del servicio. Pero es inevitable que el ciudadano común se pregunte por qué, por ejemplo, los empleados de los supermercados pueden estar frente al público hora tras hora (¿se han fijado, por cierto, en cuán escasos son los contagios en esos centros de trabajo?) y no los servidores públicos de la Administración general.

                El clamor, la exigencia a los gobernantes es que mejoren radical e inmediatamente el servicio público. Cuando menos, que lo vuelvan al nivel de ineficacia previo a la pandemia.

                Porfa.